Dramático aumento del desplazamiento forzado en Bajo Cauca antioqueño

En lo que va del año unas 2.175 personas (781 hogares) han tenido que dejar a la fuerza sus tierras en los municipios de Cáceres, Caucasia, Tarazá e Ituango por cuenta de las confrontaciones entre estructuras armadas ilegales.

“Lo habíamos advertido: la confrontación armada entre estos grupos se iba a recrudecer como en efecto viene ocurriendo. Y en medio de esa confrontación están quedando los campesinos. Hoy, el Bajo Cauca antioqueño vive una crisis humanitaria sin precedentes”, señala Óscar Yesid Zapata, vocero en Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), plataforma de derechos humanos que agrupa unas 250 organizaciones no gubernamentales de todo el país.

Allí, la confrontación entre los ‘Caparrapos’, también conocidos como Frente Virgilio Peralta Arenas, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por el gobierno nacional ‘Clan del Golfo’, no se detiene; por el contrario, se recrudece con el paso de los días y amenaza con extenderse a otros municipios del norte de Antioquia y sur de Córdoba. Lo que temen autoridades civiles y organismos humanitarios es que con ello aumenten las violaciones a los derechos humanos de las comunidades campesinas, quienes ya viven su propio drama. (Leer más en: La guerra se recicla en el Bajo Cauca antioqueño)

Los hechos más recientes de esta guerra sin cuartel se registraron durante los pasados días 13, 14 y 15 de abril. Miembros de ambas estructuras armadas sostuvieron fuertes combates en inmediaciones del centro poblado del corregimiento La Caucana de Tarazá, los cuales se fueron extendiendo a veredas como La Piedra, Acacias, Moizo y el sector conocido como El Embaretado.

Los enfrentamientos dejaron un saldo indeterminado de combatientes muertos, varios de los cuales debieron ser levantados por una misión humanitaria conformada por fuerzas vivas del municipio, pues nadie se atrevía a acercarse a ellos. Lugareños consultados por VerdadAbierta.com señalan que en la zona persisten los combates, pese al despliegue de la Fuerza Pública.

La intensidad de la confrontación generó el éxodo forzado de unas 43 familias (120 personas) hacia el coliseo deportivo del casco urbano del municipio. Varios grupos familiares aún permanecen allí.

Con ellos, el número de personas que han tenido que abandonar sus viviendas en Tarazá por cuenta de esta nueva guerra asciende, según reportes de la Defensoría del Pueblo, a 653. Si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el Registro Único de Victimas de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, un total de 426 personas declararon haber sido víctimas de desplazamiento forzado en todo el 2017, bien podría afirmarse que, de continuar esta dinámica, esta localidad del Bajo Cauca antioqueño podría afrontar una crisis humanitaria como no se registraba hace décadas.

De hecho, los efectos del incremento de los desplazamientos forzados ya comenzaron a sentirse en las administraciones municipales. Según la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, regional Antioquia, la Alcaldía de Tarazá aseguró que carece de capacidad logística y económica para atender a más víctimas de este flagelo.

Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanas señalan que en Cáceres se vienen realizando procesos de retorno de familias que permanecían albergadas en el casco urbano.

“Desde la administración municipal se están promoviendo retornos de los campesinos a las veredas sin que estén dadas las condiciones mínimas de seguridad, con el riesgo de que se tengan que desplazar nuevamente”, asegura Zapata.

Los reportes de la Defensoría del Pueblo señalan que, a la fecha, unas 602 familias (1.572) personas, han salido desplazadas de por lo menos unas 16 veredas de Cáceres, cifra que representa cuatro veces más del total de declaraciones de desplazamiento forzado recibidas durante todo el año pasado por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, que fue de 287 personas.

A este drama se suma el confinamiento de decenas de comunidades campesinas e indígenas en Cáceres y Tarazá, que no pueden movilizarse por cuenta de la presencia de los actores armados. La situación más crítica se presenta en las veredas Anará, Campanario, El Tigre, Alto del Tigre y Tamaná, así como la comunidad indígena Senú José de los Santos, en Cáceres; y en los corregimientos El Doce, Barro Blanco, Guaimaro y La Caucana, de Tarazá.

“No habrá forma de atenderlos”

En lo que va corrido del año unas 2.164 personas (724 familias) han llegado desplazadas a la ciudad de Medellín, todas ellas provenientes del Norte y Bajo Cauca antioqueño. Por lo menos un 40 por ciento de ellas son menores de edad. Tarazá, Cáceres, Caucasia e Ituango figuran, en su orden, como las poblaciones más expulsoras. No en vano, es allí donde se está librando con más furia la guerra entre las estructuras armadas surgidas luego del proceso de desmovilización de las Autodefensas.

“Pero la cifra puede ser mucho mayor”, advierte Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. “Estamos hablando de las personas que la Alcaldía de Medellín está atendiendo, familias que no tienen dónde albergarse. Pero hay muchas otras que se quedan donde familiares o amigos, o simplemente no acuden a ninguna otra institución a declarar su situación”.

Lo que despierta la preocupación de Arcila es que a la capital antioqueña continúan llegando familias desplazadas de estos municipios sin que se advierta en el corto o mediano plazo una mejoría en el orden público en la región.

“Si las condiciones de seguridad no mejoran en el Bajo Cauca antioqueño vamos a tener una situación muy compleja de aquí a dos o tres meses. Esta administración tiene recursos, pero no son ilimitados. Podemos garantizar atención humanitaria, como lo venimos haciendo, por unos dos o tres meses máximo”, declara el funcionario.

En efecto, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, mediante Alerta Temprana de Inminencia 031-18 del 4 de abril, llamó la atención de las autoridades civiles, militares y de Policía sobre el recrudecimiento de la confrontación armada en el municipio de Caucasia, tanto en su casco urbano como en su zona rural y el riesgo de vulneración a los derechos humanos que ello significa para las comunidades campesinas.

“La dinámica del conflicto armado en la zona rural se caracteriza por el avance del frente Francisco Morelos Peñata hacia el corregimiento de Piamonte (Cáceres), pasando por los territorios de control armado del frente Virgilio Peralta Arenas (Caparrapos). Dicho avance ha tenido lugar a través del asalto con armas largas a establecimientos públicos, en los que se ha registrado disparos indiscriminados contra población civil (…) la dinámica rural de este conflicto implica riesgo constante de desplazamientos forzados colectivos debido a la confrontación armada con interposición de población civil”, consigna el SAT en su informe.

En el documento también se advierte sobre la disputa que está teniendo lugar en la zona urbana de Caucasia entre estructuras de las Agc y los ‘Caparrapos’ por el control de las economías ilegales, “lo que ha generado el registro de homicidios selectivos contra mototaxistas y presuntos partícipes de las economías controladas por los grupos armados ilegales; las personas foráneas son objeto de ataque y señaladas como informantes o integrantes del grupo enemigo. Los homicidios selectivos han producido desplazamientos individuales, que parecen estar dirigidos a la expulsión de familias afines a los grupos armados ilegales en contienda”.

La grave situación del Bajo Cauca antioqueño tiende a agudizarse. Cada palmo de esta región está siendo disputado a sangre y fuego por grupos herederos del paramilitarismo y una guerrilla del Eln en proceso de fortalecimiento y expansión. En medio de la confrontación quedan numerosas comunidades indígenas, afros y campesinas, víctimas de una crisis humanitaria que tiende a agudizarse. La presencia de narcotraficantes mexicanos y chilenos enrarece la crítica situación.