Presentamos los perfiles de 26 aspirantes a integrar el tribunal que deberá juzgar a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado colombiano. Los elegimos teniendo en cuenta su experticia académica, su trayectoria profesional y su conocimiento de los enfoques diferencial y de género.
Más de 600 personas aspiran ejercer cargos en la Jurisdicción Especial de Paz. Fotos: archivo Semana.
El próximo 26 de septiembre el Comité de Escogencia del Sistema Integralde Verdad, Justicia y Reparación anunciará los nombres de los 20 magistrados que integrarán el Tribunal para la Paz y tendrán a su cargo el juzgamiento de los exintegrantes de las Farc, los agentes estatales y los civiles que participaron activamente en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
En un país golpeado por escándalos de corrupción en la Rama Judicial (el último de ellos involucra a dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia), la transparencia del proceso de elección y la calidad de los magistrados son indispensables para garantizar la legitimidad del organismo de justicia transicional que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, pactado con la guerrilla de las Farc en el Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.
A cargo de la enorme tarea, que incluye la revisión de 652 hojas de vida, están José Francisco Acuña, magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema; Diego García Sayán, relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados; Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional; Álvaro Gil, director del Centro de Estudios de la Fundación Valsain en España, y Juan Méndez, presidente emérito del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
Estas cinco personas deberán certificar que los elegidos cumplan los requisitos básicos: no haber sido condenado a cárcel, excepto por delitos políticos; ser colombiano, ser abogado; y haber trabajado durante 15 años en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido durante el mismo tiempo como abogado o profesor de disciplinas jurídicas en universidades reconocidas oficialmente.
Además, tal como dice el acuerdo de paz, el Comité de Escogencia deberá garantizar que el grupo de elegidos tenga experticia en distintas ramas del derecho, conozca el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, represente una “participación equitativa” de hombres y mujeres, y respete la diversidad étnica y cultural.
En VerdadAbierta.com revisamos una a una las hojas de vida de los 652 candidatos al Tribunal. Además de los datos que reportaron en su postulación, recabamos información sobre su trayectoria, las posturas que han expresado en sus sentencias o investigaciones académicas, y los cuestionamientos que han recibido por asuntos asociados a su vida profesional.
Elegimos 26 personas que cumplen los requisitos, teniendo en cuenta que tuvieran altos niveles educativos, experiencia acreditada en investigación penal o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos, pertenecieran a una comunidad étnica y conocieran el contexto en el que se ha desarrollado el conflicto colombiano.
A continuación presentamos sus perfiles, acompañados de un listado de ventajas y desventajas relacionado con las exigencias contempladas en el acuerdo de paz, los desafíos que podrían enfrentar en el Tribunal y posibles conflictos de interés.
PERFILES
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