Poco es lo que se conoce públicamente y casi nadie habla del tema. El Comité de Veeduría ha hecho serias críticas al programa Camino Diferencial de Vida, que se supone se les aplicará a ellos. La Corte Constitucional también ha hecho reparos al respecto y como si fuera poco, las Farc aún no entregan las listas, un compromiso difundido nacional e internacionalmente.
El proceso de reincorporación ha acogido a 122 menores, entre los cuales ha habido casos de abandono del programa. Foto: León Darío Peláez revista Semana.Entre el 15 y 16 de agosto pasados salieron los últimos 26 menores de edad que hacían parte de la guerrilla de las Farc y que comenzaron su proceso de reincorporación en un programa especial diseñado para ellos conocido como Camino Diferencial de Vida. Sin embargo, poco se sabe de este proceso y del estado de sus integrantes.
VerdadAbierta.com indagó al respecto y encontró varias situaciones preocupantes, entre ellas la negativa de las entidades estatales a cargo del programa de hablar sobre el tema y el oscuro panorama que expresa el comité veedor de este proceso.
El Comité que hace Veeduría al programa de reincorporación Camino Diferencial de Vida está conformado por seis organizaciones, tres nacionales y tres internacionales: del lado nacional se encuentran la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico), la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (Anzorc), y Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (Conpaz), mientras que las organizaciones internacionales son el Llamamiento de Ginebra, El Centro Carter y la Oficina del Representante Especial del Secretario General para los Niños y los Conflictos Armados, estas dos últimas no tienen oficina en Colombia, por lo que su cercanía al proceso es limitado.
En diálogo con este portal, voceros de las organizaciones nacionales expresaron sus preocupaciones sobre este proceso, aseguraron que son muchas los problemas que atraviesa y que el panorama no es el más alentador. Una de las situaciones que más preocupan es que el programa no sea público, a pesar de que la Corte Constitucional en el estudio del Decreto 891 del 2017 ordenó al gobierno nacional describir el diseño del programa Camino Diferencial de Vida.
“Entonces el punto de partida es ese: conocemos el programa quienes tenemos un rol y hemos participado en él, que tenemos relacionamiento directo con las instancias que tiene el acuerdo, pero eso es muy difícil porque cómo sale la veeduría a hablar sobre algo que nadie conoce. ¿Entonces, sobre qué está haciendo veeduría?”, se preguntan en Coalico.
Durante dos semanas este portal estuvo intentando encontrar respuestas de las instituciones e instancias encargadas de liderar este proceso y se encontró con una negativa reiterada en todos los casos: ni el componente de la Farc del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR); ni la Alta Consejería para los Derechos Humanos; ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quisieron referirse al tema.
“Ese tema lo maneja el ICBF sede nacional en la Dirección de Protección, por lo que es un tema de menores y la información es muy reservada; como es muy delicado, es difícil hablarlo”, explica una fuente de esta entidad, quien pidió la reserva de su identidad para evitar inconvenientes internos.
Que el programa no sea público no sólo impide el control sobre un proceso importante como lo es el de la reincorporación de los menores excombatientes de las Farc que dejaron las armas, sino porque niños, niñas y jóvenes beneficiados, según la Coalico, desconocen el contenido del programa y las disposiciones que los van a afectar directamente.
“La Corte llamó la atención de que era necesario hacerlo público para que sea de uso inmediato y mucho más claro para la opinión, por la misma veeduría, pero en particular que sea público para los adolescentes que hacen parte del programa, precisamente para facilitar su proceso de reincorporación”, argumentan integrantes de Coalico, quienes pidieron la reserva del nombre.
Marcela Pinto, integrante del Comité de Veeduría por Anzorc, afirmó que este escenario lleva a que el programa en la realidad no exista, pues al ser un documento de interés público, pero de limitado acceso, impide un correcto contraste sobre lo que le compete: “una de las cosas que hemos puesto en discusión es como el programa no es público nadie puede saber cómo va, porque la misma elaboración está bonita, tiene un enfoque comunitario, el documento está muy bien estructurado, pero cómo se hace real eso no es claro”.
Como adultos
Según lo exponen las organizaciones del comité de veeduría del proceso de reincorporación, la diferencia entre el Camino Diferencial y el proceso de reincorporación del resto de la población no es clara.Foto: archivo Semana.Para los miembros del Comité de Veeduría otra situación preocupante, además del hermetismo, radica en que no existe una diferencia real entre el proceso de reincorporación de los menores y el de la población adulta. “Si bien el punto tres de la reincorporación empieza con el tema de cómo tratar la situación de los y las menores de edad, aún hoy no está claro en qué se diferencia del proceso de reincorporación regular”, aseguran en Coalico.
Según esa organización, hay dos diferencias en el trato con los adultos: de un lado, tienen prelación a la hora de entrar en el “cerco institucional”, que se hace de manera más rápida, como por ejemplo el reconocimiento de su calidad de víctimas; y de otro, en el inicio del proceso cuando llegan a los Lugares Transitorios de Acogida (LTA); no obstante, una vez cumplían su estancia de máximo tres meses en esos lugares se enfrentaban ante el mismo panorama de antes.
“Cuando entraron a los lugares de acogida, eso estuvo muy bien, la atención estuvo excelente, pero salen de ahí a las mismas condiciones en las que estaban antes”, aseguran en Coalico, una crítica seria teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de los jóvenes excombatientes.
Esta grave situación está relacionada con la falta de desarrollo del documento que describa los programas que va a tener esta población en su reincorporación a largo plazo. “Se está construyendo en la mesa técnica en el CNR sobre el tema la política de reincorporación a largo alcance, que debe estar lista antes de finalizar el año”, cuenta una fuente cercana al proceso que también prefirió mantener su identidad reservada.
Los especialistas consultados aseguran que el enfoque comunitario y familiar que está previsto en el programa no está siendo aplicado a cabalidad debido, entre otras razones, a la falta de presencia estatal en las regiones y a las limitaciones que tiene en lo local el Comisario de Familia del ICBF, encargado de garantizar los derechos de los menores.
Según Sirly Chimonja, quien hace parte del Comité Veedor por Conpaz, muchas veces a los menores no se les tiene en cuenta, pues a los primeros 13 menores que salieron de las filas insurgentes en septiembre del 2016, bajo los acuerdos de las Farc, el gobierno nacional, en su visión de entregarlos a sus familias, no estaba garantizando sus derechos, pues muchas de ellas son de bajos recursos y no representan una reparación para el menor.
“Resulta que las familias para esos chicos no son un entorno protector; no existe la posibilidad para ellos de llegar a un buen sitio donde puedan tener acceso a derechos mínimos, como la educación y la alimentación, porque no los cumplen”, asegura Chimonja.
Y esta experta en el tema va más allá en su cuestionamiento: “Decir que los chicos salgan de los lugares de acogida a sus familias, pues realmente no era una opción que se debió haber dado porque las familias no cuentan con esas garantías, muchos de sus lugares de origen son zonas de conflicto, donde a los menores se les reconoce como excombatientes, entonces eso representa un peligro inminente para ellos”.
Todas estas situaciones han prendido las alarmas entre las organizaciones que hacen parte del Comité de Veeduría, pues aseguran que algunos de los menores pueden estar en riesgo de volver a ser reclutados por algún actor armado ilegal. “Ese es un problema muy delicado que tienen en este momento. Si viven a uno o dos días del casco urbano, ¿qué actividades hacen? ¿Dónde están los programas?”, se preguntan en Coalico.
Pinto asegura que no existe la posibilidad institucional para brindarle una opción de acogida diferente al menor, por lo que algunos casos tomaron la decisión de renunciar al programa Camino Diferencial de Vida y unirse al programa especializado del ICBF, que trata a menores desvinculados de grupos armados. “Eso dice mucho sobre cómo no se enfatiza el programa que se dio para el tiempo de posconflicto, y el que está pensado para tiempos de conflicto se prefiere”, aseguró Pinto.
Justo un caso registrado de renuncia al programa al programa Camino Diferencial de Vida evidencia que no era viable para el menor siguiera allí. Según se lee en el expediente que tiene una de las organizaciones del comité veedor, “es que es muy complicado porque sale más caro estar en el programa, porque toca trasladarse a donde esté el defensor de familia, y el que está en la zona se encuentra a tres días de caballo para ir a verlo, entonces nos decía, nos sale más caro ir a sacar la plata de acompañamiento para el programa familiar que dejar así”.
Proceso improvisado
Desde la Coalico y las otras organizaciones del comité de veeduría aseguran que la institucionalidad actual del Estado no responde a las necesidades de la población menor en reincorporación. Foto: cortesía Coalico.Lo delicado en este tipo de programas de atención es el paso del tiempo; por las características de la población cualquier demora es un factor que afecta directamente su desarrollo. A la fecha, muchos de los que eran menores se hicieron mayores.
El comunicado conjunto número 70 de La Habana, emitido el 15 de mayo de 2016 y que hace referencia al acuerdo entre las Farc y el gobierno nacional sobre el programa especial de reincorporación para menores de edad, fue explícito al señalar la población beneficiada: “En el Programa se incluirán todos los menores de 18 años que han salido o que salgan de los campamentos de las FARC-EP, incluyendo los que salieron en los últimos meses en cumplimiento de la decisión de las FARC-EP de 12 de febrero de 2015, los tres menores que se entregaron al CICR el 4 de mayo de 2014 y los dos menores indígenas entregados al CICR en el Cauca el 20 de febrero de 2015”. (Descargar comunicado)
Al respecto, algunas organizaciones que trabajan en el tema aseguran que quienes hoy en día tienen entre 18 y 23 años también tuvieron que pasar por el programa si se tiene en cuenta que para el tiempo que se dieron los diálogos eran menores de edad.
Otro de los cuestionamientos son las demoras en el proceso de aplicar el programa. Con la salida de los primeros 13 menores, en septiembre de 2016, aún no estaba en funcionamiento, circunstancia que el Comité Veedor destacó en un comunicado público difundido en enero de este año: “el balance de veeduría nos permitió constatar que al terminar las fases de salida y acogida de las 13 niñas, niños, y adolescentes no existe programa especial de reincorporación para menores de edad”.
Para Coalico este tema ha estado al margen de la discusión y para sustentar su apreciación indica que el programa fue aprobado tres meses antes de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, rubricado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.
Farc no cumplen
Muchos de los menores que salieron no tenían conocimiento de su edad y nunca antes habían ido a una escuela. Foto: archivo Semana.La improvisación también ronda los procesos de salida de los menores que aún quedan en los distintos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Así se evidenció los pasados 15 y 16 de agosto durante un proceso de salida de por lo menos 26 menores excombatientes. Fuentes consultadas por este portal explican que se tuvieron que realizar cerca de 30 operativos en diferentes lugares de la geografía nacional en menos tiempo del requerido.
Por este motivo, bajo un protocolo express se permitió que varios menores se mantuvieran en los Espacios Territoriales, como reemplazo de los lugares de acogida. “Muchas veces esos operativos no necesariamente garantizaban la protección de los adolescentes”, afirman.
Según se acordó en La Habana, la dirigencia de las Farc debía entregar unas listas de los menores que estaban en sus filas para mayo del año pasado, pero hasta la fecha, según una fuente cercana al proceso, aún no han entregado, lo que deja en una situación de alta incertidumbre y abre la pregunta sobre si los 122 menores que salieron efectivamente eran los únicos. “Estamos a la espera de recibir una lista de las Farc donde también se nos diga todos los otros chicos que tenían minoría de edad en esa fecha”, indica el consultado.
Durante las visitas a distintos Espacios Territoriales este portal pudo corroborar que en algunos de ellos los menores de edad siguen compartiendo con sus excompañeros de filas a razón de no querer involucrarse en un proceso que tuvo desde su inicio críticas y señalamientos desde distintas entidades.
“No soy solo yo, somo varias familias que a la fecha podemos decir que evadimos de diversas maneras la salida de nuestros hijos menores. No queríamos que se fueran a estar lejos de nosotros sin saberse de ellos, los queríamos entregar si se conociera el programa, pero nunca fue así. De igual manera, con los niños que se reclutaron a algunos se les preguntó voluntariamente si querían irse, unos decidieron irse y ahora están en esas condiciones. Lo mejor era que se quedaran con sus familias, como el mío”, cuenta ‘Magali’, una excombatiente del que fuera el Frente 19 de las Farc.
La misma situación se presentó con los menores de edad pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes: unos decidieron regresar voluntariamente a sus resguardos y consejos comunitarios, sin acogerse al programa, y otros simplemente decidieron quedarse dentro de los Espacios territoriales.
En medio de este panorama que parece oscuro, desde Coalico invitan a asumir con optimismo esta situación, y aseguran que no piensan abandonar este programa: “Por lo menos en este proceso se ha hablado del tema, no como en otros que salieron por la puerta de atrás bajo el principio de confidencialidad como en Justicia y Paz”.
El próximo 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Niños, por lo que todas las organizaciones del Comité de Veeduría del proceso planean hacer un conversatorio y poner en la palestra este tema que, a su juicio, debe ser de discusión nacional.
