Dos asociaciones que representan a cinco resguardos y 16 pueblos nativos consiguieron que una juez especializada en restitución blindara su territorio étnico con medidas cautelares. La extracción del oro es su principal amenaza. Se espera que instituciones estatales actúen con celeridad para proteger a sus líderes.
Las comunidades indígenas representadas por Acima y Aipea viven en las cuencias del medio río Caquetá, pasando por el Río Mirití hasta las cuencas de medio y bajo Apaporis y el bajo río Caquetá, en los límites con Brasil. Son 16 pueblos amazónicos que reclaman la protección territorial de un millón 894 mil hectáreas. Foto archivo Semana.Desde hace casi treinta años dos asociaciones indígenas, del grupo étnico Yucuna, han pedido a las autoridades gubernamentales que amplíe sus resguardos porque en la titulación original quedaron por fuera dos zonas, potencialmente amenazadas por minería. Aquellos líderes que han denunciado ventas de porciones de su territorio y riesgos sobre explotación aurífera ahora están bajo amenaza. Pero sus luchas obtuvieron respuesta: a comienzos de abril de este año, el Juzgado Especializado de Restitución de Tierras de Cundinamarca hizo pública la decisión de proteger a esta comunidad con medidas cautelares.
Estas medidas, solicitadas por la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), constituyen una de las más importantes del país, pues es la primera vez que un Juzgado de Restitución cobija a una comunidad étnica del Amazonas; también porque las órdenes impartidas blindan de forma preliminar el territorio ancestral, mientras la Unidad tramita una demanda de restitución de derechos territoriales.
La extensión protegida es de por lo menos un millón 800 mil hectáreas, una porción del ‘pulmón’ de la selva amazónica colombiana que todavía sobrevive en el sur del país, pero que está en riesgo.
Según la decisión de la Juez, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene seis meses para adelantar la ampliación del territorio étnico, que permita a los Yucuna contar con las 11 mil hectáreas que quedaron a la deriva entre los Resguardos Mirití-Paraná y Puerto Córdoba, y Puerto Córdoba y Comeyafú.
Por su parte, la Unidad Nacional de Protección y la Defensoría del Pueblo tienen tres meses para diseñar un plan que garantice la vida e integridad de las autoridades indígenas, dado que varios líderes han sido amenazados y hasta uno declinó la representación legal de una asociación para proteger a su familia.
Asimismo, el Juzgado hizo un llamado a la Fiscalía para que realice las respectivas indagaciones por el “delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales” y al Ministerio de Ambiente y a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía) para que investiguen e impongan las sanciones necesarias de encontrar daños ambientales por intervención de foráneos en el territorio ancestral. La decisión exige, además, a la autoridad ambiental que suspenda cualquier estudio o trámite sobre solicitudes que pretendan lograr una licencia ambiental para explotación minera en el territorio indígena.
Las medidas indican que el Ministerio de Defensa acompañará a las instituciones en el cumplimiento de las órdenes y que estas, a su vez, deberán rendir un informe bimestral sobre su gestión. La Procuraduría Nacional será la encargada de vigilarlos.
Sobrevivientes
Las asociaciones que reclaman la protección de su territorio vía restitución son la Asociación de Capitanes Indígenas del Mirití Amazonas (Acima) y la Asociación de Autoridades Indígenas de Pedrera Amazonas (Aipea). Según el libro Territorialidad indígena y ordenamiento de la Amazonía, publicado por la Universidad Nacional y la Fundación Gaia, estas organizaciones tienen su origen a mediados de los noventa, tras un primer encuentro de las capitanías y líderes indígenas sobrevientes a lo largo de los ríos Caquetá, Mirití y Apaporis. Los líderes vieron la necesidad de organizarse para exigirle al Estado respeto sobre su gobierno y territorio.
El libro documenta que estas comunidades son realmente sobrevivientes. La diversidad étnica de la región amazónica fue afectada en el siglo XVIII con la llegada de los portugueses y sus mercancías, pues el territorio del grupo étnico Yucuna colinda con el vecino Brasil. En el siglo XIX sus prácticas culturales fueron afectadas además por la industria del caucho que se instaló en el Putumayo y esclavizó a miles de indígenas en la extracción del látex. En el siglo XX llegaron ‘los males’ por los que siguen luchando las comunidades: la llegada de foráneos extasiados con la explotación de oro y los cultivos de coca. (Leer el libro aquí)
Con tantas amenazas al territorio, los indígenas decidieron solicitar la constitución de los resguardos desdela década de los ochenta. Según datos del liquidado Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), entre 1981 y 1989 fue creado el Resguardo Mirití-Paraná con un millón 384 mil hectáreas; en 1985 lo fueron los Resguardos Comefayú y Puerto Córdoba con 19 mil 180 y 39 mil 700 hectáreas, de forma respectiva; y en 1995, el Resguardo Curare Los Ingleses con 212 mil 320 hectáreas. (Ver tabla de constitución de resguardos)
Finalizando los noventa, grupos armados ilegales llegaron a la región generando una nueva presión sobre las comunidades. La sentencia de la Juez de Cundinamarca documenta que precisamente las economías ilegales mantuvieron financieramente al Frente 1 de las Farc, “específicamente desde La Victoria (Pacoa), en los chorros del Jirijirimo, bajando por el río Apaporis, hasta Taraira y La Pedrera”.
Según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre 2015 y 2016 en el territorio también hicieron presencia grupos narco-paramilitares, tales como ‘los Caqueteños’, en el Amazonas, y las llamadas ‘Fuerzas Irregulares Armadas de Colombia’, en el departamento de Caquéta y en las zonas de frontera con Venezuela y Brasil en los departamentos de Amazonas, Vaupés y el sur de Guainía.
El detonante
La Juez Especializada en Restitución de Cundinamarca ordenó medidas de protección para cinco resguardos en el Amazonas. Esta constituye la primera orden que blinda a un territorio de esta región y de paso, protege la selva de su comercialización y explotación minera. Foto archivo Semana.Cuando se crearon los resguardos quedaron por fuera dos globos de terreno sin titular: uno de 5 mil 713 hectáreas y otro de 5 mil 384 hectáreas. En marzo de 2016, los indígenas supieron que 200 de esas hectáreas fueron comercializadas entre dos particulares para explotación minera. En la solicitud de medidas cautelares, la Unidad de Restitución recordó que este tipo de negocios no pueden ocurrir en territorios como el Yucuna porque siendo baldíos [tierras de la Nación] hacen parte de la Reserva Forestal de la Amazonía, creada por la Ley 2 de 1959.
Adicional a ello, la Ley 160 de 1994, conocida como la Ley Agraria, indica que “no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas”. En su estudio, la URT encontró que las áreas sin formalizar, las que los indígenas reclaman como parte de la ampliación de sus resguardos, “están en la zona de reconocimiento del oro como mineral estratégico en el bioma amazónico colombiano, y de control tradicional en la explotación de grupos armados al margen de la Ley”.
Cuando el Juzgado preguntó a las autoridades ambientales sobre si en dichas zonas había trámites de solicitud para exploración y explotación minera, Corpoamazonía informó que un consorcio comenzó tal proceso, pero que la institución decidió devolver el expediente por no cumplir con los requisitos exigidos. Aunque la autoridad ambiental asegura que no existen gestiones de licencias ambientales sobre el territorio, a los indígenas les preocupa que la intervención de foráneos afecte sus prácticas tradicionales y comunitarias.
El libro Territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonía documenta que los pueblos amazónicos tienen definido el uso del territorio, de manera que algunos sitios son sagrados, donde no puede realizarse ninguna actividad humana, y otros están dedicados exclusivamente a la pesca, la caza y la recolección de frutas. Creen en cuatro seres vivientes, sus creadores, que les dieron a cada grupo étnico su territorio, idioma, conocimientos, forma de vida, cantos y bailes. Su ceremonia tradicional más conocida es la del Yuruparí, con la que los niños hacen la transición hacia la adultez.
Para la Corte Constitucional la demora en las titulaciones y ampliaciones de los territorios étnicos facilita el despojo y la invasión territorial. Así lo advirtió en el Auto 004 de 2009, que se refiere, entre otros temas, a l riesgo de desaparición de los pueblos indígenas a causa del conflicto armado.
“El despojo territorial simple por parte de actores con intereses económicos sobre las tierras y recursos naturales de propiedad de las comunidades indígenas –sea porque forman parte de sus resguardos, porque están en proceso de titulación, porque forman parte de los territorios de proyección y ampliación de los resguardos, o porque forman parte de su territorio ancestral y aún no han sido reconocidas como tales por las autoridades-, así como por parte de colonos que invaden sus territorios”, indica la sentencia del Alto Tribunal.
La negligencia en los procesos administrativos ha generado riesgos contra los líderes de las asociaciones indígenas, quienes se oponen a la explotación minera y a la comercialización de su territorio ancestral. Tras recibir amenazas, el 8 de noviembre de 2016 el representante de Aipea y su familia tuvieron que desplazarse, recibiendo medidas de protección de la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección y la Gobernación del Amazonas.
Frente a lo sucedido, la Comisión de los Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas (Cddhhpi) y la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) emitieron un comunicado expresando su preocupación y resaltando el trabajo del líder indígena en el corregimiento departamental de La Pedrera.
Pese a los pronunciamientos, un mes después, el 21 de diciembre de 2016, la Defensoría del Pueblo informó sobre una nueva situación de riesgo, esta vez contra otros dos líderes de La Pedrera, quienes públicamente defienden su territorio de posibles ventas ilegales y presenciade actores armados ilegales.
Con las medidas cautelares proferidas por la Juez de Cundinamarca, los líderes de Aipea y Acima confían en que las instituciones pondrán celeridad a la ampliación de los resguardos y a garantizar que su territorio ancestral sea respetado.
