Estos escenarios de la violencia en Colombia se han convertido en monumentos improvisados a la memoria.
Se estima que el equipo forense de la Fiscalía debe remover 23 mil metros cúbicos de tierra compactada en el primer polígono en el sector de La Escombrera, en la capital antioqueña.
La Escombrera en Medellín es un lugar cargado de significados para muchos familiares de desaparecidos. Según organizaciones de víctimas y las confesiones de algunos paramilitares desmovilizados, las Autodefensas Unidas de Colombia arrojaban allí los cuerpos de las personas que asesinaban en la Comuna 13.
Luz Helena Galeano no sabe nada de su esposo desde el 9 de diciembre de 2008 cuando unos paramilitares lo bajaron de un colectivo de servicio público. Galeano cree que el cuerpo de su esposo puede estar en este vertedero de basura ubicado en el extremo occidental de Medellín.
Cada año los familiares de los desaparecidos de la Comuna 13 se reúnen en inmediaciones a La Escombrera para conmemorar los sucesos. Los 21 de mayo rememoran el inicio de la Operación Mariscal y los 16 de octubre, el de la Operación Orión, dos operativos de la Fuerza Pública realizados en 2002 en contra de supuestos colaboradores de la guerrilla, en los que murieron decenas de personas de quienes no se volvió a saber nada.
La reunión en la Escombrera para recordar en esas fechas “es sagrada”, enfatiza Galeano. Ella es representante de Mujeres Caminando por la Verdad, una organización de familiares de desaparecidos de la Comuna 13. “Lo que hemos pensado es que debe ser un lugar de memoria, mas no un camposanto como lo han propuesto algunas personas”, dice la líder, pero advierte que antes de que esto ocurra se tiene que adelantar una búsqueda integral de sus familiares en ese lugar.
“A esos sitios, tanto fosas comunes como posibles sitios de inhumación, por ejemplo La Escombrera, es donde los familiares pueden acudir para recordar, para denunciar y para conmemorar a sus desaparecidos”, expresa Pedro David Torres, antropólogo egresado de la Universidad de Antioquia que ha escrito varios artículos sobre los lugares de la memoria en Colombia.
Gisela Ortiz, directora de operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense (Epaf), habla de la importancia de “tener un lugar físico que haga más fácil contextualizar, explicar y recrear ayuda a la validez de esos testimonios”.
Otro de estos espacios que se convirtió en un lugar de memoria es la iglesia de Bojayá, en Chocó, donde murieron al menos 80 personas. El 2 de mayo de 2002, integrantes de las Farc, que libraban un combate contra los paramilitares, lanzaron una pipeta de gas que cayó en medio del templo en el que la comunidad se resguardaba del fuego.
Para conmemorar los aniversarios de la masacre, los familiares de las víctimas se reúnen en la iglesia. Los habitantes hacen una serie de actividades para recordar a sus seres queridos. Hay llanto, rezos, cantos y entre todos comparten las vivencias y las secuelas que en sus vidas dejó la pérdida de sus seres queridos. “Es un sitio de encuentro y de reconciliación con nosotros mismos. Hemos realizado ese acto de memoriay esos ejercicios todos los años”, cuenta Leiner Palacios, integrante del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.
El líder de la organización explica que es tal la importancia que tiene este lugar para los familiares de las víctimas que el año pasado decidieron restaurarla con dinero que consiguieron de ayuda pública y de varias ONG. La pintaron, le pusieron puertas y ventanas, restauraron el techo e instalaron 200 sillas blancas.
Un lugar de memoria inaccesible y en peligro
Según el periodista Javier Osuna, que ha documentado el caso de los hornos crematorios, éstos están siendo demolidos a mazazos por gente que quiere borrar toda evidencia de lo que allí ocurrió. Foto: Javier Osuna.
Pero no todas los familiares de las víctimas del conflicto armado en el país pueden acceder a estos espacios para recordar a sus seres queridos. Inclusive varios de ellos están en peligro de desaparecer.
En 2016, los hornos crematorios que construyeron los paramilitares del Frente Fronteras, a escasos 10 minutos de Cúcuta, muestran señales de estar siendo derrumbados intencionalmente. El Frente Fronteras desapareció a más de 500 personas en los hornos crematorios.
Su construcción la ordenó el excomandante paramilitar Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’. “Los interesados en que esta historia no se cuente se están encargando de desaparecer físicamente este espacio”, asegura Javier Osuna, periodista que recientemente publicó ‘Me hablarás del fuego’, un libro sobre dichos hornos.
“La mayoría de la gente en Cúcuta ha escuchado de los hornos crematorios de Juan Frío, pero creen que es un mito urbano”, afirma Gerly Corzo, integrante del Comité permanente por la defensa de los derechos humanos en Norte de Santander.
Los familiares de los desaparecidos tienen vetado el acceso a la zona porque sigue habiendo presencia de grupos ilegales que impiden el paso a cualquiera que quiera acercarse. “Quienes viven allí, tantos años después de lo que pasó, no pueden ni siquiera cerrar el duelo con un espacio físico que tienen a 10 minutos. Eso me parece un acto de crueldad infame que se da cerca de una las ciudades más importantes del país”, dice Osuna.
Al igual que en el caso de los hornos de Norte de Santander, recuerda otros escenarios de guerra en el continente, en los que lugares que fueron testigos de la violencia terminaron destruidos.
En 1978 integrantes de las Fuerzas Militares argentinas incendiaron la Mansión Seré, ubicada en el municipio de Morón. La Mansión Seré funcionaba como un centro clandestino de detención y tortura. La decisión de prenderle fuego se dio luego de que 4 jóvenes que estaban desaparecidos lograron escapar por una de las ventanas de la edificación. La Fuerza Aérea argentina decidió enviar a otros sitios de detención a las personas que estaban allí. “De manera deliberada y metódica intentaron borrar las huellas de ese pasaje”, afirma Silvina Fabri, investigadora que ha escrito varios artículos sobre los espacios de la memoria en Argentina.
Sin embargo, una vez terminó la dictadura, los gobiernos democráticos argentinos han hecho un esfuerzo por preservar estos lugares como símbolos para evitar repetir las equivocaciones del pasado y como espacios para recordad las víctimas.
Varios expertos en el tema señalan alcaso argentino como ejemplar debido a la clara apuesta estatal por hacer memoria. A pesar de ello, Fabri advierte que no se deben calcar los modelos sin antes dar un debate sobre las necesidades de cada caso específico. “La contextualidad de estos procesos debe tener un peso importante”, insiste la investigadora.
En cuanto al caso colombiano, el antropólogo Torres asegura que el llamado es a que el establecimiento de espacios de la memoria “se haga de la mano con las comunidades afectadas y que sea una decisión conjunta y consensuada”.
En el acuerdo de víctimas al que llegaron el gobierno y las Farc en La Habana se incluyó el término “arquitectura conmemorativa”, lo que da cuenta que la discusión sobre el futuro de estos espacios empieza a ganar terreno.
En todo el país existen lugares que quedaron marcados como sitios del horror por los hechos violentos que allí se perpetraron, su futuro dependerá de las reflexiones que el país haga sobre la memoria, según los expertos. “Muchas personas pueden pensar que es brutal hablar de esas violaciones de derechos humanos; sin embargo, es lo que hemos hecho y lo que hemos permitido que se haga”, concluye la investigadora peruana Gisela Ortiz.
