Dos gobernadores de ese pueblo le pidieron a la justicia que declare responsable a la estatal petrolera por daños incalculables al medio ambiente y a la cultura causados por ataques al Oleoducto Transandino durante el conflicto armado. Alegan negligencia en la prevención y el manejo de las crisis ocasionadas por los derrames de crudo.
Ordenar el desmonte del tramo del Oleoducto Transandino (OTA) que pasa cerca a los resguardos Inda Guacaray e Inda Sabaleta del pueblo Awá, en Tumaco, Nariño. Esa es la petición principal que John Jader Marín y Alberto Marín, gobernadores de esas comunidades, acaban de hacerle al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en una acción de grupo, en la que los demandados son: Ecopetrol; los ministerios de Ambiente, Defensa e Interior; la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); y el Ejército Nacional.
Los dirigentes indígenas, que prepararon la demanda con apoyo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, buscan que la justicia declare responsable a esas entidades estatales por los múltiples daños y perjuicios que han sufrido sus comunidades por cuenta de los derrames y la extracción ilegal de crudo ocurridos en desarrollo del conflicto armado en esa región.
El OTA, que transporta cerca de 85 mil barriles diarios de petróleo desde el departamento de Putumayo hasta el puerto de Tumaco, en el Pacífico, tras un recorrido de 306 kilómetros, fue asediado y aprovechado ilícitamente por las Farc durante la guerra con el objetivo de debilitar la economía del Estado e incrementar sus propias finanzas, afectando gravemente los derechos de los Awá.
No obstante, los gobernadores piden que se declare responsable al Estado por no tomar las medidas necesarias para prevenir y contener adecuadamente esas afectaciones, teniendo en cuenta que era de público conocimiento que el OTA se había convertido en objetivo militar y económico de la guerrilla.
Al menos cuatro eventos habrían generado los daños más significativos en ambos resguardos de indígenas Awá. Un pueblo que, según la Corte Constitucional, está en riesgo de extinción física y cultural.
OTA, objetivo militar
El primer derrame que destacan las comunidades ocurrió en agosto de 2009, como consecuencia de los malos manejos de tres válvulas ilícitas ubicadas en el corregimiento Guayacana, de Tumaco, a 12 kilómetros de la quebrada Inda, de la cual se surten los Awá. De acuerdo con la acción de grupo, el flujo de crudo se prolongó durante ocho días, afectando el consumo de agua y la pesca en el resguardo Inda Sabaleta.
Según los indígenas, los contratistas de Ecopetrol encargados de atender la emergencia tardaron varios días en llegar a la zona para tomar las medidas de contención, por lo que ellos mismos, sin ningún tipo de protección o capacitación, recolectaron el petróleo que corría por la quebrada. La compañía habría arribado al resguardo un mes después de iniciado el derrame, con el objetivo de sustraer el crudo recolectado y pagarles cien mil pesos a cada uno de los integrantes de la comunidad que realizaron las tareas de limpieza.
El segundo derrame ocurrió en agosto de 2010, “a causa del rompimiento de tubería conectada a una válvula ilícita sobre la infraestructura del OTA” a la altura del corregimiento Guayacana. En esa ocasión, cuando el petróleo invadió las quebradas La Cuerera e Inda durante tres semanas, los indígenas también asumieron las tareas de recolección, trabajo por el cual recibieron cien mil pesos cada uno.
El tercer evento acaeció en noviembre de 2011, cuando las Farc volaron el OTA. Según la demanda, este fue “el derrame que más afectaciones generó en la comunidad, pues era verano y el crudo bajó lentamente durante tres meses. Los olores del crudo se hicieron más fuertes y se mezclaron con los humores que desprende la muerte de los peces y animales que circundan el cuerpo de agua”, a lo que se sumó la destrucción de cultivos ubicados en inmediaciones de la quebrada Inda.
En esa ocasión, Ecopetrol suspendió el bombeo y realizó la recolección del crudo. No obstante, los gobernadores alegan que la empresa no consiguió limpiar completamente los cuerpos de agua que nutren la quebrada y dejó residuos en el suelo como consecuencia del transporte del petróleo hasta los carrotanques.
El cuarto episodio ocurrió en junio de 2015, cuando la columna móvil Daniel Aldana de las Farc dinamitó el OTA como parte de la escalada de acciones militares y ataques contra la infraestructura realizada por esa organización insurgente tras el levantamiento del cuarto cese unilateral del fuego decretado durante los diálogos de La Habana. El derrame afectó los ríos Rosario, Mira y Caunapí, dejando sin agua no solo a los Awá, sino a todo Tumaco.
En esa oportunidad, y ante la gravedad de la situación, la compañía suspendió el bombeo hasta el 7 diciembre de 2015. Según la demanda, durante los más de cinco meses que se dejó de transportar crudo por el OTA “el petróleo permaneció en los ríos de las comunidades indígenas, pero cesaron los ataques, las válvulas ilegales y las piscinas artesanales. En este sentido, parecía haber una mejoría en las condiciones de vida”. Sin embargo, ante la reanudación del bombeo, los gobernadores aseguran que se generaron “nuevamente riesgos para las comunidades”.
En noviembre de 2017 la ANLA ordenó el inicio de un proceso sancionatorio contra Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, la filial de Ecopetrol que opera el OTA desde 2013, por presuntas acciones u omisiones violatorias de las normas ambientales en el manejo de esa emergencia y determinó que durante la crisis se derramaron 10 mil barriles de crudo. (Ver auto de la ANLA)
Los Awá también alegan haber sufrido afectaciones por cuenta de las operaciones que realizó la Fuerza Pública para destruir las refinerías clandestinas que las Farc instalaron en Nariño con el fin de convertir en gasolina el petróleo extraído ilegalmente del OTA, insumo que posteriormente era empleado en la transformación de hoja de coca. Según el documento, la destrucción se realizó “generando la combustión del crudo, gasolina y otros elementos químicos que escurren por los suelos y aguas, profundizando la contaminación”. Los incendios, además, habrían afectado “la salud de las comunidades, el ambiente sano y la biodiversidad, especialmente aves, insectos y otros microorganismos suspendidos en el aire”.
En diálogo con este portal, Adiela Zuleta, integrante del Comité Ambiental de la Organización Nacional Indígena del Pueblo Awá (Unipa), aseguró que “cuando la Fuerza Pública incendia estas piscinas, nosotros quedamos expuestos al aire contaminado. Ante esa situación, la Fuerza Pública no toma acciones preventivas, ni las autoridades ambientales hacen control”.
Para 2015, según cifras de Ecopetrol citadas en la demanda, el OTA contaba con 418 válvulas ilícitas solo en Tumaco, mientras para el mismo año la empresa reportó siete atentados contra el oleoducto en ese municipio.
De acuerdo con Ecopetrol, los atentados ocurridos entre 2009 y 2015 en Tumaco contaminaron con petróleo el caño El Pinde; las quebradas Inda, Sabaleta, Guayacana, Guayacanita, Aguacate, Lavadero, Cuerera, Vigual, Guelmambí y Saundé; y los ríos Mira, Rosario, Guiza, Caunapí y Pianulpí. Varias de esas fuentes de agua surten a los resguardos Inda Guacaray e Inda Sabaleta, y su contaminación ha generado profundos impactos en la calidad de vida de las comunidades.
Las afectaciones
En la demanda, los gobernadores indígenas alegan que los derrames de crudo han amenazado gravemente la persistencia de las formas tradicionales como las comunidades obtienen sus alimentos, medicinas y materiales de construcción, así como la pervivencia de sus lugares sagrados y de su economía tradicional, consistente en “la práctica de la minería artesanal, la madera y los sistemas productivos agropecuarios”. Una economía de subsistencia, no basada en la acumulación, que les permitió conservar el ecosistema durante décadas.
Asimismo, afirman que la contaminación producida por los ataques al OTA mató los peces que les servían de alimento, limitó las actividades de recreación que se realizaban en la quebrada Inda, produjo malos olores y generó desabastecimiento de agua, enfermedades, “daños irrecuperables en la selva” y muerte masiva de animales.
En cuanto al consumo de agua, la demanda reporta que el 54 por ciento de las familias del resguardo Inda Guacaray se abastecen de esa quebrada, mientras el 44 por ciento beben agua de aljibes que se nutren del mismo cuerpo de agua y que fueron construidos por la comunidad con sus propios recursos, todo lo cual pone en riesgo la salud.
La contaminación también limitó seriamente el consumo de pescado, clave en la dieta de los Awá. Ello los ha obligado a comprarlo en los cascos corregimentales, teniendo que asumir, además, gastos de transporte. Lo mismo aplica para los medicamentos, que antes se preparaban con plantas que crecían a la vera del río y que hoy no se pueden usar, razón por la cual los indígenas han tenido que comprar productos como isodine, gasas y desinfectantes. Los pequeños cultivos de pancoger también se vieron afectados por la falta de acceso al agua.
En diálogo con este portal, el gobernador John Jader Marín, del resguardo Inda Guacaray, reiteró que “el río Inda es donde nosotros anteriormente practicábamos la pesca y era la principal fuente de donde tomábamos el agua. Hoy en día ya no lo podemos hacer, nos ha tocado hacer unos pozos que en verano se secan. ¿Qué nos ha tocado? Irnos a bañar con petróleo, tomar agua de petróleo, lavar la ropa con agua de petróleo”.
Esas situaciones, además, han impactado negativamente la economía de los Awá. Por esa razón, muchos de ellos han tenido que buscar trabajo por fuera de los resguardos y se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a las ofertas de “trabajo” de los grupos armados ilegales que hoy operan en la zona, buena parte de ellos surgidos tras la dejación de armas de las Farc como consecuencia de la criminalización de las columnas móviles Daniel Aldana y Mariscal Sucre. (Lea más: Frente Óliver Sinisterra: el blanco de las autoridades colombo-ecuatorianas)
Más aún, las autoridades Awá alegan que los derrames han afectado su vida espiritual, alejando a los seres que habitan la quebrada Inda. Así, por ejemplo, explican que un espíritu llamado ‘Kuanka’, que se alimenta de peces y cangrejos, los abandonó por causa de la contaminación, ocurriendo ahora “tragedias, muertes, malos entendidos y problemas” que la comunidad debe sortear.
En esa misma línea, el gobernador John Jader Marín aseguró: “Ahora no están las plantas medicinales que crecían al lado de los ríos y eso ha afectado lo cultural, porque antes íbamos a los ríos; curábamos el mal viento, el mal aire, la malhora; y hacíamos rituales. Ahora, como eso está lleno de crudo, no podemos realizar las prácticas culturales”.
En ese escenario de afectaciones, los indígenas han tenido que asumir tareas de gestión ante Ecopetrol y las autoridades municipales para que atiendan las emergencias, enviando oficios en los que solicitan suministro de agua potable, alimentos, atención en salud y limpieza del cauce del río. Peticiones que, en su mayoría, no han sido atendidas a cabalidad. Incluso, han sido los propios Awá los que han solicitado la convocatoria de entidades municipales, departamentales, nacionales e internacionales para encontrar “soluciones de fondo” a la tragedia ambiental, sin que hasta ahora haya sido posible concretarlas.
Álex Guanga, líder de la comunidad, le dijo a VerdadAbierta.com que en las reuniones sostenidas con las autoridades no se han tomado determinaciones concretas para remediar los daños. Según él, “esos espacios no han sido eficaces. De hecho, en 2012, producto de esos escenarios, se logró concertar un apoyo para llevar unos tanques para el almacenamiento de agua lluvia, de los cuales seis años después no se han entregado en su totalidad”. Y agregó que además de la demora en la entrega, esa decisión terminó por afectar la cultura de los Awá: “Con los tanques las instituciones creen que resolvieron el problema, pero eso no es lo cotidiano de nosotros, porque como Awá es en el río donde recogemos el agua, nos bañamos, lavamos y realizamos todas nuestras las actividades culturales”.
La falta de respuesta institucional empujó a los indígenas a crear un Comité de Monitoreo Ambiental para los resguardos Inda Guacaray e Inda Sabaleta, que ha asumido las tareas de alertar a la comunidad cuando ocurren derrames y de acudir a organizaciones no gubernamentales de carácter internacional para obtener capacitaciones en técnicas que permitan determinar si el agua es apta para el consumo humano, así como recolectar pruebas sobre la contaminación.
Aun a la evidencia de los daños, registrados en oficios, fotografías y testimonios, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá dirimir al menos dos controversias en la demanda que presentaron los Awá.
Los debates
Una primera discusión que salta a la vista en la acción de grupo encabezada por los gobernadores de ambos resguardos está relacionada con quién tiene la responsabilidad directa por los daños causados. Aunque los autores de los atentados y la instalación ilegal de válvulas fueron las Farc, los indígenas alegan que Ecopetrol y el Estado colombiano “son los que han puesto en riesgo a las comunidades, pues el tener el tubo en las condiciones en las que se encuentra lo único que hace es exacerbar el conflicto”.
El argumento principal es que, dado que el OTA se convirtió en objetivo militar y económico en un área de antiguo control social y territorial de las Farc, la empresa y el Estado debieron tomar medidas para evitar los riesgos asociados a los ataques contra el oleoducto. Citada en la demanda, la integrante de la Consejería de la Mujer de la Unipa Yolanda Marín opinó: “La empresa nos dice que respondan los que vuelan el tubo, (pero) nosotros cómo vamos a reclamar a los ilegales. Nosotros les reclamamos al Estado y a la empresa, que son los legales, saben lo que está ocurriendo y no hacen lo que deberían; cierren el tubo hasta que pase el problema o quítenlo de ahí”.
Frente al alegato de que suspender o trasladar definitivamente el OTA impactaría negativamente la economía nacional, los Awá citan en la demanda a la comunera del resguardo Inda Sabaleta María Rosalba Marín: “(Nos dicen) que es mucho dinero que se pierde, que por eso no cierran el tubo. Y si pueden sacar esas cuentas, ¿por qué no nos sacan primero las cuentas de cuánto vale lo que aquí se está perdiendo?, ¿cuánto valen el armadillo que recorre los cuatro mundos, el jaguar que ya no viene por el olor, todos los peces muertos, las plantas que nos curan, el agua, que no es solo la nuestra, sino la que corre para todos y llega al mar?”.
Una segunda discusión tiene que ver el hecho de que ni el resguardo Inda Sabaleta ni el Inda Guacaray son considerados parte del área de influencia directa del OTA, definida en la resolución 1929 de 2005 del Ministerio de Ambiente, por lo que la compañía no debe realizar consulta previa con esas comunidades. Al respecto, la demanda alega que, pese a no ser reconocidos dentro del área, los resguardos son permanentemente afectados por los ataques contra el oleoducto, dado que el tubo “genera intersección” con las quebradas que surten a las comunidades indígenas, especialmente la Inda.
Por eso, los gobernadores aseguran en el escrito que “existe una omisión de las autoridades ambientales (para) incluir dentro del área de influencia directa las áreas sistemáticamente afectadas por el proyecto y el riesgo que genera”, lo cual ha impedido que existan órdenes específicas de protección, prevención y atención para los resguardos en el Plan de Manejo Ambiental. Por eso, las autoridades indígenas le trasladan al Tribunal la necesidad de ampliar la manera cómo se entiende el concepto de “área de influencia” y de territorio indígena, comprendida no sólo como el terreno que compone el resguardo, sino también como toda la zona requerida para el buen vivir de la comunidad.
Tras listar las afectaciones causadas, los gobernadores Awá concluyen que Ecopetrol es “solidariamente responsable” de los daños, al haber omitido “adoptar las medidas de seguridad, necesarias e idóneas para proteger el oleoducto, a pesar de que los ataques e instalaciones son sistemáticos, previsibles y tienen una tendencia a aumentar” dada la persistencia del conflicto armado en la región. Y agregan que “no resulta lógico en un Estado Social de Derecho que las comunidades tengan el deber de soportar el exterminio de su pueblo, bajo la premisa de permitir la explotación petrolera para el país. Por esta razón, la empresa es responsable por no adoptar medidas adecuadas que le permitieran realizar su actividad económica sin afectar o poner bienes constitucionalmente protegidos”.
Las autoridades, además, opinan que “una actuación diligente de la empresa se correspondería con la suspensión del bombeo y la búsqueda de alternativas para la conducción del crudo por otras vías, como en varias ocasiones se ha realizado. Sin embargo, la empresa ha decidido mantener la operación, dejando como externalidades los pasivos ambientales y sociales que supone una operación extractiva en el marco del conflicto armado”.
Es por eso que le solicitan al Tribunal que, además de exigir el desmonte del OTA, ordene la suspensión inmediata la operación y de la resolución que aprueba el Plan de Manejo Ambiental, así como varias medidas orientadas a reparar integralmente a las comunidades por los daños causados tras los ataques al oleoducto.
Una realidad que, aún con la desaparición de las Farc como organización militar, continúa viva en el territorio. Varias fuentes de la región le dijeron a este portal que las disidencias de las Farc en Tumaco han incrementado la instalación de válvulas ilícitas en el OTA para continuar alimentando el negocio del narcotráfico. La extracción y la transformación del crudo en gasolina estaría contaminado el suelo y los cuerpos de agua, tal como hizo la guerrilla en épocas de confrontación.
Ahora, la decisión está en manos del Tribunal, que deberá sopesar los argumentos de lado y lado para definir no sólo el futuro del OTA, sino, principalmente, el de un pueblo en peligro de extinción.
