El nuevo modelo de justicia transicional realizó la primera audiencia sobre cinco de esos casos con la participación de 14 militares, entre ellos un oficial. Abogados de las víctimas exigieron toda la verdad y manifestaron desacuerdos con el procedimiento.
“Aquí con mis compañeras, que todas mantenemos en la lucha, que ya hemos esperado mucho tiempo para saber toda esta problemática que nos atormenta, no tendremos paz hasta que sepamos la verdad completa”. Así lo aseguró Idaly Garcerá, una de las madres de Soacha, durante la audiencia de régimen de condicionalidad que se llevó a cabo este viernes en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para dar apertura al proceso contra 14 militares condenados en la justicia ordinaria por la desaparición forzada y el asesinato de cinco jóvenes de la población civil. (Leer más en: El abecé de la Jurisdicción Especial para la Paz)
Se trata de Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, desaparecidos el 26 de enero de 2008 en Soacha, Cundinamarca; y Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante, desaparecidos en ese municipio el 23 de agosto del mismo año. La Fiscalía determinó que los jóvenes, de entre 17 y 25 años, fueron asesinados pocos días después de su desaparición y reportados falsamente como miembros de organizaciones armadas ilegales muertos en combate por tropas de la Brigada Móvil 15 del Ejército, con jurisdicción Norte de Santander. (Leer más en: Falsos positivos: una herida que sigue abierta)
Por esos hechos, la Jueza Primera Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, en abril de 2017, condenó a penas de entre 37 y 52 años de prisión a 21 militares de esa brigada, entre ellos a los 14 convocados este viernes por la JEP, a quienes también inhabilitó por 20 años para ejercer funciones públicas. Asimismo, declaró los hechos como crímenes de lesa humanidad, garantizando así su imprescriptibilidad.
Los comparecientes al nuevo sistema de justicia transicional son el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado; el capitán Henry Blanco Barbosa; el cabo segundo Richard Jojoa Bastidas; y los soldados profesionales Medardo Ríos Díaz, Mauricio Cuniche Delgadillo, Ferney Grijalba Flor, Geiner Fuentes Billermo, Pedro Hernández Malagón, Nixon Cubides Cuesta, José Fernández Ramírez, John Díaz Ortega, Richard González Gómez, Eider Guerrero Andrade y Luis Alirio López. (Leer más en: ¿Habrá justicia si los ‘falsos positivos’ van a la JEP?)
Durante la audiencia convocada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, presidida por el magistrado Pedro Díaz, los exmilitares reafirmaron su intención de comparecer ante la JEP y allegaron información sobre otros procesos judiciales y disciplinarios que cursan en su contra por hechos presuntamente relacionados con el conflicto armado. De momento, el coronel Rincón y el soldado Ríos han sido beneficiados con libertad condicionada y transitoria, mientras los demás procesados se encuentran recluidos en centros penitenciarios o unidades militares.
Frente a los magistrados y los familiares de las víctimas directas, los antiguos militares se comprometieron a contribuir con la verdad, la reparación y la no repetición, como condición para acceder al sistema. Asimismo, Rincón, López, González, Hernández, Guerrero y Fuentes le pidieron perdón a la sociedad, las víctimas y hasta al Ejército por los eventuales daños causados, lo cual no implica un reconocimiento de responsabilidad. De hecho, Fuentes negó de tajo su participación en los crímenes y declaró: “Quiero decirles con mucha humildad y respeto que yo no tengo ninguna responsabilidad en estos hechos. Estoy aquí por pertenecer al grupo de militares a los cuales se les acusa de cometer hechos irregulares”. (Leer más en: “Los falsos positivos no fueron obra de unas cuantas manzanas podridas”: HRW)
Aunque todos los procesados se comprometieron a decir la verdad, está por verse si ello implicará un cambio en la versión que presentaron ante la justicia ordinaria, donde contrariaron la teoría de la Fiscalía. Por ejemplo, en 2016 el entonces abogado del coronel Rincón Amado planteó en juicio que “se demostró que los jóvenes muertos se dedicaban a delinquir y acudieron voluntariamente a Ocaña bajo el ofrecimiento de realizar allí actividades ilícitas”, lo cual fue tajantemente negado por el ente acusador. (Leer más en: ‘Falsos positivos’: macabra estrategia para mostrar que se estaba ganando la guerra)
Igualmente, durante ese juicio, el abogado de los soldados Díaz Ortega, González Gómez y Guerrero Andrade alegó que las víctimas “fueron dadas de baja en combate”, mientras el defensor de los soldados Díaz, López, Grijalba, Fuentes y Hernández insistió en que “el desplazamiento o traslado de las víctimas a Ocaña no fue por engaños, sabían que era para delinquir”. Ello consta en la sentencia del Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca, que fue apelada por los condenados y se encuentra en estudio en la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca.
De ahí que Idaly Garcerá, madre de Diego Tamayo y la única de las víctimas que intervino durante la audiencia, señalara que “me ‘acogí’ aquí a la JEP para escuchar a los señores implicados que de verdad se acojan a la justicia plena para saber la verdad, que es muy importante para nosotras las víctimas”. Y agregó que “fuera de que los señores van a decir la verdad, yo quisiera que estuvieran también los altos mandos, los que los mandaron a hacer lo que ellos cometieron”.
Los defensores de las víctimas también les insistieron a los procesados en la necesidad de que cuenten la verdad. Sandra Villegas, de la firma Javier Villegas Posada Abogados, expresó: “Con profundo respeto con los comparecientes, señalados de cometer graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, me permito solicitarles que presenten sus compromisos de aportar verdad plena, pero no una verdad como se construye en un proceso penal, sino en el contexto de una justicia restaurativa (…) La verdad es un derecho que tienen las víctimas y sus familiares a conocer los hechos que dieron lugar a esas graves violaciones y a conocer la identidad de todos quienes participaron en la comisión de esas conductas punibles”.
Al respecto, Reynaldo Villalba, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, señaló: “Las víctimas tienen derecho a saber y la invitación a quienes comparecen, si es que finalmente la JEP mantiene la competencia (del caso), es que esa verdad tiene que ser plena, pero no (solamente) al detalle sobre los hechos mismos, sino que tiene ir más allá. Tiene que dar razón de los máximos responsables, de las políticas que animaron este tipo de crímenes, llámese Seguridad Democrática o cualquier otra política, porque solo así se asegura una justicia interna que no permita la entrada de la Corte Penal Internacional”.
Villalba también planteó, tal como han venido diciéndolo varias de las madres de Soacha, que sus representadas no desean que la JEP asuma la competencia del proceso, dado que “tenemos argumentos jurídicos para decir que (los crímenes) no ocurrieron por causa o relación con el conflicto armado interno”. Por eso, le pidió a la Sala de Definición dar cumplimiento a la Ley 1922 de 2018 o de Procedimiento de la JEP, según la cual la Sala debe emitir una resolución para cada compareciente decidiendo si la Jurisdicción es o no competente para asumir el caso, decisión que admite recursos. (Leer más en: En medio de incertidumbre, expediente contra general Torres llega a la JEP)
Igualmente, Villalba les transmitió a los magistrados la preocupación de abogados de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Asociación Minga y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) por no haber sido convocados a la audiencia, pese a que representan víctimas en procesos en los que están vinculados algunos de los 14 comparecientes. Y explicó que, tal como está contemplado en la Ley de Procedimiento, se requiere acumular los casos para que “se puedan hacer más integralmente este tipo de audiencias y puedan estar todas las víctimas”.
Durante la diligencia también se abordó el tema de la seguridad de las cinco madres reconocidas como víctimas en el proceso, sobre el que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP elaboró un informe con base en entrevistas y documentos. Al respecto, la delegada de la Unidad declaró que “hay un riesgo generalizado que han venido soportando las madres de Soacha, especialmente por la visibilidad de este caso durante los últimos años. Este riesgo ha producido situaciones individuales y diferenciadas en cada una de las madres, llegando a generar daños a sus derechos fundamentales o a los de sus familias”. (Leer más en: Queman pruebas sobre ‘falsos positivos’ en Antioquia)
La delegada de la UIA también informó que “los factores generadores de amenazas (contra las madres) han sido sus acciones para exigir el esclarecimiento de los hechos, siendo los periodos de movilidad de los procesos judiciales cuando se han generado las mayores amenazas y hostigamientos en su contra”. Por eso, le solicitó a los magistrados una audiencia reservada para abordar el caso y definir medidas de protección.
En julio pasado, la Fiscalía General le entregó a la JEP un informe titulado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, en el que resaltó que estos casos se incrementaron a partir del año 2002 y alcanzaron su etapa “más crítica” entre 2006 y 2008, periodo durante el cual fungió como presidente de la República Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), actual senador y máximo dirigente del Centro Democrático. De acuerdo con el ente acusador, en ese último lapso se presentaron el 59 por ciento de los casos documentados entre 1988 y 2014, cuyas víctimas ascienden a 2.248.
Según la Fiscalía, “la mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años, quienes se dedicaban a las labores de campo y trabajos informales en la ciudad”, y por cuyos asesinatos han sido procesadas en la justicia ordinaria 5.626 personas, de las cuales 3.826 eran soldados en el momento de los hechos; 992 eran suboficiales; 514 eran oficiales; y 133 eran civiles, varios de los cuales se destacaron como reclutadores. (Leer más en: La red criminal que operó desde el Batallón Pedro Nel Ospina del Ejército)
Se espera que, contrario a lo que ha sucedido en esa instancia, los procesos en la JEP revelen las más altas responsabilidades por esos crímenes, en aras de garantizar los derechos de las víctimas y la verdad que reclama buena parte del país.
