Esta es la historia del veto impuesto a la prensa por un grupo de líderes de Bojayá, comunidad que por tradición honra la palabra. Especial de Patricia Nieto* para VerdadAbierta.com.
Miembro del Comité por los derechos de las víctimas de Bojayá impiden el trabajo de campo de los periodistas. Foto Natalia Botero.El sábado 13 de mayo, a las 8 de la mañana, cinco periodistas salimos de Bellavista, cabecera de Bojayá, en una panga rumbo a Quibdó. Dejamos atrás el puerto donde los indígenas tomaban el primer baño de la mañana, algunos negros limpiaban los peces recién atrapados y otros levantaban los brazos para decir adiós.
Con esa despedida terminó el trabajo de campo de seis días que, para la fotógrafa Natalia Botero y para mí, tenía como propósito registrar el proceso social, político y judicial que implica la segunda exhumación de los restos de las 119 personas sepultadas en el cementerio municipal después de la masacre del 2 de mayo de 2002, que estuvo precedida y seguida de varios crímenes en las zonas rurales.
Una vez terminaron las maniobras de zarpe, que incluyen la estabilización de la embarcación, relación entre la cantidad de gasolina y el peso a bordo, la panga remontó el río Atrato. En ese momento comprendí que salíamos de Bellavista con las manos medio vacías. No llevábamos con nosotros la información necesaria para responder nuestras preguntas; pero sí otra que nos permite reconocer cómo, en nombre del dolor, algunos líderes de los colectivos de víctimas se erigen en un poder de hecho para controlar la información.
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Al pie de las bóvedas temporales se celebra una misa en nombre de las víctimas del 2 de mayo. Foto: Natalia Botero.Llegamos a Bellavista el domingo 7 de mayo después de media hora de vuelo desde Medellín y de tres horas de navegación por el río Atrato. La jornada de exhumaciones había comenzado tres días antes en el cementerio del municipio de Riosucio y este domingo los profesionales de la Unidad de Exhumaciones de la Fiscalía General de la Nación trabajaban en Vigía del Fuerte, municipio situado en la orilla antioqueña del río.
A las dos de la tarde conversamos con Leyner Palacios, uno de los líderes del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, con quien tenemos comunicación telefónica desde febrero de 2017. Él, conocedor de nuestra propuesta de investigación periodística, nos anunció que el comité no estaba dispuesto a permitir el trabajo de la prensa y nos pidió exponer nuestro interés a Delis Palacios, también miembro del comité, pues tal vez con ella era posible diseñar una estrategia para el cubrimiento del suceso.
Hasta entonces, dada nuestra experiencia de más de veinticinco años en investigación y escritura periodística en temas del conflicto armado y las acciones de paz, consideramos apropiado esperar hasta el día siguiente para presentarnos, exponer nuestro propósito y así garantizar el avance en nuestra reportería después de escuchar una voz oficial del comité y llegar a algunos acuerdos, tal y como lo hemos hecho en múltiples ocasiones en las que está de por medio la protección de la intimidad de las personas y el respeto por su dolor.
El lunes 8 de mayo, el grupo de profesionales de la Fiscalía se reunió con la comunidad para informar sobre el fracaso de la búsqueda de cuerpos en Riosucio y encontrar un camino que les permitiera seguir con el trabajo en Riosucio sin atrasar el cronograma en Bellavista, casco urbano de Bojayá. Al final de la reunión, a la que no asistimos, y siguiendo las recomendaciones de Leyner Palacios nos cercamos a Delis Palacios, quien nos citó en su casa a las 7 de la noche.
Antropólogo del Grupo de Exhumaciones de la Fiscalía General de la Nación guarda los restos en las bóvedas. Foto: Natalia Botero.En la tarde del lunes, coincidimos con algunas personas del comité en el cementerio de Vigía del Fuerte. Nosotras lo visitábamos para conocerlo y ellos para acompañar a tres jaibanás de las comunidades Emberá Dovidá que habitan en diferentes zonas de Bojayá, quienes realizaron rituales para conseguir que las almas de los difuntos permitieran que sus cuerpos fueran trasladados sin percances el día siguiente.
Allí, Natalia Botero le informó a Delis Palacios que iba a hacer algunas fotografías, pero la líder le dijo que no le estaba permitido y que en la noche nos veíamos para conversar. Esa noche no pudo atendernos, pues aún debía resolver algunos detalles que garantizarían el trabajo de diferentes expertos al día siguiente en Vigía del Fuerte.
El martes 9 de mayo, algunos miembros del comité de víctimas se trasladaron al cementerio de Vigía del Fuerte en compañía de los sabedores afro que realizarían un ritual para facilitar el trabajo de los profesionales de la Fiscalía. Natalia Botero se presentó en el puerto a las 7 de la mañana. Se le presentó a José de la Cruz Valencia, miembro del comité, quien le dijo que solo Leyner Palacios podía autorizarla a trabajar. Leyner Palacios le dijo que podía llegar por sus propios medios al cementerio, pero que no estaba autorizada a llevar su cámara. La fotógrafa decidió no viajar convencida de que en las horas de la tarde habría alguna conversación para llegar a un acuerdo.
En la tarde nos presentamos de nuevo en el puerto de Bellavista donde ya se reunían algunas personas de la localidad en la espera de la comisión de la Fiscalía que traía los tres primeros cuerpos desde la franja opuesta del río. Una vez que la lancha con los funcionarios se acercó, los niños del coro preparado por las hermanas Agustinas se dispusieron con flores y velas encendidas a cantar en honor de los recién exhumados.
Panorámica del trabajo de exhumaciones en el cementerio de Bellavista. Foto: Natalia Botero.En ese momento, Natalia Botero se acercó para tomar una fotografía y fue obstaculizada por varios miembros del comité. Delis Palacios le pidió nuevamente conversar en la noche para aclarar la situación. Natalia Botero se retiró del puerto y comenzó a ascender por la vía pública camino a las bóvedas recién construidas para albergar los cuerpos exhumados mientras que pueden ser trasladados a Medellín para someterlos a pruebas de identificación. Detrás de ella caminó la señora Máxima Asprilla, miembro del comité, quien en la vía pública le gritó que la prensa no era permitida en Bojayá y que ella no tenía derecho a estar allí. Natalia Botero bajó su cámara para evitar que la señora dedicara más tiempo a perseguirla, interrumpiendo la solemnidad de la ceremonia ya de por sí pobre en acompañantes. En la noche, llamamos por teléfono en varias ocasiones a Delis Palacios y no respondió.
A las 5 de la tarde del miércoles 10 de mayo, nos dirigimos nuevamente al puerto para presenciar la peregrinación de los funcionarios con el último cuerpo exhumado en Vigía del Fuerte camino a las bóvedas provisionales. Ya para ese momento el segundo grupo de periodistas había llegado con el fin de grabar la última escena de un documental que sobre la vida del sacerdote Antún Ramos Cuesta —quien sobrevivió a la masacre y lideró el traslado de los heridos en el año 2002— realizan desde hace 15 años los periodistas Silvia María Hoyos y Adrián Franco. Cuando el camarógrafo comenzó a grabar el desfile, Miguel Ángel Sánchez, funcionario de la oficina de la ONU en Quibdó, ordenó apagar la cámara e indicó que “las paisas”, refiriéndose a nosotras, debíamos también apagar nuestros equipos. Cuando Antún Ramos dijo que los camarógrafos estaban con él, el funcionario intentó apartarlo del corrillo halándolo del brazo bruscamente. La actuación del empleado de la ONU fue el punto de apoyo para las agresiones que se presentaron en nuestra contra los días jueves 11 y viernes 12 de mayo.
El jueves 11 en la tarde, mientras que concluían las labores de exhumación de los primeros cuerpos en el cementerio de Bellavista, Natalia Botero visitó a una familia indígena que vive en el barrio aledaño al cementerio con el fin de conocer cómo se relacionan los vecinos con el proceso de exhumación que ocurría casi en su solar y obtener una imagen panorámica del trabajo forense. Hasta allí llegaron tres miembros del comité de víctimas, dos de ellos eran Yuver Palacios y Máxima Asprilla, quienes de manera intimidante reiteraron su prohibición de registrar cualquier escena sucedida en Bojayá y amenazaron a la familia indígena con hacerla castigar de sus autoridades por permitir la visita de un periodista en su casa.
Reportera a la espera de que una delas líderes del Comité por los derechos de las víctimas de Bojayá la escuche. Foto: Nalaia Botero.En esta ocasión, como en otras, los miembros del comité mencionaron la existencia de un protocolo para el manejo de comunicaciones y anunciaron que pedirían vigilancia policial para nosotros.
Una hora más tarde, cuando comenzaba el ritual de traslado de los cuerpos hacia las bóvedas temporales, varios agentes de Policía y algunos miembros del comité formaron una barrera para que Natalia Botero no pudiera tomar fotografías. A las seis y media de la tarde, Yuver Palacios se acercó a nosotras para darnos a leer en su celular el protocolo fechado el mismo día 11. Pese a que traté de conversar con él acerca de la metodología utilizada para crear el protocolo, los actores que intervinieron en su redacción y el momento tardío de darlo a conocer, él se negó a tener un diálogo. (Consultar el protocolo aquí)
El viernes 12 de mayo, nos dirigimos como todas las tardes de esa semana al puerto para esperar el fin de la jornada. Yo decidí asistir a la misa ofrecida para honrar a las seis personas cuyos cuerpos fueron exhumados durante ese día. Tan pronto abrí mi cuaderno para tomar apuntes, Yuver Palacios me abordó y de manera agresiva me ordenó salir de la ceremonia. Para él y para José del Carmen Valencia, a quien acudí en vista de la agresión, las libretas y los lápices (así como las grabadoras y las cámaras) están prohibidos en Bojayá.
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Funcionarios de la Fiscalía llevan los restos exhumados hacia las bóvedas temporales. Foto: Natalia Botero.El cielo cargado de nubes grises nos cubrió durante las tres horas y media que tardó la panga en llevarnos a Quibdó. A veces la lluvia nos obligó a cruzar algunas palabras para lograr mejor protección dentro de la embarcación. El resto del tiempo, cada uno de nosotros viajó sumido en las preguntas que se derivan de la experiencia de Bojayá 2017.
¿A quién beneficia el veto impuesto a la prensa por el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá? ¿Quién tiene el poder para conducir a un grupo de ciudadanos organizados para la defensa de los derechos de las víctimas a censurar y obstaculizar el acceso a la información, que es uno de los derechos por excelencia en las democracias? ¿A quién beneficia una única narrativa de la segunda exhumación en Bojayá? ¿Cuáles son las consecuencias de que acciones como las aquí relatadas sean apoyadas por la ONU? ¿Cómo se configurará el escenario para el trabajo de la prensa una vez se instale la Comisión de la Verdad en Colombia?
Me aterra pensar que así como sucede en la guerra, la verdad sea el costo que Colombia va a pagar por el desarme de las Farc. Si eso sucede, el perro seguirá mordiéndose la cola.
P.D. Agradecemos a todas las familias que durante nuestros viajes a Bojayá, incluido el aquí relatado, nos contaron sus historias convencidas de que el país debe conocer lo que allí sigue pasando.
Momento en que miembros del Comité de Víctimas rodean a la fotógrafa para impedir su trabajo. Foto: Patricia Nieto.* Periodista. Profesora titular de la Universidad de Antioquia. Doctora en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Directora del proyecto HacemosMemoria.org, convenio de la Universidad de Antioquia y la DW Akademie. Autora de los libros Llanto en el paraíso y Los escogidos.
Medellín, 15 de mayo de 2017
