Erradicación forzada y planes de sustitución voluntaria en el marco del Acuerdo de Paz avanzan de manera simultánea y, en ocasiones, en los mismos territorios, generando tensiones y desconfianzas entre los cultivadores. La estrategia para combatirlos no parece clara ni sostenible.
Uno de los puntos más neurálgicos de la implementación del Acuerdo de Paz es, sin duda, la sustitución de los cultivos ilícitos, considerados “el combustible” del conflicto armado pero a su vez único sustento para miles de familias campesinas del país. Foto: Ricardo Cruz.Cientos de cultivadores de hoja de coca para uso ilícito del occidente y sur del departamento del Cauca marcharon por las calles de la ciudad de Popayán el pasado sábado. Se manifestaron labriegos, afros e indígenas de San Juan del Micay, Huisitó, El Tambo, Argelia, Bolívar, Mercaderes, Almaguer, la Sierra, Rosas, Timbio y Sotara, entre otros, para rechazar las erradicaciones forzadas que viene realizando el Ejército Nacional en estos territorios.
Durante la movilización, los participantes también le exigieron al gobierno nacional frenar la represión contra los cocaleros, así como una “mayor participación en la discusión e implementación de los Acuerdos de Paz y condiciones dignas en nuestros territorios para la producción y desarrollo rural”. La jornada fue convocada por diferentes organizaciones campesinas, concejos comunitarios y cabildos indígenas de este departamento, unido en torno a una causa común: demandar un desarrollo rural sostenible e integral que haga viable la sustitución de cultivos de uso ilícito.
En un comunicado público, los convocantes señalaron que si bien reconocen la incidencia de los cultivos en el problema de las drogas ilícitas, también es cierto que, gracias a la hoja, comunidades de la profunda Colombia rural han “construido carreteras, escuelas, puentes, caminos etc. En síntesis, la coca ha facilitado que se solucionen necesidades sentidas de la población que en principio le corresponden al Estado (…) estamos prestos al dialogo con el gobierno para que se nos escuche, pero no compartimos la política de erradicación forzosa ni la propuesta económica que hace el gobierno”.
No será la última
La presencia de grupos armados ilegales en antiguas zonas de Farc y la presión que puedan ejercer sobre los cocaleros se convierte ahora en la principal amenaza a los planes de sustitución de cultivos ilícitos. Foto: Ricardo Cruz.Se trata de la cuarta manifestación de comunidades cocaleras en lo que va corrido del año. A principios de abril, representantes del gobierno nacional y voceros de labriegos, afros e indígenas dedicados a la siembra de hoja de coca en Tumaco, Nariño, suscribieron un acuerdo que permitió levantar un cruento paro que inició promediando el mes de marzo, que dejó un saldo de más de 15 personas heridas y varios vehículos incinerados. Allí, las erradicaciones forzadas adelantadas por el Ejército Nacional y lo que califican como “incumplimientos del gobierno nacional” despertaron malestar e indignación entre los pobladores de este puerto del Pacífico colombiano.
A principios de febrero, en Calamar, Guaviare, campesinos denunciaron erradicaciones forzadas por parte de la Fuerza Pública justo días después de haber firmado acuerdos de sustitución voluntaria; mientras que en Briceño, localidad del norte de Antioquia, los labriegos se tomaron las calles del pueblo el pasado 19 de marzo para denunciar que el Ejército Nacional estaba arrancando matas de hoja de coca en veredas comprometidas con la sustitución voluntaria en el marco de la implementación del punto 4 del “Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
Todo apunta a que no serán los últimos hechos a registrar si se tiene en cuenta que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos enfrenta una disyuntiva preocupante: mientras en el plano interno debe procurar que la implementación del Acuerdo de Paz sea exitoso, particularmente en el punto referido a la solución del problema de las drogas ilícitas, en el ámbito internacional debe sortear las presiones que implica el dramático aumento que experimentaron los cultivos ilícitos en el último año.
Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se estima que en Colombia existen unas 160 mil hectáreas sembradas con hoja de coca, lo que supone un aumento cercano al 40 por ciento con relación a las 96 mil hectáreas reportadas por la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) en 2016.
Dado que el actual gobierno nacional tomó la decisión de no continuar con las fumigaciones aéreas con el herbicida glifosato, las estrategias para enfrentar este fenómeno se han concentrado en la erradicación forzada y las iniciativas de sustitución voluntariacontempladas en el Acuerdo de Paz. Sin embargo, en el terreno de lo práctico, ambas iniciativas parecen contradecirse, generando mayor resistencia a los planes de sustitución entre las comunidades cocaleras que, históricamente, han mantenido serias desconfianzas frente al Estado colombiano.
“El hecho de que veredas de Briceño, Nariño o Caquetá suscriban acuerdos de sustitución un día y al otro día el Ejército o la Policía realicen operativos de erradicación, con lo que eso conlleva, arrancar matas, judicializar campesinos, pues genera desconfianza en las políticas del Estado. Esto podría llevar al traste el proceso”, sostuvo Pedro Arenas, director del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos de Indepaz.
Experiencia actual no es halagadora
Expertos en el tema han señalado que el éxito de los planes de sustitución de cultivos ilícitos dependerá, en bueba medida, de que se realicen los proyectos que modernicen el campo colombiano, algunos de los cuales se encuentran contenidos en el punto 1 del Acuerdo de Paz. Foto: Ricardo Cruz.Según ese observatorio, actualmente se han suscrito acuerdos de sustitución voluntaria en el marco del Acuerdo de Paz en Briceño (Antioquia); Tumaco y Policarpa (Nariño); Montañita, Puerto Rico y El Doncello (Caquetá); Vista Hermosa, La Macerena y Uribe (Meta); Arauquita, Tame y Fortul (Arauca); Calamar (Guaviare); El Tambo y Miranda (Cauca); y algunas poblaciones del Sur de Bolívar y del Putumayo.
VerdadAbierta.com consultó campesinos que vienen participando en acuerdos de sustitución voluntaria en Antioquia y Nariño. Aunque se trata de procesos con sus propias particularidades y dinámicas, en ambos el común denominador es la desconfianza hacía el gobierno nacional.
En Nariño, por ejemplo, los indígenas Awá han manifestado públicamente su deseo de sustituir voluntariamente los cultivos de uso ilícito en sus resguardos y cabildos, pero son enfáticos en señalar que “la mata de coca hace parte de nuestra cultura. Y va a haber coca en nuestros territorios, lo que necesiten nuestros médicos para mambear, para sus recetas”, tal como lo sostuvo Francisco Javier, líder de esta comunidad.
Para los Awá, un plan para la sustitución voluntaria de cultivos para uso ilícito no sólo debe contemplar un enfoque diferencial, sino que debe partir de una consulta previa a las comunidades nativas. “No queremos que llegue el gobierno nacional y nos diga: ‘listo, este es el plan, sustituyan ya. No, nosotros le apostamos a algo más estructural, que les ayude a nuestros cabildos. Pero después de esas consultas, es que sabremos cuántas familias y cuántas hectáreas de hoja mantendremos, porque eso no nos lo pueden prohibir”, explicó Francisco Javier.
De acuerdo con el líder indígena, “la única preocupación que nos asalta es el incumplimiento del gobierno nacional. Aquí en Nariño se han firmado actas de intención de sustitución y a los días llegan los erradicadores. ¿No fue eso lo que sucedió en Tumaco?”. Y añadió: “el gobierno lleva años diciendo que nos van a hacer obras y nada, las obras que han hecho han sido producto de marchas, movilizaciones. Entonces, la gente sí quiere, pero no vemos que el Pnis (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos) esté bien formulado. Queremos algo más estructural, que podamos crear microempresas, empleo para nuestra gente”.
Desconfianza similar sienten los campesinos de Briceño, localidad del norte de Antioquia donde desde el pasado 10 de julio de 2016, comunidades cocaleras, gobierno nacional y guerrilleros de las Farc vienen adelantando la implementación del “Acuerdo conjunto para sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”.
Las tareas que contempla esta iniciativa consisten en caracterizar a la población que depende económicamente de la hoja de coca y, a partir de ese diagnóstico, construir, con la participación activa de las comunidades, proyectos viables y sostenibles para el territorio que desestimulen la siembre de hoja de coca, todo ello acompañado de una fuerte inversión gubernamental, sobre todo en materia de infraestructura vial.
Pero los problemas no se han hecho esperar. Las obras de infraestructura prometidas por el gobierno nacional yque constituyen demandas históricas de los briceñitas, tales como el puente sobre la quebrada El Pescado, el cual conectaría fácilmente el corregimiento Pueblo Nuevo con el resto del municipio, así como la construcción de una biblioteca en el casco urbano de este corregimiento, han experimentado serios retrasos en su puesta en marcha.
A esto se suman las jornadas de erradicación forzada que viene adelantando el Ejército Nacional en varias veredas de este municipio. “Acá en Briceño se firmó un acuerdo colectivo el 4 de marzo, con presencia de las autoridades y la Fuerza Pública, para que no hubiera erradicación, pero el Ejército siguió erradicando forzosamente y quemando ‘caletas’. Pasó en las veredas Polvillo, Guaico y Palestina”, dijo Jimeno Hermosa, presidente de la Asociación de Campesinos de Briceño – Ascabri.
Como si fuera poco, las constantes críticas lanzadas por la Gobernación de Antioquia a este proceso, que no ve con buenos ojos que hasta la fecha en Briceño no se haya arrancado una sola hoja de coca, despiertan serias dudas entre el campesinado sobre la sostenibilidad de esta iniciativa.
“El Alcalde quedó con el compromiso de reunirse con el gobierno departamental para esclarecerles que acá en el municipio, todas las veredas se acogieron al plan de sustitución de manera voluntaria”, añadió Hermosa. Para las comunidades campesinas, estos hechos han sido interpretados como incumplimientos por parte del gobierno nacional, lo que aumenta la profunda desconfianza histórica que mantiene el campesinado briceñita con el Estado, del que sólo han conocido la bota militar.
Ante la falta de asistencia estatal, las comunidades no se han quedado cruzadas de brazos. Un ejemplo de la creatividad lo representan los pobladores del consejo comunitario de Yurumanguí, donde quieren sobrevivir sin la hoja de coca. Preocupados por la falta de recursos para desarrollar proyectos productivos, esa comunidad afro del Pacífico vallecaucano acudió a Internet para recaudar fondos. Su proceso de resistencia es ejemplo nacional, pero el gobierno sigue en deuda de apoyarlos. (Leer: En Yurumanguí buscan apoyo para sobrevivir sin coca y minería ilegal)
Presiones contra el proceso
Se estima que el próximo informe sobre áreas sembradas con hoja de coca que anualmente publica la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) revele un aumento superior al 45 por ciento con relación a 2016. Foto: Ricardo Cruz.Que el gobierno norteamericano haya llamado la atención sobre el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia bien podría generar presión sobre las iniciativas de sustitución contempladas en el acuerdo de paz, máxime si este no arroja resultados en el corto plazo.
Arenas estimó que “esos resultados tendrán que verse entre el primer y el segundo desembolso contemplada para cada familia en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Eso lo decimos de acuerdo a los procedimientos observados en otras zonas del país. Y esos tiempos ya dependen del gobierno nacional, del momento en que haga el giro a las familias vinculadas a losplanes de sustitución. Si los giros se hacen con prontitud, en unos dos o tres meses tendrían que verse una reducción de los cultivos”.
De acuerdo con este investigador, además del discurso político que remarca el aumento de los cultivos ilícitos, existen otras presiones que podrían afectar las iniciativas de sustitución voluntaria tales como la presencia de disidencias de las Farc o de grupos armados ilegales en zonas donde se siembra la hoja y la demanda internacional por alcaloides como la cocaína. Pero, para el investigador, el principal riesgo de estos planes lo constituye la pobreza estructural que persiste en el campo colombiano.
“El hecho de que la Misión Rural señale que la pobreza del campo sea tres veces más alta que en las ciudades, también es un riesgo porque tristemente para las producciones campesinas lícitas las oportunidades no son las mejores, mientras que la pasta base de coca sí tiene unas condiciones que la hacen bastante competitivas. La pasta base no necesita infraestructura para ser transportada. El campesino, aún analfabeta, puede producirla, el mercado local otorga créditos sobre la pasta base, sobre la yuca o la papa no”, señaló Arenas.
Voceros de organizaciones como la recientemente creada Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) también advirtieron sobre el riesgo para las comunidades de erradicar sin planes a largo plazo, así lo explicó Luz Perly Córdoba a VerdadAbierta.com: “Nosotros planteamos que la sustitución se debe hacer por etapas que tengan unos tiempos, que no se trate de entregarles un mercado a los campesinos para que vivan por seis meses y decirle que tienen que arrancar las matas, porque la gente va a quedar peor y seguirá tumbando montaña”. (Leer: “La sustitución será fallida si pensamos sólo en reemplazar una mata por otra”)
Daniel Rico, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz, precisó que, más que riesgos externos, los planes de sustitución voluntaria en el marco del Acuerdo de Paz adolecen de una mala formulación que los hace insostenibles: “Es equivocada la estrategia de concentrar abundantes recursos públicos en pocas familias sin concretar la producción de bienes públicos rurales; es decir, carreteras, electrificación, mejoramiento en salud. Entonces, tenemos una selección de privilegiados y una concentración de los recursos en las zonas cercanas a los centros urbanos que, de seguro, va generar desbalances”.
Según este analista, si se comparan las iniciativas de sustitución voluntaria enmarcadas en el Acuerdo de Paz con las estrategias desarrolladas en el pasado, el único elemento novedoso que aparece es la participación de las Farc: “Y yo veo con poco optimismo que, usando la misma estrategia, usando los mismos operadores y bajo la misma lógica, incluyendo como novedad la participación de las Farc, podamos llegar a resultados diferentes a los que ya hemos tenido. En el pasado, los resultados de desarrollo alternativo o la sustitución de cultivos han estado lejos de cumplir con las expectativas de la población”.
Según Rico, el problema de las drogas ilícitas radica, justamente, en que se está definiendo mal cuál es el problema: “creemos que el problema es la mata de coca y lo que eso genera y que si arrancamos la coca el problema se soluciona. Pero la experiencia de zonas como Urabá y Arauca, donde la presencia de cultivos ilícitos es poca, pero donde las condiciones de seguridad y democracia son precarias, nos lleva a entender que la complejidad del fenómeno del narcotráfico, las economías mafiosas y sus relaciones con la política y otros sectores, es mucho más profundo”.
