A finales de la década del noventa, el ente acusador en Antioquia estuvo en manos de sectores políticos que, según los indicios, favoreció al paramilitarismo en ese departamento, sobre todo a quienes lo financiaron. El caso de este empresario y caballista es emblemático.
El pasado martes fue detenido en Cúcuta y en la audiencia en la que se legalizó captura, negó los cargos que lo sindican con narcotráfico. Foto: tomada de un organigrama de la OFAC.La historia del proceso judicial que relacionó a Santiago Gallón Henao con los nacientes grupos paramilitares en las regiones del nordeste y suroeste en Antioquia evidencia que sectores de la Fiscalía General de la Nación en este departamento cooptaron el ente acusador para favorecer a quienes daban soporte económico y logístico a esos grupos armados ilegales y tejer un manto de impunidad sobre ellos.
Gallón Henao fue capturado el pasado 16 de enero en Cúcuta por autoridades colombianas, apoyadas por investigadores del servicio de inteligencia británico, para que respondiera por delitos asociados al tráfico de drogas, como parte de una red que enviaba estupefacientes a Europa en productos agrícolas y veterinarios. Sus actividades ilícitas no son desconocidas y su pasado indica que, al parecer, estuvo protegido por sectores de la Fiscalía en Antioquia durante varios años.
Las prácticas procesales, que en muchos casos eran legales, aplicaban estrategias bastante sencillas, pero efectivas. En el caso que vinculó a Gallón Henao con organizaciones paramilitares, su investigación fue precluida porque la Fiscalía optó por manejar el expediente de manera superficial y, pese a las pruebas recogidas por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), adoptó un relato argumental débil al momento de la acusación, lo que demuestra falta de debida diligencia para conducir la investigación, esclarecer los hechos y sancionar al sindicado.
El empresario y caballista, reconocido ampliamente en Antioquia, fue vinculado a un proceso judicial tras una denuncia ciudadana contra la asociación de vigilancia y seguridad privada El Cóndor, conocidas también como Convivir, creada a mediados de la década del noventa por Luis Alberto Villegas Uribe, un comerciante del nordeste antioqueño, amparado en la legislación de aquella época.
La creación de El Cóndor, se sustentó en la difícil situación de orden público que padecían los pobladores de una amplia región que iba desde el municipio de Cisneros hasta el corregimiento San José del Nus, de San Roque, sobre la carretera que va de Medellín a Puerto Berrío. En la solicitud al gobierno departamental se argumentó que “es conocida la influencia y presencia que en la zona venían haciendo delincuentes de todo tipo que amparados en consignas subversivas ejercían políticas de terror intimidando a los ciudadanos de bien, despojándolos de sus bienes más preciados, empezando por la propia vida, y continuando con su patrimonio a través de secuestros y extorsiones permanentes”.
Pero las actividades de El Cóndor, una vez autorizada su creación e iniciadas sus actividades, empezaron a ser cuestionadas por ciudadanos de la región, quienes, de forma anónima, reportaron varios atropellos a la Gobernación de Antioquia (1995-1997), en aquella época regida por el senador y expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez.
Una de las denuncias, fechada el 2 de abril de 1997, relacionaba esa Convivir con grupos paramilitares: “¿Será posible que goce de legitimidad una cooperativa de esta naturaleza cuando quien escoge a las personas que la conformarán y le prestan la asesoría de la violencia son grupos paramilitares que también como la guerrilla están al margen de la ley? ¿Por qué los paramilitares que andan como Pedro por su casa en San José del Nus y Maceo citan a los comerciantes y obligan a que éstos y todos los hogares paguen una cuota para sostener la Convivir?”.
Con base en este tipo de denuncias, el CTI inició una investigación que lo llevó a interceptar varias líneas telefónicas, entre ellas la de un establecimiento comercial en Medellín, llamado Lácteos El Paisa, administrado por Villegas Uribe, el representante legal de la Convivir El Cóndor.
El cúmulo de información que se desprendió de cientos de horas de monitoreo de las llamadas entrantes y salientes durante los primeros meses de 1998 les permitieron a los investigadores del CTI determinar con un alto grado de certeza que desde ese negocio se controlaba una organización armada que tenía como base el corregimiento San José del Nus, desde donde controlaban un amplio tramo de la carretera que de Medellín conduce a Puerto Berrío.
Los informes del CTI de aquella época establecieron que bajo la Convivir El Cóndor se mimetizaba una organización paramilitar y realizaba actividades ilegales en abierta connivencia con integrantes de la Policía y con militares acantonados en la región.
A las voces ciudadanas se sumó el testimonio de Julio César Acosta Cortizo, un excombatiente del Eln, organización de la que se desvinculó y fue utilizado para servir de guía de las tropas estatales y colaborar en actividades de inteligencia. Con posterioridad, se integró a un bloque paramilitar con asiento en esta subregión del departamento. En su declaración ante las autoridades judiciales, dada el 19 de mayo de 1998, describió cómo operaba esa estructura ilegal y señaló a los hermanos Villegas Uribe (Alberto y Juan Guillermo) como financiadores del paramilitarismo. Pese a todas las pruebas, las investigaciones fueron precluidas a favor de estos comerciantes.
Luis Alberto Villegas Uribe fue asesinado el 5 de diciembre de 2004 en el corregimiento San José del Nus, en una estación de gasolina de su propiedad. El homicidio fue admitido por Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, poderoso jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
En la formulación de cargos, un fiscal de Justicia y Paz de Medellín le imputó el delito de homicidio agravado y consideró que Villegas Uribe no murió por su condición de miembro de la población civil, sino por ser integrante de grupos paramilitares que actuaban en el Nordeste antioqueño: “Con la confesión ofrecida por el mismo postulado, corroborada por otras versiones, se puede constatar que el señor Villegas era colaborador del Bloque Metro y del Central Bolívar, por tanto hacía parte de las hostilidades en calidad de colaborador financiero, involucrado en las actividades propias del grupo ilegal y no podía considerarse como población civil protegido por el Derecho Internacional Humanitario”. (Leer más en: ‘Julián Bolívar’ admitió asesinato de Luis Villegas Uribe)
Las investigaciones también determinaron que tanto Luis Alberto Villegas Uribe, como su esposa Gloria Elena Cano López, tuvieron negocios de compraventa de propiedades con la firma Inversiones Uribe Vélez Ltda., de la cual hacía parte el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. (Leer más en: Revelaciones del caso Villegas)
Aparece Santiago Gallón
Gallón Henao tras su captura en Cúcuta. Foto: diario La Opinión.Las interceptaciones llevaron a identificar a otras personas involucradas en las actividades ilícitas de la Convivir El Cóndor, entre ellos a Santiago Gallón Henao, quien era constantemente referido en las llamadas como ‘don Santi’ o ‘don Ese’. En una de las comunicaciones se habló de armas con salvoconducto que serían enviadas a San José del Nus, lo que atrajo la atención de los investigadores del CTI, quienes decidieron seguir esa pista y vincular a este empresario al expediente, razón por la cual se expidió la orden de captura N° 231, fechada el 10 de junio de 1998, bajo la sindicación de conformar grupos ilegalmente armados, pero en ningún momento del proceso se hizo efectiva y fue procesado como persona ausente.
No obstante, la Fiscalía entró en aparentes contradicciones tras revisar las pruebas contra Gallón Henao al momento de decidir si se le dictaba o no medida de aseguramiento y se abstuvo de asegurarlo, argumentando que la evidencia recaudada no probaba delito alguno. En ese sentido también se pronunció la Procuraduría General de la Nación.
Finalmente, el ente acusador decidió precluir la investigación a favor del empresario y cerrar el caso, determinación que se tomó el 2 de julio de 1999. Entre sus argumentos se estableció que la Fiscalía estaba obligada a “prestar oídos a los argumentos de la defensa por cuanto si no fue posible edificar en su momento una medida de aseguramiento y las circunstancias no han variado, resulta apenas lógico precluir la investigación a favor del citado señor”.
Descartan pruebas
Otra de las prácticas irregulares que aplicó la Fiscalía en Antioquia a finales de los noventa en el caso de Gallón Henao fue la no incorporación de nuevas pruebas a su expediente. Esas pruebas surgieron tras el allanamiento realizado por funcionarios del CTI a un parqueadero del centro de la ciudad de Medellín conocido como Padilla, realizado el 30 de abril de 1998.
Allí llegó un grupo de investigadores, varios de los cuales fueron posteriormente asesinados, que rastreaba un centro de operaciones de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). En este lugar se descubrió el centro logístico y financiero de esta organización armada ilegal. En ese lugar fue capturado Jacinto Alberto Soto Toro, conocido con el alias de ’Lucas’, responsable del manejo de las cuentas de la organización paramilitar. (Ver más en: Sergio Parra, asesinado tras descubrir finanzas de las Accu)
Entre los documentos hallados en esa oficina hubo algunos que coincidían con la referencia a un hombre identificado como ’Santi’. Bajo ese nombre se encontró un archivo contable propio, donde se registraron dos movimientos: una deuda de ’Don S’ a la ’Compañía’ por valor de ochenta y tres millones, ciento veinticuatro mil quinientos pesos ($83.124.500), fechada el 25 de julio de 1997; y un aporte a esa deuda por cincuenta y un millones cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta pesos (51.457.340), realizado el 6 de abril de 1998. Adicionalmente, aparece el apellido Gallón en una lista de pagos, donde dice textualmente: “recibí aporte Suroeste (Gallón)”, por diez millones de pesos (10.000.000), movimiento que se asentó el 12 de julio de 1996.
Otra de las coincidencias que ligaba uno y otro proceso fue un computador con un rótulo donde estaba escrito el nombre de ‘Federico Bedoya’. En el acta de allanamiento se consignó que “se incautaron dos (2) computadores, uno portátil marca Texas Intruments Extensa 355 […], así como el CPU con marquilla Data Master Computadores, color beige, sin número ni serie de identificación, al parecer clon con características en parte posterior, nombre con marcador negro Federico Bedoya”.
Esa CPU había sido enviada a reparar a finales de febrero de 1998 a un centro de servicios llamado Inter Micros S.A. El dato puede parecer insignificante, pero al cruzar este expediente con el seguido a Gallón Henao hay una coincidencia: el nombre que aparece como responsable de enviar a reparar la CPU en el proceso de investigación de la oficina de finanzas de las Accu coincide con el de un hombre que compareció a la Fiscalía a declarar a favor del empresario, quien, además, se desempeñaba como técnico en Análisis y Programación de Computadores y Transcripción de Datos, y era empleado de su padre, Guillermo Gallón Ruiz.
Insisten en señalar a Gallón
Como era de esperarse, en los tribunales de Justicia y Paz, que procesaron a cientos de exparamilitares que comparecieron a este mecanismo de justicia transicional, surgió el nombre de Santiago Gallón Henao, referido por antiguos miembros de las Auc que operaron en Antioquia.
Uno de los que hizo referencia a ese empresario fue Rodrigo Zapata Sierra, capturado el 19 de marzo de 2009 en Bogotá y uno de los hombres de confianza del jefe paramilitar Vicente Castaño Gil. En sus testimonios ratificó que Gallón Henao fue uno de los financiadores del paramilitarismo en Antioquia y aportó recursos a unidades que operaban en el nordeste como en el suroeste.
De acuerdo con la sentencia proferida contra Zapata Sierra por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Antioquia el 30 de enero de 2017, “en el suroeste, los hermanos Pedro David y Juan Santiago Gallón, reconocidos narcotraficantes, fueron también contribuyentes voluntarios del grupo e intermediarios de otras personas de la región del suroeste que también le aportaban dinero al Frente Suroeste. En efecto, según el postulado Rodrigo Alberto Zapata Sierra los hermanos Gallón no solo aportaban para el cuidado de sus tierras en Caracolí y San Roque, sino que hicieron un aporte mensual al grupo de Angelópolis durante los años 2001 y 2003, al cual le entregaron 50 millones de pesos anualmente”.
En la decisión también se consignó que Santiago Gallón “suministraba información al grupo armado ilegal en el suroeste antioqueño de quienes expendían estupefacientes”, lo que pudo derivar en homicidios contra este tipo de personas, razón por la cual el alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía Nacional para que fuera investigado.
Ese empresario también fue referido por el exparamilitar John Fredy González Isaza, alias ‘Rosco’, quien hizo parte del Bloque Central Bolívar de las Auc y operó justamente en la región del nordeste antioqueño. Hablando de las Convivir, sostuvo que esas asociaciones de vigilancia y seguridad privada “fueron antes del Boque Metro y después del Bloque Metro, eso fue como un empalme, pero siempre dirigidas por Luis Villegas […] Las Convivir eran como un grupo seleccionado, ese grupito de confianza de Villegas y de Santiago Gallón, entonces ellos trabajaban la seguridad de toda la zona, había motos, había armas amparadas, había sueldos porque ellos estaban en nómina como si eso fuera una empresa, pero de todos modos ellos también trabajaban en el empalme con las autodefensas, eso se prestaban las motos y los carros, eso era normal, eso era como decir que si fueran los mismos, porque Santiago Gallón los abastecía económicamente”.
Gallón Henao se presentó el 10 de julio de 2009 ante la Fiscalía 29 Especializada de Medellín, que había proferido una orden de captura en su contra y tras ser escuchado en indagatoria fue privado de la libertad ese mismo día. El 21 de julio se le dictó medida de aseguramiento de detención preventiva y, posteriormente, se acogió a sentencia anticipada: aceptó el cargo de concierto para delinquir agravado en calidad de financiador de grupos paramilitares.
En su declaración admitió lo que los investigadores del CTI a finales de la década del noventa habían detectado, que sí financió unidades de las Accu y de las Auc, tanto en el nordeste como en el suroeste y oriente antioqueños, así como en el Valle de Aburrá, en reacción, según él, a las extorsiones que le hacían grupos guerrilleros.
Por esas conductas delictivas, Gallón Henao fue condenado el 17 de febrero de 2010 a tres años y tres meses de prisión por concierto para delinquir con fines de paramilitarismo por el Juzgado Primero Especializado de Antioquia, una decisión que desestimó la relación de delito de lesa humanidad que la Corte Suprema de Justicia le ha conferido a ese tipo de quebrantamientos de la ley. (Ver más en: Condenan al ganadero Gallón Henao por financiar ‘paras’ en Antioquia)
Este caso demuestra que instigadores y financiadores del paramilitarismo han accedido a sanciones penales ínfimas en el proceso penal ordinario, las cuales no se corresponden con la gravedad de los delitos perpetrados por estas estructuras criminales; la pena, incluso, está por debajo de la sentencia alternativa prevista en la Ley 975 de 2005, que se tasó en ocho años.
Narcotraficante
En Medellín se había establecido el centro financiero de las Accu y desde allí se coordinaban las acciones en varias regiones del país. Foto: archivo Semana.Fueron las autoridades norteamericanas las que determinaron que Gallón Henao y algunos de sus socios y familiares estaban involucrados en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. En junio de 2015 fue incluido, junto con su hermano Pedro, en la llamada Lista Clinton, una herramienta de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos para evitar las transacciones de capitales ilegales el mercado de ese país, lo que deriva también en acciones de las entidades bancarias y comerciales en Colombia.
El sustento de esa decisión se basó en investigaciones que condujeron a establecer que los Gallón Henao hacían parte del gran entramado criminal conocido como la ‘Oficina de Envigado’, a la cual le ofrecían apoyo logístico y financiero que permitía no sólo lavar sus ganancias sino fortalecer el tráfico de drogas.
En mayo de 2017, la OFAC anunció la inclusión en la Lista Clinton de Mariana Gallón Aristizabal y Claudia Mercedes Vargas Giraldo, hija y exesposa de Juan Santiago Gallón Henao; así como de su socio comercial, Santiago Álvarez Castro; y su abogado, Gabriel Jaime Aguilar Ramírez. Junto a ellos, también fueron sancionadas cinco empresas, todas ellas con asiento en Medellín: Agroindustrias Cima S.A.S., C.M.V. Carnes S.A.S., Guisanes S.A.S., Agropecuaria Mais S.A.S. y Clamasan S.A.S., esta última con seccionales en los municipios de Amagá y San Roque.
“Estas nuevas designaciones del Departamento del Tesoro reducirán aún más el poder económico de los frecuentes financistas de ‘la Oficina de Envigado’, mediante la identificación y la selección de los testaferros y las empresas que trabajan en su nombre”, declaró en aquel momento John Smith, director de la OFAC.
Queda claro que en el caso de Gallón Henao se requirió de la presión de las autoridades estadounidenses y británicas para que por fin se actuara contra un criminal que ha sido favorecido por sectores del aparato judicial en Antioquia, de los cuales poco se sabe y que bien podría ser una de las tareas de la Comisión de la Verdad y de la Justicia Especial para la Paz creadas bajo los acuerdos del gobierno nacional con las Farc.
* Buena parte de este artículo se hizo con base en el libro “Memoria de la Impunidad en Antioquia”, investigado y escrito en 2010 por un equipo de especialistas de la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación.Los lectores pueden descargarlo en este likn.
