En lo que va corrido del proceso de implementación del Acuerdo de Paz han sido asesinados 12 exintegrantes de la organización insurgente en vía de reintegración a la vida legal, tres de ellos esta última semana, cuando culminó la fase de dejación de armas. ¿Responden los hechos a retaliaciones políticas, deudas del pasado o a su permanencia en negocios ilegales?
Las Farc expresaron su apoyo tras la muerte de Norbey Téllez en el Catatumbo. Foto: cortesía Farc.
Ayer, a eso de las 7 de la mañana, cinco tiros de bala impactaron en la espalda y cabeza de Brutney Alfonso Ávila o ‘Chonchon’, como le conocían en las filas del grupo guerrillero, a escasos metros de su casa, ubicada en el centro poblado de Puerto Jordán, en Tame, Arauca.
El asesinato ocurrió a escasos metros de la sede de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército y fue perpetrado por dos hombres quienes huyeron en una motocicleta. Este homicidio es el tercero de esta semana: el lunes pasado fue asesinado, en inmediaciones a la Zona Verdal de Ituango, Antioquia, Jesús Adán Mazo, alias ‘Molina’, excomandante de las milicias del Frente 18; de igual manera ocurrió con Norbey Téllez, ultimado en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, homicidio que causó indignación de un sector de la región de Catatumbo, que a través de manifestaciones rechazó el hecho y pidió a las autoridades investigar el caso y acelerar la implementación de lo acordado para evitar más muertes.
Las alarmas están encendidas entre los excombatientes de las Farc y no es para menos. Tanto guerrilleros rasos como mandos medios, desde antes de la entrega del último porcentaje de armas, estaban exigiendo al gobierno nacional que cumpliera con las garantías de seguridad para el ejercicio de la participación política y desarrollara los puntos contenido dentro del Acuerdo Final para hacerle frente al fenómeno del rearme paramilitar y evitar que se repitiera un exterminio como sucedió con La Unión Patriótica (UP) a finales de la década del ochenta. (Leer más en: Exterminio de la UP fue un genocidio político)
“Nosotros renunciamos a las armas porque acordamos con el gobierno que nos darían todas las garantías para poder vivir y hacer política sin temor a ser asesinados. Ya nos están matando y el gobierno no se mueve, no tenemos miedo, pero no queremos ser asesinados por pensar diferente. ¿Quién nos responde?”, aseguró en diálogo con VerdadAbierta.com ‘Dumas’, un excombatiente del Frente 18.
Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), a la fecha van 22 asesinatos en contra de exguerrilleros y sus familiares. De ellos, nueve han sido cometidos por estructuras de grupos paramilitares, en un caso por la guerrilla del Eln y doce siguen sin tener responsable.
Nuevos ciclos de violencia
A pesar del reciente asesinato de un ex miliciano de las Farc, el gobierno clasificó al ETCR de Ituango como de seguridad de complejidad media. Foto: Ricardo Cruz.Pese a que aún estén sin identificar la autoría de algunos de los asesinatos, en el territorio la presencia de grupos armados ilegales que han entrado a disputarse el poder local con la guerrilla del Eln y el Epl, en el caso del Catatumbo, han generado que se reconfigure la lógica de la guerra a nivel territorial.
Investigadores sociales que realizan intensos trabajos en terreno consultados por este portal aseguraron que en varios casos los milicianos habrían seguido delinquiendo y, al tiempo que dejaban las armas, seguían al mando o en algún eslabón de la cadena de producción de pasta decoca.
“El microtráfico lo siguieron moviendo los llamados piratas, los guerrilleros que en pleno proceso no dejaron de apostarle al negocio y que ahora, una vez entrada esta fase, decidieron salirse para ya acogerse a la vida civil y pues les cobran con la vida”, aseguró uno de los investigadores fuente que solicitó la reserva de su nombre.
Para el caso del Catatumbo, los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo y de algunas organizaciones no gubernamentales señalan que el Epl se está expandiendo. Al punto de tener noticias de su presencia en departamentos aledaños. Se rumora en la región que la mayoría de las milicias del Frente 33 de las Farc pasaron a esta otra guerrilla.
“Aunque el gobierno la señala de ser una banda delincuencial, no es cierto, pues es un grupo guerrillero que tiene un arraigo en la región, tiene una posición política, tiene un control social y territorial. No son los 150 bandidos que dice el Estado por allá en Hacarí que quedaron de la muerte de ‘Megateo’”, afirmó el investigador consultado.
La situación, a su juicio, se complica para aquellos que están intentado volver a su tierra natal, el sello de miliciano los acompaña: “es gente que está identificada con las comunidades como milicianos de las Farc, entonces son personas en un nivel de riesgo en nuestra opinión muy alto, porque si bien ya estás identificado, ahora no son nada, no tienen las armas”.
A ello se ha sumado que son las familias de los excombatientes las que han entrado a sufrir las consecuencias de que sus seres queridos hayan pertenecido a las Farc. En Cauca, Meta, Antioquia y Guaviare han sido asesinados integrantes de núcleos familiares con este tipo de relaciones.
“Las amenazas siempre estuvieron en la región, acá desde hace épocas es que los malos saben cada familia de cada guerrillero qué hace y cómo se mueve. El acuerdo quedó claro que los protegerían a ellos como excombatientes; pero ¿y las familias qué? A pagar los malos pasos de ellos con la vida”, exclamó con preocupación un campesino del Catatumbo.
Milicianos, a la deriva
El alto despliegue de Fuerza Pública en el Catatumbo, no quita la amenaza contra los ex integrantes de las Farc. Foto Archivo Semana.El problema ya se veía venir. Desde la discusión del punto tres sobre el fin del conflicto, tanto centros de pensamiento como institutos de paz advirtieron que el hecho de no tener trazada una hoja de ruta a seguir con las milicias de las Farc iba a traer serios inconvenientes en materia de seguridad para cada uno de ellos.
Para Eduardo Álvarez, director del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), lo ocurrido en el transcurso de estas semanas es la materialización de las advertencias que se realizaron desde la fase de negociación ante la ambigüedad del trato por parte del gobierno nacional y las mismas Farc a las milicias.
“No es claro qué está pasando con todas las milicias en su conjunto. Mientras unas están listadas y aparecen en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) hay otras que, pese a estar reconocías, no están dentro de estos territorios y, otros, que ni están reconocidos ni hacen presencia en los ETCR “, aseguro el investigador.
Ejemplo de lo anterior es lo que ocurrió con la entonces Zona Veredal de Tumaco, donde por lo menos diez estructuras, con alrededor de 700 hombres armados hacen presencia en la región desatando una puja por el control territorial con los demás actores armados luego de que les negaran la entrada al ETCR (Leer más: Zona veredal de Tumaco, rodeada de milicianos disidentes)
Para Álvarez, si el gobierno nacional no atiende con la diligencia respectiva este fenómeno y hace un seguimiento detallado de los asesinatos es muy probable que parte de los milicianos acaben reclutados por otros actores armados ilegales o sean asesinados por retaliaciones producto de los años en la guerra. (Leer más en: “No nos dejen morir”: exmiliciano de Tumaco)
“Si hay algo que quedó claro en la primera fase de implementación de lo acordado es que no hay una estrategia entretejida, coordinada y sostenida entre lo urbano y lo rural. Queda entonces la pregunta: ¿quién le dará la seguridad a las milicias que no están dentro de los espacios de reincorporación?”, sostuvo Álvarez.
Ni las Farc lo tienen claro. “Aún no hay claridad de cómo va actuar la Fuerza Pública, ni de cómo van a estar las condiciones de seguridad y garantía para nuestra gente”, aseveró Victoria Sandino, integrante por las Farc de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). (Leer más en: Nuevos espacios de las Farc, bajo diagnóstico reservado)
Según lo establecido en el punto tres, sobre el fin del conflicto, del Acuerdo Final, el gobierno nacional deberá desarrollar un Plan Estratégico de Seguridad y Protección para garantizar a los exintegrantes del grupo armado su supervivencia. Hasta ahora solo se han categorizado los 26 lugares de concentración de los exguerrilleros según su nivel de riesgo, alta, media y baja.
“Se ha definido una presencia policial de por lo menos 3 años, con dispositivos que empiezan con un núcleo de 40 policiales, en especialidades que nunca antes habían estado en esas comunidades”, aseveró el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en rueda de prensa el pasado miércoles. Asimismo, se puso en marcha el Sistema Integral de Reacción Inmediata (SIRI), para recibir información sobre movimientos sospechosos de índole criminal en 12 regiones del país.
Sin embargo, estos planes estarían enfocados puntualmente en los exguerrilleros concentrados en los distintos ETCR, y en aquellos que van a ser líderes visibles del futuro partido político. Lo anterior dejaría a muchos de los aproximadamente 2 mil milicianos en una situación de alto riesgo, pues son varios los que han decidido volver a habitar sus lugares de origen, lejos de las zonas donde la Fuerza Pública planifica su presencia.
Queda entonces abierta la pregunta para las autoridades y las mismas Farc, ¿quién va a garantizar la seguridad de las milicias? Y, ¿cómo se acogerán a los planes de reincorporación?
