Con seis candidatos al Senado, cinco a la Cámara de Representantes, y una fórmula presidencial, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) pondrá a prueba su maquinaria política para el siguiente periodo electoral. Las víctimas han insistido en que antes del ejercicio político debía estar el perdón. ¿Qué tanto impactaran en la democracia?
Los candidatos de la Farc tendrán que hablar en plaza pública, hacer proselitismo político y buscar votos en medio de la resistencia que genera entre las víctimas la posibilidad de que sean elegidos en las urnas sin pasar por los estrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) para reconocer sus acciones criminales y responder por ellas.
El tema se agitó esta semana cuando los voceros de la Farc anunciaron que para las próximas elecciones tendrán como candidato presidencial a Rodrigo Londoño Echeverri, conocido anteriormente como ‘Timoleón Jiménez’, y, además, seis candidatos al Senado y cinco a la Cámara de Representantes, quienes participarán en los comicios electorales de 2018.
“Ahora en vez de ir a la plaza pública a pedirnos perdón, se van a dedicar a hacer lo mismo que los otros políticos, a tratar de convencer a la gente que vote por ellos”, afirma Magdalena Ramírez, una campesina de 67 años de los Montes de María, quien aún espera que los mandos del otrora grupo insurgente vayan a su pueblo, Chalán, “a pedir perdón por nuestros niños reclutados y por los que mataron cuando estallaron el burro-bomba (el 13 de marzo de 1996). Ese perdón ya no va a llegar de manera voluntaria”.
Lo que temen, incluso, varias asociaciones de víctimas es que los exguerrilleros terminen pidiendo perdón por orden de los jueces y no por voluntad propia, circunstancia que califican de irresponsable y falta de principios con las comunidades afectadas por la guerra.
Lideresas como Gloria Ramírez, presidenta de la asociación de víctimas del municipio de Granada, Antioquia (Asovida), la participación en política era algo que estaba previsto en los acuerdos firmados entre las Farc y el gobierno nacional, pero estima que debería ir acompañado de actos de perdón o de acciones en pro de la verdad, la justicia y la reparación. No obstante, asegura que es mejor tenerlos hablando que haciendo daño.
“Las víctimas en el país, son las que deciden por quién votar afortunadamente. Ellos no van a llegar allá por su propia pretensión, ni con la opinión de ellos, la llegada de ellos allá tiene que ver mucho con la sociedad, con la comunidad colombiana”, dice Ramírez.
Una opinión similar esgrime Martha Luz Amorocho, víctima del atentado al club El Nogal del 7 de febrero del 2003, quien establece que así las circunstancias se hayan dado de esta manera, no por eso el gobierno debe bajar la guardia; por el contrario, debe exigirles a los exguerrilleros la verdad y la reparación a las víctimas una vez se implemente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Las circunstancias hacen que sea el momento en el que ellos tienen que aparecer, y no dentro de cuatro años. Por eso, independientemente del momento, ellos tendrán que responder a la justicia. Si dicen mentiras ya está previsto qué pasa, entonces simplemente hay que seguir los pasos de manera rápida porque tampoco nos podemos parar a esperar años a que se resuelva esto”, relató Amorocho.
Sin embargo, no son todos los grupos de víctimas que creen que pese a la irrupción política de la colectividad más adelante vaya haber justicia y reparación. Para Jaime Restrepo, representante de víctimas de la guerrilla de las Farc, es inconcebible que cualquier grupo armado de izquierda o derecha pueda tener candidatos a cargos de representación pública luego de haber cometido crímenes de lesa humanidad. A su juicio, una cosa es lo respetar en contenido político de lo acordado y otra que ello viole lo jurídico.
“Desde lo jurídico, los acuerdos y la JEP violan y conculcan la Convención de Viena sobre derechos de los tratados de 1969 en su artículo 27 donde los Estados están obligados a cumplir con los tratados internacionales. En ese orden de ideas, los acuerdos violan el Estatuto de Roma en los preceptos de justicia y no impunidad”, señaló el abogado.
La insistencia por parte de un sector de víctimas de la guerrilla de las Farc de que primero es el proceso judicial transicional y luego el ejercicio de la política viene desde antes de la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto, rubricado en Bogotá el 24 de noviembre del año pasado. Ahora temen que una vez se concentren en la actividad electoral, se privilegien los derechos políticos de los excombatientes y se desechen los reclamos de quienes fueron afectados por sus acciones militares.
Se espera que la próxima semana los miembros de la cúpula del antiguo grupo guerrillero, que aspiran a los cargos de elección popular, suscriban sus actas de compromisos para comparecer ante los jueces de la JEP, la cual todavía está a la espera de que el Congreso de la República apruebe su ley estatutaria para entrar en funcionamiento.
A la posición de las víctimas se sumaron sectores políticos que se opusieron al Acuerdo Final con las Farc y continúan calificando la actividad política de los jefes del nuevo movimiento político como una violación a los derechos de éstas y una injusticia a quienes votaron por el No en el plebiscito.
“La llegada de la Farc al Congreso de la República hay que verla como una amenaza, un insulto a la Nación y un desconocimiento de las obligaciones del Estado colombiano con su pueblo”, le dijo a VerdadAbierta.com el precandidato presidencial Carlos Holmes Trujillo, del Centro Democrático. A su juicio, el aterrizaje de la Farc a la contienda democrática viola las obligaciones que adquirió el Estado cuando firmó el Estatuto de Roma al priorizar el paso por el sistema político que por el de justicia.
A pesar de los actos de reconocimiento temprano que ha hecho la organización que dejó las armas y se embarcó en la lucha política sin armas, diversos sectores sociales y políticos creen que la su participación electoral opaca el camino para esclarecer los hechos de estos 50 años de confrontación armada.
Lo paradójico es que en la última encuesta de favorabilidad realizada por la firma Gallup Pol, que midió las percepciones de los consultados durante octubre, arrojó que la Farc duplicaron en imagen positiva a los partidos tradicionales. Los datos señalan que el nuevo grupo político alcanzó 17 puntos, nueve puntos más que sus oponentes, que solo llegaron a 8.
No es la primera vez que ocurre en el país un caso como estos. Luego de la desmovilización de la guerrilla del M-19, Carlos Pizarro, su máximo comandante, aspiró a la Presidencia de la República por el partido político Alianza Democrática M-19, pero las pretensiones se vieron frustradas tras su asesinato el 26 de abril de 1990.
De igual manera ha ocurrido en otros acuerdos de paz en el mundo, como la presidencia obtenida por el líder sudafricano Nelson Mandela en 1994, luego de acordar la paz entre la guerrilla del Congreso Nacional Africano y el entonces Partido Nacional Sudafricano; así como la participación en las elecciones presidenciales de 1994 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FFMLN), dos años después de haber dejado las armas y firmado la paz con el entonces gobierno de El Salvador.
Los anteriores casos fueron posibles debido a que no estaba en vigencia el Estatuto de Roma, el cual fue adoptado el 17 de julio de 1998 en la capital italiana.
Otros caminos
“La contienda electoral que se viene es especial en varios aspectos, entre ellas que será la primera después del proceso de paz”, afirma en diálogo con este portal ‘Pablo Catatumbo’, miembro de la dirección nacional y jefe del departamento de organización de la Farc. “El surgimiento de nuestro partido, como opción alternativa propondrá soluciones reales al país, tendrá que ir acabando paulatinamente la eficacia de las campañas del miedo para pasar a una de debate de ideas”.
De acuerdo con ‘Catatumbo’ en los próximos comicios electorales se caerá la “cortina de humo” que por décadas fue la organización insurgente y el fin de la confrontación armada pondrá en el plano electoral temas de carácter nacional como la lucha contra la corrupción y el acceso a la salud, vivienda y educación: “Ya dejará de ser una prioridad la guerra y nosotros la excusa para todos los males”.
La postulación de los candidatos se da tras el aval otorgado por el Consejo Nacional Electoral (CNA) de y un proceso de discusión interna encabezado por el Consejo Político Nacional y la militancia del partido, que resolvió concentrar los esfuerzos electorales en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander, y apoyar el trabajo de los sectores políticos cercanos y el movimiento social en las demás regiones. Con ello se cumple el mandato de lo acordado en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto, en lo que concierne al punto dos sobre participación política, una de las columnas vertebrales de lo pactado.
Como quedó consignado dentro de la plataforma política del partido, la colectividad buscará contribuir a la construcción de un nuevo poder político y social basado en un orden de democracia real, avanzada y profunda, “promoveremos e impulsaremos formas de poder “desde abajo” ya existente y la producción de nuevas surgidas del movimiento real de los trabajadores y de las gentes del común”, se lee en uno de sus documentos.
A la luz de la vieja estructura militar del grupo armado, cada uno de los aspirantes a los cargos de representación, a excepción de la fórmula vicepresidencial Imelda Daza, responden a la comandancia de cada uno de los extintos bloques guerrilleros.
Para Jairo Quintero, uno de los coordinadores del Consejo Nacional de Reincorporación (CNC) y aspirante a la Cámara de Representantes por el departamento de Santander, el partido se concentrará en regresarle la esperanza a los colombianos que ya no cree en los partidos tradicionales.
“Nuestra dinámica va a ser muy cambiante, y va a ser una dinámica que nos va a permitir todos los días de acuerdo a las experiencias que hagamos en el proceso de interlocución que vamos a tener con todas las comunidades va a ser una dinámica muy renovadora, muy constructiva”, asegura el candidato.
Ahora bien, según explicaron a este portal, algunos integrantes del Consejo Político Nacional, las candidaturas al Congreso de la República se harán basadas en el reconocimiento de la cultura ancestral, los pueblos étnicos y el respeto en la relación de los pueblos originarios con la naturaleza y la tierra. De allí que hayan elaborado una plataforma política un acápite sobre el respeto a la cultura y biodiversidad.
Según la plataforma política del partido político las candidaturas serán trabajadas en conjunto con los sectores sociales más excluidos, las “capas medias” y todos los sectores que se quieran vincular a la construcción de un país en paz con justicia social. El reto es más que grande, para empezar, la colectividad debe recuperar la confianza que los asesinatos selectivos y combates les quitaron con la población civil y, en aquellas regiones donde sentaron influencia social generar un capital político que les permita consolidar el proyecto de país que han trazado.
“La gente del común y todos los que sueñan patria nueva, tendrán su propia representación y contarán con una alternativa política para disputar la Presidencia. Damos el paso a la lucha política legal en un contexto en el que las grandes mayorías esperan pasar definitivamente la página de la guerra con la implementación de los acuerdos en La Habana y la concreción de un acuerdo de paz con el Eln”, concluyó ‘Iván Márquez’, consejero político de la organización, durante la rueda de prensa del pasado primero de noviembre.
Sin alianzas ni coaliciones
Como ya lo había contado este portal, tras el lanzamiento del partido político un nuevo espectro para la izquierda colombiana podría emerger del resultado de alianzas políticas y programáticas de cada uno de los sectores y organizaciones políticas. No obstante, por el momento ningún partido político ha manifestado querer hacer alianzas con la Farc, por el contrario, en su mayoría han anunciado que no habrá cualquier tipo de contacto con la colectividad.
Gustavo Triana, secretario general del Polo Democrático, calificó de positivo el ingreso de la nueva colectividad a la democracia, a su juicio, para poder sostener al ex grupo armado dentro de la legalidad se deben cumplir los acuerdos a cabalidad y garantizar un mínimo de respeto para quienes representen en el Congreso al exgrupo armado.
“Qué candidatos propongan o qué pasos den ellos para conformar sus listas, eso es de la autonomía de ellos, y nosotros tenemos como Polo Democrático Alternativo nuestro propio proyecto, y nuestro propio proyecto hoy en día está coincidiendo con la coalición por Colombia que estamos intentando con la Alianza Verde, y Compromiso Ciudadano”, concluyó el secretario general.
Por ahora, el único candidato presidencial que no se ha rechazado una posible coalición con el nuevo partido es el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, las demás colectividades cerraron la puerta a eventuales alianzas políticas o estrategias programáticas.
Para Andrés Camacho, vocero distrital de la Marcha Patriótica, el nuevo partido se va a enfrentar a una campaña de odio y desprestigio: “se deberán enfrentar al escarnio público y a la política sucia con la que ahora se ataca al contrincante político, de seguro saldrán a relucir hechos de la guerra de cada uno de los aspirantes a las curules”.
Aun así, para este ingeniero, es positivo el impacto para la democracia que causó la irrupción del nuevo partido, a su juicio la colectividad abrirá el espectro democrático a sectores que históricamente han estados excluidos desde el bipartidismo.