A diferencia de otros en el mundo, estos documentos sobre violaciones a los derechos humanos en Colombia fueron obtenidos principalmente de la gente. No obstante, hay una ausencia: los archivos de los organismos de seguridad.
Fotografías de víctimas en la Casa de la Memoria del Pacífico Nariñense en Tumaco. Foto: archivo Semana.Cuando se creó hace cinco años el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), una de las metas era organizar los archivos del conflicto armado para que el país no olvidara lo que ha pasado en poco más de 50 años de guerra. Hoy, luego de un arduo trabajo, esta entidad lanzó un portal en Internet en el que se piensan publicar más de 170.000 documentos.
Los temas van desde la persecución a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y cooperativas de pescadores del Magdalena Medio, pasando por las masacres de Trujillo (Valle), los líos de tierras en Buenaventura (Valle) y el conflicto en Montes de María, hasta documentos del movimiento guerrillero M-19, insumos de los informes que ha producido el Centro de Memoria y relatorías de agencias estadounidenses como la CIA y el Departamento de Estado, entre otros.
“Estos archivos son un aporte a la reparación de víctimas, para que su voz sea escuchada, especialmente en la eventual Comisión de la Verdad. Además, permiten que las generaciones futuras conozcan la historia y tengan posibilidad de transitar un camino distinto”, detalla Margoth Guerrero, directora de la Dirección de Archivos del Centro de Memoria.
Y aunque Colombia no es el primero en crear un archivo exclusivo sobre derechos humanos, sí tiene algo de particular: el archivo de derechos humanos y memoria está compuesto de carpetas, libros, fotografías, mapas, cartas o recortes de periódico que la gente ha recopilado y decidió donarlos al CNMH.
En otros países que tienen proyectos similares y que enfrentaron el posconflicto vieron la misma necesidad de preservar los documentos que probaban qué sucedió y por qué sucedió la guerra, no obstante, las fuentes fueron oficiales.
Tal es el caso de Guatemala, por ejemplo, donde el archivo se nutrió de documentos policiales; Argentina, que casi todo está compuesto por informes judiciales y militares, y Alemania, que desarrolló una política pública de preservación y publicación de los cuadernos de la policía secreta.
“Este archivo virtual tiene una mirada más plural al no ser sólo lo institucional sino más que todo de organizaciones sociales. Eso le confiere una especialidad mundial”, asegura el español Ramón Alberch, fundador de la organización internacional Archiveros sin Fronteras.
Guerrero dice que desde el Centro de Memoria privilegiaron trabajar con organizaciones sociales porque así lo indica la Ley 1448 de 2001, llamada de Víctimas y Restitución de Tierras; y además porque deben trabajar de manera articulada con el Archivo General de la Nación, que es la entidad que sí tiene los documentos del Estado.
¿Y los organismos de seguridad?
Foto: archivo Semana.Sin embargo, Michael Evans, director del proyecto para Colombia del National Security Archive (NSA), una organización no gubernamental de Estados Unidos que trabaja desclasificando archivos oficiales, asevera que puede ser una falencia no conocer los documentos de inteligencia militar.
La NSA ha visto con preocupación que en Colombia no se pueda acceder a los archivos de las fuerzas de seguridad estatales y ahora el tema se vuelve más delicado cuando el país entra en una “época crítica de acceso a la información” por lo que puede suceder con el proceso de negociación con la guerrilla de las Farc y la creación de la Comisión de la Verdad, que ya fue establecida entre las partes para entrar en vigencia una vez se firme el acuerdo final.
“Estamos muy preocupados de que los grupos investigativos del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición enfrenten los mismos obstáculos de acceso a la información que el Centro de Memoria, pues no hay nada que sugiera que las Fuerzas Armadas están preparadas para desclasificar la información”, detalla Evans.
Para este especialista, el hecho de encontrar mayor información sobre Colombia entre los archivos de las fuerzas de inteligencia estadounidense es un riesgo porque podría distorsionarse la historia.
Además, otra de las falencias es la desaparición y aparente destrucción de cientos de documentos estatales relacionados con los organismos de inteligencia. Muestra de ello es lo ocurrido con archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) relacionados con las interceptaciones y persecuciones ilegales a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores. Aún no se sabe qué ocurrió, pese a que la Fiscalía abrió investigación en 2014 para esclarecer los hechos.
Respecto a los demás documentos de inteligencia militar, Guerrero aclara que existe una comisión de depuración, creada en el marco de la Ley 1621 de 2013 de inteligencia y contrainteligencia, que debe entregar un informe este año con las recomendaciones para manejar esos datos. “Le urge que el gobierno haga más para cortar los vínculos entre militares colombianos y paramilitares”
Por su parte, Trudy Peterson, quien trabajó más de 20 años con los Archivos Nacionales de Estados Unidos, le comentó al CNMH que “el reto más grande es saber dónde están los archivos de las guerrillas y los paramilitares, y saber quién va a garantizar que están bajo protección”.
A pesar de esto, la apuesta más clara por ahora es por las víctimas. Desde la Dirección de Archivos están convencidos que los documentos que tienen son la otra voz, distinta a las verdades oficiales. “Las organizaciones sociales y los ciudadanos acudieron a estos archivos para que el Estado les reconozca sus exigencias”, apunta Guerrero.
Su afirmación es respaldada por diferentes organizaciones, como el Museo de Tumaco o el Parque Monumento de Trujillo, donde aseguran que fueron ellos los constructores de la memoria. Al respecto, William Wilches, director del Museo de Caquetá, afirma que “la Ley de Víctimas le puso un término legal, memoria histórica, a lo que habíamos hecho antes de documentar asesinatos, desplazamientos y todo el conflicto en las regiones”. (Leer más en: “Nosotros ya tenemos la memoria histórica”)
Digital, un punto a favor
Además de caracterizarse por su origen civil, lo importante para favorecer el acceso masivo de la ciudadanía es que los documentos están digitalizados y publicados en Internet, siguiendo la tendencia de países como Alemania, dondetienen almacenado en formatos digitales cerca de 40 millones de documentos, miles de fotografías y grabaciones, que están disponibles en línea.
Para Alberch a ventaja de un archivo digital es que garantiza más protección, a la par que se amplía la posibilidad de acceso. Sin embargo, se deben considerar algunas reservas. En Guatemala todos los archivos publicados digitalmente contienen los nombres completos de los involucrados, con lo que se traspasa la barrera infranqueable: la protección a las víctimas. En ese sentido, explica este especialista, Colombia se destaca en haber construido una política sumamente “estructurada, sistemática y ordenada para acceder a la información”.
Al respecto, Guerrero asegura que en el repositorio del CNMH hay documentos que las víctimas no quieren que se compartan y, aunque no los ponen a la disposición del público, por ley deben decir que sí existen. Lo mismo ocurre cuando quieren que se preserven datos específicos como nombres y direcciones, por ejemplo.
Con lupa en mano
Foto: archivo Semana.Para recolectar la mayor cantidad de documentos, desde hace cuatro años el CNMH adelanta una campaña para buscarlos e instruir a la ciudadanía sobre la importancia de su conservación. El año pasado encontraron cerca de 600 organizaciones y personas que tienen documentos de derechos humanos, aunque aún no todos hacen parte del archivo actual del Centro, pues están en labores de acercamiento o quienes los tienen no están interesados en cederlos.
Guerrero explica que lo primero de la estrategia de registro es mirar dónde están ubicados, luego caracterizar los temas de los archivos y analizar las condiciones de la población que los tienen.
“Acompañamos a las organizaciones, les ayudamos a sistematizarlo y les pedimos si nos quieren dar copia para conformar el archivo en Bogotá sin que ellos pierdan sus archivos en región”, detalla la funcionaria y agrega que, si están en riesgo de desaparecer, sea por condiciones ambientales o de violencia, son los primeros en los que se concentran para preservarlos.
Wilches hizo todo este proceso con el CNMH para entregar los archivos del movimiento M-19 que tenía en Caquetá. Estos incluyen actas de reuniones con autoridades, propaganda política, documentos de análisis político y académico, comunicaciones internas oficiales y personales entre los miembros de la organización de todo el país y hasta los recuentos de las tomas de Florencia y de los bancos en Garzón (Huila).
El director del museo menciona que, durante los diálogos en 1984, el gobierno de Belisario Betancur se comprometió a crear un archivo del M-19 y una de las copias se las entregaron a Pablo Beltrán Polanía, alias ‘Robert’, comandante del sur, que era una de las fuerzas militares más importantes de la insurgencia en ese momento.
Cuando dejaron las armas, los documentos quedaron en poder del grupo de desmovilizados llamado Andakí. “Alguna vez ‘Robert’ me contó que tenía esos archivos en cajas y le propuse que los donara al museo”, recuerda Wilches. Con el tiempo se convenció y los entregó.
En total, eran 57 cajas de documentos organizados en diferentes carpetas y apenas el CNMH se enteró de su existencia, se contactó con Wilches. Luego, el Centro de Memoria trasladó el material a Bogotá para organizarlo entre 2013 y 2014 y sacarle una copia fidedigna, como se lo ordena la Ley de Víctimas. Cuando lo regresaron, “todo cabía en cinco cajas con las técnicas de archivística y estaba clasificado”, evoca Wilches. En total, son 5.078 archivos con la historia del M-19 entre 1974 y 1991.
Otra de las fuentes del archivo de derechos humanos son los cerca de 8 mil documentos, de 1946 a 2014, que entregó el NSA en 2015. Estos tratan temas como la composición de las Farc, el entrenamiento técnico que agentes de la DEA les dieron a funcionarios del DAS, los rumores que corrieron en Estados Unidos en los años noventa sobre las alianzas entre paramilitares y Ejército, las negaciones reiteradas de los gobiernos colombianos respecto al tema y la insistencia de algunos sectores norteamericanos en que sí continuaba y luego se hizo el de la vista gorda.
“El propósito de nuestro proyecto en Colombia es entender desde el punto de vista de Estados Unidos qué pasó en las diferentes etapas del conflicto entre el Estado, las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico”, precisa Evans.
Tiene límites
Si bien el hecho de que los documentos estén en Internet permiten el acceso a personas que están en lugares como Tumaco, Catatumbo, Riohacha o Mitú sin necesidad de viajar a Bogotá, eso no quiere decir que sean abiertos totalmente y no porque haya restricciones explícitas,us sino por la técnica que se requiere para entender los archivos en su conjunto.
Evans asegura que hay datos como cuáles organizaciones estaban involucrados en alguna operación o quién era el jefe de tal batallón durante la época de ciertas masacres, pero esencialmente hay opiniones y quienes lean esos documentos “deben poder manejar la colección técnicamente y entender los mecanismos de ciertas organizaciones para ordenar toda la información”, detalla.
Por su parte, Alberch asegura que, si bien los archivos digitales tienen ventajas, como la accesibilidad y la protección, eso no significa que sea gratuito y no corra riesgos: “Un enemigo peor a la destrucción física de los archivos es la desactualización tecnológica porque hoy muchos de los formatos de los ochenta que hoy son inaccesibles, como el disquete”.
Además, advierte que existe un debate mundial en el tema sobre si es más costoso mantener un archivo físico con las condiciones ambientales que requiere para que los documentos no se dañen y tener las bodegas para ello; o si vale más digitalizar toda la información, pagar por el repositorio virtual y posteriormente por migrar la información a un formato del momento.
“Quizá sea más barato un archivo físico, pero al compararlo con los valores de la recuperación de información que permite la tecnología y la consulta a distancia, se pierde el debate”, concluye Alberch.
