La confrontación armada entre estos dos grupos armados ilegales en Chocó está afectando a cientos de comunidades negras e indígenas que se encuentran en alto riesgo de desplazamiento mientras que otras más padecen complejas situaciones de confinamiento y restricciones de movilidad.
La violencia no da tregua en el Bajo y Medio Atrato chocoano. Por sus ríos, humedales, sabanas y trochas continúan avanzando las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamados por el gobierno nacional ‘Clan del Golfo’, y estructuras insurgentes del Frente de Guerra Occidental de la guerrilla del Eln, registrándose enfrentamientos entre ambos grupos armados. En medio de la presión y el fuego cruzado están quedando cientos de comunidades negras e indígenas para quienes se agudiza el riesgo de un éxodo masivo y las situaciones de confinamiento y restricciones a su movilidad. (Leer más en: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)
Los últimos hechos conocidos ocurrieron la primera quincena de mayo. Según informaron autoridades del resguardo indígena Uradá – Jiguamiandó del pueblo Emberá, en el municipio de Carmen del Darién, unas 14 familias (54 personas) salieron desplazadas forzosamente de las comunidades Alto Guayabal y Bidoquera – Ancadia, luego que la guerrilla del Eln se llevara a la fuerza para sus filas a dos jóvenes de la zona. A ello se suma las amenazas, retenciones ilegales y actos de tortura proferidas por miembros de los ‘gaitanistas’ contra las comunidades indígenas de Nuevo Cañaveral y Alto Guayabal, lo que los mantiene en situación de confinamiento.
A través de un comunicado las autoridades Embera expresaron su preocupación por el desplazamiento de las familias y el reclutamiento de los jóvenes menores de edad: “Todos estamos desplazados, confinados y amenazados en el resguardo humanitario ambiental So Bia Drua”. Y aseveraron que están en esa situación por acciones del Eln y las Agc.
Ante su crítica situación, los indígenas le exigieron “al gobierno nacional, departamental y local ayuda de emergencia y acompañamiento institucional en el terreno, garantizando la protección y la seguridad de las comunidades indígenas del pueblo Embera Oibida”; le reclamaron que “cumplan su deber constitucional de atender a la población más vulnerada en sus derechos”; y la comunidad internacional le solicitaron “acompañamiento y verificación de la situación real que vivimos las comunidades del pueblo Embera”.
Para los pueblos indígenas y las comunidades negras, el confinamiento es quizás más dramático que el mismo destierro. Es costumbre y tradición en Chocó que los pobladores vivan en una zona y tengan cultivos de pancoger y huertas con animales varios kilómetros de allí, a las que por lo general llegan cruzando los riachuelos, quebradas y grandes ríos que cruzan este departamento. Por ello, no poder moverse de sus lugares es, simplemente, estar condenados a morir de hambre.
Pero lo que sucede en Uradá – Jiguamiandó se repite a varios kilómetros de allí, en la comunidad de Pogue, en Bojayá. Recientemente los grupos armados también generaron desplazamientos forzados. Estos hechos se presentaron luego que en la tarde del pasado 12 de mayo, en momentos en que los lugareños participaban en un convite comunitario, arribara un hombre al que nadie conocía y asesinará a cuchillazos a un habitante del caserío. Horas después del suceso unas cinco personas, varios de ellos reconocidos por su liderazgo social, fueron amenazadas de muerte, por lo que se vieron obligadas a abandonar la región para proteger sus vidas.
Por cuenta de esta situación, unas 2.030 personas, de las cuales unas 1.800 son afrodescendientes y por lo menos unas 200 son indígenas, presentan restricciones a la movilidad, tal como lo reseña la Oficina en Colombia para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha). Según esta agencia de Naciones Unidas, el riesgo de un desplazamiento masivo en las comunidades de Pogue, Playa de Cuya, Piedra Candela, La Loma, Caimanero, Corazón de Jesús y Puerto Antioquia, todas de Bojayá, es inminente.
“Estos ataques contra la población civil han generado temor en los habitantes de la zona y en comunidades circunvecinas de la cuenca del río Bojayá. Se alerta a las autoridades sobre un riesgo de desplazamiento masivo, en caso de continuar las acciones armadas. Lo anterior se suma al control territorial por el aumento en la presencia de los actores armados no estatales, en lo corrido del 2018”, consignó Ocha en un comunicado dado a conocer recientemente.
El temor entre los pobladores de Pogue es tal que no se atreven a hablar públicamente de lo que viene ocurriendo allí. Lo que se ha conocido ha sido gracias a organizaciones externas, como el Grupo Regional de Memoria Histórica de la Universidad Icesi y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entidad estatal que realizó en 2015 un proceso de recuperación de memoria oral cuyo resultado quedó plasmado en la publicación Pogue: un pueblo, una familia, un río.
De acuerdo con comunicación enviada por el CNMH, el pasado 15 de mayo la comunidad de Pogue, Bojayá, “recibió una amenaza de destierro por parte de grupos ilegales que están alterando el control de los territorios, les tienen imposibilitada la comunicación, la movilización y han amenazado a varios de sus líderes y lideresas sociales. Esta situación es problemática porque atenta contra los derechos humanos territoriales y colectivos de las comunidades negras y pueblos indígenas del Medio Atrato”.
Ya había advertencia
Lo que ocurre en el Medio y Bajo Atrato Chocoano ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo mediante carta enviada al Ministerio del Interior y a la Gobernación de Chocó el 21 de febrero de 2017. En la misiva, la agencia del Ministerio Público consignó el alto riesgo de violación de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en que se encontraban comunidades indígenas y afrodescendientes de los municipios de Juradó, Nuquí, Bahía Solano, Bojayá, Rio Quito, Quibdó, Litoral del San Juan, Nóvita, San José del Palmar, Istmina, Medio San Juan, Vigía del Fuerte y Murindó, estos dos últimos en la ribeña antioqueña del Río Atrato.
Lo anterior por cuenta del avance de estructuras armadas pertenecientes a las Agc y la guerrilla del Eln hacia zonas de anterior dominio de la extinta guerrilla de las Farc. Precisamente, pocos meses antes de que los combatientes de esta guerrilla se concentraran en las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), para dejar sus armas y hacer su tránsito a la vida legal, tanto ‘elenos’ como ‘gaitanistas’ comenzaron una avanzada para copar dichos territorios. (Leer más en: Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó)
Por un lado, las Agc comenzaron su avance desde el Bajo Atrato, lo que les permitió posicionarse en municipios como Bahía Solano, Nuquí, Bajo Baudó y Litoral del San Juan. Por su parte, el Frente de Guerra Occidental del Eln avanzó hacia las zonas dejadas por las Farc, estableciendo un nuevo orden político y militar en las regiones del Baudó, San Juan y la Costa Pacífica. Ello generó una disputa armada entre ‘elenos’ y ‘gaitanistas’ por el control de dichos territorios, en los que además se desarrollan actividades económicas ilegales como minería y producción y transporte de alcaloides.
“La expansión de grupos armados ilegales, particularmente las Agc, en los municipios del Litoral Pacífico Chocoano, en el actual escenario de postacuerdos, representa un alto riesgo de violación de derechos humanos e infracciones al DIH para la población civil de los municipios de Bojayá, Vigía del Fuerte y Murindó”, consignó en su momento la Defensoría del Pueblo en la comunicación enviada al Mininterior y a la Gobernación de Chocó el 21 de febrero del año pasado.
“En la primera semana de febrero de 2017, pocos días después del tránsito de las Farc a los Puntos Transitorios de Normalización (PTN), los pobladores de las comunidades negras pertenecientes al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato –Cocomacia- alertaron sobre el avance de estructuras armadas pertenecientes a las Agc desde la región del Bajo Atrato hacia las cuencas de los ríos Napipí y Opogadó, en el municipio de Bojayá”, advirtió la entidad estatal en su momento, agregando, además, que “también denunciaron la presencia de miembros de estas estructuras en las cabeceras municipales de Vigía del Fuerte y Bellavista –Bojayá- con la intención de obtener el control poblacional y territorial de la región del Atrato Medio, aprovechando los espacios dejados por las Farc”.
A pesar de las recomendaciones hechas por la Defensoría del Pueblo, todo indica que la confrontación se recrudeció, llegando a municipios como Bojayá, escenario de uno de los más dolorosos crímenes de guerra que se ha cometido en el país. “El 2 de mayo de 2002, guerrilleros de las Farc, durante un enfrentamiento con las AUC, lanzaron un cilindro-bomba que impactó la iglesia de Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, donde se refugiaba la comunidad. Esta acción terminó con la vida de aproximadamente 79 personas, dejó alrededor de 100 lesionados y causó el desplazamiento de 1.744 familias. Del fatídico suceso el 70 por ciento de las víctimas eran descendientes de Pogue-Bojayá”, resalta el comunicado enviado por el CNMH.
