La conmemoración este 9 de abril del Día de las Víctimas tiene un sabor agridulce. Si bien hay un amplio reconocimiento de ellos, persisten las agresiones. La cifra de homicidios es igual a la de los tres primeros meses del año pasado.
Respecto a los presuntos responsables, el informe señala que el 63 por ciento de los ataques fueron cometidos por grupos paramilitares, el 32 por ciento por actores desconocidos, el cuatro por ciento por miembros de la Fuerza Pública, y el uno por ciento restante por las Farc. Foto: archivo Semana.
En lo que va de 2016, año en el que se puede firmar el final del conflicto armado con las Farc y en el que también se inició una negociación con la guerrilla del Eln, los defensores de derechos humanos siguen siendo perseguidos y asesinados para evitar que cumplan con su labor, desempeñada, muchas veces, en las regiones más afectadas por la guerra.
El más reciente informe del Programa Somos Defensores, organización no gubernamental que monitorea la situación de los defensores de derechos humanos, documentó que entre el 1 deenero y el 31 de marzo, 113 “fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad y obstaculizó la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos en Colombia”.
Esas agresiones están compuestas por 81 amenazas, 19 asesinatos, 5 atentados, 5 detenciones arbitrarias, una desaparición forzada y 2 casos de hurto de información. Lo anterior equivale a una significativa reducción en los ataques contra líderes sociales, puesto a que en los tres primeros meses de 2015 ocurrieron 295.
Si bien llama la atención que las agresiones durante el primer trimestre de 2015 se redujeron comparadas con el de 2016, no ocurre lo mismo con los homicidios. En ambos periodos se perpetraron similar cantidad de asesinados, 19 en total. Para Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, esta situación es alarmante porque desde 2010 vienen denunciando las diferentes de agresiones contra defensores de derechos humanos, pero las investigaciones de las autoridades no arrojan resultados y las muertes no se reducen.
“Bajaron las amenazas, pero no los homicidios. Nos preocupa que los grupos paramilitares, los cuales son los responsables del 100 por ciento de las amenazas documentadas en este último informe, parece que pasaron del dicho al hecho: las amenazas son advertencias, pero los homicidios son reales. Eso significa que pasaron de amenazar a asesinar”, expresó Guevara. Sin embargo, según el informe, en 17 de los 19 casos se desconoce quiénes son los responsables, y tanto a las Farc, como a grupos paramilitares, se le atribuye uno a cada uno.
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Los departamentos más afectados con esta ola de muerte son Cauca y Valle del Cauca, cada uno con cuatro casos; seguidos por los departamentos de Norte de Santander y Cundinamarca con dos; y nueve más en diferentes puntos cardinales, con uno.
Al respecto, Guevara hizo énfasis en que nuevamente Valle del Cauca y Cauca se encuentran entre las regiones más afectadas por los asesinatos de líderes sociales. “El promedio en Valle y en Cauca ha sido histórico. En regiones como el Nordeste antioqueño, Meta, Guaviare y Caquetá los homicidios han mermado, pero en el suroccidente no. Allá hay movimientos sociales que se mueven mucho: los indígenas, los afros y los campesinos son movimientos fuertes, están muy arraigados en su tierra, movilizan gente y les hacen frente a los actores armados. Eso los expone”, indicó.
Además del movimiento de las organizaciones comunitarias en el suroccidente colombiano, para Walter Aldana, asesor de Paz de la Gobernación de Cauca, los avances del proceso con las Farc en Cuba, los movimientos de los grupos armados ilegales y los intereses que despiertan sus territorios para el control de negocios ilícitos como la minería ilegal y el narcotráfico, también son razones que explican por qué la violencia se enquistó en ese departamento.
“Se podría decir que hay una reactivación del tema paramilitar, mal llamado Bacrim, que viene moviéndose en varias partes del departamento: en el caso del municipio de El Tambo, las autoridades y las organizaciones han planteado la presencia de hombres uniformados con armas largas, que no son del Eln, las Farc o la Fuerza Pública. Además, parece que hay una arremetida de los contrarios proceso de La Habana que no están de acuerdo con la postura de las organizaciones sociales que desde hace décadas han construido propuestas sobre el tema de paz”, señaló Aldana.
Otro punto del informe de Somos Defensores que llama la atención es el de las agresiones por género, pues 56 mujeres y 57 hombres fueron atacados entre enero y marzo de este año. Según esta organización, las agresiones contra las defensoras de derechos humanos se empezaron a disparar entre los meses de julio y septiembre de 2015.
Para Sandra Luna, miembro de la Ruta Pacífica de Mujeres, una organización feminista que desde 1996 promueve una salida negociada para el conflicto armado, las mujeres se han vuelto blanco de los violentos porque en los últimos años han aumentado su voz en medio del proceso de paz y han tenido un papel protagónico en los casos de restitución de tierras.
“El tema de las amenazas es muy preocupante para nosotras. La semana pasada recibimos una en Cauca y directamente se amenazó a Alejandra Miller, quien fue nuestra coordinadora regional hasta el año pasado y hoy en día es la secretaria de Gobierno del departamento. Es urgente que se den respuestas y no anuncios: que se defina quiénes son los autores intelectuales de esa práctica que busca silenciar a los hombres y las mujeres que están haciendo un trabajo de liderazgo en las regiones”, reclamó Luna.
Estos ataques contra los líderes sociales también ponen en riesgo un eventual escenario de posconflicto, pues son ellos quienes pueden ayudar al aterrizaje y difusión de los acuerdos de paz en las regiones.
En ese sentido, una dirigente del Movimiento de Víctima de Crímenes de Estado (Movice), que pidió mantener en reserva su nombre, indicó que es “necesario que se permitan escenarios democráticos y abiertos, en donde quienes han estado históricamente relegados de la participación política, puedan hacerlo esta vez por vías democráticas”. Y se preguntó: “si esta situación ocurre contra líderes sociales, ¿cómo será la situación contra quienes dejen las armas? Serán más fáciles de identificar como blancos de grupos paramilitares, se puede repetir la experiencia de la UP y poner en peligro lo que se acuerdo en La Habana y Quito”. (Leer más en: ¿Por qué las Águilas Negras ‘sobrevuelan’ con amenazas en Cauca?)
David Flórez, vocero nacional del movimiento político Marcha Patriótica, sostuvo que los recientes asesinatos y amenazas demuestran que el paramilitarismo no se ha desmontado. Y por ello plantea que hasta que en “Colombia no se haga un cierre final del conflicto armado, en el que se desmonte el paramilitarismo, se tome la decisión de no seguir asesinado por razones políticas y se haga un pacto como país para construir un relato histórico que dignifica a las víctimas, se seguirán revictimizando a las víctimas”.
A pesar de que varias organizaciones sociales insisten en la existencia del paramilitarismo y de que le atribuyen la mayoría de los crímenes ocurridos recientemente contra defensores de derechos humanos, algunos investigadores del conflicto armado consideran que es errado hablar hoy en día de paramilitarismo y que esa concepción puede generar confusiones para interpretar lo que en realidad está ocurriendo en las regiones. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ le hablan con armas al proceso de paz?)
“Decir que todo lo que ocurre lo comenten los paramilitares es caer en la lógica de la Guerra Fría pero a la inversa: todo lo malo que pasaba era comunismo, ahora todo lo malo que pasa es paramilitarismo”, señaló Eduardo Álvarez, coordinador del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
“Hay que entender si lo que hay hoy en día es paramilitarismo: ¿tenemos grupos que actúan paralelamente con el Estado como política dentro del marco de la seguridad nacional que buscan expandir territorios y población bajo una lógica contrainsurgente? Hay que entender mejor el carácter de estas organizaciones: son estructuras criminales más o menos organizadas, más o menos cohesionadas, que tienen un aprendizaje criminal de las Auc, pero que hoy prestan unos servicios para administrar la coerción y la seguridad privada en algunos territorios. Esto no los hace paramilitares”, sostiene Álvarez, quien agrega que en “muchas regiones, estas organizaciones funcionan como mercenarios a quienes se les paga un servicio para administrar temas incómodos”.
Más allá de las definiciones sobre los responsables de esta nueva ola de violencia, el problema de fondo es que pese a las denuncias, las agresiones contra los defensores de derechos humanos no ceden y los resultados judiciales no se ven.
“Esto tiene que ser un campanazo de alerta para el gobierno y la sociedad. No podemos entrar al posconflicto en estas condiciones: con altos índices de homicidios y con amenazas constantes contra los defensores de derechos humanos. Ese no es el escenario para hacer la paz y esta situación demuestra la soledad en la que están estos líderes, no podemos dejarlos solos, construyendo la paz, dando la pelea y poniendo los muertos”, concluyó Guevara.
