Tras la inutilización de las casi nueve mil armas que la antigua guerrilla de las Farc tenía en su poder, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad insiste en la necesidad de restringir el porte a manos de civiles y controlar el mercado ilegal. La organización asegura que la falta de supervisión no sólo facilita la comisión de feminicidios, sino también la violencia basada en género.
En el Foro Nacional Mujeres por el Desarme participaron (de izq. a der.) Dora Díaz, profesora de la Universidad Nacional; Juanita Millán, teniente de Navío; Diana Salcedo, subdirectora de Limpal; Katherine Ronderos; directora de Limpal en Colombia; Sandra Ramírez, integrante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común; y María Eugenia Vásquez, excombatiente del M-19. Foto: Cortesía.
De las 997 mujeres que fueron asesinadas en Colombia en 2016, el 53 por ciento murió por proyectil de arma de fuego, de acuerdo con el último informe anual del Instituto Nacional de Medicina Legal. El uso predominante de ese tipo de armas en los homicidios contra mujeres, que en un 29 por ciento corresponden a casos de “violencia intrafamiliar” y que podrían tipificarse como feminicidios, tiene en alerta a la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal), una organización internacional que hace presencia en el país desde 1998.
En su más reciente informe de seguimiento al cumplimiento de la resolución 1325 de Naciones Unidas, que aboga por la garantía de los derechos de las mujeres durante la guerra y su participación en los escenarios de posconflicto, Limpal concluyó que, pese a la salida de circulación de las 8.994 armas que entregó la guerrilla de las Farc en cumplimiento del acuerdo de paz firmado con el gobierno nacional, existe un amplio mercado ilegal que continúa facilitado “la violencia basada en el género, la violencia sexual, y la violencia en el marco de las familias y las parejas y exparejas”. (Lea más: Sin presencia de Farc, ONU da por terminado proceso de dejación de armas).
Por esa razón, la Liga lanzó recientemente la campaña “Más vida, menos armas”, que busca llamar la atención sobre la necesidad de continuar avanzando en el desarme, no solo en el contexto del conflicto armado, sino también en el de las economías criminales y el porte legal a manos de civiles.
La iniciativa también pretende presionar al Congreso de la República para que tramite los proyectos de ley necesarios que ratifiquen la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, de la OEA (1997), y el Tratado sobre el Comercio de Armas, de la ONU (2013). Ambas iniciativas fueron aprobadas por el legislativo en 1999 y 2016, respectivamente, pero fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional por vicios de trámite.
La campaña parte de la premisa, de acuerdo con el informe de la Liga, de que “las armas son un asunto que trasciende las dinámicas de los grupos armados ilegales y de la insurgencia, (por lo que) como instrumento de conducción de la militarización de la vida y los entornos sociales, económicos y políticos, merecen un análisis mucho más amplio del que se dio en el marco del Acuerdo Final” que firmaron el gobierno y las Farc en noviembre de 2016.
VerdadAbierta.com habló con Diana Salcedo, subdirectora de Limpal en Colombia, sobre el nuevo escenario de transición que vive el país y el alcance de esta iniciativa.
VerdadAbierta.com (VA): Durante el conflicto armado con la guerrilla de las Farc el movimiento de mujeres se dedicó, entre otras cosas, a denunciar graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. ¿Cuáles son ahora las nuevas violencias que es necesario visibilizar?
Diana Salcedo (DS): Consideramos que el conflicto armado ha sido un gran telón. Ahora que se ha levantado, es posible reconocer las violencias cotidianas y estructurales, así como profundizar en el hecho de que el Estado ha perpetuado las desigualdades a través de la falta de políticas efectivas. Ni siquiera ha reglamentado la Ley de la Mujer Rural (expedida en enero de 2002), pese a que las mujeres son la mitad del campesinado. Ahora, después de la guerra, se han incrementado las violencias en los ámbitos de participación política de las mujeres, en los que existen amenazas y asesinatos contra aquellas que tienen niveles de representación y vocería. En ese panorama, se viene un proceso de incidencia para lograr la erradicación de todas las formas de violencia, la participación política efectiva y las garantías de no repetición.
VA: La organización que usted dirige tiene asiento en Caquetá y Meta, dos departamentos priorizados para la implementación de los acuerdos. ¿De qué manera se expresan allí esas violencias que menciona?
DS: Hay que reconocer que en los espacios específicos donde se dio la dejación de armas de las Farc ha habido transformaciones importantes. En algunos municipios del Meta las mujeres han manifestado que ese proceso transformó su cotidianidad en cosas tan básicas como poder ir al río o dormir con pijama, sin necesidad de acostarse con ropa ante la incertidumbre de no saber cuándo va a ocurrir una confrontación entre la guerrilla y el Ejército, por ejemplo. Sin embargo, hay organizaciones de delincuencia común, cuyos integrantes están ejerciendo control simbólico y amenazas directas contra las mujeres que se están empoderando.
En Caquetá el asunto es más complejo. Por un lado, los actores políticos principales tienen tendencias ideológicas contrarias al proceso de paz, desde la Gobernación y la Alcaldía de Florencia hasta la Alcaldía de San Vicente del Caguán. En ese escenario, el movimiento social de mujeres está limitado, porque desde la institucionalidad no hay un discurso a favor de la paz. De otro lado, los problemas con la disidencia de las Farc se han incrementado, por lo que las mujeres están en alerta. Allí es muy difícil hablar de dejación de armas, dado que el territorio está militarizado.
Salcedo asegura que la ratificación del Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU permitiría avanzar en la desmilitarización de la sociedad. Foto: Cortesía.VA: El tercer departamento en el que ustedes están es Bolívar. ¿Cuáles son los principales riesgos de seguridad que enfrentan las mujeres de esa zona?
DS: En el territorio persiste la delincuencia común, el tráfico de armas y de drogas ilícitas, y la extorsión. En Cartagena, por ejemplo, es posible alquilar un arma por entre 50 y 200 mil pesos. Esas dinámicas de la delincuencia o de los residuos de los paramilitares afectan a las mujeres de múltiples formas, incluidas las asociadas a la prostitución, la violencia sexual y los feminicidios.
VA: Ustedes buscan llamar la atención sobre el mercado legal e ilegal de armas cortas. ¿Cuál es la relación específica entre la circulación de esas armas y la violencia contra las mujeres?
DS: Los recientes análisis de Medicina Legal han demostrado que hay un incremento del uso de armas pequeñas y cortas en la comisión de feminicidios. Esas armas, sin embargo, no solo se utilizan para ultimar la vida, sino como un instrumento de amenaza e intimidación para limitar el goce efectivo de los derechos de las mujeres y devolverlas o mantenerlas atadas a los roles tradicionales.
Sabemos que esas afectaciones son incuantificables, pero lo cierto es que en este contexto continúan circulando en los territorios las armas que hacen parte del mercado ilegal y que están al servicio de la delincuencia común. También nos preocupan las armas que portan las personas que trabajan en seguridad privada, que en principio deberían estar limitadas a los lugares de trabajo, pero que en ocasiones salen de allí y se convierten en un riesgo para las mujeres en ámbitos familiares.
VA: ¿Qué propone la Liga para controlar el tráfico?
DS: El país necesita empezar un proceso de regulación y control que implica sancionar y judicializar más fuertemente a quienes portan armas de manera ilegal. Sin embargo, hay un problema inevitable de corrupción, porque muchas de las armas que están en la ilegalidad provienen de personas vinculadas a las fuerzas legales del Estado.
En cuanto al mercado legal, las propuestas están enfocadas en robustecer los permisos para el porte. Específicamente, en restringirlos para aquellas personas que han estado involucradas en victimizaciones contra mujeres en diferentes niveles, aunque sabemos que muchos de esos casos no están investigados y judicializados, por lo que no figuran en los antecedentes penales. Si el Tratado sobre el Comercio de Armas, que no ha sido ratificado por Colombia, tuviera más herramientas para sancionar a los Estados, se podrían reducir significativamente las victimizaciones, porque contiene previsiones específicas para la contención de la violencia contra las mujeres.
VA: Los escenarios criminales que menciona han hecho que personas de distintos sectores sociales y políticos porten armas con salvoconducto para defenderse de amenazas inminentes. ¿Cómo conciliar esa necesidad con los riesgos que usted plantea?
DS: Para nosotras, el desarme implica deconstruir los patrones de militarización interiorizados en la sociedad y la construcción de relaciones de poder horizontales, en las que los conflictos se tramiten de manera no violenta. Es cierto que el tema de la delincuencia común es muy preocupante, pero el Estado es el que tiene que proveer la seguridad. Ahora, en este contexto de paz el gobierno insiste en mantener los presupuestos para el sector Defensa, por lo que no es solo la sociedad, sino también el Estado, el que defiende la idea de que necesitamos seguir haciendo la guerra. Al final, lo cierto es que la mayoría de las personas que portan armas en este país son hombres y que las mujeres están siendo asesinadas con esas armas, por lo que esa relación debería analizarse de manera más profunda.
VA: Ustedes han decidido vincular a esta campaña a excombatientes e integrantes de las Fuerzas Militares. ¿Qué papel juegan las mujeres que empuñaron y empuñan las armas en el debate a favor del desarme?
DS: Las mujeres podemos tener diferentes roles, y uno de ellos es el de una vida asociada a la insurgencia, a las estructuras paramilitares o a las Fuerzas Militares. Lo que hemos visto es que, aun así, hay una relación distinta de las mujeres con las armas, en el sentido de que ellas las usan mayormente como instrumento de intimidación o de defensa, pero pocas veces de ataque. Buscamos que ellas, como ciudadanas en ejercicio, hagan sus propios análisis sobre esa relación de cara a las viejas y nuevas apuestas por la paz.
