La huelga de pilotos de Avianca no es la única acción colectiva que tiene en aprietos a su socio mayoritario. El empresario compró una antigua hacienda en Cesar marcada por la violencia. Hace más de un año, labriegos desplazados de ella ganaron una batalla en la Corte Constitucional y exigen al Estado cumplir con la recuperación de baldíos para que les sean tituladas.
Por lo menos 120 campesinos decidieron ingresar el pasado lunes a la Hacienda La Gloria, antes Hacienda Bellacruz, para exigir públicamente que el Estado cumpla con las órdenes que la Corte Constitucional profirió desde 12 de mayo de 2016 en la Sentencia SU235. Con este fallo, los campesinos Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol) lograron una ‘batalla jurídica’ de tres décadas cuando el máximo tribunal de lo constitucional reconoció que dentro de la antigua hacienda hay baldíos, tierras de la Nación, que el Estado debe recuperar.
La Bellacruz fue una extensa finca de propiedad de la familia Marulanda, de donde los paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado de las Auc desplazaron en 1996 a campesinos beneficiarios de la reforma agraria. En 2009, le vendieron la hacienda a la empresa Dolce Vista, que desarrolla allí un cultivo de palma africana, y cuyo principal accionista es Germán Efromovich, socio mayoritario de la aerolínea Avianca y quien desde hace más de un mes se enfrenta al paro de un sector sindicalizado de pilotos. (Lea: Tierra prometida en La Bellacruz)
Desde el 10 de octubre pasado los campesinos le enviaron cartas y pruebas a la Presidencia de la República, a la Procuraduría Agraria para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras, a la Agencia Nacional de Tierras y a los ministerios del Interior y de Agricultura, recordando el cumplimiento de esa sentencia. En las misivas expresan que de no haber una solución, ingresarían de forma pacífica al predio para exigir celeridad. Las 120 familias de Asocol aclararon que, pese a que no comparten este tipo de acciones, la falta de respuesta del Estado los motivó entrar a las tierras. (Lea carta a la Presidencia y carta a los ministerios)
“No entendemos cómo es que la Corte Constitucional le da unas órdenes al Estado, pero el Estado dice que obedece a Efromovich”, afirma con indignación Fredy Antonio Rodríguez, presidente de la Asocol y quien interpuso la tutela que ganó en la Corte.
Un piquete del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía llegó este martes a la hacienda y les ordenó a los campesinos abandonar el sitio. “La policía no llevaba ningún documento u orden de desalojo, que es lo indicado. El coronel a cargo nos dijo que era una orden de Bogotá, que venía de Efromovich”, cuenta Rodríguez.
Como puede verse en el video grabado por los campesinos, un agente de la Policía les explica que ellos están perturbando una posesión privada según lo estipula el artículo 81 del Código Nacional de Policía y Convivencia. El uniformado indica que entienden su proceso de reclamación, ganada en la Corte, pero que sólo podrán ingresar al predio cuando el Estado realice una entrega formal.
Rodríguez, quien cuenta con medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, explica que los 120 campesinos estuvieron en el predio casi dos días y lo abandonaron pacíficamente.
“Cuando entramos, la primera persona que llegó fue el jefe de seguridad de la empresa. Le explicamos que sólo entrábamos a exigir el cumplimiento de la sentencia, pero le preguntamos por qué había personas uniformadas y nos dijo que se trataba del grupo de vigilancia. Al siguiente día vino el ingeniero social de la empresa y dialogamos. Les expresamos que entendíamos que ellos debían cumplir órdenes de sus superiores, pero que también entendieran nuestra reclamación”, narra el líder de Asocol.
Para los campesinos es incomprensible que instituciones del Estado como la Policía Nacional aleguen que deben salir del predio, “no con el argumento de que están defendiendo unas tierras de la Nación, sino porque es una orden de Germán Efromovich”, reitera Rodríguez.
Este líder destaca la orden cuarta de la sentencia que indica que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) debe continuar con el proceso de recuperación de los baldíos identificados como indebidamente ocupados en la hacienda, para luego aplicar los criterios de selección y adjudicación a beneficiarios de la Ley 160 de 1994, que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, lo que los beneficiaría a ellos como antiguos pobladores del predio.
“El gobierno cuenta con todas las herramientas para cumplir el fallo de la Corte Constitucional, otra cosa son los funcionarios que ahora se encuentran a órdenes de Germán Efromovich; no le cumplen a la Corte porque el empresario les dio otra orden sobre el predio”, afirma Asocol en una carta enviada el 9 de octubre a la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras, dependencia del Ministerio Público que debe vigilar el cumpliendo de la sentencia. (Lea carta a la Procuraduría)
A su vez el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bucaramanga respondió una acción de tutela que los campesinos interpusieron contra la ANT ante el incumplimiento de la orden del fallo. El despacho respondió a su favor, solicitando una apertura de incidente de desacato “señalando que a la fecha no se ha dado cumplimiento al fallo, aunado a que en repetidas ocasiones la Agencia Nacional de Tierras ha solicitado de igual forma que se convoque a una audiencia de seguimiento dada una serie de inconvenientes que se han presentado”. (Lea orden del Juzgado 10)
Teniendo en cuenta lo anterior, el Juzgado les dio un plazo máximo de 10 días a la ANT, la Unidad de Restitución de Tierras, la Oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para que expresen “si consideran conveniente, útil y necesario adelantar una audiencia de seguimiento, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de cada una de ellas”. Con base en ello, el Juzgado se pronunciará sobre la pertinencia o no de adelantar tal audiencia.
Dilaciones y declaraciones
Por orden de la Policía, el martes 25 de octubre a las tres de la tarde, los campesinos de Asocol tuvieron que salir del predio. Foto suministrada Asocol.El 12 de mayo pasado, cuando se cumplió un año de proferida la sentencia de la Corte, los campesinos de Asocol hicieron un llamado sobre el incumplimiento de las instituciones públicas en lo ordenado en el fallo, pero a pesar de múltiples reuniones, no obtuvieron respuesta.
Hasta el momento se han dado pasos muy tímidos en la atención de lo decidido por el Alto Tribunal. Por ejemplo, sólo después de 365 días del fallo, la Superintendencia de Notariado y Registro consignó la anotación de los baldíos en los folios de matrícula de la Hacienda La Gloria, el documento público equivalente a la ‘hoja de vida’ del predio.
A su vez la Agencia Nacional de Tierras reconoció que este es uno de los procesos agrarios “más complejos del país”. Pese a que a que ya tenían el visto bueno de la Oficina Jurídica para comenzar el proceso de recuperación, al parecer continúan bajo estudio los mecanismos de administración de la palma de aceite sembrada; entre tanto, la Unidad de Restitución de Tierras, territorial Magdalena Medio, reactivó el proceso de Bellacruz cuando tenía conocimiento de éste desde 2012, informando que había más reclamantes sobre la antigua hacienda. (Lea: Bellacruz: un año sin que el Estado recupere los baldíos)
El pasado 15 de junio, el director de la Unidad de Restitución de Tierras del Magdalena Medio, Fabio Camargo, realizó una rueda de prensa en Bucaramanga en la que advirtió que la entidad había encontrado “falsos reclamantes de restitución en Bellacruz” y que había puesto en conocimiento a la Fiscalía de 40 casos, que incluían al líder de una asociación. Aunque en la rueda de prensa no mencionó directamente a Fredy Rodríguez, sí dijo que se trataba de quien ganó una tutela en la Corte Constitucional. (Lea: Otro capítulo del caso Bellacruz, ¿qué hay detrás?)
Rodríguez explicó que una vez su rostro apareció en las noticias locales y nacionales, y varios periodistas anunciaron que la Fiscalía estaría próxima a su captura, él se presentó voluntariamente en las oficinas del organismo investigador. “Pero la Fiscalía me dijo que no había ningún proceso contra mí, que no existía tal orden de captura”, cuenta el presidente de Asocol y afirma que está próximo a interponer una demanda contra los funcionarios que afectaron su buen nombre, pero, sobre todo, que pusieron en riesgo su vida.
El 18 de octubre pasado el Personero Municipal de La Gloria envió una carta a Martha Eliana González Flórez, de la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación de la ANT, proponiéndole impulsar una reunión para esclarecer el proceso de recuperación de baldíos que debe realizar esta institución.
VerdadAbierta.com se comunicó con la Oficina de Prensa para preguntar sobre el estado el proceso agrario, y aún está a la espera de una respuesta. Este medio también buscó una declaración de la Hacienda Gloria, sin lograr comunicación con sus representantes. (Lea: “La tierra no violó los derechos humanos”).
Asocol explica que la Gobernación de Cesar convocó a una reunión con el fin de abordar el tema, “pero es necesaria la asistencia de la Agencia Nacional de Tierras”, insiste Rodríguez. Mientras los campesinos esperan respuestas contundentes al cumplimiento de fallo de la Corte, la organización campesina asegura que, de no haber celeridad, sus voceros viajarán hasta Bogotá para buscar apoyo del Alto Tribunal.
En un país donde se pretende implementar un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc que contempla una reforma agraria integral, los campesinos no entienden por qué las instituciones no son diligentes ahora, cuando antes los procesos agrarios eran demorados o imposibles por el recrudecimiento del conflicto armado. “Para nosotros es una burla que el Estado no recupere las tierras de la Nación que pueden ser tituladas a campesinos”, concluye el presidente de Asocol.
