Qué haya más verdad, pero, sobre todo, garantías de no repetición, es lo que le piden diferentes sectores sociales del país a los exjefes de las Auc y a los comandantes de la guerrilla del grupo guerrillero, quienes, el pasado 19 de julio, sostuvieron un inédito encuentro. Las comunidades aprovecharon para reclamar más acción contra grupos armados ilegales.
Esclarecer responsabilidades que aún no son del todo claras; develar nombres que aún permanecen ocultos tras la sombra de la impunidad; suscribir un compromiso nacional y sincero para que la tragedia de la guerra nunca más vuelva a sacudir campos, veredas y ciudades; y construir un relato lo más completo posible que permita responder el interrogante que ronda en la mente de más de siete millones de víctimas del conflicto armado: ¿por qué tanta brutalidad?
Así se resumen las peticiones que hacen organizaciones sociales y diversos movimientos de víctimas en el país tanto a los excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) como a los comandantes de las Farc quienes sostuvieron una reunión el pasado 19 de julio en Bogotá. Ese día, en la Casa Provincial de los Jesuitas, exjefes paramilitares y miembros del Secretariado en tránsito a la vida legal dialogaron durante poco más de tres horas sobre el pasado que los enfrentó en una guerra fratricida, el presente jurídico que afrontan unos y otros, y el futuro que le depara sin armas.
Allí estuvieron presentes por las antiguas Auc Fredy Rendón Herrera, Edwar Cobos Téllez e Iván Roberto Duque. Por parte de las Farc hicieron presencia Iván Márquez, Jesús Santrich y Pablo Catatumbo, acompañados por el sacerdote jesuita Francisco De Roux, el mediador Álvaro Leyva Durán y el abogado Diego Martínez. Aunque aún no han trascendido mayores detalles sobre el contenido de la reunión, el resultado de este encuentro quedó consignado en comunicado público en el que se expuso que la intención de trabajar por la verdad integral y la reparación a las víctimas.
“Las partes asumieron el compromiso de hacer de la verdad plena el hito fundamental del proceso de reconciliación nacional en atención a las víctimas y a la urgencia de acompañar a la nación colombiana y al gobierno nacional en la búsqueda de los caminos que permitan lograr la reconciliación y garantizar el logro de la paz estable y duradera”, reza el comunicado en sus apartes.
La verdad integral, propósito de exparas y guerrilleros de las Farc
EnBojayá, optimismo moderado
Y verdad plena es justo lo que esperan desde hace una década los pobladores del Bajo Atrato chocoano, región donde la confrontación armada entre los Frentes 5 y 57 de las Farc, y el Bloque Elmer Cárdenas de las Auc dejó una larga estela de dolor y muerte, así como una profunda crisis humanitaria cuyos efectos aún se sienten. Una versión de ocurrido quedó consignada en la sentencia proferida el 27 de agosto de 2014 por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín contra ocho postulados de ese bloque paramilitar.
Según lo documentó ese tribunal, entre 1996 y 2003 se registraron poco más de 15 incursiones paramilitares a regiones como Curvaradó, Jiguamiandó, Riosucio, Murindó, Caño Manso y Belén de Bajirá, entre otros. Todas ellas con el pretexto de romper corredores de movilidad de las Farc. Quizás la más recordada de ellas es la Operación Cacarica, incursión paramilitar que comenzó el 23 de febrero y según precisó Fredy Rendón Herrera ante fiscales de Justicia y Paz, finalizó el 5 de marzo. Su desarrollo se hizo de forma paralela a la Operación Génesis, del Ejército Nacional, liderada por el entonces general Rito Alejo del Río, comandante para la época de la Brigada 17. Por los desmanes cometidos en esta incursión contra las comunidades, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano y el oficial paga una condena de 25 años.
Las incursiones, así como los intensos combates, motivaron un éxodo masivo de comunidades negras. Cifras de la Fiscalía de Justicia Transicional (antes Justicia y Paz) señalan que por lo menos unas ocho mil personas abandonaron sus tierras entre los años 1996 y 2003. Los municipios más afectados fueron Carmen del Darién, Riosucio, Ungía y Bojayá (Chocó), así como Vigía del Fuerte y Murindó (Antioquia).
Pero sin duda el hecho que refleja la crudeza lo que fue la confrontación entre guerrilleros y paramilitares en el Bajo Atrato es la tragedia de Bojayá: 79 personas perdieron la vida al quedar en medio de un intenso fuego cruzado entre combatientes de las Farc y tropas bajo el mando de Rendón Herrera. De ahí que no haya pasado inadvertida entre los líderes de la comunidad de Bojayá la noticia del “cara a cara” entre los guerreros que ese 2 de mayo de 2002 llevaron la confrontación armada al límite de la barbarie.
“Nosotros vimos las imágenes de la reunión, pero no sabemos qué se discutió ni tampoco la profundidad del compromiso de cada una de las partes. De todas formas, nosotros vemos con buenos ojos este tipo de reuniones”, señaló Leiner Palacios, integrante del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. Él espera que este encuentro genere un compromiso real de no repetición por parte de cada uno de estos dos actores del conflicto armado.
“Hay una realidad y es que en nuestras comunidades el conflicto sigue, se ha agudizado y en algunos actores no hay acciones concretas de no repetición”, agregó Palacios. “Las Farc hicieron un acto público de reconocimiento de responsabilidad en Bojayá, pero no ha pasado eso con los paramilitares. Y el nivel deagresión del paramilitarismo en el Bajo Atrato fue muy fuerte y aún no han reconocido su responsabilidad por todos estos hechos. Muchas víctimas sienten que esto fue un show, pero ojalá que, más que discursos, surjan verdaderos actos de reconciliación con la gente que tiene tanto dolor”.
Farc reconocen frente a víctimas daño causado en Bojayá
En Montes de María, víctimas bajo estigma
Sin duda alguna, los Montes de María, que comprende municipios de Sucre y Bolívar, fue otra de las regiones colombianas donde la guerra entre paramilitares y guerrilleros se libró sin tregua ni cuartel. Quienes llevaron la peor parte fueron las comunidades campesinas. Por la fuerza de las circunstancias debieron convivir con los guerrilleros de las Farc desde principios de la década del ochenta, cuando arribaron los primeros insurgentes a municipios como Mampuján, Carmen de Bolívar, Ovejas y Chalán, entre otros.
Allí intentaron imponer su revolución a punta de fusil, cooptaron líderes campesinos e infiltraron juntas de Acción Comunal. Al iniciar la década de los noventa, y tras consolidar su presencia en la región a través de los Frentes 34 y 35, las Farc iniciaron una campaña de extorsiones a ganaderos y terratenientes; luego vinieron los secuestros de políticos y empresarios. Para 1994, el departamento de Sucre era uno de los más afectados por este flagelo.
El conflicto armado en la región de los Montes de María se agravó a partir de 1996, cuando arribaron los primeros contingentes paramilitares enviados por Salvatore Mancuso desde Córdoba, a solicitud de ganaderos, políticos y empresarios agobiados por la violencia ejercida por la guerrilla.
Lo que siguió fue una espiral de violencia incontenible. Las Farc arreciaron sus ataques contra la escasa infraestructura de la región, asesinó reconocidos líderes y políticos locales e intensificó los secuestros a ganaderos y empresarios; mientras, del otro lado, los paramilitares sembraron el terror en veredas y corregimientos masacrando campesinos inermes acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. Mampujan, Chengue, El Salado, Macayepo fueron algunas de las muestras de sevicia a las que llegó el paramilitarismo en los Montes de María.
¿Cómo se fraguó la tragedia de los Montes de María?
Una alta dosis de responsabilidad de la tragedia humanitaria que generó esta confrontación armada recae en dos personajes que el pasado 19 de julio sellaron su compromiso de apostarle a la reconciliación nacional con un apretón de manos: Edwar Cobo Téllez, jefe político del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc; e Iván Márquez, quien llegó a comandar el Bloque Caribe de las Farc luego de su paso por Urabá antioqueño.
“Causa gran sorpresa ver que dos personas que fueron enemigas estén hablando. Es sorpresivo, pero es un buen mensaje”, manifestó Jairo Barreto, integrante de la Mesa de Víctimas delChengue, masacre perpetrada por los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María el 17 de enero de 2001 y que dejó 28 muertos. “Aquí, el paramilitarismo, la guerrilla y hasta el Estado tuvieron culpa, todos tienen responsabilidad en lo que pasó. Por eso sería muy bueno que todos trabajen juntos para que salga una verdad más completa”, declaró el líder.
Y es que, a juicio de Barreto, pese a la comparecencia de varios comandantes de los bloques Norte y Héroes de los Montes de María ante los estrados de Justicia y Paz, buena parte de lo que allí ocurrió, así como los nombres de militares y políticos que coadyuvaron con esa tragedia humanitaria, siguen siendo un misterio para las víctimas de la Costa Norte.
“Sobre lo que pasó en Chengue, El Salado y Macayepo, no se ha contado nada. Hay muchas verdades ‘tapadas’. Ellos (los paramilitares) contaron unas mínimas cosas en Justicia y Paz para obtener unos beneficios, pero las víctimas no quedamos para nada conformes con eso. Porque siguen diciendo que se trató de una comunidad auxiliadora de la guerrilla, que nos mataron por guerrilleros y eso no es así. Por eso vemos con buenos ojos que la iniciativa de contar la verdad salga de ellos, porque eso es lo que estamos pidiendo las víctimas hace rato”.
En el Cauca piden garantías de no repetición
En regiones como el Oriente antioqueño, que en el pasado fue escenario de fuertes confrontaciones entre las guerrillas del Eln, las Farc y las Auc, tampoco pasó desapercibido el encuentro entre los exjefes del paramilitarismo y los dirigentes ‘farianos’. Según pudo establecer VerdadAbierta.com, el próximo 2 de agosto, un grupo de organizaciones víctimas de esta región se reunirán en el municipio de Marinilla para estudiar a fondo sus implicaciones definir una postura común de cara a lo que será la reconstrucción de memoria histórica, la reconciliación y las garantías de no repetición.
Y a cientos de kilómetros de allí, el pueblo indígena del Cauca, que ha sentido como ningún otro la crudeza del conflicto armado, también siente que es un buen mensaje que dos de las partes que atizaron un conflicto armado que desangró al país, hoy estén sentados frente a frente sin más armas que sus palabras.
“Es la primera vez que se reúnen los extremos de la guerra. Y eso es importante. Que entre todos se construya la paz”, dijo por su parte Aida Quilcué, vocera del pueblo Nasa e integrante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).
Para Quilcué, habrá que darle “tiempo al tiempo” para ver cómo se materializa el discurso de trabajar mancomunadamente por la verdad histórica y la reconciliación nacional. Mientras ello pasa, solicitó que ambas partes también trabajen por consolidar verdaderas garantías de no repetición.
“El pueblo indígena y los sectores sociales estamos muy preocupados porque se han recrudecido las amenazas por parte de grupos paramilitares. Y ha habido muertos. Son estas situaciones las que no queremos volver a repetir. Y si ese tipo de diálogos contribuyen a esa no repetición y a la construcción de la verdad, pues nos parece importante que esos pasos se estén dando en Colombia”, concluyó la dirigente indígena.