Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición esconden grandes retos que medirán qué tan exitoso será la implementación del Acuerdo Final. Cuarta entrega de cinco artículos de análisis sobre los puntos acordados entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc.
Encuentro Nacional de Víctimas realizado en Cali en agosto de 2014, que fue promovido por la Mesa de Negociaciones de La Habana. Foto: VerdadAbierta.com.En los cuatro años de discusiones en La Habana, el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc reiteraron que las víctimas estaban en el centro del acuerdo de paz. No en vano el punto cinco de la agenda de negociaciones, que se refiere a este tema, fue el que más tardó en acordarse de todo el proceso y es uno de los más completos con sus capítulos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Además, es inédito en el país, pues ninguna negociación de paz de la historia reciente del país tuvo un aparte dedicado única y exclusivamente a las víctimas.
Para nutrir suscontenidos, 60 personas afectadas directamente por el conflicto participaron en la mesa de diálogos, los negociadores recibieron más de 17 mil propuestas a través de diferentes medios que sirvieron de base para debatir varios de los puntos más complejos de todo lo pactado, entre ellos la Jurisdicción Especial para la Paz.
Además de este modelo de justicia transicional, en el punto de víctimas se acordó la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.
Además, es uno de los pactos que mostró resultados desde antes de la firma del Acuerdo Final. Así se lo expresó José Antequera, hijo del dirigente de la UP asesinado que lleva su mismo nombre, a VerdadAbierta.com en un artículo reciente. A su juicio, con este proceso de paz se abrieron más espacios para las víctimas: “antes no teníamos voz y ahora somos el centro pues solía ser una discusión de ellos de por qué era necesario llegar al fin”.
Otro de los resultados previos fue la identificación de personas desaparecidas. Como un acto de “construcción de confianza”, se entregaron los primeros restos óseos de 29 víctimas en Villavicencio, en diciembre de 2015; y durante 2016 se han entregado otros más en varias regiones del país, siguiendo lo convenido en octubre del año pasado. (Ver comunicado)
El Acuerdo Final también establece que el gobierno nacional y las Farc apoyarán varios actos para reconocer sus responsabilidades en el conflicto. Así lo hizo la guerrilla en Bojayá, Chocó, y La Chinita, en Antioquia. Lo mismo hizo el presidente Juan Manuel Santos al aceptar que “el Estado no hizo lo suficiente para impedir la tragedia de la UP”.
Si bien ha habido avances, aún falta mucha tela por cortar, pues los puntos centrales de lo pactado sobre víctimas, como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, se conformarán, como mínimo, dentro de seis meses. No obstante, en el pasado se han tenido varias experiencias cuyos detalles pueden dar luces sobre las dificultades que se enfrentarán.
Lo necesario para la verdad
Las 60 víctimas viajaron a La Habana en grupos de a 12 personas, cada uno. El segundo de ellos está en la foto y participó en septiembre de 2014. Foto: Oficina del Alto Comisionado de Paz. Colombia ya ha experimentado ejercicios de verdad para temas de conflicto. En 1962, Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña investigaron sobre la época de la Violencia entre liberales y conservadores; en 1987 Gonzalo Sánchez, actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), analizó la dimensión política en el conflicto que arrojó una investigación titulada ‘Colombia: violencia y democracia’; en 2010, el turno fue para los magistrados Jorge Aníbal Gómez, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla para el caso específico del Palacio de Justicia; yen 2013, el CNMH estudió la evolución de los actores armados y de la guerra en el ‘¡Basta ya!’.
Ahora, la Comisión de Verdad tiene un gran reto, pues su periodo de estudio será el “del conflicto”, en su totalidad. “Como ello supone un marco temporal extenso, será necesario que la Comisión establezca dentro de éste prioridades de su investigación”, acordaron las partes negociadoras.
En la Comisión podrán hablar todos los responsables del conflicto, directos e indirectos, sean civiles o armados. La cláusula es que su participación es voluntaria y lo que allí se diga será extraoficial: “Sus actividades (las de la Comisión) no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella. La información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada por ésta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio; ni las autoridades judiciales podrán requerírsela”.
Los objetivos de la Comisión de la Verdad, que durará tres años a partir de su instalación, son esclarecer qué pasó en el conflicto, especialmente en el marco de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, contribuir al reconocimiento de las víctimas y promover la convivencia en territorios
Otra de las especificaciones es que el Estado financiará la Comisión y los once comisionados que la conformarán deberán ser elegidos por el mismo mecanismo que seleccionará también a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por lo pronto, fue designado Néstor Raúl Correa, actual magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, como Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, quien comenzará funciones si este domingo es aprobado el Acuerdo Final a través del plebiscito.
Esto dos últimos aspectos difieres diametralmente de lo que ocurrió con el caso del Palacio de Justicia. Nilson Pinilla, exmagistrado de la Corte Constitucional y uno de los tres investigadores de la Comisión de la Verdad para los hechos del Palacio de Justicia, explicó que ellos eran solo tres e, inicialmente, los costos de la investigación los asumieron ellos mismo, pese a que fue creada por la Corte Suprema de Justicia.
El principal obstáculo de una labor como esas es la ausencia de voluntad política de conocer la verdad; en el caso del Palacio de Justicia, muchos políticos se quejaron de reabrir heridas. “Aquí cada quien piensa solamente en su interés personal y si solamente es por nuestro beneficio, la nación no puede levantarse. Así sucedió en el caso del Palacio de Justicia: presentamos unas recomendaciones que nadie atendió y las Fuerzas Militares siguieron tapando el sol con un dedo diciendo que no hubo desaparecidos”, reconoció Pinilla.
Sin embargo, el gobierno nacional y las Farc se comprometieron explícitamente a contribuir “decididamente en el proceso de reconocimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante la Comisión”.
Otro de los retos, según Pinilla, es el acceso a las fuentes. Para el caso de la comisión de la verdad del Palacio de Justicia, los investigadores tuvieron “que rogar” para entrevistar a los involucrados, pues no tenían jurisdicción.
Al respecto, las partes acordaron en La Habana que “la Comisión podrá solicitar la información que requiera para el cumplimiento de su mandato ante los magistrados, jueces y organismos de investigación”.
Pero en la realidad mucha de esa información ya es de difícil acceso, incluso para organismos creados por el mismo Estado. Esa fue la situación que enfrentó la Comisión Asesora para la Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, conformada personas externas a la Fuerza Pública y concebida en la Ley 1621 de 2013 que surgió tras la liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Esta normativa delimita que los archivos de interés nacional tienen una reserva de hasta 30 años, prorrogables por 15 más. Es decir, que un documento de hoy podría conocerse únicamente a partir del año 2061.
La labor entonces de la comisión asesora era hacer recomendaciones sobre la depuración de todos los datos que manejan los organismos de Inteligencia y Contrainteligencia que, según la ley ya nombrada, deberían tener un trato acorde con el respeto de los derechos humanos.
VerdadAbierta.com conoció que los investigadores, encabezados por la Procuraduría, jamás tuvieron acceso a los documentos. “Las Fuerzas Militares les hicieron unas presentaciones formales de cómo funcionaba cada centro de inteligencia, pero no les mostraron ni un documento de verdad”, precisó una fuente que pidió la reserva de su nombre.
Esto implicó que no pudieran “realizar plenamente la función”; las recomendaciones se basaron principalmente en las normas y en los estándares internacionales del manejo de esta clase de archivos, como explicó otra persona conocedora del tema.
“En estándares internacionales se ha demostrado que los archivos de inteligencia responden a lo que se considera una amenaza que pone en riesgo la seguridad de Estado. El conflicto y los actores armados han amenazado esa seguridad. Es interés de la futura Comisión de la Verdad saber cómo el Estado respondió ante eso”, agregó una de las fuentes.
Sin embargo, esa persona detalló que en Colombia no hay legislación suficiente que regule la entrega de información; muchas veces los funcionarios guardan archivos que ya no son confidenciales y, en otras ocasiones, se viola el derecho a la intimidad de las víctimas por publicar datos sensibles como el nombre o el municipio donde vive.
Jurisdicción para la Paz, mucho por definir
La excongresista Consuelo González de Perdomo fue secuestrada por las Farc en 2001 y fue una de las víctimas que narró su historia en la mesa de diálogos. Foto: Oficina del Alto Comisionado de Paz.Desde mediados de septiembre de 2015, cuando se anunció lo pactado sobre víctimas, Juan Manuel Santos y ‘Timoleón Jiménez’, máximo comandante de las Farc, revelaron las primeras pinceladas de lo que será la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Se definió, entre otras cosas, que los guerrilleros que dejen las armas y reconozcan su responsabilidad en los delitos no irán a la cárcel, sino que serán sancionados con 5 a 8 años de restricciones a su libertad; se anunciaron amnistías para los delitos políticos y conexos; y se aclaró que también responderían antes estos tribunales los agentes del Estado y civiles que financiaron o colaboraron–no como resultado de coacciones– a grupos armados ilegales, o quienes tuvieron una participación “determinante y habitual” en la comisión de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.
Para entender lo acordado en La Habana
Meses después del anuncio, algunas cosas se han ido clarificando y, tal como se pactó, el componente de justicia deberá entrar en funcionamiento, a más tardar, tres meses después de la entrada en vigor del Acuerdo Final. Sin embargo, como dice el dicho popular ‘del dicho al hecho hay mucho trecho’, especialmente en materia de justicia transicional donde, como muestra la experiencia en Colombia y en otros países, los parámetros se van construyendo sobre la marcha. Por ejemplo, los procedimientos de Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz – que juzgó a los paramilitares que se desmovilizaron colectivamente – se fueron aclarando a través de la jurisprudencia que fue creando las Altas Cortes con posterioridad a la entrada en vigencia de esa norma.
Se espera entonces que durante los próximos meses se adelanten todo tipo de debates sobre la reglamentación de esta Jurisdicción Especial. Lo primeros tendrán que ver más con asuntos prácticos, como la conformación del Tribunal, la financiación y el papel que va a cumplir la Fiscalía. Pero también habrá debates jurídicos sobre algunos vacíos que deja el Acuerdo Final: ¿cuál es el derecho aplicable?, ¿qué metodología se elegirá para clasificar e imputar los delitos?, ¿cuáles serán los mecanismos de participación de las víctimas?
La elección de los magistrados es uno de los debates que más ha despertado interés en la opinión pública. El comunicado 88 de la mesa de conversaciones de La Habana aclaró que para el Tribunal del Paz se elegirán 24 magistrados colombianos y 4 extranjeros, mientras que para las Salas de Justicia serán 18 los nacionales y 6 los internacionales.
Entre los llamados a escogerlos están la Corte Suprema de Justicia, el Centro Internacional de Justicia Transicional y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, que reúne a los rectores de las universidades estatales del país.
Aunque parezca un asunto de procedimiento, de las personas que salgan elegidas depende en gran parte la legitimidad que tenga esta instancia judicial. “Es la primera vez que en Colombia se va a crear un tribunal tan grande donde todos sus miembros tengan que ser elegidos al tiempo. No solo debe haber magistrados, sino investigadores que cumplan una función parecida a la de la Fiscalía. Encontrar las personas con las capacidades y la legitimidad es un primer reto”, precisó Camilo Sánchez, coordinador de investigaciones sobre Justicia Transicional del centro de estudios de Dejusticia.
Otro de los retos que impone el Acuerdo Final es la definición del papel que va a cumplir cada una de las instituciones, en especial la Fiscalía. En este nuevo escenario, el ente investigador solo se debe remitir a entregar unos informes descriptivos sobre las investigaciones y los procesos que están en curso en contra de los guerrilleros, los agentes del Estado y los terceros colaboradores de la guerra que hayan sido mencionados por los paramilitares. Sus informes tendrán el mismo peso de los que entreguenlas organizaciones no gubernamentales y otros organismos de control.
A diferencia de lo que ocurría en Justicia y Paz, la Fiscalía ya no deben hacer una tipificación de los delitos, ni establecer responsables, tareas que estarán ahora en manos del Tribunal. Estos cambios ya han causado los primeros estragos en el ente investigador, en especial con la llegada de la vicefiscal María Paulina Riveros, quien parte del equipo negociador en La Habana, pues ordenó hacer cambios al trabajo que venía haciendo con ese propósito la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (Dinac). Los informes tuvieron que ser replanteados: ya no hay patrones de macrocriminalidad, no se establecer máximos responsables y no se intenta sustentar la sistematicidad de los delitos y las políticas.
“En este país nunca ha sido fácil que una institución deje su competencia, porque a todo el mundo le gusta el poder. Para mí hay un reto grande en que la Fiscalía se logre desprender de la información de los informes, dejándole toda la competencia al Tribunal”, indicó Sánchez.
A esto se suma la inconformidad que han expresado algunos magistrados de las Altas Cortes sobre la posibilidad de que este nuevo tribunal pueda entrar a revisas las sentencias, incluso las de última instancia. Aunque no hay mecanismos jurídicos para interponerse a esas decisiones, pueden darse discusiones públicas entre los magistrados que nublen el panorama de esta nueva jurisdicción.
Ahora bien, de aprobarse en las urnas el Acuerdo Final, las discusiones girarán en torno a la reglamentación que se haga de esta Jurisdicción Especial. Para ello, el gobierno nacional presentaráante el Congreso un conjunto de reformas que permitan la implementación de lo acordado, se usará el mecanismo del ‘fast track’ para agilizar su aprobación.
En un breve tiempo, senadores y representantes a la Cámara serán los encargados de resolver algunas de las preguntas esenciales de la jurisdicción, entre esas, cuál es la normatividad que va a aplicar en esta justicia transicional. Aunque se dejó claro que se va a regir bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), estos no son directamente aplicables en términos de delitos. Es decir, estos no definen los tipos penales que pueden llegar a imputársele a uno de los guerrilleros que sea postulado a esta jurisdicción transicional.
En este caso, solo el Estatuto de Roma hace una clarificación de algunos delitos que podrían llegar a aplicarse, pero no todos se acomodan a la situación de Colombia. “Creo que esta es una ambigüedad constructiva, porque podemos dar el debate. Yo pienso que en Colombia tenemos una tradición de traducción de las normas del Estatuto de Roma a nuestra jurisprudencia que puede ser interesante”, aseguró Claudia Medina, Directora del Centro Internacional de Toledo para la Paz en Colombia.
Tampoco está claro cómo va a ser la participación de las víctimas. Aunque se estableció que ellas son el centro del Acuerdo, es poco lo que se las menciona en lo referente a la Jurisdicción de Paz. El punto quinto asegura que las organizaciones de víctimas podrán presentar sus informes, al igual que la Fiscalía, pero no queda claro cómo podrán participar las víctimas que no tengan filiación con ninguna organización, cuyos casos tampoco hayan sido reportados por el Ente investigador.
Hasta ahora, en el documento, solo se menciona que si una de las sentencias vulnera los derechos de una víctima, “con interés directo y legítimo”, ésta podrá presentar un recurso ante la Sección de Apelaciones, que tendrá que ser resuelto en 10 días. Pero no se menciona si en algún momento podrá existir una participación directa de las víctimas en los procedimientos que se surtan en esta jurisdicción.
Este es un duro debate. Es claro que las primeras interesadas en este proceso serán las víctimas y, por tanto, debe garantizarse su participación; sin embargo, una de las críticas recurrentes del proceso de Justicia y Paz fue la falta de claridad sobre en qué momento del proceso deberían ser incluidas las víctimas, asunto que solo se reglamentó ocho años después de su puesta en marcha con la reforma 1592 de 2012. “El reto es cómo entender que las victimas que tienen que participar, sin dar una idea de participación que evite que los procesos avancen, porque eso termina afectándolas”, indicó Sánchez.
Las discusiones jurídicas no acabarán en el Congreso; continuarán una vez instalados los magistrados de la Jurisdicción Especial. Serán estos los que entrarán a definir cómo plantear la metodología para hacer una judicialización masiva de los postulados a esta justicia transicional.
A diferencia de lo que proponía en su momento el Marco Jurídico de las Paz, o como se hace en la Ley de Justicia y Paz, el Acuerdo Final elimina la noción de máximos responsables. Los comandantes de las Farc han dicho en diversas oportunidades que quieren ser juzgados como un colectivo y no que cada uno asuma responsabilidades particulares.
Entre los juristas ya está claro que una de las lecciones que dejó la Ley de Justicia y Paz es que en una jurisdicción de este tamaño es imposible juzgar uno a uno lo delitos. Por eso se habían adoptado medidas como las de los máximos responsables, en las que, por ejemplo, un jefe paramilitar era condenado por todos los delitos que cometió la unidad bajo su mando. Pero en esta nueva jurisdicción, los magistrados podrán trazar un nuevo camino. “El gran desafío es el diseño estratégico. Cómo se van a organizar los casos, los delitos, para crear procesos grandes que cubran un número importante de víctimas”, agregó Medina.
Las caras de la reparación
‘Iván Márquez’ asistió a Bojayá para reparar simbólicamente a las víctimas de las Farc. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz.Otra de las grandes preguntas es qué pasará con el dinero de la guerrilla. El Acuerdo Final estipula que las Farc “como organización insurgente que actuó en el marco de la rebelión, se comprometen a contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral, sobre la base de los hechos que identifique la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Actualmente, el Fondo para la Reparación de la Unidad para las Víctimas ya tiene 40 bienes de las Farc por más de 10.000 millones de pesos, que fueron ofrecidos a través de Justicia y Paz.
Otro de los mecanismos de recuperación de bienes ha sido por extinción de dominio. Juan Camilo Morales, excoordinador del Fondo para la Reparación, explicó que muchos de esos inmuebles han sido obtenidos por los datos que las autoridades sacaron de los computadores y otras fuentes de información encontrados en operaciones militares. “Estatarea seguramente ha sido dispendiosa y muy probablemente, una gran cantidad de información valiosa sobre otros activos se encuentra aún en procesamiento preliminar”, aclaró.
Hasta ahora la reparación material ha sido uno de los puntos más complejos. De hecho, el Estado es el que ha puesto más dinero. En Justicia y Paz, por ejemplo, el 89% de la reparación de las víctimas ha sido con el Presupuesto General de la Nación y eso que todavía “falta reconocer las afectaciones y ordenar reparaciones a un 96% de las víctimas”, según Morales.
Justicia y Paz: ¿dónde está la plata que se esconde tras la guerra?
El exfuncionario aseguró que existe una gran diferencia entre los inmuebles de los paramilitares y la guerrilla: los de los primeros están principalmente en “zonas donde actualmente existe presencia de las bandas criminales posdesmovilización, como el Urabá, Bajo Cauca Antioqueño y Córdoba”. Mientras que los de las Farc están donde ellos han sido la ley y el orden como la región del Yarí, varios municipios de los Llanos Orientales o en Planadas, Tolima.
Otra de las caras de la reparación es la colectiva. En el marco de la Ley de Víctimas, la 1448, esto ya ha ocurrido, pero su proceso no ha sido el más expedito y fácil de todos.
Luego de cuatro años de foros regionales y nacionales, de intentos por organizarse, y de la construcción de una propuesta, los movimientos sindicales de la CUT, CGT, CTC y Fecode fueron reconocidos como sujetos de reparación colectiva por toda la persecución violenta padecida durante varias décadas.
Uno de los resultados fue la creación de una mesa de trabajo con estas organizaciones para “contribuir a la consolidación de una cultura de respeto y reconocimiento al sindicalismo y al fortalecimiento del movimiento sindical, como un actor clave en el funcionamiento de la democracia”, según el Decreto 624.
Sin embargo, Édgar Mujica, director del departamento de derechos humanos de la CUT, aclaró que la mesa no ha sido convocada y, lo que es peor, todavía están siendo víctimas.
“La reparación incluye verdad, justicia, reparación y no repetición. Pero no tenemos garantías porque siguen asesinado y amenazando dirigentes sindicales en nuestro país, y para la verdad, el sindicato reconstruye su memoria que deberá hacer tránsito a verdad jurídica para que finalmente se investigue y sancione a los culpables de lo que le pasó al movimiento sindical”, explicó Mujica.
Mientras el vocero de la CUT exigió garantías de no repetición, el gobierno nacional y las Farc consideraron que la suma de todo lo pactado contribuye a que los hechos violentos no se repitan con el esclarecimiento de qué sucedió, la lucha contra la impunidad y mediante la promoción de la convivencia.
¿Y sobre los desaparecidos?
Luz Marina Bernal es una de las madres de Soacha que perdió a su hijo por una ejecución extrajudicial de militares. Foto: Oficina del Alto Comisionado de Paz.Elcompromiso del Acuerdo Final para encontrar los cuerpos de las personas desaparecidas es la oportunidad de aplicar las lecciones aprendidas en esta materia durante los últimos diez años. No obstante, se parte de un escenario complicado, en el que aún no hay certeza ni consenso entre las autoridades – Medicina Legal, Fiscalía y Unidad de Víctimas – sobre el universo de víctimas.
La Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, propuesta en el punto quinto de La Habana, podría ser la oportunidad para que el Estado clarifique cuál es el número aproximado de víctimas que está en el deber de encontrar. “Creemos que es importante delimitar a quiénes estamos buscando”, aseguró Pablo Cala, vocero del Colectivo Orlando Falls Borda.
Cala se refiere a que no solo es importante saber cuántos son, sino de antemano conocer algo de la identidad de las personas que se está buscando. Para ello, en el Acuerdo Final quedó claro que el trabajo de esta nueva Unidad se hará de la mano de los familiares de las personas desaparecidas y con las organizaciones de las víctimas que los acompañan.
Esta fue una de las lecciones agridulces que dejo la Ley de Justicia y Paz, pues la mayoría de los restos se exhumaron con información proporcionada por los victimarios, que por lo general recordaban las coordenadas de la fosa, pero poco sabían sobre la identidad de la víctima. Las cifras así lo demuestran: de 6.660 cuerpos encontrados – a julio de 2016- , solo el 46% han sido identificados y regresados a sus familiares. El resto permanece en las bodegas de los laboratorios esperando un Match, una coincidencia los perfiles genéticos de algunas de las víctimas que entregaron muestras de sangre.
La gran fosa que desenterró Justicia y Paz
Las organizaciones de víctimas esperan que la comunicación con la Unidad no se reduzca al envío de informes con cifras sobre los cuerpos encontrados. Además, para mejorar las metodologías de identificación, proponen que se sigan las recomendaciones que durante años han hecho los antropólogos forenses, entre esas, que la identificación no solo dependa del ADN, sino que se usen otras características morfológicas de los restos.
Este trabajo mancomunado entre el gobierno nacional y las organizaciones de víctimas ya dio sus primeros pasos desde finales del año pasado, después de que se diera a conocer el comunicado 62 de la Mesa de La Habana, que dictaba unas medidas inmediatas para la búsqueda de restos de personas desaparecidas. El Ministerio del Interior hizo el diagnostico de 13 cementerios en el país con altos número de personas enterradas sin identificar.
Además, organizaciones como el colectivo Orlando Falls Borda han participado en las diligencias y han desplegado campañas para encontrar a los familiares de las víctimas.
“Ha sido una herramienta, que no ha resuelto el tema de fondo, pero da resultados. De 2010 a 2015 la Fiscalía trabajó solo en cinco cementerios y entregó 79 cuerpos, mientras que en estos últimos 10 meses de labores se han entrado 61 cuerpos a sus familiares y están en proceso 400 exhumaciones”, indicó Cala.
Presuntos combatientes, enterrados sin nombre
Sin embargo, deesta fructífera experiencia se vislumbran ya dos importantes desafíos. El primero es cómo aseguran que el trabajo no se detenga durante el tiempo que tarde la creación de la Unidad. Según dicen las organizaciones que acompañan el proceso, a esta tarea había sido asignada una subcomisión de la Fiscalía que fue disuelta luego de la posesión del actual fiscal, Néstor Humberto Martínez. El trabajo quedó en manos del grupo de exhumaciones de la Dirección de Justicia Transicional, que tiene la tarea de encontrar los cuerpos de las víctimas que hacen parte de la Ley de Justicia y Paz.
“¿Qué va a pasar con las medidas inmediatas mientras crean la nueva institucionalidad? Todo el trabajo regresó a la Dirección de Justicia Transicional, que ya tiene un volumen muy alto de trabajo. Este mecanismo ha venido funcionando y no queremos que se detenga el trabajo”, agregó Cala.
El segundo temor lo ha expresado Equitas, organización forense especializada en la búsqueda de personas desaparecidas. Desde su experiencia, lograda a través del trabajo con sepultureros y administradores de los cementerios para instaurar buenas prácticas, observan que la situación de la mayoría de los cementerios es lamentable y las posibilidades de que un cuerpo se pierda en el mismo cementerio son altas.
“No tenemos un censo del total de los cementerios en el país, no sabemos quiénes los están administrando y si están cumpliendo con los estándares que se requieren para personas inhumadas no identificadas y personas identificadas sin reclamar”, aseguró Diana Arango, directora ejecutiva de Equitas.
Aunque por ley los alcaldes deben delegar la tarea a un administrador, lo que ha encontrado Equitas en varios departamentos es que los párrocos del pueblo se han hecho a cargo y los mandatarios no responden. Para ganar más dinero y liberar bóvedas, muchos de estos cementerios han exhumados los cuerpos enterrados sin identificar y los ubican en almacenamientos temporales sin ningún tipo de identificación.
“Esta es la oportunidad de dejar de ver la muerte como un negocio y dignificar los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas. Es el momento de que las autoridades asuman las responsabilidades que tienen para que los restos no sigan en riesgo de desaparecer”, indicó Arango.
El reto de la implementación del punto sobre víctimas es la sincronización de todos los modelos, desde la Comisión de la Verdad hasta la justicia transicional. En medio de un ambiente hostil como el que describió Mujica y que padecen los sindicalistas, se ven amenazadas la verdad, la justicia, la reparación, pero sobre todo las garantías de no repetición que pretende subsanar el Acuerdo Final pactado en Cuba.
