Pedro Elías González tiene un amplio recorrido profesional que le da la autoridad suficiente para enfrentar uno de los problemas más graves que tiene el país, la protección de cientos de líderes sociales. Su historia ha sido también la de un perseguido que, incluso, tuvo que abandonar país con su familia para evitar que lo mataran. Son varios los retos que tiene en su nuevo cargo.
De “desleal”, así fue calificado González, entonces Fiscal General encargado, cuando un día antes de la posesión de Luis Camilo Osorio como titular de ese despacho se profirió medida de aseguramiento conta el general Rito Alejo Del Río por sus presuntos nexos con grupos paramilitares a su paso, entre los años 1995 y 1997, por la comandancia de la Brigada 17 del Ejercito con área de operaciones en el Urabá antioqueño y chocoano. (Leer más en: Exfiscal Luis Camilo Osorio, de nuevo bajo la lupa)
La fricción ocurrió el 1 de agosto de 2001, en el proceso de empalme de González con Osorio, según se lee en algunos expedientes judiciales. Al nuevo fiscal no le pareció correcto que se hubiese tomado esa decisión, pese a que poco o nada conocía del expediente que desde hacía un año se había construido de manera rigurosa bajo la coordinación de Pedro Díaz, Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá y, por aquellos días, Jefe encargado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
A aquella reunión de empalme fue llamado Díaz para que explicara lo actuado contra el entonces general Del Río. En uno de los expedientes consultados, se observa cómo González describió aquel momento: “El Fiscal General se mostró muy disgustado porque no se había esperado a que él llegara y se le consultara una decisión de tanta trascendencia a lo cual el Dr. Pedro Díaz le manifestó una vez más que los términos en materia penal, cuando se trataba de decidir sobre la libertad de una persona, eran improrrogables”.
La reunión era tensa y luego de unos 40 minutos, Osorio le solicitó a Díaz el expediente sobre el alto oficial para revisarlo, una petición que, según expresa González en uno de los documentos consultados, “no era lo más adecuado en términos de administración de justicia”.
Al día siguiente, Osorio se volvió a reunir con los funcionarios, y les expresó su insatisfacción por las decisiones tomadas en contra de Del Río, las que calificó de “equivocadas”. Díaz, quien hoy es magistrado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, reaccionó y le informó al nuevo Fiscal General que la Fiscal que conoció el caso llevaba más de un año realizando la investigación y sólo después de ese tiempo consideró que era necesario proferir medida de aseguramiento por lo que le extraña que en una noche el Fiscal “se hubiera formado ese criterio”.
Ante esas circunstancias, González en ese momento presentó su renuncia al cargo, obteniendo de inmediato el recibido. En ese momento, detalla el saliente vicefiscal, Osorio “miró al Dr. Pedro y le dijo: Usted también me presenta la renuncia, y el Dr. Díaz visiblemente consternado y enrojecido le contestó: Como usted ordene Dr.”.
Tres meses después, en una entrevista dada al diario El Tiempo, el fiscal Osorio hizo alusión al caso de Del Río y las decisiones tomadas al respecto: “Allí hubo, en primer lugar, una deslealtad y una falta de consideración tanto del entonces vicefiscal -Pablo Elías González- como del director de la Unidad de Derechos Humanos -Pedro Díaz-. Actuaron a espaldas del Fiscal General y eso me obligó a retirar a esas personas”.
De esa manera comenzaba, según algunos analistas, el desmantelamiento del ente acusador y su puesta al servicio del paramilitarismo que, para aquellos años estaba en todo su apogeo, incluso con altos niveles de infiltración en la entidad, lo que generó graves riesgos para todos aquellos funcionarios que se enfrentaron de manera decidida a ese aparato criminal contrainsurgente que llenaba de sangre campos y ciudades.
Un análisis al respecto, planteado en el libro Memoria de la Impunidad en Antioquia (IPC-CJL, 2009), interpretó estas actuaciones y concluyó que era “notorio cómo desde sectores de poder internos de la Fiscalía se aplicaron mecanismos de sanción arbitraria, traslado o destitución de funcionarios contra aquellos que en razón de sus investigaciones o por decisiones judiciales adoptadas asumieron una posición en contravía de la estrategia irregular contrainsurgente. Tal como ha sido demostrado, hubo una aplicación sistemática de reprobación, pues las decisiones que se venían tomando afectaron en algún momento partes sustanciales del funcionamiento del dispositivo paramilitar, tanto en sus componentes militares, como financieros y políticos”.
Lo que vino luego para González, tras su renuncia, fue un periodo complejo por las amenazas que pesaban en su contra, razón por la cual salió un tiempo del país con su familia. A su regreso, este abogado, formado en la Universidad Libre, de donde se graduó el 21 de agosto de 1980, se dedicó a la academia y al litigio, poniendo en ambas tareas su experiencia, cultivada durante poco más de una década a su paso por la Procuraduría General de la Nación y por la Fiscalía, donde ocupó altos cargos y desde donde dirigió varias investigaciones que develaron nexos de agentes del Estado con organizaciones criminales.
Los retos que le esperan
Carlos Guevara, coordinador del sistema de información de la organización no gubernamental Somos Defensores, que hace un detallado seguimiento a la situación de riesgo de los líderes sociales, considera que el perfil de González es el adecuado para dirigir la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“Es de los pocos nombramientos de carteras importantes en el gobierno nacional que tiene trayectoria y conoce qué está pasando. Su perfil permite deducir que al haber sido Director Nacional de Fiscalías conoce sobre riesgo, crimen y amenazas, éstas últimas porque las vivió en carne propia”, detalla Guevara. (Leer más en: Sabor agridulce dejan resultados de la Fiscalía en materia de líderes sociales)
De acuerdo con este analista, lo destacable del nuevo director de la UNP es que también conoce a profundidad las instituciones judiciales y policiales, “a diferencia de los dos anteriores directores: Andrés Villamizar sabía de seguridad nacional y Diego Mora es un empresario”.
De acuerdo con Guevara, González llega a la UNP en un momento complejo para los líderes, lideresas y autoridades étnicas del país, cada vez más expuestos en sus territorios a graves riesgos de seguridad, y a un alto nivel de homicidios, que según la Defensoría del Pueblo llegan a 343 cometidos entre el 1 de enero de 2016 y el 22 de agosto del presente año. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: una crisis humanitaria)
“La UNP requiere cambios internos y una reestructuración. Tiene que repensar el tema de protección individual y la manera cómo evalúan los riesgos, porque con su matriz analizan un caso y a los dos meses matan a esa persona”, dice este analista.
Otras de las fallas que destaca y que requieren pronta atención es la de los seguimientos a los casos de los amenazados, que no tiene, a su juicio, mecanismos adecuados para evaluar a largo plazo el riesgo que enfrentan; y el de los escoltas, uno de los asuntos más espinosos de la UNP.
“Es un tema clave que el nuevo director debe depurar. Muchos defensores de derechos humanos se quejan de que sus escoltas vienen del DAS (ya liquidado) y que más que proteger, lo que hacen es espiar”, precisa Guevara. Además, agrega que el nuevo director “debe hacer un proceso de depuración de los escoltas porque las empresas de seguridad privada suelen contratar personas con largas trayectorias en los cargos, pero que podrían estar siendo investigadas”.
Una discusión que debe dirimir también González es la manera cómo deben protegerse las personas y algunas organizaciones que son amenazadas. En ese sentido, el procurador general, Fernando Carrillo, propuso hace unos días modificaciones en ese sentido: “Hay que cambiar los esquemas de protección. Pasar de esos esquemas urbanos, reactivos y que no tiene en cuenta la variable territorial a esquemas más colectivos, preventivos y territoriales. Y en eso debe comprometerse no sólo el gobierno nacional sino también los alcaldes y los gobernadores”. (Leer más en: Procurador General de la Nación propuso cambiar esquemas de protección de líderes sociales)
Guevara coincide con el titular del Ministerio Público y sugiere que lo primero que debe haberse “es una evaluación de riesgo colectivo. No es lo mismo analizar los problemas que enfrenta una persona a los que enfrentan 40 personas de una organización o comunidad”. Además, advierte, que también debe considerarse el enfoque diferencial: “Una medida de protección colectiva no es la misma para una comunidad afro, indígena, colectivo de mujeres o sindicalistas. Hay que tener un análisis de contexto más amplio para que se emanen las medidas de protección”.
Casos tan delicados como el del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, en Tumaco, donde su directiva afronta serias amenazas y varios de sus integrantes han sido asesinados revelan que las medidas individuales de protección son ineficaces. El último homicidio ocurrió el pasado 29 de agosto, cuando hombres armados asesinaron a James Escobar, miembro de la junta veredal de Miras Palmas y directivo de este consejo comunitario. (Leer más en: El de José Jair Cortés, otro asesinato anunciado en Tumaco)
En aquella región hace presencia una disidencia de las Farc agrupada en el Frente Óliver Sinisterra, varios de sus integrantes hicieron parte de la Columna Móvil Daniel Aldana del extinto grupo subversivo, que en el pasado también atacó a la población de Alto Mira y Frontera. “Esas continuidades son las que se tienen que evaluar para considerar cómo se deben adoptar las medidas de protección colectivas”, sugiere un conocedor de la región que pidió el anonimato.
Por su parte Guevara coincide con Carrillo en el compromiso de otras entidades estatales, más allá de la UNP, en la responsabilidad de la seguridad de los líderes sociales, la que considera debe ser compartida con diversas instancias de gobierno: “Se debe avanzar en un trabajo interinstitucional y no tirarle el bulto a la UNP esperando que solucione todo”.
En ese sentido, Leonardo González, director de investigaciones de Indepaz, organización que también le hace seguimiento al tema de la seguridad de lideres sociales, agrega que la UNP debe trabajar “de la mano de las comunidades y sus mecanismos de autoprotección como la Guardia Indígena, la Guardia Cimarrona y la Guardia Campesina”, con le fin de tener una política de protección mucho más acertada. (Leer más en: Tragedia de líderes sociales en Colombia toca las puertas en Europa)
Otro reto es el de las amenazas que constantemente sufren defensores de derechos humanos y organizaciones sociales. Uno de los casos más reiterados es el de las denominadas ‘Águilas Negras’, grupo que surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en 2006, pero del cual diversas instituciones estatales señalan que no existe. Sin embargo, su nombre es el que más se repite en los panfletos amenazantes que circulan en diferentes departamentos, como éste de la semana pasada, en el que se amenaza a varias organizaciones y personas con nombres propios.
Hueso duro interno
González también llega a una entidad con una rueda suelta, según plantean algunos observadores que tienen cercanía con la UNP por razones de investigación y que pidieron la reserva de identidad. Se trata de la Subdirección Especializada en Seguridad y Protección, creada mediante el acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, y que cuenta entre su estructura con experimentados exguerrilleros en temas de inteligencia y contrainteligencia.
Esta Subdirección, de acuerdo con lo pactado, cuenta con un cuerpo propio de seguridad, y está destinado a proteger a la dirigencia de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), movimiento político conformado tras la desmovilización y dejación de de este grupo guerrillero, luego de 53 años de lucha armada; pero también a algunos mandos medios en camino de reincorporación que afronten altos niveles de riesgo; y a las familias de unos y otros.
“Lo que hemos observado es que hay una alta politización de esa Subdirección”, dice una fuente conocedora del tema, quien a su juicio y de acuerdo con su experiencia hay una aplicación irregular de criterios para brindar protección a exguerrilleros en proceso de reincorporación. “No se aplican criterios técnicos sino relaciones de amistad o enemistad del pasado, dejando de lado los niveles de riesgo”, lo que incide en el otorgamiento o no de medidas de protección.
La situación, incluso, ha sido discutida acaloradamente en algunos de los llamados Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde se concentran buena parte de los exguerrilleros en camino de reincorporación y en los que se afrontan riesgos de seguridad.
Otro observador del tema advierte que está haciendo carrera en algunos escenarios la manera cómo se refieren a esta Subdirección. “Algunos la llaman la policía secreta de las Farc”, dice, porque al parecer recurre a viejos esquemas de inteligencia contra algunos de sus integrantes y eso impacta no solo el análisis de los riesgos sino su trámite ante instancias interinstitucionales para resolverles su situación.
“La independencia que tiene también los lleva a no articularse de manera efectiva con la Fiscalía ni con la misma dirección de la UNP, así como tampoco con la Misión de Naciones Unidas que hace verificación del proceso”, detalla este último observador. “Sesgan de manera estratégica la información que deben dar y, en algunos casos, omiten datos, lo que es preocupante para la seguridad de algunos excombatientes comprometidos con la reinserción, pero que no están entre las preferencias de quienes están al frente de la Subdirección Especializada”.
Buena parte de la información que genera esta Subdirección debe ir a la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, adscrita a la Fiscalía y dirigida por Martha Jeaneth Mancera. “Pero no está llegando de manera efectiva”, agrega el primero de los consultados, “entre otras razones porque algunos casos los han reducido a que los reinsertados amenazados o asesinados estaban en ‘otras vueltas’, con lo que los descalifican sin mayores criterios y sin evidencias claras, afectando las investigaciones”.
Esta compleja actuación de quienes están al frente de la Subdirección adscrita a la UNP está generando una grave desconfianza entre la base de los antiguos insurgentes y algunos de quienes fungieron como mandos medios, lo que podría afectar sus procesos de reincorporación a la vida legal.
Finalmente, otro de los cuestionamientos a esa Subdirección apunta al control de los gastos, que al parecer no están siendo tampoco informados con la rigurosidad que exigen las normas. “Ellos, los exguerrilleros que están al frente de esa Subdirección, son funcionarios al servicio del Estado y están sujetos a todas las normas que rigen el control fiscal de recursos públicos”, dice uno de los observadores entrevistados, “por tanto deben acatarlas y manejar todo con transparencia, pero parece que no lo están haciendo así”.
Lo que le sugieren a González es atender prontamente esta compleja situación de esta Subdirección y adopte los correctivos necesarios para que los mecanismos de protección sean aplicados con más criterios técnicos y la gestión administrativa sea totalmente transparente. No será una tarea fácil.
* Foto de apertura: captura de pantalla de video de Semblanzas con Toño Sánchez
