En ese corregimiento del municipio de Patía, en el sur de Cauca, fue instalado el último Espacio Territorial de Capacitación y Normalización (ETCR) de excombatientes de las Farc. Sus habitantes han empezado a recibir los beneficios del Acuerdo Final con el apoyo a tres emprendimientos locales.
“Nosotros, la comunidad de La Ventica, estamos por una parte agradecidos con el proceso de paz porque aquí antes no llegaban proyectos y era una región olvidada. Antes decían que venía un proyecto, pero pasaba por el aire porque no llegaba nada. Ahora se ve la diferencia, de que quieren trabajar con las comunidades e incluirlas”.
Esas palabras son de Gloria*, una lideresa comunitaria de la región que destaca que el acceso a recursos relacionados con el acuerdo de paz que el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc firmaron el 24 de noviembre de 2016, también incluye a las comunidades: “Gracias a ese espacio en Patía vemos que hay más oportunidades. Eso se da por los acuerdos de paz que nosotros no conocíamos. Firmaron los acuerdos y acá el campesino no sabía qué decían, ahora conocemos nuestros derechos. Antes pensábamos que esos acuerdos sólo eran para ellos y no para el pueblo. Ahora sabemos que son para todos”.
Con “ese espacio”, la dirigente comunitaria se refiere al ETCR que en noviembre del año pasado fue trasladado a El Estrecho desde Policarpa, Nariño. Por retrasos en la construcción de la infraestructura necesaria para permitir el proceso de reincorporación de los excombatientes de los frentes 8 y 29 de la otrora guerrilla más antigua del continente, atribuidos a las dificultades geográficas para transportar los materiales de construcción, este ETCR fue instalado en el sur de Cauca. (Leer más en: En el ETCR más atrasado del país no dejan de apostarle al proceso de paz)
La llegada de por lo menos 60 excombatientes tomó por sorpresa a los habitantes de El Estrecho, quienes alegan que no fueron consultados y que tampoco se realizó una consulta previa, pues existe un consejo comunitario que lleva el mismo nombre del corregimiento -aunque el ETCR está en una finca privada que es arrendada-.
“En principio nos llenó de incertidumbre porque no teníamos conocimiento de que iba a llegar un grupo desmovilizado a nuestra región. Se armó un boom muy grande entre varios líderes porque tenemos muchas necesidades insatisfechas y porque al llegar ellos acá no sabíamos cómo iban a influir en nuestra cultura”, explica Ramón*.
Una vez asentado el ETCR, diferentes entidades estatales empezaron a hacer pedagogía del Acuerdo Final. Igualmente, los exintegrantes de las Farc pidieron perdón por su accionar cuando estuvieron alzados en armas y también explicaron los alcances del proceso de paz.
“No hubo rechazo ni estigmatización. Ellos llegaron de manera muy metódica. Expusieron el fin del conflicto, el deseo de llegar a este medio (corregimiento) y emprender proyectos productivos que sean fabricados con la comunidad y ellos”, cuenta el docente Milton René Caicedo, quien agrega que con los excombatientes hubo varias reuniones: “Hablaron con el consejo comunitario de acá y se expresó el temor por la ubicación de ellos, no porque fueran a ser grotescos con la comunidad sino por el conflicto que uno ya conoce y que de pronto se pueden dar ataques de otro bando. Ese era el mayor miedo”.
Sobre los tiempos del conflicto armado, en El Estrecho señalan que fueron más golpeados por el accionar del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que por las Farc, ya que el grupo guerrillero no estuvo asentado en la región.
Según lo documentado por la Fiscalía de Justicia y Paz, ese grupo paramilitar ingresó al municipio de Patía en enero de 2001 y en sus calles esparcieron panfletos imponiendo toques de queda y advertencias para que los padres de familia controlaran a sus hijos adolescentes. Meses después empezaron a ejecutar sus amenazas contra la población. (Leer más en: El recorrido sangriento del Bloque Calima por Cauca)
“No se podía escuchar una moto porque todo el mundo se guardaba y ellos también andaban en un taxi. Se metieron con las extorsiones a ganaderos y comerciantes, que no son de gran economía y tienen una remeza de sobrevivencia. Nos molestaba que en esta región que, debido al descuido estatal, no tiene mayores recursos, extorsionaran. Hasta que hubo un punto en el que la comunidad dijo que no se podía seguir con eso y la gente no comió cuento de sus amenazas”, recuerda un habitante del municipio sobre el accionar de ese grupo armado que se desmovilizó en diciembre de 2004.
Y sobre ese proceso, en su informe Desmovilización y reintegración paramilitar: panorama posacuerdos con las AUC, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) señala que una de sus principales falencias es que no se hicieron partícipes a las comunidades de los beneficios otorgados a los desmovilizados, por lo que llamó la atención para destinar proyectos productivos en las regiones más afectadas por el conflicto armado. (Leer más en: Las amargas lecciones que dejó la desmovilización de las Auc)
Dicha situación, en este proceso de reincorporación parece estar superada, pues paralelamente se están respaldando iniciativas de la región.
Enriqueciendo iniciativas comunitarias
En El Estrecho, además de atender a los excombatientes de las Farc en camino a la reincorporación, la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN) y otras entidades están respaldando tres iniciativas locales: la escuela de liderazgo, un proyecto productivo de limones y un programa de formación futbolística.
Ángela Medina, coordinadora de la ARN en Cauca, explica que por medio de grupos focales con líderes de la región y de observación participante, realizaron un diagnóstico y seleccionaron esas tres iniciativas que, a futuro, podrían servir para el planteamiento de la política de reincorporación con el tema de comunidades.
“Es un primer ejercicio diagnóstico. El objetivo primordial es generar confianza para poder interactuar con la comunidad, reconocer las necesidades y potencialidades, y a través de gestión, generar los espacios que permitan desarrollar esas necesidades o esas inquietudes que tiene la comunidad”, señala.
Uno de los proyectos más queridos es el de la escuela de liderazgo, pues los adultos buscan que las nuevas generaciones asuman sus roles en el mediano y largo plazo. “La idea es generar una iniciativa que propenda porque haya nuevos liderazgos, porque acá en Patía siempre están en cabeza de adultos y los jóvenes casi no participan en los espacios donde se toman decisiones”, plantea Ramón.
Asimismo, explica que desde la Institucion Educativa de Desarrollo Rural (Ineder) conformaron un grupo con representantes de cada curso y hacen un trabajo de formación para que adquieran herramientas con las que puedan generar liderazgos que impacten en sus veredas. Y sobre la labor de la ARN no ahorra palabras: “Se puede decir que nos ha dado todo. Ha estado en la parte de capacitación, en el tema de refrigerios, en la parte lúdica, se ha encargado de la motivación de los estudiantes. Ha sido un acompañamiento muy positivo”.
Por otro lado, el primer proyecto productivo que se está impulsando para la comunidad tras la firma del acuerdo de paz es el de la siembra de limón Tahití. Gloria, una de las lideresas de la vereda La Ventica, cuenta que anteriormente tenían cultivos de pancoger y que tras las cosechas quedaban improductivos durante varios meses, situación que está cambiando con la siembra del cítrico.
“Ahora hay cultivadores de limón que trabajan con Asobrix (Asociación de Productores y Comercializadores de Frutas del Patía), pero a otros les toca venderle al primero que aparezca. A los no asociados nos capacitó la ARN para entender lo de la tierra y lo económico, y a la gente le ha gustado mucho porque aquí no habíamos visto esas capacitaciones”, refiere.
Finalmente, la tercera iniciativa, además de generar un espacio formación y recreación para los menores de edad del corregimiento, también pretende abrir caminos para la reconciliación e integración de los excombatientes. En ese espacio juegan miembros de la comunidad, exintegrantes de las Farc y, en ocasiones, miembros de la Fuerza Pública.
“Cada uno forma su grupo. El que llega se enfrenta con el que está allí. A los 15 minutos o a los dos goles sale un equipo y entra otro. Los equipos están conformados por tres de ellos y cuatro de la comunidad, porque es fútbol siete. No se han mezclado Fuerza Pública y Farc en un mismo equipo. Siempre es civil con algunos de ellos”, explica el docente Caicedo, quien es profesional en Deportes y Educación Física, y agrega que los habitantes consideran este espacio como algo inusual: “tras sufrir una situación tan negativa como el conflicto y tenerlos ahora en un compartir hacia el deporte”.
Sobre esas iniciativas, la coordinadora Medina aclara que como se está definiendo la política de reincorporación y que hasta el momento no tienen asignados recursos específicos, el rol de la agencia se basó en la gestión y el acompañamiento.
Esta situación cambiará prontamente. El pasado 22 junio se definió la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica para los exintegrantes de las Farc, mediante el documento CONPES 3931, el cual se difundió la semana pasada. Este es un cambio sustancial al proceso de reintegración de las Auc, pues su política se expidió cinco años después de la desmovilización, y en este caso se dio ocho meses tras haber iniciado la fase de reincorporación.
¿Qué dice el CONPES sobre las comunidades?
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), en el cual tienen asiento 19 entidades estatales, definió la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica (PNRSE) de Exintegrantes Farc-Ep, la cual es producto de un proceso de concertación con el otrora grupo guerrillero.
La vigencia de la PNRSE es de ocho años (hasta 2026), su costo estimado es de 265 mil millones de pesos y tiene cuatro objetivos principales, siendo el segundo el relacionado con las comunidades en donde se realizan procesos de transición de excombatientes a la sociedad civil, enfocado a “la promoción de la reincorporación comunitaria en el territorio, orientada al fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la reconciliación”.
Por esa razón, señala el CONPES, “el abordaje de la reincorporación busca potencializar las habilidades de los sujetos para participar activamente en escenarios de construcción de paz, reconciliación, desarrollo comunitario e incidencia en derechos, para contribuir al desarrollo y fortalecimiento del ejercicio autónomo de su ciudadanía, vinculado a las lógicas sociales de los contextos en los cuales reside, que a su vez repercuten en la generación de redes de apoyo y mecanismos que le permitan afrontar situaciones de crisis ante los eventuales riesgos que puedan presentarse para la sostenibilidad de su proceso de reincorporación”.
Asimismo, cuenta con cuatro enfoques: territorial, de género, de derechos y étnico. Y el primero de ellos “supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socioambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad.”
El documento también expone los retos que tiene su implementación: la ruptura del tejido social por la larga duración del conflicto armado, que genera desconfianza hacia las instituciones colombianas, exintegrantes de las Farc y entre miembros de las comunidades; la necesidad de promover la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad para contribuir a la reconstrucción del tejido social; la ausencia de articulación entre los proyectos productivos de exintegrantes de las Farc y de las comunidades, para jalonar no sólo procesos de desarrollo económico y social, sino también el fortalecimiento comunitario en un periodo de posacuerdos; y la limitada oferta institucional en los territorios donde se desarrolla el proceso de reincorporación en el marco del Acuerdo Final.
Teniendo en cuenta ese panorama, concluye que “si no se involucra a las comunidades en la oferta pública que llega a los territorios en el marco de la reincorporación, pueden generarse resistencias y tensiones, situación que incide en el apoyo comunitario necesario para la implementación de este tipo de procesos”.
Por esa razón, la PNRSE tiene un capítulo dedicado a la promoción de la reincorporación comunitaria en el territorio, orientada al fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la reconciliación. Dicho apartado está orientado en el diseño y la implementación de la Estrategia de Reincorporación Comunitaria con Enfoque Territorial, que es vista como un “ejercicio participativo que involucra, por un lado, a exintegrantes de las FARC-EP que desarrollan su proceso de reincorporación, y por el otro, a las comunidades y sus iniciativas como referentes para la construcción de paz en los territorios”.
Y dicha estrategia se fundamenta en tres pilares: pedagogía de paz, tejido social y reconciliación; participación y ejercicio ciudadano con enfoque de género; y prevención de riesgos asociados a la estigmatización y a la intolerancia.
Con este documento CONPES y las iniciativas que se vienen impulsando en El Estrecho, poco a poco se va construyendo un ambiente de paz local que, bien fundamentado, podría irrigarse en las regiones vecinas y ampliar esa ilusión con la que tanto han soñado los pobladores de esta zona de Cauca.
* Nombre modificado por petición de la fuente
Este reportaje fue realizado con el apoyo de
 de excombatientes de las Farc. Sus habitantes han empezado a recibir los beneficios del Acuerdo Final con el apoyo a tres emprendimientos locales.){kind=link}