Este exoficial del Ejército Nacional abandonó su sitio de reclusión, donde pasó cerca de siete años, y se benefició de la libertad condicionada que le concede el nuevo mecanismo de justicia transicional. Su futura comparecencia ante los magistrados del tribunal de paz podría aclarar lo sucedido en la década de noventa en el Urabá antioqueño y explicar su posible relación con varios homicidios cometidos en Bogotá.
Rito Alejo del Río, general en retiro del Ejército Nacional, asumirá responsabilidades ante la JEP. Foto: archivo Semana.A la media noche de este jueves, la puerta principal de la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, en el norte de Bogotá, se abrió para darle salida a uno de los más reconocidos y cuestionados generales de la República: Rito Alejo Del Río Rojas. Allí purgaba una pena de 25 años y 8 meses tras ser hallado responsable del asesinato del campesino Marino López Mena, perpetrado el 27 de febrero de 1997 en el sitio Bijao, de Riosucio, Chocó. (Leer más: Rito Alejo Del Río: de “pacificador” a condenado)
La salida de Del Río de su sitio de reclusión, donde estuvo detenido desde 2009, es el resultado de una decisión que tomó a muchos de sus excompañeros de armas por sorpresa: por voluntad propia, y luego de escuchar un sinnúmero de explicaciones dadas por expertos juristas, decidió acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de la justicia transicional a través del cual se juzgarán a quienes participaron en hechos de guerra durante los últimos 53 años y que fue pactado por el gobierno nacional con la guerrilla de las Farc en el acuerdo que puso fin a la confrontación armada con este grupo alzado en armas.
“Es una libertad condicionada, la idea es que, posteriormente, los procesos deben pasar a los magistrados recientemente nombrados que integran la Justicia Especial para la Paz, en donde se adoptarán las determinaciones a que haya lugar en esa nueva corporación”, explicó a medios de prensa el magistrado Álvaro Valdivieso, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien autorizó su libertad.
Desde el pasado 23 de agosto se conoció que Del Río se había acogido a la JEP, lo que le abre el camino para que acuda ante los magistrados de esta instancia de justicia transicional creada con el fin de esclarecer “conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos”, según el acuerdo. (Leer más: El abecé de la Jurisdicción Especial para la Paz)
Beneficiado con la libertad condicionada, ahora deberá esperar en su casa que todo el andamiaje de la JEP sea definido para comparecer ante sus tribunales y explicar su papel no sólo como comandante de la Brigada 17 del Ejército, con sede en Carepa, Urabá antioqueño, donde estuvo entre 1995 y 1997, sino como comandante de la Brigada 13 de Bogotá.
¿Aclarará todo?
Los señalamientos sobre sus relaciones con grupos armados ilegales de derecha han venido de todo lado. El fiscal que lo acusó del homicidio del labriego chocoano sostuvo que “la muerte de Marino López Mena fue de conocimiento del exgeneral Rito Alejo Del Río, quién permitió y coordinó con los paramilitares acciones conjuntas”; además, aseguró que el exoficial “encabezó la estructura piramidal de este grupo mixto que se conformó con miembros de la Fuerza Pública y de las autodefensas. Hizo parte de la cúpula principal por lo tanto los mandos medios y el personal de base seguían sus órdenes”. (Leer más: “Paramilitarismo en Urabá no habría sido posible sin Fuerza Pública”: Fiscalía)
A esa versión se sumó la del procurador delegado para el caso, quien consideró que el exoficial hizo alianzas con el paramilitarismo en la zona del Urabá y sus subalternos unieron sus fuerzas a las de las estructuras ilegales de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), liderada en aquellos años por Vicente y Carlos Castaño. A juicio del representante del Ministerio Público, “López Mena fue una de las tantas víctimas de las luchas concertadas entre militares y paramilitares”.
Pero lo dicho durante su juicio, que terminó en una condena proferida por el Juez Octavo Especializado de Bogotá el 24 de agosto de 2012, era la prolongación de diversas versiones conocidas desde mediados de la década del noventa, entre ellas la del entonces coronel Carlos Alfonso Velásquez, quien en un informe fechado el 31 de mayo de 1996 y enviado al comandante del Ejército, general Harold Bedoya, aseveró entre otras cosas, que “no existe en el señor Brigadier General Comandante de la Brigada 17 el convencimiento de que la Delincuencia Organizada (llamados por la gente de la región Paramilitares), es también un peligroso factor de desorden público y violencia en Urabá”. (Leer más: “Del Río mantenía informado a Uribe”: coronel (r) Velásquez)
Del Río fue enviado a la convulsionada región del Urabá antioqueño en 1995 por Bedoya con el fin de contener la expansión de la guerrilla de las Farc, convertida para la época, en el grupo alzado en armas hegemónico en la jurisdicción de la Brigada 17, con injerencia en el Urabá antioqueño y chocoano. Para lograrlo se concertó con los jefes de las Accu para lograr su cometido.
En los tribunales de Justicia y Paz, a los que tuvieron que comparecer los paramilitares desmovilizados bajo los acuerdos con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), se recibieron varias versiones en las que se detallan las relaciones del exoficial con esa estructura armada ilegal.
Fredy Rendón Herrera refirió que entre 1995 y 1997 los paramilitares coordinaron con altos mandos de la Brigada XVII acciones ofensivas contra la guerrilla de las Farc: “Rodrigo Doblecero, Elmer Cárdenas, Carlos Correa y yo nos reunimos con el general Rito Alejo Del Río para coordinar la operación Cacarica realizada en febrero de 1997”.
De hecho, en mayo de 2011, durante una audiencia, este exjefe paramilitar, que tuvo fuerte influencia en las regiones de jurisdicción de la Brigada 17, le envió un mensaje a Del Río: “Me parece, General, que ya es tiempo de que usted diga la verdad. En un acto de franqueza y de amistad con usted General, le mando decir que ya no hay cómo seguir callando una verdad que es conocida a pedazos”. (Leer más: General del Río, llególa hora de decir la verdad: ‘el Alemán’)
A la par de Rendón Herrera, también le atribuyeron responsabilidades en el relacionamiento con las Accu y acciones conjuntas Salvatore Mancuso, Hebert Veloza y Elkin Casarrubia, quienes han coincidió en señalar que Del Río era uno de sus principales aliados.
Varios años antes de que estos exparamilitares señalaran a Del Río, Uribe Vélez promovió un homenaje en reivindicación del oficial tras ser llamado a calificar servicios, en abril de 1999, por el entonces presidente de la República, Andrés Pastrana. Al evento, realizado en el Hotel Tequendama el 29 de abril de ese año, asistieron cerca de 1.500 personas. Allí el hoy senador de la República vaticinó el escenario para el general en retiro: “en el marco de circunstancias en que han sido removidos se corre el riesgo de crearle al Ejército y a la Fuerza Pública un nuevo síndrome que jamás los debería afectar: el temor a la interpretación o calificación que el Comandante Civil dé a la mala información o a las falsas imputaciones, que en esta ocasión provienen de la insurgencia y en el futuro podrían originarse en las autodefensas”.
A la JEP
Hasta el momento, 1.777 exmiembros de la Fuerza Pública han firmado actas de compromiso para comparecer ante la JEP. Del Río es uno de los de más alta jerarquía.No fue fácil para Del Río tomar ladecisión de acogerse a la JEP. Varias personas conocedoras del tema pasaron por la Escuela de Caballería para explicarle los entramados del nuevo escenario de justicia transicional. Uno de ellos fue Enrique Santiago, asesor jurídico de la guerrilla de las Farc en las negociaciones con el gobierno nacional.
“Él me llamó, muy amablemente me pidió si era posible que fuera a verlo para explicarle en qué términos funcionaba lo de la Justicia Especial para la Paz, cuáles eran sus objetivos”, le dijo Santiago a este portal.
Según el abogado, en ese momento, “hace varios meses ya”, había una notable preocupación entre los militares por la imagen que le habían dado a la JEP determinados sectores, entre ellos un conjunto de militares retirados: “Decían que era una justicia vengativa, para vengarse de los militares, que a los militares les iba a ir muy mal, entonces de alguna forma los que estaban presos, estaban inquietos. En general había una sensación de que se sentían muy abandonados, como que al final en La Habana se estaba negociando algo que no les favorecía”.
Además, agregó que “lo que le he explicado son los términos del acuerdo de La Habana, que se relajaran y vieran que en el acuerdo de jurisdicción hay un tratamiento muy equilibrado y simétrico para todos los actores que han intervenido en el conflicto, es decir, lo que es perjudicial para unos, es perjudicial para otros, y lo que beneficioso para unos, es beneficioso para otros”.
Este asesor jurídico de las Farc insistió en que su visita consistió en “despejarle las dudas, los miedos, las reticencias y desde luego afirmarle que no es ninguna justicia vengativa, sino que es una justicia para la paz y la reconciliación. Obviamente basada en un ofrecimiento de verdad y ofrecimiento de responsabilidades”.
Quien también habló con Del Río sobre la importancia de comparecer a la JEP fue el exministro y promotor de procesos de paz Álvaro Leyva Durán. Consultado por VerdadAbierta.com aseveró: “Todo el mundo que está dentro del conflicto tiene derecho, yo lo que hago es explicarle a la gente, pero me imagino que es una recomendación de sus abogados. Yo he hablado con él y con mucha gente, claro que sí”. Sobre la decisión del exoficial, fue categórico: “Él tiene derecho y me parece muy bien que lo haya hecho”.
Para defensores de derechos humamos como Abilio Peña, quien conoce a profundidad las consecuencias de la guerra en el Urabá chocoano, la comparecencia del excomandante de la Brigada 17 es importante, pero le preocupan “las garantías que debe tener para que diga realmente toda la verdad. Si dijera la verdad, perfecto, pero que se garantice que diga la verdad. El problema es que no vemos los dientes para que la diga, no sentimos que haya suficientes garantías de la JEP para que a verdad sea dicha de manera completa”.
En el tema de la verdad coincide Gerardo Vega, exguerrillero del Epl y director de la organización no gubernamental Forjando Futuro: “Falta mucha verdad. Allá, Rito Alejo fue protagonista de todo ese experimento paramilitar que hubo desde 1995, era el comandante de la brigada XVII, tiene una condena. Pero falta la verdad de quienes financiaron, de quienes estaban comprometidos, de quienes eran las cabezas del proyecto paramilitar en Urabá. Y creo que hay que insistir en eso para que esos hechos no se vuelvan a repetir”.
Al respecto, la Comisión Interclesial de Justicia y Paz, que asiste a las comunidades de Chocó, celebró la comparecencia del general (r) a la JEP y espera que aporte para esclarecer varios interrogantes que dejaron operaciones militares como Génesis y Septiembre Negro: “Esta será una oportunidad para acceder con la verdad no dicha ni reconocida, en procesos judiciales ordinarios que nos han distanciado entre colombianos, que han imposibilitado reconocer y reconocernos. Doctrinas, mentalidades y un derecho perverso ha ido alimentado, oídos, resentimientos, y falsas acusaciones y persecuciones contra los que hemos padecido como civiles lo sucedido”. (Lea su comunicado)
¿Gestor de Paz?
“Eso no está confirmado”, le dijo Leyva a este portal. Sin embargo, es fuerte el rumor difundido por medios de comunicación que Del Río será nombrado por el gobierno nacional como gestor de paz, una figura cuestionada en el pasado y a la cual recurrió el gobierno del presidente Uribe Vélez para otorgársela a exguerrilleros de las Farc como Rodrigo Granda, Olivio Saldaña, Elda Neyis Mosquera García y Yesid Arteta, así como Francisco Galán, del Eln.
El objetivo, según las normas que avalan estos nombramientos, autoriza al gobierno nacional darle un tratamiento especial a “los miembros de grupos armados que expresen su voluntad de paz y se comprometan a contribuir a la aplicación efectiva del Derecho Internacional Humanitario”. (Leer más en: ¿Qué hay detrás de los “gestores de paz”?)
La idea que se ha divulgado públicamente es que el gobierno nacional nombraría a Del Río como gestor de paz para que, en libertad, trabaje en la promoción de la JEP entre sus antiguos compañeros de armas y lograr su comparecencia a este tribunal de justicia transicional.
Al rumor reaccionaron representantes de víctimas de Urabá, entre ellos Carlos Paéz, de la asociación Tierra y Vida: “Yo creo que para la región es un golpe muy bajo. Desde su jerarquía como General del Ejército, como Comandante de la Brigada 17, ocasionó muchos daños a las víctimas, a los campesinos, a la gente civil, cuando tuvo que protegerla no la protegió sino que por el contrario las asesinó, cometió falsos positivos. En la región de Urabá, las víctimas nos sentimos traicionadas con Rito Alejo Del Río como gestor de paz”.
Por su parte Birleyda Ballesteros, integrante de la Mesa Departamental de Víctimas, capítulo Urabá, se mostró sorprendida: “No lo podemos creer. Ese señor fue uno de los peores males que tuvo la región de Urabá. Quedamos impactados porque, entonces, para hacer algo bueno en este país la gente tiene que ser mala. Un gestor de paz tiene que ser una persona íntegra. Pero este señor no le ha respondido a la gente de Urabá por las cosas malas que ha hecho”.
Abilio Peña recordó que la comunidad del Cacarica, región donde fue asesinado Marino López Mena, y donde confluyeron operaciones mancomunadas entre tropas del Ejército y células de las Accu, le propuso a Del Río realizar trabajos con la comunidad “para que entendiera cuál fue el daño que le causó a las comunidades. La oferta sigue en pie”.
Vega, conceptuó que ver al exoficial como gestor de paz es “como el diablo haciendo hostias”. A su juicio, “Urabá merece la verdad y no simplemente caminar todos hacia un proceso como si nada hubiera pasado. La reconciliación requiere de la verdad previa para que pueda darse un camino de paz”.
Fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, cercanas al Ministerio de Justicia, de donde se ha dicho saldría el decreto de nombramiento, indicaron que si bien la idea se concibió hace varios meses, finalmente fue descartada porque sólo es aplicable a personas que pertenecen o pertenecieron a grupos armados ilegales. Sin embargo, el rumor es grande y, de concretarse, Del Río caminaría hacia la JEP como gestor de paz, pese a todas las críticas.
