Organizaciones sociales alertan por la inminente entrada en operación de la central energética, que podría dejar bajo el agua cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto armado e inhumados ilegalmente en el cañón del río Cauca. A la fecha, la Fiscalía ha realizado 159 exhumaciones en los 12 municipios comprometidos en el proyecto, mientras Empresas Públicas de Medellín asumió el traslado de tres cementerios rurales.
En diciembre de este año entrará en operación Hidroituango, la central de generación de energía más grande de Colombia, que aprovechará el caudal del río Cauca y que tiene influencia directa en 12 municipios del norte y occidente de Antioquia. Aunque es catalogada como una de las mayores obras de infraestructura en la historia reciente del país, sectores sociales locales y regionales cuestionan la ejecución de la obra desde sus inicios, en 2010, por razones ambientales y aspectos relacionados con el conflicto armado.
El cuestionamiento más reciente proviene del Movimiento Ríos Vivos, seccional Antioquia, compuesto por 15 organizaciones de base integradas en su mayoría por campesinos, ambientalistas, pequeños mineros y barequeros, que alertó sobre la posibilidad de que bajo las aguas de la represa queden decenas de cuerpos de personas declaradas como desaparecidas, asesinadas e inhumadas en el cañón del río Cauca durante la confrontación armada que, por varios años, libraron los frentes 18 y 36 de las Farc, el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y el Ejército Nacional.
La alerta fue presentada en Bogotá en un documento de 14 páginas fruto del trabajo de un equipo interdisciplinar, nacional e internacional, convocado por Ríos Vivos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). Este grupo, integrado por seis profesionales, entre abogados, activistas de derechos humanos y representantes de organizaciones sociales, constituyeron una misión de observación y verificación que visitó la región entre el 15 y el 19 de enero de este año.
Tras las labores de campo, la misión concluyó que existen “sitios de inhumación de personas sin identificar, víctimas de desaparición forzada, en la ribera del río Cauca”. Por esa razón, aseguró que el llenado de la represa, que ocurriría a mediados de este año, causará “la pérdida irremediable de los cuerpos de las víctimas de desaparición forzada que se presume se encuentran en el cauce, ribera y zonas aledañas al río. Las consecuencias de dicha acción vulnerarían los derechos de los familiares de las víctimas de desaparición forzada a la verdad, la justicia y la reparación”.
El proyecto Hidroituango tiene como accionistas mayoritarios al Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), con el 50 por ciento de las acciones, y a las Empresas Públicas de Medellín (EPM), con el 46 por ciento. Tras una inversión cercana a los 5.500 millones de dólares, la obra implicará la inundación de por lo menos de 75 kilómetros y creará una represa de 225 metros de altura que contendrá 20 millones de metros cúbicos, a partir de los cuales se generarán 2.400 megavatios anualmente. Una cifra que representará el 17 por ciento de la demanda de energía del país, y que la convierte en la mayor generadora de energía hídrica, superando a centrales como Chivor y San Carlos, que producen 1.000 y 1.240 megavatios respectivamente.
Las dimensiones del llenado harían imposible la recuperación de posibles desaparecidos inhumados en el área, cuya tarea ahora está a cargo la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada bajo el acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y las Farc. Una entidad que sólo está en el papel, pese a tener directora, y que hereda las deudas que por años contrajeron con las víctimas de desaparición forzada la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Desaparición forzada en la zona
Hidroituango inundará 75 kilómetros en inmediaciones del cañón del río Cauca. Foto: Cortesía Movimiento Ríos Vivos Antioquia.Según el informe, la misión de observación y verificación visitó zonas rurales y urbanas de los municipios de Ituango, Valdivia, Sabanalarga, Peque, Liborina y Toledo, donde entrevistó “familiares de víctimas, pescadores, barequeros, campesinos, organizaciones sociales y ambientales”, y aseguró haber observado “lugares de referencia indicados como de especial importancia, porque por ellos transitaban cuerpos o donde fueron enterrados algunos cadáveres hallados por pobladores, así como espacios reconocidos por ser escenarios de ejecución de hechos victimizantes”.
Entre esos lugares, se destacaron los puentes Pescadero, en la vía que une a Ituango con la vía al mar; La Garrucha, entre Sabanalarga y Peque; y Viejo, en el corregimiento de Puerto Valdivia, del municipio de Valdivia. Según el informe, familiares de víctimas y habitantes de esos sectores identificaron esos sitios como “lugares de tortura y ejecución de personas, desde donde lanzaban los cuerpos al río Cauca para no ser encontrados. La misión visitó estos tres sitios y escuchó las narraciones de las masacres y homicidios que se han vivido en estos lugares que quedarán inundados por Hidroituango”.
Los mismos testimonios le permitieron al equipo interdisciplinar informar que “la mayoría de los cuerpos encontrados en el río e inhumados en su ribera son de personas que fallecieron de manera violenta. Los pobladores evidenciaron, por observación directa de los cuerpos, laceraciones y orificios por proyectil de arma de fuego”.
Isabel Zuleta, vocera de Ríos Vivos, declaró que desde antes de la puesta en marcha de esta misión las organizaciones sociales han solicitado, sin éxito, la búsqueda de posibles desaparecidos en el área donde quedará la represa: “Nosotros dijimos que se debía resolver el dolor colectivo antes de empezar con la obra, pero nos respondieron que no nos podemos oponer a uno de los mayores proyectos de infraestructura del país”.
Según datos recopilados por esta misión, hasta noviembre de 2017 la Unidad para las Víctimas registró 621 víctimas directas de desaparición forzada y 1.617 indirectas en los 12 municipios de influencia del proyecto, mientras el Registro Nacional de Desaparecidos del Instituto Nacional de Medicina Legal reportó para esa fecha 659 víctimas de ese delito en la misma área. La Fiscalía, por su parte, ha conocido 502 casos de desapariciones forzadas presuntamente ocurridas entre 2005 y 2017 en esas poblaciones, de las cuales 495 están en etapa de indagación, tres en etapa de investigación y sólo tres en etapa de juicio.
Tanto en las bases de datos de la Unidad para las Víctimas como del Registro Nacional, el municipio que registra mayores niveles de afectación por ese delito es Ituango, pero las cifras varían: la primera entidad habla de 202 casos y la segunda de 121.
En su último informe de riesgo sobre ese municipio, de agosto de 2017, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo dijo que “su cercanía con el Parque Natural del Nudo de Paramillo y lo difícil de su topografía han llevado a que sea una zona empleada para la extracción ilegal de recursos maderables y para la siembra de cultivos de uso ilícito como la coca, convirtiéndose en foco de interés para los grupos armados ilegales”.
En la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Santa Lucía, en el municipio de Ituango, el frente 18 de las Farc hizo la dejación de las armas. Foto: Yeison García.Durante décadas, y hasta la dejación de armas de las Farc en 2017, Ituango fue una zona de consolidación del Frente 18 de esa organización insurgente. Desde allí, a finales de los años noventa y en la primera década del dos mil, la guerrilla defendió su posición en el norte de Antioquia librando duros combates contra grupos paramilitares y fuerzas estatales, convirtiendo la región en un complejo teatro de guerra.
La disputa por la subregión estuvo relacionada con su carácter estratégico para el desarrollo de la guerra, dada su condición de corredor de movilidad de tropas, armas e insumos para la producción de base de coca y su refinamiento desde y hacia las subregiones Nordeste, Occidente y Bajo Cauca, el Nudo del Paramillo y la vía a la Costa Atlántica.
Fiscales e investigadores de la antigua Unidad de Justicia y Paz que documentaron las acciones militares del Bloque Mineros de las Auc, establecieron que entre 1996 y 1998 se perpetraron por lo menos 15 masacres en los municipios de influencia de la futura central hidroeléctrica. Las primeras tres ocurrieron en 1996; en 1997, se perpetraron cuatro más; y en 1998, se realizaron ocho asesinatos masivos. Los municipios afectados fueron Ituango, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, Olaya, Yarumal y San Andrés de Cuerquia, entre otros. (Leer más en: Investigarán si ‘paras’ favorecieron proyecto Hidroituango)
En su Informe sobre la Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Ituango, elaborado en noviembre de 2016, la Asociación de Campesinos de Ituango declaró que el conflicto había producido “funestos efectos” sobre los pobladores de la región. Entre ellos, los generados por las masacres de El Aro y La Granja, ejecutadas por paramilitares del Bloque Mineros de la Auc en octubre de 1997 en Ituango y Valdivia, por las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en 2006. (Leer más en: En El Aro luchan contra el abandono y la soledad)
Ante las dimensiones de la violencia que se vivió en la zona y “la evidencia de la existencia de cuerpos sin identificar inhumados en el cañón del río Cauca”, la misión convocada por Ríos Vivos y el Cajar le solicitó a la Fiscalía “desplegar las medidas de prevención y protección de los territorios que se requieran para garantizar el derecho a la verdad individual y colectiva”.
La abogada argentina Verónica Heredia, quien hizo parte de esta misión y que representa en su país a la familia del desaparecido y asesinado artesano Santiago Maldonado, insistió en que “es necesario que se preserven las referencias del lugar para poder encontrar los cuerpos, dado que en la zona se están talando árboles que la comunidad ha señalado como referencias para la posterior ubicación”.
En ese sentido, la misión le solicitó a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas que proponga “una estrategia para proteger sitios de disposición de cuerpos y de referencia para la ubicación de lugares de inhumación de personas sin identificar”, así como que contribuya a que “las personas que han enterrado cuerpos en respuesta a mandatos culturales y espirituales puedan dar cuenta de los lugares en que se hallan cadáveres inhumados en condiciones de seguridad”.
No obstante, tal como ha reconocido públicamente su propia directora, Luz Marina Monzón, 14 meses después de firmado el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto con las Farc, la Unidad de Búsqueda aún no cuenta con recursos financieros, logísticos ni personal para funcionar.
Al respecto, Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad e integrante de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, conformada por nutrido grupo de organizaciones de víctimas y derechos humanos que trabajan en el tema, opinó que esos retrasos hacen parte “de la constante que han tenido que vivir los familiares de víctimas de desaparición forzada, porque el gobierno ha sido negligente y no ha tenido una política clara destinada a la búsqueda e identificación”.
Exhumaciones en el área de Hidroituango
La Misión de Observación convocada por el Cajar y Ríos Vivos alertó por la tala de árboles en la región, que elimina puntos de referencia clave para la posterior ubicación de cuerpos inhumados ilegalmente. Foto: Cortesía Movimiento Ríos Vivos Antioquia.Y aunque la búsqueda de los desaparecidos es responsabilidad del Estado, en la zona de influencia de Hidroituango las exhumaciones que se han realizado hasta ahora empezaron por solicitud del proyecto, tal como consta en la respuesta a un derecho de petición que el Cajar radicó ante la Fiscalía General.
A la fecha, el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) de la Fiscalía ha exhumado 159 cuerpos en las zonas rurales de los 12 municipios de influencia de la central hidroeléctrica, de los cuales 85 han sido identificados.
La intervención del ente acusador en el área inició en marzo de 2014, cuando Jorge Emilio Mesa, director Ambiental, Social y de Sostenibilidad de Hidroituango le solicitó por escrito a la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía en Medellín que coordinara y acompañara una diligencia de búsqueda en un tramo de un kilómetro que había quedado descubierto “por las labores de desviación del río Cauca”. La Fiscalía realizó las tareas solicitadas por el proyecto entre el 23 y el 27 de abril de 2014.
Pocos días después, Mesa volvió a comunicarse por escrito con la Dirección para solicitar apoyo “en la guía de cómo pueden elaborarse entrevistas que permitan deducir si existen o no inhumaciones ilegales, N.N. o desaparecidos en la zona en la que se encuentran los cementerios de tradición de las comunidades de Orobajo y Barbacoas, las cuales serán objeto de traslado con ocasión del proyecto. Una vez se procese esta información y se tengan datos concretos, la Fiscalía podrá realizar las exhumaciones e investigaciones correspondientes”. En esa misma comunicación, Mesa expresó que “EPM pondrá a disposición de su institución (la Fiscalía), los recursos humanos y logísticos para realizar las labores, pues es el mayor interés del proyecto fomentar el respeto por los derechos humanos”.
Rápidamente, la Dirección de Justicia Transicional le ordenó al Grube que buscara y exhumara los cuerpos inhumados ilegalmente en las áreas rurales de los 12 municipios. En el mismo mes de mayo, la Fiscalía diseñó las fases de búsqueda en bases de datos y prospección, que se llevaron a cabo “contando con la colaboración de las Empresas Públicas de Medellín”. Más adelante, la entidad definió cinco fases a realizar para el proceso de exhumación, que hasta la fecha ha permitido encontrar los 159 cuerpos, 91 de ellos Ituango. En ese proceso, la Fiscalía también realizó labores de exhumación en los cementerios tradicionales que quedarán bajo agua.
Frente a esos avances, la misión de verificación expresó en su informe que “solo se ha explorado un mínimo del fenómeno, que no se compadece con la magnitud evidenciada en las cifras oficiales”.
Aparte de los trabajos realizados por la Fiscalía, EPM asumió a la tarea de trasladar los cuerpos esqueletizados de personas muertas por causas naturales y enterradas en los cementerios tradicionales de la vereda Orobajo, de Sabanalarga; en el corregimiento Barbacoas, de Peque; y en un sector llamado Fortuna, en Buriticá.
Para ello, en la segunda mitad de 2017 la empresa firmó un contrato por 447 millones de pesos con la sociedad de ingenieros Integral S.A. para que realizara las labores de “prospección, exhumación y traslado de cuerpos sepultados” en esos lugares. Esta firma de ingeniería, que ha trabajado para distintas áreas del proyecto Hidroituango, contrató a la Universidad de Antioquia para llevar a cabo esas tareas.
En el pliego de licitación para ese contrato, EPM especificó que los traslados hacen parte de “del proceso de restitución de las familias de las localidades sujetas de traslado en la zona de embalse del Proyecto Hidroeléctrica Ituango y en cumplimiento de las políticas de responsabilidad social empresarial y de derechos humanos” de la compañía. En el documento también se estableció que la prospección y la exhumación debían ser “acompañadas por la comunidad, como informantes de los lugares de enterramiento de las familias y también como ayudantes o paleros”.
A cargo del equipo de antropología osteológica que realiza las exhumaciones en los tres cementerios está la antropóloga forense Timisay Monsalve, docente de la Universidad de Antioquia. En diálogo con VerdadAbierta.com, la especialista explicó que el trabajo de campo empezó en noviembre de 2017, cuando el equipo se desplazó a los tres municipios para socializar el calendario y los métodos bajo los cuales se realizarían las exhumaciones, así como para concertar qué personas de las comunidades acompañarían y apoyarían las tareas.
De acuerdo con la profesora, los trabajos iniciaron en Orobajo el pasado 8 de diciembre, donde hasta el 22 de ese mes el equipo extrajo 138 cuerpos. Posteriormente, entre el 4 y el 21 de enero pasados, los antropólogos estuvieron en Barbacoas, de donde extrajeron 145.
En ambos cementerios, según Monsalve, los cuerpos no contaban con placas u otra identificación, por lo que fue necesario reunirse con cada una de las familias en una primera fase de ubicación de los restos, que serán clasificados por sexo y edad en un laboratorio de la Universidad y, posteriormente, reubicados en los cementerios que dispongan los familiares. Este viernes, el equipo parte hacia Fortuna, donde realizará los últimos trabajos.
Consultada sobre si en la zona ha encontrado restos de personas muertas por causas violentas, Monsalve explicó que, “sólo en una oportunidad, unas personas de la comunidad nos indicaron que un sitio específico podría estar enterrada una persona que había estado buscando la Fiscalía. Lo que nosotros hicimos fue abstenernos de exhumar, porque como antropólogos no podemos intervenir un sitio con esas características, dado que no estamos en calidad de forenses. Como eso es potestad de la Fiscalía, le informamos a Integral, para que Integral le informara a EPM e hiciera las gestiones ante la Fiscalía para que continúe el debido proceso”.
La docente también explicó que, dadas la formas irregulares de los enterramientos, realizados por la misma comunidad por cuenta de las grandes distancias existentes entre esas áreas rurales y las cabeceras municipales, el equipo de antropólogos encontró “una cantidad de restos óseos que no estaban asociados y que estaban dispersos, que fueron exhumados para disponerlos en un lugar en otros cementerios, para que todo quede humanamente enterrado, en cajas individuales y con su informe respectivo”. Al término del proceso, y tal como consta en el contrato, se realizará una ceremonia de entrega con acompañamiento psicológico.
Difíciles condiciones de seguridad
Las AGC se han convertido en un serio problema de seguridad en el departamento de Antioquia, donde buscan mantener el control de buena parte de la cadena de producción del narcotráfico. Foto: Juan Diego Restrepo E.En su informe, la misión de observación y verificación convocada por Ríos Vivos y el Cajar fue enfática en advertir que “hay gran interés por parte de los pobladores de los lugares visitados en que se desarrolle un Plan de Búsqueda participativo que garantice procedimientos adecuados y respetuosos para la recuperación e identificación de los cuerpos”. Sin embargo, recalcó que para ello deben existir “garantías de seguridad”, dado que, de acuerdo con la abogada argentina Verónica Heredia, “la comunidad teme por la presencia de “paramilitares”.
Este portal también pudo conocer que el equipo de antropólogos de la Universidad de Antioquia que realizó las exhumaciones en Orobajo y Barbacoas tuvo que enfrentar distintas situaciones de seguridad por cuenta del patrullaje realizado por grupos armados ilegales.
Según la Defensoría del Pueblo, desde enero de 2017, luego del traslado del Frente 18 de las Farc a la Zona Veredal de Santa Lucía, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) incursionaron en Ituango “asegurando el control sobre un importante corredor de movilidad que conecta al occidente y norte de Antioquia con el Sur de Córdoba, lo que dio inicio a una serie de graves afectaciones de los derechos y las libertades personales y de la población civil” en los municipios de Peque, Ituango y Toledo. (Lea más: Alarmante deterioro de la seguridad en el Norte de Antioquia).
Las Agc, de acuerdo con la entidad, le han hecho saber a las comunidades que “su interés primordial radica en la permanencia de los cultivos de uso ilícito a fin de controlar hegemónicamente la cadena de producción, procesamiento y comercialización”. No obstante, la Defensoría informó que esa organización, además de concentrar sus esfuerzos en controlar cadena del narcotráfico, ha impuesto “la restricción de las libertades personales de la población asentada en la zona rural del municipio de Ituango, la permanente amenaza a su vida e integridad personal y los señalamientos contra quienes reivindican y reclaman la garantía de los derechos humanos en la región y contra quienes denuncien la situación de agresiones a derechos humanos que actualmente se vive en la zona”.
A ello se suma la llegada del Eln, proveniente de subregiones donde ha hecho presencia histórica, como el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueños, y la presencia de la banda criminal ‘Los Pachell’, que ejerce control del microtráfico en zonas semiurbanas de Ituango desde 2016. La Defensoría asegura, sin embargo, que “actualmente son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia quienes ejercen el control territorial” en el municipio, lo cual mantiene atemorizada a la población civil.
Es en esas condiciones donde, eventualmente, la Unidad de Búsqueda deberá trabajar para localizar a los desaparecidos. Una oportunidad que Ríos Vivos, el Cajar y la Misión de Observación aseguran quedará sepultada, al menos en buena parte del cañón del Río Cauca, tras la entrada en operación de Hidroituango, teniendo en cuenta la inminencia de la inundación y las demoras en la puesta en marcha de la Unidad.
Este jueves, durante una audiencia pública ambiental de seguimiento sobre Hidroituango convocada en Santa Fe de Antioquia por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por solicitud de Ríos Vivos, esa organización volvió a insistir en la necesidad de que “se encuentre a las personas desaparecidas y a los muertos que están regados a lo largo del cañón del río Cauca”. Una deuda que el Estado tiene con las víctimas en todo el país, donde ni siquiera se cuenta con una cifra consolidada de las personas que fueron desaparecidas forzadamente durante la guerra.
