Este miércoles se publicó la agenda oficial de negociaciones que seguirán ambas partes para buscar una salida a una confrontación armada que ya lleva más de 52 años.
El Eln y el Gobierno discutieron durante dos años cuál sería la agenda de negociaciones. Esto es mucho más que lo que tardaron con los diálogos de las Farc, en los que dos meses después de anunciar que había “conversaciones exploratorias”, instalaron formalmente la mesa de conversación.
A pesar de que el Gobierno fue claro desde junio de 2014 en que “no puede haber dos modelos de dejación de armas, ni dos procesos de refrendación, ni dos ejercicios de esclarecimiento de la verdad”, es decir uno para las Farc y otro para el Eln, los tiempos no concordaron.
Esto se debe a las grandes diferencias que hay entre las dos guerrillas. El Eln considera que ellos no pueden negociar en nombre de la gente, como lo aseguró Eliécer Erlinto Chamorro, alias ‘Antonio García’, para el diario argentino Tiempo, situación que generó un debate más profundo en cómo abrir los espacios para la inclusión de la sociedad, lo cual significó un mayor retraso en concretar el punto. (Leer más en: Los ‘alfiles’ de la conversación de paz con el ELN)
Además, otro tema que estuvo en la puja para ingresar a la agenda fue la revisión de las políticas económicas de minería y energía. Uno de los propósitos del Eln era que en las negociaciones, los ciudadanos debatieran “todos los problemas que aquejan a Colombia y que son los factores que generan el conflicto, entre ellos, el minero energético”, según aclaró en 2015 Israel Ramírez, alias ‘Pablo Beltrán’, del Comando Central del Eln.
Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos se plantó desde el inicio en que no discutirían el modelo económico. Y en efecto, la agenda no dedicará un capítulo exclusivo a la discusión de este tema.
Finalmente, tras superar los tropiezos, los puntos acordados de la agenda son los siguientes: 1) Participación de la sociedad, 2) Democracia para la paz, 3) Transformaciones para la paz, 4) Víctimas, 5) Fin del conflicto armado y 6) Implementación. Consulte la agenda aquí.
Participación de la sociedad
Esta ha sido históricamente una de las banderas bajo las cuales la guerrilla siempre ha iniciado una fase exploratoria de diálogos con los gobiernos pasados, pretendiendo que los movimientos sociales y políticos y la sociedad en general participen con voz y voto. Postura que se mantuvo hasta el último momento antes del anuncio: “… un proceso de paz en Colombia, no puede llevarse a cabo sin que esas comunidades, esos conglomerados poblacionales, sean sujeto forjador de ella y mucho más, cuando pueden participar representadas con sus propias organizaciones”, como se deja leer en el último comunicado, fechado el lunes 21 de marzo.
No es la primera vez que se planteó la exigencia, en 1992, durante la mesa de Tlaxcala, Mexico, entre la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, integrada también por el EPL y las Farc, el grupo armado manifestó que “de espaldas al pueblo no negociaría” por lo cual planteó la necesidad de incorporar a las organizaciones sociales a la mesa. Sin embargo, la mesa fracasó tras el secuestro y posterior muerte del ministro de Obras Públicas Angelino Durán Quintero.
De igual manera sucedió con los posteriores intentos de diálogo durante las administraciones de Ernesto Samper y Álvaro Uribe, allí dos de las posturas más fuertes para llegar a la negociación eran la participación de la sociedad y la posibilidad de retroceder las concesiones dadas a las multinacionales para la explotación mineroenergética.
Ahora bien, desde el inicio de la mesa de diálogo con las Farc, el grupo armado manifestó que, a pesar de apoyar el proceso y abogar por el fin del conflicto de manera dialogada, la sociedad no estaba representada, por lo cual la mesa estaba “coja”. Situación que coincide con las estrategias que han buscado históricamente para avanzar en los diálogos, como lo fue el acuerdo de “Puerta del Cielo” en 1997, durante el gobierno de Ernesto Samper, donde se propuso la constitución de una ‘Convención Nacional’, en la que participaran a manera de diálogo, la sociedad, la guerrilla y el Estado.
Varios analistas han señalado que la postura del grupo armado se debe a que, aparte de complementar posibles vacios de los diálogos con las Farc, también es producto de las diferencias políticas, donde “el Eln ha dicho que no tienen un discurso que ellos representen a la sociedad, en los últimos 20 años han dicho que son parte de las luchas populares pero sin ser presentantes”, aseguró Luis Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación.
Como quedó establecido en la agenda, serán tres las maneras mediante las cuales la sociedad podrá participar, que incluyen: iniciativas y propuestas, incidencia sobre los temas de la mesa y “un ejercicio dinámico y activo, incluyente y pluralista, que permita construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones”, como se lee en el documento de acuerdo.
Al correr del petróleo
Es casi obvio que esta guerrilla quisiera incluir en la agenda el tema minero energético pues desde sus inicios hace 50 años, ha estado íntimamente ligada con estas actividades, especialmente el petróleo.
Luis Celis detalla que varios fundadores del Eln han sido cercanos a la Unión Sindical Obrera de la Industria de Petróleo (USO) e incluso crecieron en medio de las protestas contra la manera de explotar crudo en el país, como Ricardo Lara que nació en Barrancabermeja, Víctor Neira que hizo su vida política en ese municipio y el mismo Nicolás Rodríguez que vivió su juventud mientras Ecopetrol se expandía en el Magdalena Medio.
Además, desde 1983 este grupo armado se expandió a zonas con riqueza minera y energética e incluso “el área de despliegue de la organización se definió en concordancia con el recorrido del oleoducto entre Caño Limón en Arauca y Coveñas en Sucre, teniendo como eje Barrancabermeja, considerada el corazón de la actividad petrolera”, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Este centro de pensamiento detalla que las multimillonarias extorsiones a las empresas petroleras fueron vitales en la expansión del Eln, especialmente del frente de guerra Oriental que opera en Arauca, Boyacá y Casanare y es la actualidad la estructura más grande y activa de la guerrilla.
Su modalidad es presionar a lasindustrias a través de las voladuras de los oleoductos y, además, les exigen a las empresas que contraten a la gente de la zona donde trabajan e inviertan en la región. Esto, más el apoyo a las luchas agrarias, hizo que “el poder local se convirtiera en el eje central de la expansión guerrillera, con lo que captó recursos, población y avanzó en su propósito de control territorial”, aclara el informe ‘El ABC del Eln’ de la Fundación Ideas para la Paz.
Esa presión llegó a tal punto que en 2003, de los 1.200 millones de dólares de regalías petroleras en Arauca, 200 fueron a las manos del Eln, según investigaciones de la Fiscalía y el DAS citadas por la FIP.
Pero a pesar de su relación estrecha con estos temas, la agenda pactada entre el Gobierno y el Eln no incluye un punto específico para los modelos económicos aunque cuenta con dos discusiones en las que quizá sí entren: democracia y transformaciones para la paz.