El excongresista Wilson Arias Castillo, del Polo Democrático, acaba de lanzar un libro en el que advierte las contradicciones del gobierno nacional en su promesa de hacer una reforma rural integral: “no recupera los baldíos acumulados y aprueba normas regresivas”.
Wilson Arias Castillo advierte que el Gobierno está usando los mecanismos del posacuerdo para desmontar la Ley Agraria 160 de 1994, que es la que garantiza el uso exclusivo de los baldíos para procesos de titulación a comunidades que carecen o tienen tierra insuficiente.“Los problemas de la tierra son la madre de todas las violencias”, afirma Wilson Arias Castillo, un estudioso del tema y excongresista del Polo Democrático, quien considera que el gobierno nacional debe cumplir con la reforma agraria, es decir, darle el acceso a tierra a comunidades que carecen de ella o la que tienen es insuficiente, para mejorar su calidad de vida.
En 60 años esta política de distribución de tierras falló, razón por la cual fue incluida en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto firmado con la guerrilla de las Farc en noviembre de 2016, una manera de corregir las deudas con las comunidades rurales. (Lea: La Reforma Rural Integral, a ‘fuego’ lento)
Sin embargo, entre el papel y la realidad hay un abismo, tal como lo Arias en su libro “Así se roban la tierra en Colombia”, en el que documenta dos situaciones que van en contravía de la llamada Reforma Rural Integral (RRI) pactada con el grupo guerrillero: la primera es que las autoridades siguen en mora de recuperar unas 350 mil hectáreas de baldíos en la región Altillanura, necesarias para nutrir el Fondo de Tierras para la Paz, que tiene como meta redistribuir 3 millones de hectáreas durante los próximos 10 años. Y la segunda es la ampliación del acceso y uso de los baldíos promovida por el gobierno nacional en lugar de garantizar su exclusividad para adelantar la reforma, como lo establece la Ley Agraria 160 de 1994. (Lea: El difícil horizonte del Fondo de Tierras para la Paz)
Para Arias Castillo, es preocupante que, bajo el contexto de la implementación del Acuerdo de Paz, el gobierno nacional haya usado el trámite legislativo extraordinario, conocido como fast track, para aprobar el Decreto 902 y seguir formulando normas que “van en contra de la democratización de la tierra”. Este decreto ha sido cuestionado por favorecer el acceso y uso de los baldíos a favor de grandes proyectos económicos y, por tanto, legalizar las acumulaciones que se dieron en el pasado y sobre las que recaen sospechas de ilegalidad. (Lea: El proyecto que ataca el ‘alma’ de la reforma agraria integral)
VerdadAbierta.com conversó con Arias Castillo, quien asegura que ante estas decisiones el gobierno nacional le está dando un “portazo” a la oportunidad histórica de solucionar los conflictos que se derivaron de la falta de acceso a tierras,
Verdad Abierta (V.A.): El libro documenta que las autoridades no han querido recuperar los baldíos acumulados en la Altillanura. ¿cómo entender eso cuando el Acuerdo de Paz promete una Reforma Rural Integral, que exige recuperarlos?
Wilson Arias Castillo (W.A.C.): El Acuerdo de Paz es muy débil en esa materia. Cuando se produce el diálogo de La Habana ocurre a la vez lo de la Ley Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social), pero el Acuerdo omite ese debate. Luego viene el Acuerdo del Teatro Colón (que ajustó los textos cuando ganó el No en el plebiscito), que es regresivo en relación con el de La Habana. Y hay un tercer momento que es de la política de tierras de Juan Manuel Santos en el posacuerdo, que va en degradé. El gobierno nacional ha sido omisivo desde que la Contraloría y en varios debates parlamentarios señalamos la necesidad de recuperar los baldíos. (Lea: Polémica por tierras explotadas por agroindustrias y mineras)
Creo que esas omisiones están relacionadas con la espera que el gobierno nacioal quiere para producir normas que permitan el ‘blanqueamiento’ de esas malas adquisiciones (acumulación de baldíos). Como inicialmente no lo lograron con la Ley Zidres, porque la Corte Constitucional dictó una sentencia que las limita en zonas donde hay programas de reforma agraria, produce entonces el Decreto 902. Esta es la última ‘carta’ que se han jugado para ‘blanquear’ y autorizar nuevas acumulaciones en el futuro. (Lea: ¿A quién favorece el uso ampliado de baldíos propuesto por el gobierno nacional?)
(V.A.): Entonces es un juego en el discurso: el gobierno nacional promete, pero en la implementación se contradice…
(W.A.C.): Ese ha sido el comportamiento del gobierno en otros órdenes. El Plan de Desarrollo (2014-2018) es una promesa en la que hay diagnósticos, con una parte retórico-discursiva de complacencia hacia la inversión social, la democratización y hacia los sectores sociales apaleados, pero en la letra concreta de la normativa hace exactamente lo contrario. De modo que La Habana lo que hace es extender esa especie de política bifronte del gobierno, que dice una cosa y hace otra. Al final lo que tenemos es una política económica supremamente regresiva.
El libro Así se roban la tierra en Colombia cuestiona cómo a propósito de una negociación con la guerrilla, el Gobierno está usando los mecanismos del poscuerdo para desmontar la Ley Agraria y afinar normas que legalizan la acumulación de baldíos a favor de la agroindustria. (V.A.): ¿Cuáles considera son los riesgos de que la Reforma Rural Integral siga dilatándose?
(W.A.C.): Lo que ha venido ocurriendo es una pérdida de la confianza legítima en el gobierno. Y esa pérdida ocurre en un momento muy delicado, que es el tránsito hacia la llamada salida política negociada o la política de paz. Se está arruinando mucho más que una oportunidad. De un lado, estamos perdiendo la ocasión de avanzar en la solución de los problemas de la tierra, que son son la madre de todas las violencias. Pero también la de desatrasar algo así como una “agenda histórica centenaria”, lo que hicieron otros países hace siglos sobre cómo democratizar la tierra. (Lea: El lío de organizar los baldíos en Colombia)
Estamos perdiendo la ocasión de reconciliarnos con quienes han esperado por mucho tiempo una solución. Si la negociación con la guerrilla más antigua del mundo no da lugar a una reconciliación con la población, a un cambio de la política en esa materia, pues estamos perdiendo es una especie de ‘tren’ que está partiendo en momentos históricos, de que la gente le dé crédito a una salida política negociada. Algo muy grave es que esto pueda comprometer la negociación con otras fuerzas políticas o peor, que la gente interprete que el camino que le queda es el regreso a las armas.
(V.A.): ¿Cómo ve el desempeño de instituciones como la Agencia Nacional de Tierras, clave en el cumplimiento del punto agrario del acuerdo con las Farc?
(W.A.C.): No tenía una gran expectativa frente a lo que llaman la nueva institucionalidad. En cierta medida, el recurso fácil del gobierno frente a ostensibles fracasos o hechos de corrupción es el cierre de las instituciones, pero no el cambio en la voluntad política. Aparece el escándalo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la decisión del Gobierno es cerrarlo; aparece el problema de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y hace lo mismo.
Antes teníamos un Incora (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria) que no solo en su nombre sino en su misión tenía diferencias muy importantes con el siguiente instituto que creó, el Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural). Y cada vez más se desvanecen las misiones institucionales en su propósito de democratizar la tierra. De modo que se está confirmando el pesimismo que teníamos muchos, que estamos asistiendo a un fracaso temprano de esa nueva institucionalidad. (Lea: Contraloría le recordó a la ANT en dónde y quiénes acumularon baldíos)
(V.A.): ¿Y dónde cree que están los ‘talones de Aquiles’ de esas instituciones?
(W.A.C.): Lo que pasa es que son instituciones que nacen con la promesa de democratizar la tierra, pero se enfrentan a un modelo económico que les es adverso, pues lo que termina prevaleciendo es el modelo económico. Digamos que en los factores reales de poder, la política, la normativa y la voluntad gubernamental están ordenadas en función de la concentración de la propiedad de la tierra.
Una institución que predica democratizar la tierra tiene muy poco campo de acción y desde luego que allí se deriva todo, es decir, el tema de falta de personal, sus instrumentos, infraestructura, su estructura orgánica, los recursos que pueda manejar. Nace en un ambiente muy adverso. Tenemos un atraso de siglos en descubrir la importancia de la democratización de la tierra. Eso es lo que no se ha resuelto, y eso es lo que sobredetermina la posibilidad de éxito o fracaso de cada una de esas instituciones. (Lea: Incoder, presunto detrimento patrimonial por no recuperar baldíos)
Desde 2011, la Contraloría para el Sector Agropecuario lanzó las primeras alertas sobre la acumulación de baldíos en la Altillanura. El organismo de control advirtió la necesidad de recuperarlos siendo este patrimonio de la Nación. Foto: archivo Semana.(V.A.): VerdadAbierta.com ha documentado varios casos de empresas que acumularon tierras con un pasado violento. ¿Qué piensa de que la Corte Constitucional haya determinado que los terceros civiles responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y al DIH no sean llamados a comparecer ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)?
(W.A.C.): Qué le han cercenado un capítulo principalísimo a la JEP, que de nuevo se renuncia a la oportunidad de que esos civiles concurran y de esa manera nos ayuden a esclarecer los hechos tan lamentables. También me pregunto por la independencia de la Corte Constitucional. Recuerdo épocas en que la Corte produjo jurisprudencia avanzada y progresista, pero ha venido teniendo una especie de reversa. (Lea: Las empresas que podrían responder ante el Tribunal de Paz)
(V.A.): ¿Cree entonces que a la justicia transicional le falta todavía avanzar en términos de verdad?
(W.A.C.): La verdad solo referida a los actores de la guerra es una verdad a medias. Con frecuencia lo más importante es que lleguemos a los autores intelectuales o al modo cómo se comportaron, a la manera como participaron los actores empresariales, económicos y de la sociedad civil. Pretender que solamente concurran los actores armados, pues digamos significa un reduccionismo absurdo, que impide a la sociedad acceder a la verdad. (Lea: Preocupación por implementación de la JEP llega a la Corte Penal Internacional)
(V.A.): En tiempos del posacuerdo, ¿cómo debe desarrollarse el campo?
(W.A.C.): Este es un asunto de modelo. En general, es superar el modelo pro gran plantación. Hay un documento Conpes (de política económica y social) sobre víctimas, que indica que después de tanto tiempo de desplazamiento solamente el 10,4 por ciento de las víctimas estaban dispuestas a regresar al territorio. Es decir, probablemente el 90 por ciento de las víctimas estaba dispuesta a someterse a un arrendamiento de la tierra o a una asociatividad, algo que ha sido altamente cuestionado.
Es decir, son los mismos documentos Conpes los que nos están diciendo que, después de tanto tiempo de no solución, se produce un desarraigo muy grande que hace fallido cualquier intento de solución, si entendemos por solución el regreso de los campesinos y la asunción de la producción por parte de los actores socialmente más marginados.
Cuando la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras terminen por dar una solución formal, ya la concentración de tierras se habrá consumado y los actores de la guerra habrán cumplido su papel. Y esta concentración, a su vez, estará siendo consolidada por los nuevos actores beneficiarios, una realidad que ya estamos viendo.
