Los habitantes de ese corregimineto de Bolívar, en el municipio de San Jacinto, salieron a protestar para exigir una vía que les permita progresar. Esta comunidad, que retornó tras 20 años de violencia, advierte que no tienen cómo comercializar sus cultivos.
Víctor Castellar, de la región de los Montes de María, es contundente: “hemos sido olvidados históricamente por las instituciones”. Él hace parte de la comunidad afrodescendiente que en la mañana de ayer salieron a protestar desde San Cristóbal, en el municipo de San Jacinto, hasta el corregimiento de Matuya para exigir una solución sobre el estado de la vía que los comunica con el munipio de María La Baja.
Su clamor tiene asidero en su situación. Aunque retornaron después de dos décadas del conflicto armado, bajo la promesa de que la región sería priorizada por los procesos de justicia transicional, el municipio no cuenta con las garantías en infraestructura para su superviviencia.
La vía que conecta a San Jacinto con María La Baja es una trocha que, según señalan los afro, ha empeorado con el paso de tractores usados por empresas palmicultoras. Por tal razón, pierden las cosechas de yuca, ñame, plátano, maíz y aguacate que han sembrado con esfuerzo, en una región afectada además por la escasez de agua y a la espera de que los procesos de restitución de tierras avancen.
Según datos del Registro Único de Víctimas (RUV), la guerra desplazó a 38 mil 860 personas, más de su población total estimada en 21 mil 536 personas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El portal de sentencias de la Unidad de Restitución registra 12 fallos a favor de víctimas reclamantes que tuvieron que abandonar sus fincas o les fueron despojados durante el conflicto. (Ver datos de desplazamiento de San Jacinto)
Aunque en septiembre pasado el consejo comunitario Eladio Ariza logró que el Juzgado Especializado en Restitución del Carmen de Bolívar aceptara su demanda de restitución étnica, la primera de este tipo en Montes de María, sus integrantes no pueden esperar a que sea una sentencia la “camisa de fuerza” para que las autoridades actúen en el mejoramiento de la vía.
La comunidad salió a protestar cuando el gobierno nacional lanzaba su programa de promoción turística llamado Seguro te va a encantar, un mensaje que según explica Melvis Ariza, integrante del consejo comunitario, dista de la realidad de las comunidades rurales de este país. (Lea: En Montes de María, comunidad afro le apostó a restitución étnica)
El Plan de Desarrollo municipal 2016-2019 reconoce que existe un “escaso mantenimiento periódico y mal estado de las vías de acceso al área rural, lo que contribuye a la disminución del transporte de pasajeros y dificulta la salida de la producción agrícola”. Por ello, la actual administración local promete que durante este cuatreinio intervendrá el mayor número de vías terciarias, “con el propósito de incrementar su impacto y así reducir los costos de producción, la pobreza, la atención en la conectividad y población víctima y el fácil acceso a las zonas rurales que en mucho tiempo no han sido atendidas”. (Lea el Plan de Desarrollo aquí)
La Alcaldía, que tiene como lema San Jacinto, adelante, reconoce también en su Plan de Desarrollo que la inversión que gestionan ante el Invias está focalizada en los corregimientos y veredas con mayor concentración de población rural y altos índices de vulnerabilidad social y económica, “especialmente en las zonas rurales más afectadas por el conflicto armado en el territorio”. Las cifras son contundentes: San Jacinto registra un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de 94.32% y un Índice de Pobreza Multidimensional de 81.9%.
Sin embargo, para sus habitantes, tal promesa sigue en el papel. Las mujeres, que se unieron a la protesta con carteles, explican que las condiciones del camino además de afectar la comercialización de las cosechas, afectan el traslado de enfermos y el transporte de los estudiantes hacia los colegios del vecino municipio de María La Baja. “Una moto nos está cobrando entre 20 y 25 mil pesos por el mal estado de la vía”, dice una mujer del corregimiento de San Cristóbal.
La comunidad no comprende por qué la inversión pública en infraestructura es nula, cuando la región de Montes de María fue la primera en lograr una sentencia por la vía de la justicia transicional. La decisión, del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, se falló en el año 2010 a favor de las víctimas del corregimiento de Mampuján, en María La Baja. Además, los jueces especializados de restitución han emitido desde 2012 por lo menos 178 sentencias en el municipio de Carmen de Bolívar. (Ver más en: La primera condena de Justicia y Paz)
Tampoco entienden que, tras la firma del Acuerdo de Paz, San Jacinto fue seleccionado entre los 170 municipios para desarrollar el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que pretende subsanar problemas como altos niveles de pobreza, debilidad institucional y presencia de cultivos de uso ilícito. Por eso la comunidad del corregimiento de San Cristóbal expresa su inconformidad cuando cada mes los habitantes arreglan el camino a pico y pala, pero al poco tiempo los tractores lo estropean todo.
Con carteles como “Los palmicultores se muestran indiferentes ante la vía” y “Por una vía digna y transitable”, la comunidad de San Cristóbal, en San Jacinto, exige soluciones de parte de la Alcaldía, la Gobernación y de los empresarios. A su llamado se unió la Corporación de Desarrollo Solidario (CDS), una organización no gubernamental que acompaña a las comunidades en Montes de María: “Es fundamental que la institucionalidad estatal revise el actuar de estas empresas y tome medidas para evitar que esta situación continúe…” (Lea el comunicado aquí).
* Videos suministrados por el Equipo de Comunicación Rural de Opds-CDS Montes de María.