El pasado jueves fue emitida por la Defensoría del Pueblo, tras documentar los casos de defensores de derechos humanos asesinados en los últimos 26 meses. La medida se ampara en el Decreto 2124 de diciembre del año pasado, como parte de la implementación del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc. Por primera vez se emitió una alerta para ese sector y no se acudió a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas, liderada por el Ministerio del Interior, como se hacía hasta hace poco, donde se frenaba el proceso.
No puede ser más contradictorio el nombre del instrumento con el que se pretende salvar la vida de los activistas que están en riesgo por promover reivindicaciones de derechos fundamentales: “alerta temprana”. Si bien el espíritu de ese mecanismo, como su nombre lo indica, es advertir a las autoridades pertinentes para que eviten tragedias, en el caso de los líderes sociales tuvieron que pasar varios años, poner en marcha un proceso de paz y ver cómo centenas fueron asesinados a pesar de numerosas alarmas, para que el Estado tomara cartas en el asunto de manera concreta.
Lo más triste de todo es que parte de ese desangre de líderes se hubiera podido evitar si la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) hubiera elevado a alerta temprana el Informe de Riesgo 010-17 que emitió el 30 de marzo del año pasado el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. En ese entonces, dicha dependencia del Ministerio Público señaló que 345 organizaciones sociales se encontraban en riesgo y a la postre tres líderes que referenció fueron asesinados: Porfirio Jaramillo, Bernardo Cuero Bravo y Sandra Yaneth Luna. (Ver más en: Defensoría del Pueblo emite informe de riesgo sobre líderes sociales)
El CIAT, creado en diciembre de 2013, está conformado por delegados de los ministerios del Interior y Defensa, la Comandancia General de las Fuerzas Militares, la Dirección de la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y de la Unidad de Víctimas. Su responsabilidad básica es recomendar si se elevan a alerta temprana los distintos informes de riesgo emitidos por la Defensoría del Pueblo. Esta instancia se convirtió en un cuello de botella por cuanto muchas de las advertencias fueron engavetadas allí, con sus dramáticas consecuencias.
Pero gracias al Decreto 2124, expedido el pasado 18 de diciembre, la Defensoría del Pueblo tiene este año la potestad de emitir las alertas tempranas de manera directa, sin acudir al filtro del CIAT, para que las autoridades correspondientes desplieguen mecanismos de prevención. Ese decreto es producto del capítulo de garantías que acordaron el gobierno nacional y la antigua guerrilla de las Farc tras haber negociado por más de cuatro años en Cuba el fin de la confrontación armada.
Amprada en esa nueva normativa, la Defensoría emitió la Alerta Temprana 026-18, que amplía el análisis de contexto que realizó el año pasado sobre la violencia que padecen los defensores de derechos humanos y hace 18 recomendaciones dirigidas al gobierno nacional, a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y a la Fiscalía General de la Nación.
Entre ellas se destaca el llamado al Ministerio del Interior para que, “en coordinación con las gobernaciones y alcaldías de los municipios referenciados en el presente documento”, promueva “el reconocimiento público de las afectaciones individuales y colectivas sufridas por líderes sociales y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, como una acción simbólica reparadora y protectora de la labor que adelantan en los territorios y su importancia en la construcción de una sociedad democrática”.
¿Es suficiente?
En los últimos años, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el movimiento Marcha Patriótica y el programa Somos Defensores, denunciaron permanente que los líderes sociales son objeto de una violencia que escaló a medida que iban avanzado los diálogos de paz en La Habana y que llegó a su punto más alto con la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón, de Bogotá. (Ver más en: Asesinatos de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)
Si bien esas organizaciones no gubernamentales recibieron la Alerta Temprana 026-18 con entusiasmo, también hay cierta prevención debido a la magnitud de la tragedia y a los factores que se deben conjurar para detenerla. (Ver más en: Asesinatos de líderes sociales: pocos avances para la magnitud de la tragedia)
Leonardo González, coordinador de proyectos de Indepaz, considera que a partir de ahora las advertencias de la Defensoría del Pueblo dejarán de ser meras anécdotas, como ocurrió con el informe del año pasado: “Esperamos que ahora sí se tomen las medidas necesarias por parte del establecimiento, pero no somos muy positivos porque sus funcionarios encuentran muchas excusas, desde líos de faldas hasta la creación de comisiones de alto nivel”. (Ver más en: Ligerezas verbales del Ministro de Defensa exponen a líderes sociales)
Además, resalta que la alerta temprana está apegada a la realidad, pues refleja que la mayoría de líderes perseguidos son de organizaciones campesinas, afro e indígenas; pero lo más importante, que esa ola de violencia “es sistemática y no corresponde a casos aislados, por lo que ahora el Estado tiene la tarea de esclarecer qué está sucediendo”. Si bien la Defensoría no habla de sistematicidad, refiere que son víctimas de una “violencia generalizada” y que existen unos factores comunes entre los asesinatos.
De manera similar se expresa Cristian Raúl Delgado, coordinador del Equipo Nacional de Garantías y Derechos Humanos de Marcha Patriótica, quien precisa que en los últimos años el gobierno nacional intentó desconocer la generalidad de los ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos: “Vemos positivo cómo la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación están evidenciando que lo que venimos denunciando las organizaciones de derechos humanos es real y que no somos unos alarmistas, que hay un incremento de la violencia desde la firma del acuerdo de paz”.
Delgado, cuya organización ha padecido el asesinato de 157 de sus integrantes desde su fundación en 2010, espera que este llamado de atención sea el pistoletazo de partida para que el gobierno nacional “adopte una política pública conforme a lo planteado por la Defensoría del Pueblo y que todas las instituciones actúen en materia de prevención y protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos”. Y también que se supere el escollo de la Fiscalía que reconoce una cantidad muy inferior de activistas asesinados.
Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, que desde 2002 registra toda clase de agresiones a líderes sociales, destaca que la alerta temprana pondrá en cintura a muchas autoridades locales para que desplieguen mecanismos de prevención y protección: “Las alertas que se emiten a nivel nacional son muy delicadas y en este nuevo escenario los funcionarios púbicos tendrán problemas al no atenderlas. Alcaldes, gobernadores y comandantes de policía que no activen mecanismos preventivos teniendo en cuenta que hay una alerta temprana, pueden ser objeto de investigaciones administrativas y disciplinarias”.
A la par, esa situación abre interrogantes sobre las capacidades de municipios marginados, que a duras penas cuentan con recursos para solventar el día a día y carecen de infraestructura para hacerle frente a este nuevo desafío. Por esa razón, Guevara plantea que el papel del Ministerio del Interior es vital para coordinar todas las medidas que deben adoptar las alcaldías y las gobernaciones implicadas en los casos referenciados por la alerta temprana. (Ver más en: Por ser la ‘piedra en el zapato’ de alguien, 106 líderes sociales fueron asesinados en 2017)
“La responsabilidad está centrada en el Ministerio del Interior. Tiene que sentarse a hablar con el SAT para ver cuáles son las cargas administrativas que representan la alerta; y sentarse a hablar con la Federación de Municipios, las gobernaciones y el Ministerio de Hacienda, para ver cómo se va a implementar. Aquí se le va a pedir a los mandatarios locales que respondan por un montón de cosas con la misma plata que ya les presupuestaron”, advierte el investigador de Somos Defensores, y agrega que las autoridades no podrán darle vueltas al asunto porque tienen diez días para responder.
Por último, destaca la emisión de este mecanismo porque la lucha de los defensores de derechos humanos ha sido muy solitaria: “La Defensoría del Pueblo se había vuelto un espacio silencioso en otras administraciones respecto al tema de defensores de derechos humanos, pero con la administración de (Carlos) Negret tuvimos una ganancia muy grande; algo similar sucedió en la Procuraduría General de la Nación, que tras la llegada de Fernando Carrillo, el año pasado emitió una directiva dedicada a este sector”.
Qué establece la alerta temprana
En primera instancia, la Defensoría del Pueblo reconoce que, a pesar del despliegue de algunas entidades de orden nacional y regional, la violencia contra defensores de derechos humanos no cesa. Tras la publicación del informe de riesgo del año pasado, en 2017 fueron asesinados 148 líderes sociales y 27 en los dos primeros meses de 2018. Si se suman las cifras de 2016, se llega a la escandalosa cifra de 282 asesinatos, lo que quiere decir que, en promedio, durante los dos últimos años, cada mes fueron asesinados once líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Los departamentos más afectados son Cauca, Antioquia y Norte de Santander, los cuales concentran el 49 por ciento de los homicidios, seguidos por Valle del Cauca, Nariño, Chocó y Santander. A nivel municipal, diez municipios abarcan la tercera parte de los asesinatos:
Riosucio (Chocó), Tumaco (Nariño), Tame (Arauca), Corinto y Suárez (Cauca), Medellín (Antioquia), Tibú (Norte de Santander), Bogotá (Cundinamarca), Pueblo Rico (Risaralda) y Mesetas (Meta).
Sobre la georreferenciación de los casos, el SAT destaca que “si bien el 56% de los homicidios se registran en municipios altamente rurales, de acuerdo con la categorización del índice de ruralidad del DNP (Departamento Nacional de Planeación): 36 en municipios rurales y 47 en municipios rurales dispersos; llama la atención que entre los diez municipios más impactados aparecen los dos principales centros urbanos del país: Bogotá y Medellín, donde ocurrieron 7 homicidios de líderes y defensores de derechos humanos, lo que evidencia las carencias en términos de protección que tiene este sector de la población aún en las grandes ciudades”. Además, indica que el 69 por ciento de los homicidios ocurrieron en municipios priorizados para las intervenciones del Acuerdo Final, especialmente las relacionadas con su cuarto punto, el de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito de coca.
La mayoría de estas víctimas son líderes comunales, indígenas, afrodescendientes, comunitarios y campesinos: “Entre el 1 de enero de 2017 y el 27 de febrero de 2018, fueron asesinados 45 líderes comunales, 29 líderes indígenas, 19 líderes afrodescendientes, 17 líderes comunitarios y 11 líderes campesinos”. Y tenían agendas comunes que giraban en torno a la implementación territorial del proceso de paz; la defensa de territorios y recursos naturales; procesos de restitución de tierras y retornos de desplazados; y denuncias expendio de drogas, reclutamiento ilícito y malversación de recursos públicos.
Como si fuera poco, en 2017 ocurrieron cuatro casos de desaparición forzada y 480 amenazas. Sobre este último punto, la Defensoría lamenta que “los resultados en materia de investigación y judicialización de las amenazas son casi nulos, lo que evidencia los altos niveles de impunidad persistentes en este delito. De los 113 casos referidos en la regional Atlántico, sólo uno se encuentra en proceso de judicialización y está relacionado con presuntas auto amenazas en los que se encuentra involucrado un miembro de la Fuerza Pública”. (Ver más en: Inconformidad con la Fiscalía por resultados sobre asesinatos de líderes sociales)
Sobre los presuntos responsables del actual desangre de líderes, la alerta evidencia la existencia de un “ejercicio generalizado de la violencia contra este sector de la población”, que gira alrededor de tres factores: las disputas entre diferentes actores armados por controlar los antiguos territorios de las Farc; el surgimiento de disidencias de ‘farianos’ que no se acogieron al Acuerdo de Paz; y la consolidación de grupos que surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Como factor común tienen que van detrás del control de recursos provenientes del tráfico de estupefacientes, la minería ilegal y el contrabando.
Tras analizar las dinámicas de las regiones más afectadas y los impactos de cada una las estructuras armadas que las rondan, la Defensoría resume el panorama actual de la siguiente manera: “En síntesis, se trata de un escenario de continuidad del conflicto armado interno, en el que simultáneamente un actor armado hace tránsito a la vida civil y se propende por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, los cuales tienen un fuerte impacto a nivel territorial; en particular lo relacionado con la sustitución de cultivos de uso ilícito”.
Además, advierte que la violencia contra los defensores de derechos humanos no es exclusiva de grupos armados al margen de la ley: “La confluencia de factores de violencia en el territorio y la instrumentalización que de ésta hacen otros agentes cuando encuentran amenazados sus intereses, configura un escenario de alto riesgo para la labor que adelantan las personas y organizaciones que agencian la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En particular, se han evidenciado situaciones que vinculan la participación de agentes privados que se consideran defienden intereses económicos (tierras, actividades extractivas, agroindustria, etc.) de particulares o que en su defecto consideran amenazados sus intereses en los procesos de restitución de tierras, las protestas por la implementación de proyectos extractivos (hidrocarburos y minería) o denuncia de abusos contra comunidades y persona”.
Estos últimos planteamientos rebaten la tesis de algunos sectores sociales que responsabilizan al paramilitarismo como el causante de la mayoría de las diferentes agresiones que padecen a diario líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Ese grupo de víctimas ahora cuenta con un nuevo mecanismo que busca brindarles protección. El paso del tiempo determinará si realmente fue efectivo o si se convirtió en letra muerta. Por ahora, las instituciones estatales están advertidas y en sus manos está que en 2018 no se supere el récord de asesinatos que fijó el año que lo antecedió, como ha ocurrido de manera sucesiva en el último quinquenio.
