La sentencia proferida por el juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia contra un militar adscrito a esa guarnición militar dejó en evidencia la estrategia para buscar víctimas de ejecuciones extrajudiciales y hacerlas parecer como “caídas en combate”.
En el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina, con sede en el municipio de Bello, Antioquia, y adscrito a la IV Brigada del Ejército, existió una compleja red criminal integrada tanto por militares como por civiles, que se dedicó a retener personas de manera ilegal para luego ejecutarlos y presentarlos como guerrilleros muertos en combate.
Así lo consignó el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia en sentencia proferida a comienzos de este año contra el sargento Iván Mauricio Ochoa Yépez, condenado a 43 años de prisión por hechos ocurridos el 18 de abril de 2006 en la vereda La Raya, municipio de Concepción, Oriente antioqueño. Ese día, tropas del Batallón Pedro Nel Ospina reportaron la muerte en combate de Víctor Manuel Correa Palacio y José Miguel Madrid Urrego (menor de edad para ese momento), en desarrollo de la operación táctica Fantasma contra presuntas unidades guerrilleras.
Sin embargo, tras analizar las pruebas aportadas por la Fiscalía, el Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia determinó que la operación no fue más que un “montaje, una puesta en escena implementada por integrantes del Batallón de Ingenieros No. 4 General Pedro Nel Ospina, con miras a presentar resultados favorables”; resultados que tenían como trasfondo obtener permisos, ascensos o felicitaciones con copia a la hoja de vida.
El recuento de hechos muestra que ese 18 de abril, dos vehículos del Ejército se dirigieron hasta la vereda La Raya, en la vía que comunica a los municipios de Concepción con Barbosa. En ellos se movilizaba un reconocido informante del Ejército conocido con el alias de ‘Román’ y dos individuos que, según testigosque participaron en el juicio, pretendían “dar un resultado operacional para el Batallón”. En esa búsqueda se encontraron con Correa Palacio y Madrid Urrego. Tras ser ultimados, los militares procedieron a ponerles armas y dispararlas para que pareciera un combate.
Lo que pudo comprobar el juez es que el sargento Ochoa Yépez se encargaba de contaminar la escena del crimen para evitar el avance de las investigaciones. Pero no solo eso, el militar condenado hacía parte de un macabro engranaje dedicado a conseguir víctimas para ejecuciones extrajudiciales.
“En lo que toca con la intervención de Ochoa Yépez, se tiene que en este caso su tarea fue la de maquillar la escena, pero no por ello puede decirse que sea un encubridor porque está claro que se trata de una división de funciones en virtud de un acuerdo común. El aporte del acusado a la causa era importante, pues se trataba de la consecución de las víctimas y las armas”, tal como se lee en la sentencia.
De acuerdo con la decisión, “está claro que al interior del Batallón Pedro Nel Ospina del Ejército Nacional existía un grupo de militares concertados para presentar como resultados operacionales lo que realmente eran muertes por fuera de confrontación”. En ese orden de ideas, continúa la sentencia, “unos se reunían con los denominados reclutadores; otros conducían a las víctimas hasta el lugar en el que serían asesinadas; algunos más se ubicaban en el sitio de los acontecimientos para producir las bajas; y otros conseguían las armas, maquillaban la escena, realizaban los informes de la supuesta operación y tramitaban el pago de recompensas”.
El líder de los señalamientos
Informes realizados por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEU), que agrupa a un número importante de organizaciones defensoras de derechos humanos, establecen que entre 2002-2010 fueron reportados 3.512 casos de ejecuciones extrajudiciales en todo el país y en 1.209 casos fueron denunciadas tropas de 21 brigadas del Ejército Nacional, siendo la IV Brigada, con sede en Medellín, la más implicada en casos de ejecuciones extrajudiciales con 302 casos.
De esta guarnición, que tiene jurisdicción en buena parte del departamento de Antioquia y varios municipios del Chocó, hacen parte, entre otros, el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina; el Batallón de Infantería No. 10 Coronel Atanasio Girardot; el Batallón de Infantería No. 32 General Pedro Justo Berrío; el Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez (Bajes); el Batallón de Contraguerrilla No. 4 Granaderos; el Batallón Plan Especial Energético y Vial No. 4; y el Grupo de Caballería Mecanizada No. 4 Juan del Corral.
El Bajes y el General Pedro Nel Ospina aparecen como las guarniciones militares más implicadas en ejecuciones extrajudiciales, con 59 y 23 casos respectivamente. En 2006, el Pedro Nel Ospina reportó un total de 86 guerrilleros abatidos en combate, 90 delincuentes capturados, 150 armas de fuego incautadas y 180 artefactos desactivados, siendo reconocida por el Ejército Nacional como la unidad militar en primer lugar de operatividad.
Actualmente, la cúpula militar que comandó esta guarnición militar entre los años 2005 y 2008 está siendo investigada penalmente, un hecho sui generis toda vez que es el único caso donde no solo se juzgan altos mandos militares y que serán llevados a juicio por 72 casos. Se trata de los coroneles Edgar Emilio Ávila Doria, quien fungió como comandante del Batallón; José Zanguña Duarte, segundo comandante; Diego Padilla, jefe de operaciones; Raúl Huertas y Carlos Cadena, también de operaciones.
La investigación viene siendo impulsada por la Fiscalía 57 de la Unida de Derechos Humanos y pese a algunas dilaciones y recursos interpuestos por los abogados de la defensa, el proceso avanza en los estrados judiciales.
