En Yondó fueron desplazadas 16 mil personas, casi su población actual. Muchas de ellas exigen acceso a una vivienda digna, pero los proyectos prometidos están inconclusos.
Según la Secretaría de Vivienda de Yondó, hay 17 barrios legalizados y cinco sin legalizar. Las víctimas de desplazamiento forzado esperan una oportunidad para acceder a una vivienda de interés social: Foto: Leidy Benavides.Yondó es un municipio con un alto número de víctimas que está a 20 minutos de Barrancabermeja, el puerto petrolero del Magdalena Medio. Aunque hace parte de Antioquia, sus pobladores tienen una mezcla de acento paisa y santandereano, algo que no es extraño en un pueblo formado por familias desplazadas de ambos departamentos.
“Estamos en un momento más crítico”, dice Liborio Ortega Cantillo, representante de la Asociación Regional de Víctimas de la Violencia en el Magdalena Medio (Asorvim). Según este líder, de los 18 mil habitantes censados, más de 5 mil son víctimas que llegaron desplazadas de otras regiones, y su atención si mucho es solo asistencialista, no integral. Bajo ese panorama, el acceso a vivienda digna es una de las tareas inconclusas.
Las cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), de la Unidad Nacional de Víctimas, confirman el panorama al que se refiere Ortega. En realidad, el número de personas que componen la población fue casi el mismo que fue expulsado entre 1985 y la fecha actual, cuando 16 mil 113 personas tuvieron que dejarlo todo por la confrontación entre guerrilleros del Frente 24 del Bloque Magdalena Medio de las Farc y el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). (Ver cifras)
Esa es la historia, por ejemplo, de José Edubán Tamayo, quien fue desplazado de la vereda Caño Don Juan cuando comenzaron a proliferar los paramilitares de las Auc. A principios de la década del noventa el mismo Ejército les dijo que se fueran “porque eso se iba a poner feo”. A los habitantes los estaban tildando de colaboradores de la guerrilla. Atrás quedaron su finca y los cultivos de yuca, plátano y maíz, con los que sacaba adelante a sus ocho hijos.
Pero mientras unos salían de veredas de Yondó, otros llegaban al municipio, también con las manos vacías, de otras zonas del Magdalena Medio. Es el caso de Amparo Rodríguez, quien hace una década tuvo que abandonar la finca y los cultivos de habichuela, tomate, aguacate y naranjas con los que prosperaba junto a su esposo en Rionegro, Santander. “Un día nos llegó un papelito en el que decía que nos daban 24 horas para irnos”, asegura la mujer. Ella no recuerda qué grupo armado fue culpable de esa tragedia, pero dice que fue el mismo que secuestró a su hijo de tres años, a quien encontraron con vida tres días después en una cañada.
Testimonio de Amparo Rodríguez
Otra historia similar es la de Diana Leonor Puerta, desplazada en 2006 de la vereda Caño Barbudo, sur de Bolívar, por supuestos paramilitares. La tranquilidad que tenía en su tierra terminó cuando hombres armados asesinaron al inspector y al promotor de salud del pueblo y la gente comenzó a abandonar las fincas por miedo. Para entonces estaba embarazada y tenía un bebé de dos meses, una situación que se complicó aún más cuando, por problemas familiares, decidió separarse de su esposo.
Testimonio de Diana Leonor Puerta
Drama del pasado
Los casos de José Edubán, Amparo y Diana Leonor se suman a las 5.390 personas que, según datos oficiales, viven en condición de desplazamiento en Yondó. En sus relatos explican que primero probaron suerte en Sogamoso, Bucaramanga y San Vicente, pero por tener familiares en el municipio y por considerar que quizá obtendrían un trabajo en el sector petrolero su situación mejoraría rápido. Cosa que en realidad no sucedió. “En el municipio es tradicional la extracción de hidrocarburos y la gente podía ganar entre 2 y 4 millones de pesos, pero ese no es un trabajo estable. Estamos viviendo momentos críticos por la caía del petróleo”, dice Liborio Ortega.
Así son las viviendas en las que viven víctimas de desplazamiento forzado en Yondó. Las habitaciones son improvisadas con plásticos y sábanas. Foto: Leidy Benavides.Yondó es un municipio relativamente joven, de 37 años, después de dejar su título como corregimiento del vecino Remedios. En 1930, la compañía multinacional Shell realizó trabajos de exploración del ‘oro negro’ y una década más tarde construyó Casabe 1, el primer pozo petrolero en producción de la zona. Por esa razón a los habitantes les decían ‘Sheleros’ y aún en los antiguos registros de la Registraduría Nacional aparece el municipio con el nombre de Yondó- Casabe. Finalmente, el pueblo asumió el nombre en conmemoración a los indígenas Yondúes, que vivían en la región antes de la conquista española.
La explotación petrolera es un componente crucial en el origen del conflicto armado en esta región. La bonanza generó buenos ingresos para los pobladores, pero detrás llegó la guerrilla extorsionando y secuestrando; además, el municipio se convirtió en punto estratégico para el tráfico de estupefacientes. Los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo señalan que este corredor es importante por su articulación al río Magdalena y al sur de Bolívar, un enclave de siembra de hoja de coca y producción de clorhidrato de cocaína.
Los registros de desplazamiento muestran que, a partir de 1998, cuando ingresaron los paramilitares del Bloque Central Bolívar a Yondó, las expulsiones de sus habitantes aumentaron: en 1997, los desplazados fueron 370; en 1998 pasaron a 1.369; en el 2000 llegaron a 3.069 desplazados; y la cifra superó las mil entre 2005 y 2008, de forma consecutiva. La Defensoría advirtió que fueron constantes los enfrentamientos entre el Frente 24 de las Farc y las Auc en los caseríos y zonas aledañas de Puerto Matilde, Jabonal, Vietnam y San Francisco.
“De ahí que las Auc hayan desplegado sus fuerzas, dando origen a un escenario de confrontación con los actores armados insurgentes con el fin de control también la arteria del Cimitarra, por la cual se transportan tanto alimentos, medicinas, bienes de producción y productos agrícolas como elementos precursores para la producción de estupefacientes”, indica un informe de riesgo del año 2002. (Lea el documento aquí)
Una vez desmovilizados los paramilitares de las Auc en 2006, la situación no mejoró. Una nueva alerta del organismo del Ministerio Público en 2012 advirtió que la violencia seguía siendo perpetrada por el Frente 24 de las Farc, bajo la comandancia de alias ‘Pastor Alape’, negociador de este grupo subversivo en las negociaciones con el gobierno nacional, así como de la Comisión Segunda Raúl Eduardo Mahecha (REM), “que viene realizando en la zona de cobro de extorsiones a varios representantes del sector minero, de hidrocarburos y ganadero en la región, y la que utiliza regularmente los corredores naturales ubicados en la parte alta del municipio, para el procesamiento y transporte de alcaloides, contrabando de armas y abastecimiento de víveres”. (Lea el documento aquí)
En medio de esta confrontación, el éxodo era permanente en Yondó y en el casco urbano fueron formándose cordones de miseria, algunos en predios que la gente fue invadiendo por falta de una pronta respuesta de los gobiernos local y departamental. Quien recorra la periferia encontrará casas levantadas sobre calles polvorientas, con soportes de madera, techo de lata y cubrimiento de lonas verdes. Adentro, las familias numerosas viven hacinadas, dividiendo los pocos espacios con sábanas. No hay servicios públicos y una gran parte del sustento diario proviene de actividades informales como la venta de minutos o el moto-taxismo.
Paz bajo techo
José Edubán Tamayo fue desplazado de una vereda de Yondó en la década de los 90. Mientras arregla el maíz, el campesino explica que es importante una reparación integral para las víctimas del desplazamiento. Foto: Leidy Benavides.José Edubán Tamayo, Diana Leonor Puerta, Amparo Rodríguez y Liborio Ortega coinciden en que la llamada “paz territorial” será viable en el municipio cuando el gobierno cumpla con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, acordado el 15 de diciembre del año pasado en La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc. Para ellos, la clave de la reparación está en el acceso a una casa digna. Si bien han aplicado a algunos programas de vivienda de interés social, el sueño sigue inconcluso.
Tamayo, por ejemplo, logró acceder a uno de esos programas, pero el gobierno le entregó un “carta-cheque” por nueve millones de pesos. Para hacer efectivo el dinero, él y su familia debían buscar en el municipio una casa con escrituras y no la encontró, por lo que el “beneficio” lo perdieron, pues los proyectos de vivienda de interés social en Yondó escasean y los que existen son una promesa a medias. Así lo explica Amparo Rodríguez, quien durante 2015 fue representante de la Mesa de Víctimas del Municipio: “Cuando comenzamos a luchar por la construcción de 80 viviendas para víctimas del desplazamiento comencé a recibir amenazas. Decidí retirarme”.
La promesa de las 80 viviendas se hizo en el período del anterior alcalde Wilfrido Uzurriaga Aponzá (2012-2015). Inicialmente se planteó la construcción con 2.400 millones de pesos provenientes del sistema de regalías; sin embargo, solo fueron entregadas 44, quedando 36 pendientes. En medio del desespero, las familias interpusieron igual número de tutelas y uno de los reclamantes se amarró en una palmera de coco en protesta frente al Concejo Municipal en febrero de 2006. En respuesta, el nuevo alcalde Gibert Cartagena Rojas (2016-2019) se comprometió a revisar la situación del proyecto.
En el actual Plan de Desarrollo, bajo el título Oportunidad para todos, el gobierno local promete la ejecución de 13 proyectos de vivienda de interés social, dirigidos a comunidades vulnerables, entre ellas a víctimas del desplazamiento y comunidades negras por un valor de 9.693 millones de pesos. Sobre el antiguo proyecto de las 80 viviendas, el Plan indica que “se encuentra en análisis jurídico por declaratoria de incumplimiento por parte del contratista. Se cuentan con los recursos de la Fiducia Central y se está revisando el contrato por parte de la administración delegada para la construcción de 18 viviendas más”. (Lea el Plan de Desarrollo aquí)
El documento indica también que de los 13 proyectos de vivienda solo dos superan en 50 por ciento el estado de ejecución de obra, que están siendo desarrollados en el sector de Sitio Propio. En teoría, durante los próximos cuatro años el gobierno local garantizará 1.167 viviendas en los sectores La Laguna, Vietnam, Mangos, Rinconada, Cóndor; Caño Bodegas, Ciénaga Barbacoas, así como en las veredas del Kilómetro 5, San Francisco, Tigre, Remolinos, Caño Blanco y Punta. (Vea tabla de proyectos aquí)
El temor de los solicitantes es que las promesas queden en el papel o que lo que construyan no cumpla con materiales de calidad. “De las 44 casas [del proyecto de las 80] que entregaron en Paraíso, Naranjo, Victoria y Brisas, varias tienen problemas porque se comenzaron a caer las paredes o el agua se devuelve por las tuberías”, apunta Rodríguez.
Para los líderes la única salida de emergencia a sus problemas ha sido asociarse. En el caso urbano hay por lo menos cinco de ellas, entre ellas la Asociación Personas Desplazadas del Municipio de Yondó (Asopevi), que lidera Rodríguez. Pero están cansados de que el tema de vivienda sea la excusa de los políticos de turno para convencer a sus electores, así como que los recursos destinados para población vulnerable no sean visibles.
“La Ley 1448 [de víctimas y restitución de tierras] habla de justicia verdad y reparación. La reparación integral tiene muchos componentes como la memoria histórica y la ayuda psicológica, pero en Yondó no contamos con ayudas básicas para las víctimas. Contamos con un enlace municipal de la Unidad de Víctimas y la Personería que son insuficientes”, afirma Ortega.
La incredulidad tiene asidero entre la población, que prefiere evitardetalle o referirse a la política que ha gobernado a los yodonsinos durante los últimos ocho años. Y tienen razón en su silencio, si se revisa en qué pararon los mandatarios locales anteriores.
El alcalde Jorge Rodríguez Salcedo, del movimiento Alas Equipo Colombia y elegido con 2.622 votos para el período 2008-2011, fue investigado y condenado a ocho años de prisión por desviar 1.200 millones de pesos que estaban destinados para dotar de agua potable a escuelas y colegios de las zonas rurales del municipio; su sucesor, Wilfrido Uzurriaga, del Partido Verde y elegido con 2. ¡328 votos para el período 2012-2015, fue capturado por presuntos vínculos con paramilitares tras declaraciones de los exjefes de las Auc Rodrigo Pérez Alzate e Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, quienes aseguraron haber financiado su campaña para el período 2004-2007.
El actual gobierno municipal reconoce que la necesidad de vivienda de interés social es alta. Katherine Jiménez, trabajadora social de la Oficina de Vivienda, explica que en los primeros 45 días de esta administración recibieron 527 solicitudes de vivienda de interés social, de las cuales 80 por ciento provienen de población en condición de desplazamiento.
“Le pedimos al Estado que no nos abandone, que nos escuche. Con las indemnizaciones es como si el gobierno nos dijera tome ese mercado y no nos molesten más”, indica Diana Leonor Puerta, una de las víctimas de la confrontación armada en esa región del país.
Rodríguez, por su parte, explica que su familia ha tratado de sobrevivir con las uñas: su esposo logró graduarse como técnico electricista y ella trabajar en artesanías. Sin embargo, explica que las oportunidades de empleo y de acceso a vivienda propia escasean. “Ahora para todo piden certificado. Para tirar pala o azadón, piden certificado. Eso es algo que sabemos hacer porque venimos del campo”, dice y reitera que la paz está precisamente en lograr que las víctimas tengan un techo digno y mejoren su calidad de vida.
* Periodistas de Impacto Stéreo, de Yondó
Este artículo hace parte del proyecto GIZ con VerdadAbierta.com
