Un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) da cuenta de cinco amenazas para los 26 sitios en donde este grupo guerrillero reunirá sus hombres y le entregarán gradualmente sus armas a la Organización de Naciones Unidas (ONU). También analiza cinco regiones en donde hay diferentes tipos de posibles saboteadores a esa parte crítica de la implementación del acuerdo de paz.
Durante los últimos días, el avance en la adecuación de las 19 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los siete Puntos Transitorios de Normalización (PTN) en los que hombres y mujeres de las Farc se aprestan a dejar las armas y estarán concentrados por seis meses se ha tomado los titulares de los medios de comunicación.
Por diversas razones logísticas, la construcción de dichas zonas se ha retrasado y en algunas no se han adecuado ni siquiera los servicios básicos de agua potable y alcantarillado. Pese a ello, las partes acordaron que las Farc se concentrarán este martes 31 de enero y que a finales de mayo habrán dejado todas sus armas bajo la custodia de la ONU. Sin embargo, Rodrigo Londoño Echeverri, máximo jefe de ese grupo subversivo, conocido como ‘Timochenko’, ha advertido que es probable que el traslado de sus tropas se retrase si no se logran las condiciones mínimas.
Pese a no estar listas las zonas, Farc pueden concentrarse
En medio de ese panorama, y ante el inminente inicio del segundo proceso de desarme más grande que se ha vivido en el país, tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, la FIP publicó el informe Entornos y riesgos de las Zonas Veredales y los Puntos Transitorios de Normalización. (Descargue el informe aquí)
Para ese centro de pensamiento, que como su nombre lo indica, lleva más de 15 años trabajando en temas de conflicto armado y paz, “la instalación de las ZVTN y de los PTN se da en medio de un contexto frágil caracterizado por la progresiva disminución del conflicto armado, más no de su finalización. Aún actúan otros grupos guerrilleros como el ELN y el EPL, hay diversas expresiones de crimen organizado en los ámbitos regionales y locales, evolucionan economías criminales como el narcotráfico y la minería ilegal, y surgen disidencias y deserciones”.
Al analizar la situación de los 14 departamentos en los que estarán situadas las zonas de concentración, la FIP identificó cinco potenciales amenazas que generan diferentes grados de riesgo para el proceso de dejación de armas: presencia de otros gruposarmados y crimen organizado, continuidad de economías criminales como narcotráfico y minería ilegal, corredores de narcotráfico, cercanía con zonas de frontera y presencia de disidencias o desertores.
1. Presencia de otros grupos armados y crimen organizado
El Eln y diferentes grupos de crimen organizados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Bloque Meta, el Epl, Los Rastrojos y La Constru, tienen presencia en 18 municipios en los que se instalarán las zonas de concentración.
Al respecto, el informe señala que si bien el Eln está en medio de conversaciones de paz con el gobierno nacional, aún continúa activo, realiza acciones hostiles y genera desplazamientos masivos. Por esa razón, advierte, los sitios de concentración de Chocó y Córdoba podrían ser afectados “en el corto y mediano plazo, tal y como lo ha manifestado ‘Pablo Beltrán’, comandante del ELN, acerca de copar espacios dejados por las Farc en el norte de Chocó”.
En cuanto al Epl, el cual fue catalogado por el gobierno nacional como Grupo Armado Organizado y rebautizado como Los Pelusos, la investigación indica que seguirá en el Catatumbo a pesar de los importantes golpes por parte de la Fuerza Pública, continuará “moviendo las diferentes economías criminales y afectando las garantías de seguridad del proceso, al menos en el corto plazo, concretamente en Norte de Santander”.
Sobre los otros grupos relacionados con el crimen organizado, como las AGC, Los Puntilleros (Bloque Meta y Bloque Libertadores del Vichada), y otras que se limitan a ámbitos locales como Los Caqueteños, Los Botalones, Los Costeños, La Cordillera, La Constru, Los Pachenca, La Empresa y el Clan Isaza, plantea que no es claro si tendrán una injerencia o la capacidad de sabotear directamente los entornos de los sitios de concentración, pero que son una variable que no se puede descartar.
2. Continuidad de economías criminales como narcotráfico y minería ilegal
El aumento de las economías ilegales que han servido como combustible para el conflicto armado fue constante en los últimos años. El caso que más preocupación despertó es el de los cultivos de coca, los cuales, según cifras del Sistema integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), pasaron de 69 mil hectáreas en 2014, a 96 mil en 2015.
Ante esa situación, la FIP llama la atención que la “mayor concentración de cultivos coincide con las regiones donde se instalarán la gran mayoría de las zonas y puntos, con contadas excepciones. Tal es el caso de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá y Norte de Santander, que en total reúnen el 81% de los cultivos de todo el país”.
Por otro lado, la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Unodc), considera que en el país hay 78.939 hectáreas de explotación de oro de aluvión de las cuales el 79 por ciento está concentrado en los departamentos de Antioquia (33 por ciento) y Chocó (46 por ciento). Y en departamentos como Caquetá, Putumayo y Nariño, más del 80 por ciento de la explotación de oro por aluvión se encuentraen territorios afectados por cultivos de coca, “los cuales corresponden a lugares donde se ubicarán zonas y puntos para la concentración de la guerrilla”.
El informe concluye que en 20 municipios donde se instalarán zonas y puntos de concentración hay cultivos de coca, y en seis de ellos también hay explotación ilegal de oro. Los municipios en los que se dan las dos actividades son Ituango (Antioquia), Remedios (Antioquia), Anorí (Antioquia), Buenos Aires (Cauca), Icononzo (Tolima) y Riosucio (Chocó).
3. Corredores de narcotráfico
El informe de la FIP señala que “con pocas excepciones, todas las zonas y puntos de concentración están ubicados en regiones estratégicas donde por años han funcionado corredores de narcotráfico y, en general, de otros bienes que alimentan economías criminales. La continuidad de otros grupos armados y las presiones para que estas economías sigan operando debe ser un motivo de alerta para las poblaciones, miembros de las FARC en proceso de desmovilización y entrega de armas, así como para los miembros del MM&V (Mecanismo de Monitoreo y Verificación)”.
Como ejemplo, referencia el corredor de más de 1.500 kilómetros que va desde el departamento de Guaviare hasta las fronteras con Brasil y Venezuela. Además, en esa región se encuentra la disidencia del Frente 1 de las Farc, que fue el primer grupo en decir que no se acogía al Acuerdo de Paz, y a pesar de que un radio de acción alejado de las dos zonas veredales de San José del Guaviare, la FIP considera que “ya ha demostrado que puede alterar el orden como lo hizo en ese municipio el pasado 2 de octubre, día de la votación del plebiscito por la paz. De hecho, se cree que esta disidencia ya había hecho contactos con miembros de las AGC o Clan del Golfo para repartir el control y las ganancias sobre este corredor”.
También hay otros corredores que van desde Caquetá y Putumayo, pasando por Nariño hacia el puerto de Tumaco en el Pacífico. Además, diferentes sectores señalan que una disidencia de la Columna Móvil Daniel Aldana, integrada por más de 100 hombres, habría formado el grupo “NuevaGente” y enfrentado a sus antiguos compañeros para seguir ejerciendo control sobre las rutas.
4. Cercanía con zonas de frontera
Aunque una de las condiciones para elegir los sitios de concentración es que no estuvieran cerca a zonas fronterizas, “en la práctica hay cinco zonas y dos puntos que funcionarán en áreas cercanas a las fronteras, como Catatumbo por el límite con Venezuela, el Urabá antioqueño y chocoano por el límite con Panamá y el Caribe, y el suroccidente, en Tumaco, por el límite con el Pacífico, Ecuador y Perú”.
Al respecto, la FIP advierte que esa situación representa un desafío por cuatro razones: la existencia de rutas de tráficos ilícitos y la presencia estructuras armadas en ambos lados de la frontera; la posibilidad de tráfico de armas en países vecinos; la existencia de redes transnacionales de tráfico de drogas, de trata de personas y contrabando; y la presencia de estructuras de crimen organizado locales, nacionales y transnacionales.
El panorama descrito anteriormente puede propiciar disidencias o deserciones en las Farc. Sin embargo, el informe plantea que “las economías e instituciones criminales preexistentes en estas regiones de frontera no afectarán, necesariamente, el funcionamiento de las zonas y puntos donde se concentren las FARC, pero son factores a tener en cuenta en estos territorios entornos. Determinar donde sí y dónde no incidirían directamente las problemáticas descritas, además de comunicarlo oportunamente, es una tarea fundamental de las autoridades competentes”.
5. Presencia de disidencias o desertores
Este punto es calificado por la FIP como uno de los factores de riesgo más crítico en el mediano y largo plazo. Y hace una diferenciación entre las deserciones y las disidencias: “uno de los aspectos que más pueden afectar a las zonas y puntos no necesariamente son las disidencias, sino las deserciones que, aunque no han sido sistemáticas, sí han venido presentándose en diferentes estructuras de las FARC”.
Entre los casos referenciados están el de cuatro combatientes del Frente 19 y otros en Nariño, Vichada y el Bajo Cauca antioqueño, “debido a la incertidumbre que causó el triunfo del No en el plebiscito y quienes se estarían vinculando a nuevos grupos que se estarían formando como el denominado “Nuevo Orden” y “El Renacer””. Además, según el informe, en Antioquia se han tenido reportes de desertores de los Frentes 18 y 36, que han salido de las zonas de preconcentración debido a la lentitud con que se ha producido el proceso, para pasar a integrar grupos que delinquen en municipios como Ituango y Tarazá.
Por otro lado, plantea que “el riesgo de las disidencias –que a diferencia de los desertores son más grandes en número, tienen un nivel organizacional más estructurado, se pueden sostener de manera independiente en el tiempo, pueden generar alianzas bajo otros términos con otros grupos– es la afectación a las condiciones en general de seguridad después de que dejen de funcionar las zonas y puntos, en el mediano y largo plazo”.
Casos regionales
El informe de la FIP analizó la situación de cinco regiones y estas son sus principales conclusiones:
– Tienen presencia los frentes Capitán Parmenio y Luis Enrique León Guerra del Eln
– Tienen presencia grupos armados y delincuenciales como el Epl, las AGC y Los Rastrojos.
– El 12 por ciento del total de hectáreas sembradas con hoja de coca del país está en esta región, y que hay cientos de trochas funcionales para el contrabando en ambas direcciones.
– Existe una zona de frontera, “puede resultar eficiente, en términos de absorción de mano de obra y de afectación al proceso de gestión del armamento”.
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– Presencia de las AGC en inmediaciones de los municipios de Vistahermosa y Mesetas.
– Presencia de la banda de Los Puntilleros o Bloque Meta en cercanías al municipio de San José del Guaviare donde habrátres ZVTN.
– Disputas entre esas bandas y otras como Libertadores del Vichada por el control de rutas fluviales del narcotráfico hacia Venezuela y Brasil.
– Relación entre esos grupos y cultivos de coca.
– Potenciales deserciones o disidencias, como la del Frente 1.
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– Presencia del Eln con el Frente Darío Martínez del ELN y de las AGC
– Enfrentamientos entre Eln y las AGC.
– Cultivos de coca abundantes.
– Minería ilegal como como generador nuevos ciclos de violencia.
– Riesgos en las ZVTN de Dabeiba y Vigía del Fuerte, en Antioquia, y Riosucio, en Chocó, por control de corredores del narcotráfico de las AGC.
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– Presencia del Eln y las AGC.
– Concentración de cultivos de coca: el 31 por ciento del total del país.
– Concentración de minería de oro de aluvión.
– Corredores de tráfico de economías ilegales hacia la costa del Pacífico.
– Deserciones en la Columna Móvil Daniel Aldana, “que podrían ampliarse hasta convertirse en grandes disidencias que pueden comprometer el proceso de desmovilización”.
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– Concentración de cultivos de coca: 21 por ciento del total del país.
– Explotación de oro controlada por La Constru.
– Corredores estratégicos de tráfico de cocaína hacia Ecuador.
– Posibles deserciones del Frente 48.