No hay región tan rica en recursos naturales, agrícolas y medioambientales como ésta de Norte de Santander. Pero ello no se ha traducido en prosperidad para sus habitantes; por el contrario, en algunos casos, dichas riquezas han sido fuente de conflictos y alimento de millonarios negocios ilegales.
El Catatumbo está bañado en petróleo y gasolina como ninguna otra. Las cifras así lo certifican. Según estimativos del gobierno nacional, en toda la cuenca que conforma esta vasta zona del nororiente del país existen reservas probadas de 17 millones de barriles de petróleo y, de acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para 2015 estaban comprometidas unas 337 mil hectáreas de tierra para la producción y explotación de hidrocarburos, mientras que unas 224 mil ha esperaban para ser concesionadas a empresas tanto nacionales como extranjeras.
Pero la presencia del combustible no ha significado riqueza y prosperidad para los pueblos del Catatumbo. Por el contrario, en ocasiones éste ha sido fuente de históricos y complejos conflictos sociales. En 2002, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial expidió una licencia ambiental que permitía a Ecopetrol comenzar labores de exploración y explotación del pozo Los Álamos, ubicado en el corregimiento La Gabarra de Tibú, en tierras ancestrales de la comunidad indígena Barí-Motilón.
Los trabajos en el pozo comenzaron en 2003, lo que revivió un viejo pleito entre la empresa petrolera y la comunidad indígena. Así, tras sentir vulnerado su derecho a la consulta previa, el pueblo Barí-Motilón interpuso una acción de tutela que fue fallada a su favor, pero que Ecopetrol apeló. La pelea jurídica se prolongó por varios años en los tribunales y, finalmente, el 16 de octubre de 2006, mediante Sentencia T-880, la Corte Constitucional no sólo les dio la razón a los nativos, sino que ordenó a Ecopetrol suspender la explotación petrolera y realizar las respectivas consultas.
En el Catatumbo, los hidrocarburos también terminaron alimentando lucrativos negocios ilegales cuyos dividendos han engordado, por años, las arcas de grupos armados ilegales como la guerrilla del Eln, la disidencia del Epl, las mafias de contrabandistas que se mueven por la región e, incluso, los bolsillos de integrantes corruptos de la Fuerza Pública. Uno de ellos es el contrabando de gasolina desde Venezuela. Por la porosa frontera con el vecino país ingresan diariamente cientos de galones de combustible que luego es comercializado en Norte de Santander, César, La Guajira y Santander.
Aunque por décadas los nortesantandereanos han ingresado gasolina venezolana para consumo propio, hablar del contrabando de combustible es referirse a un negocio de otro nivel, que mueve miles de millones de pesos y donde la participación de grupos armados organizados como ‘Los Rastrojos’ y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) es mucho mayor. Hoy día, el poder armado alcanzado por los primeros en el municipio fronterizo de Puerto Santander les permite ingresar tantos galones de gasolina diarios como para copar la capacidad de un par de camiones tipo Ford 300. Igual sucede en La Parada, Villa del Rosario y Los Patios, por donde se mueven decenas de ‘bachaqueros’ (como les dicen en esta región a quienes ingresan contrabando a pie) trayendo pimpinas de gasolina para las Agc, ‘amos y señores’ de esos territorios.
Ingresarla a tierras colombianas y almacenarla es sólo una parte del negocio. Luego viene la distribución y su comercialización, que también corre por cuenta de estos grupos armados organizados, “aunque, para moverla por la región tienen que pagarle impuestos a los ‘elenos’ o a ‘Los Pelusos”, tal como explica un líder social conocedor de las dinámicas del Catatumbo.
“La gasolina entra por Puerto Santander o por Tibú o por Los Patios. Y la mueven por tierra por varias rutas, una de ellas era la vía Tibú-El Tarra-Ocaña. Por allí se movían semanalmente caravanas de 30, 40, 50 camiones tipo Ford 300 llenos de pimpinas de gasolina. Eran tantos los carros que terminaron dañando la carretera y ahora la mueven por Tibú-Convención-Aguachica”, detalla la fuente, quien solicitó la reserva del nombre por razones de seguridad.
Paradójicamente, transitar por esta ruta significa encontrarse un puesto de control del Batallón Energético y Vial No. 10, así como con la Estación de Policía de Convención, “pero no se ha visto, no ha ocurrido, que detengan algún camión cargado con gasolina cuando todo mundo, por lo menos desde Convención, los ve”, advierte el líder. “Durante el paro armado decretado por el Epl los únicos que se movían de noche por las carreteras eran esas caravanas de camiones cargados de la gasolina. ¿Cómo harían para moverse en un territorio altamente militarizado y en plena guerra para que nunca les pasara nada? Es lo que nos preguntamos”.
Negocio artesanal
Pero mientras ‘Rastrojos’ y ‘gaitanistas’ se consolidan como actores hegemónicos en el negocio del contrabando de gasolina, la guerrilla del Eln se especializa en el hurto de petróleo mediante válvulas ilegales que se instalan en tramos del oleoducto Caño Limón-Coveñas que atraviesa el Catatumbo. El hidrocarburo es procesado en refinerías clandestinas instaladas en lo profundo de la manigua catatumbera para producir una gasolina artesanal que en la región se conoce como ‘Pategrillo’.
Un negocio redondo que explicaría por qué se redujeron los atentados dinamiteros contra el oleoducto, al pasar de 62 en todo 2017 a 41 en lo que va corrido del año. “El Pategrillo se mezcla con gasolina venezolana y la llevan a las estaciones de servicio de Aguachica, La Jagua. Hasta en Bucaramanga la venden”, advierte el líder consultado, quien explica además que “uno puede comprar una pimpina de ‘Pategrillo’ mezclada con gasolina venezolana en 18, 19 o 20 mil pesos. Las afectaciones a los motores de los carros no son muchos la verdad, por eso cada vez se consume más”.
Según cifras suministradas por Ecopetrol, en lo que va de 2018 ya se han detectado y destruido 281 válvulas ilícitas que fueron instaladas alrededor de Campo Tibú. Se estima que a través de ellas se robaron 24.300 barriles de petróleo para producir la gasolina artesanal. Se trata de un aumento preocupante toda vez que en todo 2017, la compañía petrolera detectó 202 válvulas mientras que en 2016 el número de estos dispositivos ilegales fue de 156. El total de barriles hurtados en estos dos años ascendió a los 111 mil.
El panorama a lo largo del oleoducto Caño Limón-Coveñas no es más esperanzador. Este año ya han sido descubiertas unas 27 válvulas, casi la mitad de las destruidas durante todo el año pasado, que ascendió a 48. Los estimativos de Ecopetrol señalan que desde 2015 a la fecha han sido hurtados al oleoducto, a través de estos dispositivos, más de 840 mil barriles de petróleo, siendo el pico más alto el 2017, cuando se reportó el hurto de 426 mil barriles.
El ‘Pategrillo’ genera otro tipo de afectaciones, más silenciosas, pero no por ello menos preocupantes. “La instalación de válvulas ilícitas ha producido incidentes como derrames de crudo que afectan capa vegetal, tierra, quebradas y ríos, también se han presentado incendios en las líneas de transferencia del Campo Tibú”, responden funcionarios de la entidad consultados por VerdadAbierta.com.
“Estos derrames –continúan los funcionarios– dejan impactos en el medio ambiente porque usualmente los delincuentes usan sólo el 30 por ciento del producto hurtado para destilarlo en refinerías ilegales, y el resto lo vierten sin ninguna contemplación a las fuentes hídricas de las cuales se surten las comunidades de la región. Algunas comunidades han podido constatar que, en unas tres ocasiones, cuando los delincuentes han realizado la manipulación ilegal y la perforación del oleoducto, han sufrido quemaduras, amputaciones y otros han perdido la vida”.
De acuerdo con el seguimiento realizado por Ecopetrol, tan sólo en lo corrido del 2018, como resultado de estas actividades ilegales, se han afectado 1.837 metros cuadrados de suelos en Campo Tibú. En 2017 se afectaron 9.898 metros cuadrados de suelos y 5.710 metros cuadrados de espejos de agua.
Gasolina y coca
El incremento en el robo de combustible para procesarlo en improvisadas y peligrosas refinerías también les ha significado a los productores de pasta base, insumo fundamental para producir clorhidrato de cocaína, incrementos sustanciales en sus utilidades.
La razón es simple: la gasolina es elemento fundamental para elaborar esta pasta base. En algunos municipios, la producción de ‘Pategrillo’, así como los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, son regulados y supervisados por la guerrilla del Eln. Así, los ‘elenos’ suministran la gasolina artesanal a bajo precio, lo que aumenta la rentabilidad en la elaboración de pasta base al economizar en la compra de un insumo vital.
Habitantes de la región consultados por VerdadAbierta.com detallaron que el municipio de Hacarí se ha convertido en epicentro del tráfico de ‘Pategrillo’, dado que allí, así como en la población vecina de La Playa de Belén, se concentran cientos de hectáreas de hoja de coca, “y claro, allá la usan en las cocinas para hacer la pasta base”, relatan las fuentes.
La hoja de coca para uso ilícito es el otro gran dolor de cabeza para el Catatumbo. Mediciones efectuadas en 2017 por parte del Sistema de Monitoreo de Cultivos ilícitos (Simci) de la Oficina en Colombia de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), establecieron que, para 2016, había sembradas en la región 24.587 hectáreas, siendo la segunda región del país con mayor presencia de cultivos ilícitos, luego de Tumaco (Nariño). Tibú (12.787), Sardinata (3.847), y El Tarra (3.683) aparecieron como los municipios más afectados por la presencia de la mata.
Si bien los municipios del Catatumbo fueron priorizados por el gobierno nacional para implementar rápidamente allí programas propios del posconflicto como el Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS) y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los avances que muestran ambos planes son bastante modestos, sobre todo en lo que a la sustitución de la hoja de coca se refiere.
De acuerdo con la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, hasta el 30 de abril de este año se registraron unas 671 familias vinculadas, todas ellas del municipio de Tibú, mientras que unas 416 de la localidad de Sardinata manifestaron su voluntad de participar en este proceso mediante la firma de acuerdos colectivos.
El número de hectáreas reportadas por las familias vinculadas ascendió a las 1.150 y hasta el momento Unodc ha verificado la erradicación de 682 hectáreas, lo que equivale al dos por ciento del total de sembradíos. “Implementar el Plan de Sustitución Voluntaria en este territorio ha sido complejo, las cosas no han fluido como esperábamos”, reconoce Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícito.
De acuerdo con el funcionario, la condición de frontera del Catatumbo, su gran extensión, el complejo ordenamiento territorial que registra, pues allí confluyen parques nacionales, resguardos indígenas y zonas de reserva forestal; sumado al accionar de los grupos armados y las dificultades que ha despertado la interacción con actores locales como la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), señalada por comunidades cocaleras como un verdadero ‘palo a la rueda’, han impedido consolidar la iniciativa de sustitución derivada del Acuerdo de Paz con las Farc.
VerdadAbierta.com intentó contactar a varios integrantes de Ascamcat para dialogar con ellos y contrastar esas críticas, pero los esfuerzos fueron infructuosos.
Avance narco
Lo inquietante del tema es que mientras la sustitución no muestra avances contundentes y se hunde en el marasmo de las dificultades, las presiones para que la Fuerza Pública inicie las jornadas de erradicación forzada aumentan, con los problemas sociales que ello supondría. Y no sólo eso, la dinámica de la siembra de hoja de coca y de producción de pasta base vienen transformándose peligrosamente.
“En el Catatumbo cada vez es más común ver cultivadores de grandes extensiones, que pasan de 10, 20 o hasta 30 hectáreas, más involucrados con el narcotráfico”, señala Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, organización no gubernamental defensora de derechos humanos con sede en Cúcuta.
“Ahora tenemos una preocupación adicional: los mexicanos”, agrega Cañizares. “Desde 2010 se advertía su presencia en la región. Pero ahora, el Cartel de Sinaloa tiene gente de ellos en el territorio, en las zonas de cultivo, en los laboratorios, están intentando controlar toda la cadena. Eso es evidente en Tibú, donde están los laboratorios y las rutas para sacar la droga”.
Se trata, sin duda, de un panorama preocupante para los habitantes del Catatumbo y al que no se le ve solución en el corto plazo, pues si en algo coinciden todos los sectores sociales de la región es que la intervención al problema de la hoja de coca debe ser integral.
“La discusión sobre la sustitución de cultivos debe ir más allá de la aspersión aérea o la erradicación manual forzada. El problema con los cultivos es que no hay alternativas productivas que sean rentables o atractivas para los que hoy se dedican a la hoja de coca. Súmele que el Catatumbo no hace parte de la vida social del país; es decir, sus indicadores sociales son muy deficientes”, declara Alberto Castilla, senador por el Polo Democrático oriundo del Catatumbo.
A su juicio, “para sustituir cultivos de coca hay que resarcir daños ambientales, hay que tratar de compensar el daño cultural, hay que compensar el daño social y ahí sí, tratar de encontrar una alternativa económica. Si se reconoce todo lo que tiene la región en materia de organización social, si se mejoran las condiciones de vida de los pobladores, se mejoran los indicadores de salud, educación, pues lo económico comienza a emerger. Porque no se puede pretender sustituir la rentabilidad económica de un cultivo con otro cultivo, así como así”.
En el Catatumbo son conscientes de ello. Por ello, varias comunidades han decidido organizarse y diseñar sus propios planes de sustitución, como sucede con los labriegos de la vereda Pachelly, en El Tarra, o la iniciativa de dejación de cultivos ilícitos que busca desarrollar el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) mediante un proyecto piloto con 50 campesinos de ese municipio.
“En el fondo lo que buscamos es recuperar la economía campesina tradicional, que el campesino siembre comida que le permita mantener su soberanía alimentaria, que lo haga sin agroquímicos, que también pueda hacer trueques con sus vecinos. Ir generando las condiciones propicias para que la dependencia de la hoja de coca sea cada vez menos, hasta el punto que la deje”, explican integrantes del Cisca que prefirieron el anonimato.
Con todo y ello, tal como lo expuso un líder campesino del municipio de Convención, “aquí pueden arrancar todos los palos de coca que hay en el Catatumbo y los problemas no se van a acabar. Antes, muchas cosas podrían empeorar. Aquí lo que necesitamos es que el Estado llegue, pero no sólo con el Ejército y la Policía, que llegue con el desarrollo y oportunidades para todos”.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de
