Por cuenta de la investigación que pretende aclarar los hechos que rodearon la creación de este grupo armado ilegal hoy se encuentran recluidos Santiago Uribe Vélez y el mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses. Ambos han denunciado presiones, irregularidades e inconsistencias por parte de la justicia.
Santiago Uribe, investigado por sus supuestos nexos con Los Doce Apóstoles. Foto: archivo Semana.A Camilo Barrientos Durán lo mataron un 25 de febrero de 1994 en horas de la tarde. Ocurrió mientras manejaba un bus escalera que cubría la ruta Campamento–Yarumal. En un tramo de la carretera, dos pasajeros se dirigieron hasta su puesto, le pidieron que detuviera el vehículo y se bajara. Ya en la vía, le dispararon varias veces.
Hoy, 22 años después, su muerte no solo continúa siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación sino que, además, constituye la piedra angular de un proceso que pretende develar la macabra estrategia de la mal llamada “limpieza social” que tuvo lugar en varios municipios del Norte de Antioquia como Campamento, Yarumal y Valdivia entre 1990 y 1996 y que son atribuidos a un grupo armado llamado los “Doce Apóstoles”.
Por cuenta de este proceso, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ordenó a finales de febrero la detención de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Versiones dadas a la Fiscalía por diferentes testigos, entre ellos el exmayor de la Policía, Juan Carlos Meneses, actualmente recluido en centro penitenciario, señalan a Santiago Uribe Vélez como el creador de esa organización paramilitar.
Más allá de la tormenta política que desató su reclusión, lo que se advierte es que no será tarea fácil para el ente Investigador esclarecer la muerte de Barrientos y, de paso, correr el manto de impunidad que recae sobre las acciones criminales perpetradas por los “Doce Apóstoles”, a los que se les atribuyen 163 asesinatos en el Norte de Antioquia. Además de Meneses, del también agente de Policía Alexander Amaya Vargas y el ganadero Santiago Uribe Vélez, no hay ninguna otra persona vinculado o detenida por los hechos de este grupo armado.
Paradójicamente, los actuales implicados han advertido, cada uno por su cuenta, la falta de garantías que ofrece la justicia colombiana y la existencia de supuestas irregularidades por parte de las autoridades judiciales en este caso.
Quejas y temores
El mayor (r) Meneses ha salpicado en varias ocasiones a Santiago Uribe. Foto: archivo Semana.En 1999, un fiscal de Derechos Humanos interrogó a Santiago Uribe Vélez por estos mismos hechos, puntualmente por los delitos de secuestro, extorsión y homicidio cometidos por el grupo de los “Doce Apóstoles” entre los años 1993 y 1994 en las poblaciones de Yarumal y Santa Rosa de Osos. Y si bien aquel año la Fiscalía abrió un proceso en su contra, el mismo fue archivado en 1999 por falta de pruebas suficientes para encausarlo.
De ahí que algunos sectores políticos como el partido Centro Democrático, que lidera su hermano, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, señalen que la captura de Santiago obedece más a una persecución política contra el único partido que se ha manifestado abiertamente contrario a los diálogos de paz que desde hace tres años llevan el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba.
A lo anterior también se suman los enredos judiciales del principal testigo del caso, el mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses. En 2014, la Fiscalía 16 de Derechos Humanos profirió resolución de acusación en su contra, señalándolo como determinador de la muerte de Camilo Barrientos Durán. Para la Fiscalía resultó clave el testimonio del patrullero Alexander Amaya Vargas, quien declaró que fue Meneses quien contrató al sicario que acabó con la vida de Barrientos Durán y que su muerte obedeció a un problema personal que tuvo lugar en un bar de Yarumal.
En la resolución, la Fiscalía consignó que “es clara la condición agresiva y dañina que para entonces ostentaban Meneses y Amaya, y los hechos que los llevaron a quitar la vida de una persona que clamaba protección por parte de la misma institución, dejando entrever un total desprecio por la vida ajena, contrario a la misión encomendada, llegando a causar daño sin razón alguna (…) procediendo a la práctica de las vías de hecho”.
Para el ente Acusador, la forma en que Meneses acató las órdenes presuntamente enviadas por Santiago Uribe Vélez, de atentar contra personas del municipio, muestra una omisión de un mandato constitucional: “No solamente está omitiendo una obligación legal y constitucional de salvaguardar la vida de un conciudadano, sino que está autorizando su asesinato”, dice la resolución.
Meneses ha denunciado en diferentes ocasiones presiones e intimidaciones desde que fue involucrado en la investigación. “No existe ningún tipo de garantía que me lleve a confiar en la justicia colombiana y a estar tranquilo pues mi vida corre grave peligro, así como la de mi familia”, como lo dijo en una carta enviada a VerdadAbierta.com en 2014.
Pero si bien el oficial no ha negado su participación en el asesinato de Barrientos, también ha dicho que su participación en el crimen fue bajo amenaza de muerte. En ese sentido ha señalado en varias instancias que las intimidaciones buscan desvirtuar sus acusaciones contra Santiago Uribe.
“En este momento yo soy víctima de un montaje y de manipulación del proceso penal que se me sigue”, expresó Meneses en su misiva quien, con relación al homicidio de Barrientos Durán, manifestó: “Al darse mi llegada al municipio de Yarumal, el comandante saliente (Pedro Benavidez) me hizo saber las circunstancias especiales de ese sector y que de no acceder a las propuestas y actuares del grupo de Autodefensa, corría grave riesgo mi vida y de esta forma fue que se dio mi participación en dicho homicidio (…) mi denuncia es clara en afirmar que quien ordenó la muerte del señor Camilo Barrientos fue Santiago Uribe Vélez”.
Según Meneses Quintero, el ganadero le dijo: “Le voy a mandar a los muchachos, vamos a cometer el asesinato contra esta persona que colabora con la guerrilla. Esta es una persona conocida, es guerrillero, se llama Camilo Barrientos. Es conductor de un carro que utilizan como bus. Ya lo tenemos identificado que es la persona que suministra los víveres a la guerrilla”.
A lo largo de la etapa de juicio, Meneses ha denunciado algunas irregularidades que, según él, no han sido debidamente atendidas por las autoridades judiciales. Una de ellas tiene que ver con los sindicaciones que hiciera en su contra Alexander Amaya Vargas y que han servido de pruebas para incriminarlo.
En la resolución de acusación, en la que cita varias veces el testimonio de Amaya, la Fiscalía señaló a Meneses de ser cercano a dos paramilitares conocidos como ‘Rodrigo’ y ‘Pelo de Chonta’, que según Amaya eran jefes de los Doce Apóstoles. La Fiscalía también citó a Amaya en la resolución para indicar que presuntamente uno de los sicarios que asesinó a Barrientos fue un hermano de una mujer que era amante del oficial Meneses. (Ver Meneses se ha mostrado como un criminal más: Fiscalía)
Meneses ha insistido en varios escenarios en que las declaraciones de Amaya, aceptadas por la Fiscalía no son ciertas. “La resolución de acusación hace énfasis en la conformación y pertenencia a grupos ilegales levantados en armas o de limpieza social para vincularme, sin embargo es claro que yo no conformé grupo alguno pues dicho grupo ya existía al momento de mi llegada a Yarumal y yo tan solo estuve tres meses y unos días, entre los meses de enero y abril de 1.994 (..) el acervo probatorio muestra que la causa probable que originó el homicidio de Barrientos Durán fue un incidente ocurrido en la heladería Claro de Luna con agentes de la Policía, especialmente con Alexander Amaya Vargas, quien aceptó responsabilidad penal atenuada”, alegó en la carta enviada a VerdadAbierta.com en 2014.
El exoficial agregó, respecto a las acusaciones que señalan al sicario como hermano de su “amante” que: “Ella es hija única como quedó demostrado en declaración juramentada ante Notario Público. Además, no tiene lógica que si el del problema fue el señor Amaya, haya sido yo quien ordenara su muerte”, señaló Meneses.
Meneses ha denunciado en varias oportunidades que miembros de la Policía han intimidado a su abogado y han intentado a convencer a otros policías de que declaren en su contra para desvirtuar sus señalamientos.
La génesis de los “apóstoles”
La detención de Santiago Uribe Vélez revivió uno de los capítulos más oscuros padecidos por los municipios del Norte de Antioquia entre 1990 y 1996 y sobre el cual recae un manto aún más oscuro de impunidad: las acciones criminales cometidas por el grupo denominado los “Doce Apóstoles”.
Según pudo documentar la Fiscalía 15 de Justicia y Paz gracias a los testimonios de reconocido dirigente político y social de Yarumal, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, este grupo nació a finales de la década de los 80 cuando la comunidad, cansada de los atropellos de las Farc y el Eln, decidió crear una junta comunitaria de seguridad que colaborara con la fuerza pública.
“Creo que en el año 1990-1991 llega a Yarumal un mayor de la Policía como comandante del Distrito de Policía. Su apellido es (Pedro) Benavides. Todos le llamábamos el capitán Represa, porque toda persona a la que le echaba mano aparecía en la represa de Rio Claro”, declaró en su momento el dirigente político, quien añadió: “¿Qué hace este Capitán Benavides? Reúne a los comerciantes, les manda una carta invitándolos a una reunión. Como esta tan álgido el tema de la seguridad, él dice: ‘hombre, porque no conformamos una junta de seguridad, nos tenemos que proteger. Se los van a llevar a ustedes y yo cómo hago pues, no puedo ponerle un policía a cada uno, pero si todos nos ayudamos, pues de pronto”.
De acuerdo con su testimonio, entregado a investigadores de Justicia y Paz, la respuesta a la convocatoria hecha por el capitán Benavides fue masiva. “A esa reunión fueron por ahí unos 120 comerciantes de Yarumal y ahí se sientan las bases de lo que va ser la Asociación de Comerciantes. Yo estuve ahí porque yo era comerciante en ese momento y de verdad uno sentía que en cualquier momento lo podían secuestrar a uno. El presupuesto del municipio no alcanzaba para darle la gasolina que la Policía necesitaba para patrullar; entonces, ¿qué hicimos los comerciantes en ese momento? Dimos una cuota para que no faltara el patrullaje de las motos de la Policía, para que siempre hubiera gasolina”.
Si bien la Asociación nació como una iniciativa ciudadana sujeta a la ley, con el correr del tiempo comienza a degenerarse hasta llegar al grupo que luego fue conocido como los “Doce Apóstoles”. “¿Qué pasa? Empieza a reunirse la junta y con el Capitán Benavides comienzan a armar un grupo, por ahí para los años 1992-1993. Resulta que había una cantidad de bandas de delincuencia organizada atracando en las fincas y entonces ellos dicen: ‘hay que aplicar algo más radical’. Entonces comienzan a ejecutar esa gente, comienzan a investigar y a saber quiénes están promoviendo todo eso y comienzan a aparecer muertos”, señaló el líder social en su momento.
En su testimonio, el dirigente yarumaleño relacionó a la finca La Carolina, propiedad de la familia Uribe Vélez: “Ellos ven que tienen la institucionalidad, la Fuerza Pública, entonces dicen: ‘bueno, nos hace falta la gente, ¿con quién vamos a hacer el trabajo sucio? Porque no lo puede hacer la policía’. Comienzan a buscar gente haya tenido instrucción militar. Empiezan a detectar jóvenes que en Yarumal hubiesen prestado servicio militar y comienzan a echarles el cuento (…) acá en la entrada del pueblo, entre la nueva vía y San José de la Montaña, hay una finca llamada La Carolina, dicen que allá era donde iban ellos a practicar, a recibir adiestramiento y todo eso”.
¿Y los otros “apóstoles”?
Si bien hoy todas las miradas recaen sobre la figura deSantiago Uribe Vélez y su presunta relación con este grupo armado, es cierto que esto no agota la sed de justicia de las cientos de víctimas que dejó el accionar de los “Doce Apóstoles” en el Norte de Antioquia. Tampoco esclarece la suerte de otras personas señaladas de integrar los “Doce Apóstoles”.
Uno de ellos es el padre Gonzalo Palacio, señalado por varios testimonios de ser uno de los auxiliadores del grupo, tal como lo afirmara el dirigente político yarumaleño a investigadores de Justicia y Paz: “Desde el comienzo de la Asociación el padre Gonzalo Palacio estuvo ahí. Después de que eso se degenera él se queda ahí. En 1994 o 1995, la Fiscalía hizo un allanamiento en la Casa Cural y se llevaron al padre Palacio. Imagínese el revuelo que fue para este pueblo que es bien católico”.
De la suerte del sacerdote poco o nada se sabe. Aunque la Fiscalía lo investigó a mediados de los noventa por la presunta relación con estos crímenes, el sacerdote no fue llevado a juicio y luego no volvió a ser requerido por autoridad judicial alguna para aclarar dichos señalamientos. El más grave de ellos tiene que ver con su presunta responsabilidad en una masacre cometida la noche del 5 de junio de 1990 en la vereda La Solita de Campamento, donde perdieron la vida dos hombres, dos mujeres y dos niñas de 8 y 11 años de una misma familia: los López.
La única sobreviviente de esta masacre le relató a organizaciones de derechos humanos de Antioquia, como la Corporación Jurídica Libertad, que debió desplazarse de la región porque “un cura muy malo de Yarumal era el que ordenaba la muerte de guerrilleros y que a ella la tenían en la mira”.
Pero en el Norte de Antioquia no solo esperan explicaciones por parte del religioso. En Yarumal se preguntan por la suerte de los comerciantes que integraron la Asociación que dio vida a los “Doce Apóstoles”. Varios empresarios del pueblo fueron vinculados al proceso judicial adelantado por el asesinato de Ovidio Ardila Elorza, perpetrado en este municipio el 29 de septiembre de 1993 y atribuido a este grupo armado.
A finales de los noventa fueron llamados a responder ante la justicia varios comerciantes, pero finalmente, el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia decidió cerrar el caso el 2 de noviembre de 2000, tras considerar que no existían suficientes pruebas.
Por su parte, si bien el 25 de noviembre de 1998 la Procuraduría Delegada para los Derechos humanos decidió sancionar de por vida al mayor Pedro Manuel Benavidez Rivera, el capitán Juan Carlos Meneses Quintero, el teniente Franklin Alexander Tellez Arévalo, el cabo segundo Jairo Rodríguez Venegas y el agente Norbey de Jesús Arroyave Arias por su colaboración con grupos armados al margen de la ley, esta fue revocada el 25 de marzo de 1999 por la misma Entidad. Sobre el capitán Benavidez no pesa ninguna investigación penal.
La Fiscalía General de la Nación tiene entre sus manos uno de los retos más importantes de la historia reciente: correr el pesado manto de impunidad que pesa sobre un grupo armado que sembró el terror en el Norte de Antioquia y del que solo se conocen sus acciones criminales, pero no los “apóstoles” que los cometieron.
