La decisión del gobierno ecuatoriano de no continuar como garante del proceso de paz con ese grupo guerrillero responde no sólo al malestar que generó la errática actuación del gobierno colombiano en el manejo de la crisis generada tras el asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio a manos de disidentes de las Farc, sino a la falta de una política eficaz de seguridad fronteriza tras la firma de los acuerdos de La Habana.
Con voz pausada, pero firme, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, hizo un anuncio, a través del noticiero NTN24, que dejó sin piso las negociaciones que adelantaban desde hace poco más de un año en ese país el gobierno de Colombia y la guerrilla activa más antigua del país: “He solicitado a la Canciller que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz”.
Moreno justificó esa drástica decisión alegando que “mientras el Eln no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas”, su país no será escenario de los diálogos a través de los cuales se pretende alcanzar una solución negociada a una confrontación armada que ya ajustó 53 años.
Las acciones armadas del grupo insurgente se han intensificado las últimas semanas, particularmente en la región del Catatumbo, Norte de Santander, donde libra una cruenta guerra por el dominio de la región con una vieja disidencia del Epl, conocida como Frente Libardo Mora Toro, que esquivó la desmovilización y dejación de armas del 15 de febrero de 1991 y se refugió en la espesura de la selva del nororiente colombiano. (Leer más en: La nueva guerra que se desató en el Catatumbo)
Pero detrás de la decisión del gobierno ecuatoriano hay algo más que una valoración crítica sobre el accionar militar de la guerrilla del Eln. Se trataría de una airada reacción a la falta de tacto diplomático del gobierno colombiano para acompañar al pueblo ecuatoriano tras el crimen del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra, trabajadores del diario El Comercio, de Quito, perpetrado por el grupo disidente de las Farc conocido como Frente Óliver Sinisterra, comandado por Walter Artízala, alias ‘Guacho’.
También obedecería a la molestia que desde hace poco más de dos años se ha incubado en el Ministerio de la Defensa de Ecuador ante la falta de compromiso de sus similares en Colombia para diseñar una estrategia conjunta de seguridad fronteriza que incluyera planes de contingencia por cuanto desde esa época ya se sabía que algunas unidades de las Farc no se acogerían a los pactos firmados con el gobierno colombiano. (Leer más en: Frente Óliver Sinisterra, el blanco de las autoridades colombo-ecuatorianas)
Y, por último, la medida adoptada por Moreno haría parte de la confrontación política que libra desde hace varios meses con el expresidente Rafael Correa, de quien fue su vicepresidente entre 2007 y 2013, y el que autorizó los diálogos en territorio ecuatoriano desde mayo de 2015.
¿Soberbia colombiana?
Un investigador que ha estudiado la dinámica del conflicto armado en aquella región fronteriza por varios años, y que ha pedido la reserva de su nombre, afirmó que la decisión del presidente Moreno era previsible, dado el cúmulo de tensiones políticas internas ecuatorianas y los malestares gestados con las autoridades colombianas por su falta de control territorial en áreas donde hay una intensa actividad de narcotráfico.
“El gobierno ecuatoriano siempre se sintió menospreciado por el gobierno colombiano”, aseveró el investigador consultado. “La situación se intensificó con la respuesta del presidente Juan Manuel Santos sobre el hecho de los periodistas asesinados, y eso tuvo varios elementos, como, por ejemplo, que no haya ido a Ecuador a reunirse con Moreno en un momento de intenso dolor para los ecuatorianos. Eso fue visto como un desplante”.
Lo que también agravó la situación fue haber enviado a “unos intermediarios”, como fueron calificados por autoridades ecuatorianas el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y los altos mandos militares que lo acompañaron en su visita al vecino país el pasado viernes, cuando se conoció la noticia de la muerte del equipo periodístico del diario El Comercio.
“Ese ambiente se tensionó aún más tras las torpes declaraciones dadas por el presidente Santos al decir que ‘Guacho’ era ecuatoriano y que a los periodistas los mataron en Ecuador. Esas declaraciones fueron interpretadas por muchas personas ecuatorianos, incluso por organismos internacionales, como que ‘eso es problema de Ecuador’, lo que dejó mal parado al gobierno colombiano”, dijo la fuente consultada.
Hasta el momento se desconocen las causas del secuestro y las motivaciones que tuvo la disidencia de las Farc para asesinar al equipo del diario El Comercio. Por razones de seguridad los cuerpos de estos tres hombres tampoco han podido ser rescatados.
Moritz Akerman, quien ha sido un activo observador y dinamizador de los procesos de paz que se han dado en las últimas tres décadas con la guerrilla del Eln, coincidió con este investigador al destacar que Santos debió tener un acercamiento personal con el presidente Moreno, incluso desde el jueves pasado, cuando éste abandonó presuroso la Cumbre de las Américas, que se celebraba en Lima, Perú, para regresara su país ponerse al frente de la noticia del asesinato de los trabajadores del diario quiteño: “El presidente Santos tenía que entrevistarse directamente con el presidente ecuatoriano y poner la cara ante esa situación tan difícil”.
¿Trasteo anticipado?
El proceso de negociaciones entre el gobierno nacional y el Eln ha estado acompañado por seis países garantes: Ecuador, Brasil, Venezuela, Chile, Cuba y Noruega. Tras un complejo proceso de negociaciones discretas durante 2015 y 2016, se estableció como sede inicial de los diálogos la ciudad de Quitó.
“El presidente (colombiano Juan Manuel) Santos nos pidió, con un bajo perfil, de forma confidencial, si pudiéramos facilitar instalaciones para conversar con el Eln, y eso se hizo”, reveló el entonces presidente Rafael Correa el 13 de mayo de 2015. La idea era que, las conversaciones públicas, iniciadas en la capital ecuatoriana el 7 de febrero de 2017, se dieran en ciclos y se realizaran en varios países. (Consulte aquí una detallada línea de tiempo sobre el proceso)
El académico Víctor De Currea-Lugo, quien ha seguido al detalle estas conversaciones, recordó que justo al final de este quinto ciclo de conversaciones con el Eln, que se venía dando desde el pasado 15 de marzo, la mesa sería trasladada a otro país garante, pero aún no se había definido a cuál.
Al referirse a la decisión del presidente Moreno de frenar las conversaciones en su país, De Currea-Lugo consideró que “obedece a la presión de la sociedad y de los medios de comunicación para dar resultados luego de la crisis de frontera que compromete a ‘Guacho’ en el asesinato de los tres periodistas y los últimos secuestros”, cuyas víctimas son Óscar Efrén Villacís Gómez y Katty Vanesa Velasco Pinargote.
Pese a esa explicación, el académico calificó la medida como desafortunada: “La opinión pública aquí no diferencia en detalle lo que va de las Farc, lo que es del Eln, lo que es de las disidencias, lo que es del narcotráfico, y en esa mezcla de opiniones y con una presión social muy alta, el presidente Lenin tiene que dar resultados. Creo que eso es lo que lo empuja a una decisión que yo considero desafortunada de arrinconar la mesa”.
Otro que veía venir la decisión del presidente Moreno es Alejo Vargas, un estudioso del conflicto armado colombiano desde la Universidad Nacional de Colombia. “Y se veía venir, me parece a mí, por la confluencia de dos factores: uno, evidentemente la crisis que genera el secuestro y asesinato de los periodistas y el conductor del diario El Comercio, que me imagino ha impactado a la sociedad ecuatoriana y colocado a la opinión muy en contra de este tipo de grupos.
Y dos, la polarización que se ha dado entre el expresidente Rafael Correa y el presidente Lenin Moreno, alrededor de muchos temas, pero de alguna manera esto termina también siendo parte, en la medida que fue durante el gobierno del presidente Correa que se aceptó esa participación”.
Una de las claras evidencias de los choques políticos expuestos por Vargas se reflejó en la entrevista dada por Moreno a NTN24. En ella recordó que, tras asumir la Presidencia de la República, el 24 de mayo del 2017, le sorprendió el crimen organizado que se había asentado en su país.
“Me sorprendió no solamente a mí, nos sorprendió a todos, sobre todo saber que en el régimen anterior hubo bastante permisividad. Parece que había un acuerdo tácito de no molestarse mutuamente”, dijo Moreno en una clara alusión a Correa, quien gobernó entre el 15 de enero de 2007 y el 24 de mayo de 2017.
Y para ilustrar su punto de vista, el presidente Moreno aludió al puente construido y entregado en mayo de 2017 sobre el río Mataje, de 68,3 metros de largo que costó 2,6 millones de dólares, y que fue expuesto como un logro binacional por Correa, que llega a la frontera con Nariño, donde se producen toneladas de clorhidrato de cocaína y que carece de continuidad en territorio colombiano. “Nosotros construimos una carretera con un puente que no va a ninguna parte”, aseveró el mandatario ecuatoriano. “Saque usted sus propias conclusiones”, le dijo a la periodista que lo entrevistaba.
¿Hacia dónde llevar la mesa?
Tras ser notificada de la decisión, la canciller María Ángela Holguín agradeció al gobierno ecuatoriano la acogida que le dio a las negociaciones con el Eln y anuncio que “el Gobierno de Colombia iniciará inmediatamente los procedimientos pertinentes para trasladar esas conversaciones a uno de los países que previamente se establecieron como sedes alternas”.
Sin embargo, aún no ha trascendido a qué país de los garantes sería ese trasteo. La situación no es nada fácil. Alejo Vargas se preguntó si “realmente la mesa tiene la capacidad de mantenerse y trasladarse a otra sede. Con lo que uno conoce desde la distancia, tiene muy pocos amarres en la medida que los acuerdos son muy precarios”. Y es que poco o nada se pueden presentar como resultados concretos en más de un año de dificultosas conversaciones.
Al hacer una revisión de la situación política de los países garantes, Vargas mostró un panorama bastante complejo. Al referirse a Brasil, dijo que allí hay una crisis política muy complicada con el presidente Michel Temer, quien asumió el cargo el 31 de agosto de 2016 tras la caída de Dilma Rousseff, y afronta señalamientos de corrupción y una baja popularidad de su gestión de gobierno.
“Yo no estoy tan seguro que el gobierno del presidente Temer, que es un gobierno interino, realmente estuviera interesado en llevarse para allá la mesa”, indicó Vargas.
Al hacer referencia a Chile, otro de los garantes, también expresó sus dudas, pues su actual presidente, Sebastián Piñera, se acaba de posesionar el pasado 11 de marzo, en reemplazo de su opositora, Michelle Bachelet, quien apoyó los diálogos con el Eln.
“Me parece que las únicas dos opciones que yo veo son o Cuba o Noruega, porque claramente Venezuela, que a lo mejor le gustaría al Eln, eso es políticamente inaceptable para Colombia y para el gobierno colombiano”, dijo Vargas, pero también hay dificultades. De un lado la isla del Caribe está en un proceso electoral para elegir un nuevo presidente y se estima que ganará un candidato ajeno a la familia Castro, que ha gobernado durante seis décadas, por tanto, esa transición política es incierta aún para los intereses colombianos.
“Y con Noruega la distancia pesa mucho para la gente del Eln y, obviamente, para los del gobierno”, comentó Vargas, aunque reiteró que, pese a todo, Cuba sería la mejor opción para trastear allí la mesa del Eln.
En ese destino coincide De Currea-Lugo: “No creo que sea Venezuela por la inestabilidad y porque no creo que el gobierno del presidente Santos comparta esa alternativa. Brasil o Cuba serían a opciones, pero yo me inclino más por Cuba, pero aclaro que es más una especulación personal”.
Por su parte Akerman también descartó Venezuela argumentando que “es absolutamente imposible para un gobierno democrático aceptar que sea la sede de los diálogos. Hay una presión del Eln por querer hacer eso en Venezuela, pero ellos tienen que saber que la única posibilidad real, si es que quieren continuar en la mesa, es Cuba”.
Al preguntar si Colombia sería una sede viable para estas conversaciones, las posibilidades son más bien remotas, dado que también el país vive una transición política en la que los ciudadanos acudirán a las urnas el próximo 27 de mayo para elegir Presidente de la República. Vargas consideró que “con la inestabilidad electoral, dudo que los miembros del Eln aceptarían venirse al país sin saber qué gobierno habrá”. Y agregó a ese panorama la situación del actual gobierno, el que, a su juicio, “como dirían coloquialmente, no tiene mucha gasolina”.
Uno de los riesgos sobre el que alertó el profesor de la Universidad Nacional es el suspender los diálogos sin definir prontamente otra sede. Si ello ocurre, dijo, “me parece que en cierta medida es como la terminación de este intento”.
Si bien Akerman calificó lo ocurrido en Ecuador como “un duro golpe a las posibilidades de un acuerdo con el Eln”, no vaciló en incitar a las partes a ratificar su disposición de seguir dialogando. Y también convocó a la sociedad colombiana, que “debe urgir al Eln de la necesidad de una resolución pronta de la negociación”, entre otras razones por el cambio de gobierno que se avecina y que, según este observador, “no presagia ninguna posibilidad de continuar estas negociaciones, más bien presagia la posibilidad de una ruptura de la negociación, y si los del Eln quieren realmente la paz, que veo muy difícil por sus diferencias internas, tienen que aprovechar el momento para avanzar y dejar una estructura imposible de reversar”.
Frontera, ¿sin control?
Si algo arrojan los análisis recientes sobre la evolución de la confrontación armada en el país es que las zonas de fronteras, salvo algunas excepciones, han estado desarticuladas del resto del territorio colombiano. Pululan las economías criminales y sus extensas áreas selváticas se han convertido en resguardo y refugio de grupos armados ilegales, pero también en escenario de comercialización de drogas, armas y de migrantes ilegales.
El investigador consultado sostuvo que, durante las negociaciones en La Habana con la guerrilla de las Farc, nunca se dio una discusión seria de fronteras, paz territorial, posconflicto y estrategia de seguridad rural. “Nunca se dieron esas conversaciones, nunca hubo una estrategia de intervención rápida con enfoque de fronteras, porque la única frontera jodida no sólo es con Ecuador, también está la de Venezuela por dos lados, Arauca y Catatumbo, en Norte de Santander, y la Orinoquía”.
Tampoco se atendieron fronteras como la de Ecuador con respuestas rápidas que frenaran la evolución de las disidencias de las Farc, los avances del Eln y la presencia de estructuras del crimen organizado transnacional, como los carteles mexicanos. Ante esos avances, lo que se observa son acciones reactivas que no son eficaces y que hoy castiga, de alguna manera, el gobierno ecuatoriano.
“El problema no es ‘Guacho’, el problema no es el Frente Óliver Sinisterra; si bien son factores que afectan la seguridad, el problema de fondo es esa vieja discusión sobre cómo vamos a eliminar las vulnerabilidades territoriales que ha habido históricamente en esa zona fronteriza”, planteó el investigador consultado y se preguntó, de paso, “¿dónde está la estrategia del posconflicto con enfoque de fronteras?”.
Quienes conocen la dinámica de guerra de Tumaco saben que las Farc venían degradadas desde antes del proceso de paz y se terminaron de degradar durante el primer año de la implementación de los acuerdos pactados con el gobierno nacional. “Se veía venir que el Alto y Bajo Mira representaría el fracaso de los acuerdos con las Farc, eso estaba advertido, por eso no nos sorprende lo que ocurre ahora. Es una transición mal planificada, sin medidas de contención, sin plan de respuesta rápida, sin una estrategia de seguridad en el mediano y largo plazo”, detalló un investigador de la región, que también solicitó no publicar su nombre.
A todas estas críticas, que se hacen tanto en Colombia como en Ecuador, la Canciller colombiana reaccionó ayer en su mensaje al presidente Moreno: “No hemos bajado la guardia en la lucha contra el terrorismo, todo lo contrario. Como consecuencia del acuerdo de paz con las Farc, usamos todas nuestras capacidades para combatir a las organizaciones que persisten en el terrorismo, cualquiera que sea su origen”.
Y para sustentar sus afirmaciones expuso algunas cifras, como, por ejemplo, el despliegue de 12 mil soldados y policías con puesto de mando en el municipio de Tumaco para las campañas Atlas y Perseo. “Para el resto de la zona fronteriza hay 57 mil miembros de las fuerzas armadas en la Operación Zeus. Tenemos grupos élite desplegados en toda la frontera para apoyar con inteligencia las operaciones militares y policiales con plena coordinación binacional”.
Pese a la defensa que hace la canciller Holguín, la decisión del presidente Moreno no es de poca monta y enrarece aún más el ambiente en Colombia alrededor del tema de la paz, que está afectado por escándalos de corrupción con los dineros de la implementación de los acuerdos; continuidades aún no aclaradas en actividades del narcotráfico de jefes guerrilleros de las Farc como ‘Jesús Santrich’, que se acogió al proceso de paz con el gobierno nacional; y el crecimiento de las disidencias, tal como lo evidenció el más reciente estudio de la Fundación ideas para la Paz. (Leer más en: Disidencias de las Farc: problema en crecimiento)
