En menos de cuatro meses las autoridades judiciales han capturado a dos concejales, dos funcionarios y un alcalde en esa región de Antioquia. A todos ellos se les acusa de tener nexos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La situación despierta inquietudes sobre la injerencia del crimen organizado en la política local de una zona que hoy se encuentra bajo fuego cruzado.
Donaldo Antonio Mercado González, más conocido como ‘Polocho’, cabecilla del Frente Julio César Vargas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y quien fue abatido por agentes de la Policía el pasado 17 de febrero en el corregimiento Barro Blanco de Tarazá, no hubiera alcanzado el control social, político y militar que logró en este rincón del Bajo Cauca antioqueño sin el apoyo de funcionarios y líderes políticos de la región.
Así lo dejan entrever las revelaciones hechas por la Fiscalía 67 de la Dirección contra Bandas Criminales durante la audiencia judicial en que le imputó el delito de concierto para delinquir agravado a Mario Eliecer Sierra Correa, vicepresidente del Concejo de Tarazá y apodado el ‘Político’, capturado por agentes de Policía Judicial en su residencia del corregimiento Barro Blanco de este municipio, justo el mismo día en que cayó muerto alias ‘Polocho’.
Según el Ente Investigador, Sierra Correa terminó vinculado con una tenebrosa estructura del crimen organizado a la que le suministraba permanente información sobre las actividades de la Alcaldía de Tarazá, los movimientos de la Fuerza Pública y el ingreso de funcionarios al pueblo y, en particular, a Barro Blanco, corregimiento taraceño que, de acuerdo con información de la Policía, es controlado por unos 60 hombres en armas que estaban bajo las órdenes de ‘Polocho’.
“Toda persona que entrara a Barro Blanco sin que Sierra Correa le informara a ‘Polocho’, de inmediato era considerado ‘bandido o ley’ por los miembros de la organización criminal; además, le suministraba información al jefe de esta banda criminal sobre las acciones de la Fuerza Pública para que éste pudiera evadir los operativos en su contra”, aseveró el Fiscal 67, quien se apoyó en más de 70 interceptaciones telefónicas en las que se escuchan conversaciones entre el concejal y el extinto jefe de los ‘gaitanistas’ sobre las actividades a desarrollar por los funcionarios municipales en este corregimiento.
En una de ellas, realizada los primeros días de octubre de 2017, ‘Polocho’ le pide a Sierra Correa que corrobore una información según la cual unos funcionarios se desplazarían hasta Barro Blanco. “Amigo, pues yo la verdad no he escuchado nada, la Alcaldesa no está y dejó encargada a la Secretaria de Gobierno, pero ya me pongo en esas”, respondió el concejal.
En otra de las llamadas realizada, al parecer, en la primera quincena de octubre de 2017, el concejal le informa a ‘Polocho’ sobre el ingreso de unos funcionarios de una entidad estatal al corregimiento, “para que esté pendiente de ellos, van en una camioneta blanca con logos de tal color”, le dice.
Sierra Correa, en representación del Partido Verde, obtuvo su curul en las pasadas elecciones para el Concejo de Tarazá con 214 votos. Si bien era la primera vez que presentaba su nombre para un cargo de elección popular, es un líder comunitario reconocido entre los habitantes de este municipio gracias a su participación en la Asociación Campesina de Productores de Barro Blanco (Asoprobaba).
¿Estrategia política?
Las investigaciones de la Fiscalía apuntan ahora a varios funcionarios de la Alcaldía de Tarazá, quienes estarían vinculados con las Agc, una de las estructuras armadas que actualmente se disputa el control territorial de ese municipio, y del Bajo Cauca en general, con otros grupos ilegales surgidos luego de que concluyera la desmovilización colectiva de los bloques paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a mediados de agosto de 2006 acordada con el gobierno nacional, y también con la guerrilla del Eln.
Durante el seguimiento al capturado vicepresidente del Concejo se escucharon otras conversaciones de miembros de la administración municipal con alias ‘Polocho’, en las que le anuncian el ingreso de empleados del Estado, miembros de la Fuerza Pública y hasta desconocidos al corregimiento Barro Blanco.
Si algo revela esta y otras capturas realizadas en el Bajo Cauca antioqueño en los últimos meses es que el poder político de la región hoy se encuentra en el radar de las autoridades judiciales. El pasado 30 de enero, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron en Medellín al alcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío, acusado de entablar relaciones con miembros del Frente Virgilio Peralta de las Agc con fines electorales.
De acuerdo con la Fiscalía, el burgomaestre, apoyado por el Partido de la U, buscó alianzas con sectores criminales para que la comunidad votara por él en las elecciones de 2015, donde resultó electo con el 53 por ciento del total de votos (5.817 en total). En noviembre del año pasado, la Policía Nacional capturó un grupo de personas señaladas de tener nexos con los ‘gaitanistas’ que delinquen en el Bajo Cauca, entre ellos el concejal de Tarazá, Carlos Mario Mira; así como el jefe de personal del hospital de dicha localidad, Boby Bedoya; y una enfermera del mismo centro asistencial.
“Y faltan más, porque aquí no mandan ni la Policía ni los alcaldes. Aquí los que mandan son los que sabemos, tienen gente infiltrada en toda parte; por eso es que aquí nadie denuncia, porque más se demora uno en salir de la inspección o de la Alcaldía que esa gente saber quién los está denunciando”, dijo un líder comunitario de Tarazá quien, por razones de seguridad, pidió reserva de su nombre.
Tal situación plantea interrogantes sobre la capacidad de incidencia del crimen organizado en los procesos electorales y las prácticas políticas locales. “Lo que observamos es que estos grupos no sólo están interesados en controlar rentas ilegales, sino que también han estado fuertemente involucradas con el poder político del Bajo Cauca”, declaró Juan Esteban Jaramillo, investigador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC).
De acuerdo con Jaramillo, si bien no existen elementos de juicio sólidos para afirmar que existe una “estrategia política” por parte de estos grupos armados, no se puede descartar la injerencia que dichas estructuras en procesos de contratación pública o en el constreñimiento a líderes campesinos justo en momentos en que se discuten políticas públicas derivadas del Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc, como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos o la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que suponen un fuerte ingreso de recursos públicos.
“Luego de la captura del alcalde de Cáceres, la gente del municipio habla con mucha insistencia de que varias obras públicas se estaban manejando en articulación con jefes de organizaciones criminales. Ese tipo de afirmaciones merecen ser investigadas no sólo para claridad del tema sino para saber qué clase de criminales se está combatiendo”, añadió Jaramillo.
Al respecto, Eduardo Álvarez, coordinador del Área de Dinámicas de Conflicto y Negociación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), conceptuó que lo anterior podría revelar cómo para las organizaciones criminales del Bajo Cauca, las administraciones municipales continúan siendo un botín, “en el sentido que no sólo les interesa tener injerencia en la contratación, sino también la relación política. Nada raro que se pueda destapar también un capítulo que devele cómo la administración de justicia colaboró con ellos”.
Para Álvarez, “es claro que estos grupos concentran un poder criminal; es decir, no sólo la capacidad de manejar rentas ilícitas sino de concentrar poder político, más allá de si hay ideología o no. Una organización criminal no alcanza la hegemonía en el territorio sino combina la parte militar con la capacidad de usar al Estado local para sus fines. Además, estos grupos aprenden rápido y lo que se ve es una herencia de los tiempos del paramilitarismo”.
¿Historia repetida?
Cuando fiscales y los magistrados de Justicia y Paz le pidieron a Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, excomandante del Bloque Mineros de las Auc, que revelara cuáles fueron sus vínculos con el poder local no vaciló en señalar a Juan Carlos Garcés Estrada y Jorge Iván Valencia Rivera, exalcaldes de Caucasia durante los periodos 2004-2007 y 2008-2011, respectivamente, de quienes dijo eran sus testaferros.
En efecto, labores investigativas de la Fiscalía permitieron esclarecer que varias propiedades del exjefe paramilitar figuraban a nombre de los mencionados políticos. Caso similar ocurrió con Hugo de Jesús Barrera Gómez, exalcalde de Cáceres (2001-2003), de quien ‘Cuco’ Vanoy dijo ser amigo personal al punto de celebrar varios negocios con él. “Con él negocié una finca en Cáceres, la finca El Porvenir, pero eso tuvo problemas y él me mando después la plata. Después le compré una finca en Cáceres, en la vereda Nicaragua”, dijo el otrora hombre fuerte del Bloque Mineros en versión libre realizada el 10 de noviembre de 2010.
En Tarazá, las relaciones de ‘Cuco’ Vanoy con los mandatarios locales fueron aún más estrechas. En abril de 2005, meses de la desmovilización del Bloque Mineros, el entonces alcalde de este municipio, Reinaldo Pozo, rindió homenaje público al excomandante paramilitar, entregándole una placa conmemorativa que fue encontrada en la Finca La Moneda y en la que se leía: “La comunidad del municipio de Tarazá en conjunto con todos los organismos sociales agradecen las obras en pro del desarrollo social y económico de la región al señor comandante Ramiro Vanoy Murillo”.
Pero sin duda las relaciones más estrechas las mantuvo con Miguel Ángel Gómez García, quien fungió como alcalde de Tarazá entre los años 2001-2003 y 2008-2011. En versión libre del 16 de abril de 2008, ‘Cuco’ Vanoy señaló que, siendo alcalde, Gómez García llevó a los miembros del Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia (Sintraofan) de esta localidad hasta su base paramilitar para así intimidarlos y obligarlos a renunciar a sus cargos en la Alcaldía.
Sobre estos políticos pesan investigaciones judiciales y varias compulsas de copias ordenadas desde el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín. Con todo y ello, sus nombres volvieron a ser noticia el año pasado.
Según el periodista Leidermán Ortiz, conocedor de las dinámicas del Bajo Cauca antioqueño, personajes como Miguel Ángel Gómez, Juan Carlos Garcés Estrada, Jorge Iván Valencia y Hugo de Jesús Barrera buscaban su reencauche político a través de las llamadas ‘Circunscripciones Especiales de Paz’. “Estaban buscando la forma de apoderarse de una curul, buscando que uno de sus pupilos lograra la candidatura por la circunscripción”, aseguró el comunicador.
VerdadAbierta.com indagó con varias organizaciones sociales de Caucasia y Tarazá quienes confirmaron que, en efecto, políticos cercanos a los exalcaldes citados buscaron insistentemente avales para candidatos que ellos querían postular. “Durante el tiempo que duró la discusión de esas curules me llamaron y me llamaron, personas que uno sabe con quién están haciendo política. Apenas se hundieron, se acabó la llamadera”, dijo una de las fuentes consultadas.
Para este líder social, hay una intención de las organizaciones criminales de cooptar dirigentes comunitarios para ganar legitimidad en el territorio. Ejemplo de ello, dijo, fue el panfleto que circuló la última semana de enero en zona rural y urbana de Tarazá, en el que el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Agc acusa a una reconocida dirigente comunitaria de estar “aliada con la gente de alias ‘Gonzalito’, para que los asesore como líder social (…) y para ganar puntos con sus nuevos socios empieza a inducirlo a sus nefastos caprichos de asesinar a sus antiguos compañeros”, según se lee en el anónimo.
A juicio de Álvarez, esta circunstancia deja al descubierto que, si bien el proceso de paz con las Auc permitió el sometimiento de los principales cabecillas del paramilitarismo, ello no redundó en el desmonte real y efectivo de las economías ilícitas ni en el aparato político construido por ‘Cuco’ Vanoy durante poco más de una década.
No en vano, según la Misión de Observación Electoral (MOE), cuatro de los seis municipios que integran el Bajo Cauca antioqueño presentan altos niveles de riesgo, tanto por factores relacionados con el fraude electoral como por factores asociados a la violencia. Se trata de Zaragoza, El Bagre, Tarazá y Cáceres. En estos dos últimos, el nivel de riesgo es extremo. “La presencia de los grupos armados en la región se convierte en un factor de riesgo en la medida en que, en sus formas de operar, puedan generar fraudes o influenciar las campañas de los candidatos”, señaló Verónica Tabares, vocera de la MOE Antioquia.
Según la integrante de la Misión, Tarazá y Cáceres son municipios en riesgo extremo no sólo por la presencia de organizaciones criminales que se disputan el control del territorio, lo que no sólo está generando una crisis humanitaria, sino también por la presencia de una fuerte economía ilegal, sustentada en el narcotráfico y la minería, “que pueden influenciar de uno u otro modo el desarrollo de las elecciones o el desarrollo de las campañas”.
