Al cumplirse un año más de la masacre que acabó con la vida de 70 personas y dejó desaparecidas a por lo menos 30 más, las víctimas piden la devolución de los cuerpos de sus familiares, la defensa del territorio y exigen tanto a las Farc como al Estado aceptar su cuota de responsabilidad con acciones inmediatas más allá de los discursos.
Así quedó la iglesia tras el impacto del cilindro-bomba lanzado por las Farc durante el combate con los paramilitares en 2002. Foto: archivo Semana.“Han pasado 14 años y nosotros no hemos podido hacer el duelo de nuestros familiares, unos por no tener el cuerpo y los otros, aunque suene duro se lo tengo que decir, porque guardan la esperanza que los desaparecidos lleguen a golpear a la casa o que las Farc los entreguen”, aseguró José de la Cruz Valencia, representante del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, en conversación con VerdadAbierta.com.
Sobre las siete de la noche de ayer, como suele ocurrir cada año, se realizó la vigilia en homenaje a cada una de las personas que perdieron la vida en la Iglesia del pueblo, luego del cilindro bomba arrojado por la guerrilla de las Farc durante el enfrentamiento contra paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Cada vela encendida, según sus pobladores, significa una luz de esperanza para traer de regreso a sus familiares y despedir los cuerpos bajo los rituales de la comunidad.
La ceremonia estuvo precedida por una reunión realizada desde el viernes pasado en la que participaron líderes de las comunidades afros e indígenas, así como integrantes del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, el Gobernador del Chocó, el Alcalde de Bojayá, representantes a la Cámara del departamento y otras autoridades nacionales, con la presencia de Naciones Unidas. En este encuentro, se fijaron acuerdos que contribuyen a la preservación de la memoria, la protección del territorio y las garantías de no repetición, haciendo énfasis en la individualización y entrega de cuerpos como mecanismo esencial de la reparación.
Aunque en 2009 la Fiscalía adelantó un proceso de identificación y entrega de cuerpos colectiva, no se individualizaron cada uno de los casos y quedaron tres familias sin reconocer a sus familiares. “Hay un proceso ritual para despedirlos que no se ha podido hacer porque los cuerpos residen en una fosa común o en bolsas que, luego de 14 años, siguen sin identificar“, señaló Camila Orjuela, investigadora del equipo de enfoque étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica.
De acuerdo con esta funcionaria, son varios los testimonios recogidos de las personas que han dicho soñar con las almas de los familiares, que han llegado a las casas a pedir vasos de agua y comida, situación que no es de extrañar por el impacto psicológico que causó la “mala muerte”, como llaman en la región a las personas asesinadas por el conflicto armado. Es por ello que el reclamo de la comunidad y el compromiso que adquirieron las autoridades trasciende lo jurídico para pasar a ser un tema mucho más humano que va a finalizar cuando las víctimas puedan hacer el duelo y despedir a sus seres queridos, como ocurrió con la entrega de cuerpos en San Onofre, en los Montes de María, en el año 2007.
Desde el año 2002, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha acompañado el proceso y ahora, por petición de la comunidad, será garante de los acuerdos pactados con las autoridades municipales, entre ellas, y la más importante, la devolución de los cuerpos a las familias, que se supone comenzará la segunda semana de mayo. El temor de la comunidad es que por falta de presupuesto se aplace o se empiece a dilatar el proceso, no obstante, Medicina Legal aseguró que se va a realizar el proceso de exhumación y se cumplirán con los tiempos acordados.
Para el representante del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, con la entrega de los cuerpos se va a poder seguir avanzando en el proceso de reparación colectiva, sobre el cual asegura que va a ser transcendental que el gobierno cumpla con las iniciativas de memoria pactadas, como la creación de un lugar de memoria y espacio de construcción y formación para la paz, que se adelanta con el Centro Nacionalde Memoria Histórica.
“Pretendemos desarrollar un espacio museológico que cuente en una línea de tiempo la memoria de los 14 años de la masacre, un centro de educación que sirvan para organizar y dinamizar las actividades que hemos desarrollado como comunidad cada año”, precisó Valencia.
Otro de los acuerdos a los que se comprometieron las autoridades locales es el de garantizar la seguridad de quienes hoy están en el territorio. Cuenta Ferney Palacios, un poblador de la región, que la zozobra es permanente por la constante presencia de actores armados y por las reiteradas amenazas que padecen comerciantes, trabajadores y habitantes. La más reciente fue contra varios profesores de Villa del Puerto. Detrás de ellas estarían las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc).
“Para nadie es un secreto que las Farc siguen en la región, si los paramilitares están en auge va a volver a haber confrontación y vamos a terminar pagando nosotros, los que nunca tenemos nada que ver. La reparación también pasa porque hayan garantías de no repetición, pero la situación de orden público no ha ayudado y el Estado no se ha hecho presente” aseveró José de la Cruz Valencia.
Largo camino hacia el perdón
Desde el mismo año de la masacre, las Farc, a través de voceros del Bloque Efraín Guzmán (conocido anteriormente como Bloque José María Córdova E Iván Ríos), pidieron perdón y aseguraron no haber tenido la intención de hacerle daño a la comunidad, asegurando que se produjo el error al querer sacar a los paramilitares del caso urbano. Desde entonces, empezó una pugna constante entre las autoridades, las comunidades y la guerrilla para determinar los responsables y el impacto de los daños causados. (Leer más en: Farc reconocen frente a victimas daño causado en Bojayá)
En diciembre de 2014 este grupo insurgente reconoció ante una delegación de víctimas que viajó desde el Chocó hasta La Habana, el error que habían cometido y admitieron que “este hecho nos ha dolido en el alma guerrillera, y por ello, ahora cuando estamos dialogando para construir la paz con verdad y justicia, debemos expresar, como lo hicimos días después en un comunicado, que sentimos un profundo pesar, que nos duele hondamente el fatal desenlace que para la población de Bojayá significó ese terrible suceso”.
Un año más después, el 6 de diciembre de 2015, una comisión de la guerrilla viajó desde la isla del Caribe hasta Bojayá para darle la cara a la comunidad y pedir perdón nuevamente. El grupo guerrillero estuvo liderado por ‘Pastor Álape’, integrante del equipo negociador de las Farc. En esa oportunidad, este jefe guerrillero, comandante del bloque insurgente que perpetró el ataque, aseguró que Bojayá es un grano de semilla de la reconciliación que terminará siendo un ejemplo de la paz de Colombia.
En respuesta, el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá aseveró a través de un comunicado que ese acto de reconocimiento de responsabilidad por parte de las Farc no finalizó ese 6 de diciembre; al contrario, se abrió un proceso para la reconciliación que “exige de las Farc la no repetición de las violaciones a nuestras comunidades”, que a juicio de sus voceros también pasa porque el Estado dé la cara y responda por la cuota de responsabilidad durante los hechos.
Por ahora la esperanza de la comunidad está centrada en que se exhumen los cuerpos y el proceso de reparación colectiva vaya tomando más fuerza a la mediada que se haga el duelo de las personas asesinadas hace ya 14 años. “Nos queda empezar a despedir a nuestros muertos con un digno adiós y continuar construyendo la memoria”, concluyó José de la Cruz Valencia.
