La creación de estos espacios constituye uno de los puntos finales de las negociaciones con el grupo guerrillero, pero, a su vez, es el tema más complejo de todo este proceso.
El punto del fin del conflicto, en el que tienen que ver la dejación de armas y las zonas de concentración de las Farc, fue uno de los causantes que los negociadores del proceso de paz no llegaran a acuerdos firmar el acuerdo de final el pasado miércoles. Foto: archivo Semana.El recuerdo de San Vicente del Caguán continúa atormentando la memoria colectiva del pueblo colombiano. Y no es para menos. Este municipio del Caquetá, junto a Uribe, Mesetas, Macarena y Vista Hermosa, en el Meta, hicieron parte de la llamada “zona de distensión”, creada en 1999 por el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana para adelantar allí los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc.
En este territorio de 42 mil kilómetros cuadrados, equivalente a la extensión de un país como Suiza, las Farc fueron “Dios y Ley”. Durante los meses de negociación con el gobierno nacional, los insurgentes incurrieron en centenares de violaciones a los derechos humanos, amenazaron líderes sociales y autoridades civiles; cometieron las arbitrariedades propias de quien se siente dueño de la ley; usurparon tierras y ganado, entre otrostantos delitos que se han venido conociendo con el paso de los años.
Así, lo que comenzó como una renovada ilusión hacia la paz terminó siendo el preámbulo de una polarización política que condujo al recrudecimiento de la guerra. Quizás por ello, cuando hoy en la mesa de negociaciones de paz de La Habana, Cuba, se intensifica la discusión sobre la creación de las llamadas zonas de concentración para las Farc, diversos sectores en Colombia manifiestan sus dudas, preocupaciones y miedos frente a la eficacia y pertinencia de este mecanismo.
No se trata de cualquier asunto. Si algo quedó claro el pasado 23 de marzo es que si bien el proceso de paz entre las Farc y el gobierno nacional entró en un punto de no retorno, los pasos que faltan por dar son, quizás, los más complejos de la negociación, pues de ellos depende el éxito de la transición de un escenario de guerra a uno donde se silencien los fusiles.
Uno de esos pasos es nada menos que la creación de las llamadas zonas de concentración, espacios que, en términos prácticos, son zonas previamente definidas con condiciones especiales de seguridad, donde se aglutinarán temporalmente los guerrilleros para hacer dejación sus armas, desmovilizarse y comenzar la reintegración a la vida civil.
El obstáculo
En este caso, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aceptó, el pasado 26 de enero, la petición hecha por las partes para que actúe como veedor en un eventual cese al fuego bilateral y la posterior implementación de los acuerdos.
Pese a lo anterior, este es uno de los “nudos gordianos” que falta desatar para llegar a la tan anhelada “firma de la paz” en Colombia. Si bien desde finales de 2015 la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto, integrada por altos mandos militares activos y miembros del secretariado de las Farc, comenzó a trabajar intensamente en el diseño de la compleja arquitectura logística y social que implican estas zonas y pese a los avances sustantivos al respecto, aún persisten serias diferencias entre las partes en cuanto al número, ubicación, mecanismos de verificación y algunas particularidades jurídicas.
Así, mientras el gobierno nacional es enfático en señalar en que éstas deben estar en zonas despobladas, alejadas de cualquier cabecera urbana y que no pueden exceder en número más de diez, las Farc insisten en que deben ser muchas más y que, incluso, es necesario ubicarlas contiguas a centros poblados donde han tenido influencia histórica, para que la pedagogía sobre los acuerdos de paz involucre también a la sociedad civil.
El gobierno nacional ha señalado, además, que aspectos como la suspensión de las órdenes de captura contra los miembros del grupo guerrillero solo debe cobijar el perímetro de la zona de concentración; no obstante, las Farc pretenden que abarque todo el territorio nacional.
Enseñanzas del pasado
Entre 2003 y 2006 se dieron las desmovilzaciones de los diferentes grupos de las Auc que se acogieron al proceso de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.Al igual que la zona de distensión del Caguán, Santafé de Ralito no estuvo exento de polémica. Diversos informes periodísticos dieron cuenta cómo allí, en la Zona de Ubicación Temporal–ZUT- como se le denominó, losparamilitares continuaron dándole órdenes a sus bloques para que continuaran tanto sus ofensivas militares como el control de sus negocios ilícitos.
Analistas consultados por VerdadAbierta.com coinciden en señalar que ambos casos encierran notables diferencias frente a las zonas de concentración que actualmente se discuten para las Farc. La más importante: “tanto el Caguán como Santafé de Ralito fueron creadas para adelantar allí las negociaciones; es decir, al inicio de las mismas. Estas zonas de concentración no. Estas constituyen el final de las negociaciones. De ahí lo que sigue es la dejación de armas”, explica Mario Agudelo, exmilitante del Epl, quien dice que la experiencia de esta guerrilla puede ser útil para entender las discusiones actuales frente a las zonas de concentración.
Durante el proceso de negociaciones entre esa guerrilla y el gobierno del entonces presidente César Gaviria Trujillo, se establecieron siete zonas para concentrar en ellas, temporalmente, a todas las tropas insurgentes como paso previo a su dejación de armas y reincorporación a la vida civil. En ese momento, recuerda Agudelo, los territorios escogidos se caracterizaron por ser centros poblados de influencia histórica del Epl.
“De hecho, nosotros interactuábamos con la comunidad sin ningún problema y la seguridad de las zonas la brindaba, en un primer anillo el Ejército y en un segundo anillo nosotros. La prensa podía ir sin problemas”, señala el desmovilizado.
Los corregimientos Juan José, de Puerto Libertador (Córdoba); Pueblo Nuevo, de Necoclí (Antioquia); Labores, de Belmira (Antioquia); Campo Giles, de Tibú (Norte de Santander); Villa Claret, de Pueblo Rico (Risaralda); y Villa Rica, de Mocoa (Putumayo), fueron parte de los sitios escogidos para concentrar allí, por espacio de seis meses, a los 2.200 combatientes que el 1 de marzo de 1991 le entregaron sus armas a un delegado del Partido Socialista Obrero Español.
“Esos meses fueron vitales”, señala Agudelo, “pues sirvieron para hacer pedagogía con las tropas, con la comunidad, para disminuir el escepticismo que había alrededor de la negociación. Ese mecanismo de la zona de concentración es fundamental porque sirve para hacer la transición de la guerra a la paz; la transición de alguien que siempre ha vivido con un fusil a alguien que comenzará a ser un ciudadano”.
Momentos diferentes
“Las zonas de concentración son absulamente pertinentes, además porque formaliza un cese al fuego de hecho que ya está operando en el país y constituye el paso final hacia la paz”, sostiene por su parte Álvaro Jiménez Millán, director de la Campaña Colombia contra Minas Antipersona y exintegrante del movimiento insurgente conocido como M-19.
La experiencia de ese grupo armado también arroja algunas enseñanzas valiosas para la discusión actual. Durante la fase de negociaciones con el gobierno de Virgilio Barco Vargas, ambas partes acordaron la creación de un campamento para concentrar las fuerzas guerrilleras. El sitio escogido fue la vereda Santo Domingo, de Toribío, Cauca. Hasta allí llegaron 800 subversivos, quienes, durante un año, se prepararon para entregarles sus armas a delegados de la Internacional Socialista, del partido Socialdemócrata suizo y representantes del gobierno de Venezuela.
“Pero estamos ante tiempos distintos”, advierte Jiménez Millán, para quien no es comparable la experiencia del M-19 con lo que se apresta a vivir el país con las Farc. Y en parte tiene razón. Si algo caracterizó las negociaciones de paz a finales de los ochenta fueel malestar de las fuerzas militares frente a estas negociaciones; malestar que en ocasiones desembocó en hostilidades armadas aún durante la fase de tregua unilateral anunciada por el grupo guerrillero.
Hoy, el panorama es distinto. La participación de militares activos en la Mesa de Negociaciones le ha imprimido un nuevo tono al proceso, al punto que “se puede decir que el conflicto con las Farc ya se acabó hace rato. Basta mirar cuánto han disminuido los enfrentamientos entre ambos para darse cuenta que solo falta la parte final de la negociación”, sostiene Jiménez, quien, al igual que Mario Agudelo, señala que el anuncio de una zona de concentración debe entenderse como el principio del fin de las Farc como organización armada.
“Ese viene a ser como el 10 por ciento final de la negociación. Un porcentaje pequeño, pero que es fundamental”, declara Luis Guillermo Pardo, gerente designado de Paz de la Gobernación de Antioquia, quien también vivió la experiencia de concentración y dejación de armas cuando militó en el M-19.
A juicio de Pardo, las zonas de concentración deben contar con dos elementos fundamentales: legalidad y legitimidad. Si bien la reciente reforma a la Ley de Orden Público blinda jurídicamente este mecanismo, “la legitimidad es la parte más delicada de este asunto. Cuando las negociaciones del M-19 se respiraba un ambiente de esperanza. Ahora no. Hay muchas dudas, muchos miedos, mucho escepticismo”, agrega el funcionario.
Por ello, según Pardo, la pertinencia de este mecanismo le permitirá a las Farc no solo adelantar pedagogía con sus tropas sino enviarle un contundente mensaje de paz a la sociedad colombiana. Claro está que no será nada fácil, como lo advierte el exguerrillero: “Lo que se viene es muy complejo y requiere paciencia. Hay que resolver cuestiones como: ¿qué papel cumplirán las autoridades civiles? ¿Cómo serán los mecanismos de verificación? ¿Cómo será la participación de la sociedad civil?, entre otros”.
Aunque aún es prematuro señalar puntos de la geografía nacional donde estarán estas zonas, este funcionario espera que en Antioquia se establezca al menos una, dada la fuerte injerencia de los bloques Iván Ríos y Magdalena Medio. “Y si es así, como lo presupuestamos, pues lo mínimo que debe hacer el gobierno nacional es hablar con nosotros, los gobiernos regionales, y nada de eso ha pasado hasta el momento”.
La misma advertencia sobre el diálogo del gobierno nacional con las regiones la lanzaron voceros de las minorías étnicas, quienes temen que, de manera arbitraria, se creen zona de concentración en sus territorios. Los indígenas se expresaron a través de un comunicado divulgado el 25 de febrero pasado dado a conocer por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).
En el documento reiteraron que “en coherencia con nuestros principios de vida y autonomía, no aceptamos la implementación de las zonas de concentración en nuestros territorios indígenas, porque desconocemos el impacto y las afectaciones que los mismos tendrán en nuestra autonomía, gobierno propio, identidad y pervivencia como Pueblos”. Asimismo, enfatizaron “que la implementación de los acuerdos en los territorios indígenas no se puede realizar sin el debido consentimiento y consulta con las Comunidades y Pueblos Indígenas”.
Las zonas de concentración, como lo muestra la experiencia nacional e internacional, comienza a materializar el fin de una negociación de paz. Y para que éstas sean realmente escenarios de transición hacia la reintegración es necesario, como lo advierte la Fundación Ideas para la Paz en reciente informe titulado “Mitos y realidades de las zonas de ubicación”, contar con reglas claras de verificación, delimitación, participación de la sociedad civil, mecanismos de seguridad, entre otros (ver informe). Solo así se podrá superar el fantasma del ‘Caguán’, que tanto atormenta a los colombianos.
