¿Qué son las bandas criminales? ¿Cómo debe enfrentarlas el Estado? ¿Constituyen amenaza seria en un eventual escenario de postconflicto? Esto fue lo que le contaron a VerdadAbierta.com un grupo de reconocidas personalidades sobre este fenómeno, que hoy por hoy constituye la principal amenaza para la seguridad ciudadana.
Las bandas criminales son, hoy por hoy, la principal amenaza para la seguridad ciudadana y el mayor desafío para las autoridades militares y de Policía. Su presencia se siente con fuerza desde Tumaco hasta La Guajira, pasando por la Orinoquía, el Bajo Cauca antioqueño y el Urabá chocoano; Córdoba, los Santanderes y otros 22 departamentos más.
En estas regiones se disputan a sangre y fuego el dominio sobre cuantiosas rentas ilegales. Su violencia es la máxima responsable de violaciones de derechos humanos en todo el país. En un muy probable escenario de postconflicto, las bandas criminales representan una seria amenaza para la construcción de una paz estable y duradera. Pero, ¿qué son las bandas criminales? ¿Un complejo fenómeno criminal que las autoridades aún no saben cómo enfrentar? ¿Está el país frente a una tercera generación de paramilitares? ¿Combatirlos con todo el poder de fuego del Ejército o negociar con ellos?
VerdadAbierta.com dialogó con académicos, políticos y funcionarios estatales para conocer sus apreciaciones sobre este fenómeno y esto fue lo que señalaron. Consulte las entregas anteriores de esta serie: El paramilitarismo en Colombia, ¿realmente se desmontó? y ¿Neoparamilitares o criminales?
1. Jorge Calero
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VerdadAbierta.com: ¿Bandas criminales o neoparamilitares?
Jorge Calero: “La Defensoría no acogió en su momento el término bandas criminales, que fue la denominación que le dio la Fuerza Pública luego que emergieron con posterioridad a la desmovilización de las Auc. Estos grupos participan en las hostilidades, generan situaciones de vulneración a los derechos de las comunidades y que confrontan a la guerrilla y también a la Fuerza Pública. No son sólo bandas delincuenciales sino que tienen participación en el marco del conflicto armado aunque oficialmente no se le ha dado la calificación de grupo armado organizado.
El SAT de la Defensoría hizo una caracterización que mostraba cómo se vulneraban los derechos de las personas y cometían infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). La Corte Constitucional ha reconocido la calidad de las víctimas. Esa discusión se dio en cuanto al rótulo y denominación. Lo importante es que estos grupos perpetran hechos de violencia que afectan los derechos. En ese sentido, el Estado debe combatirlos y prevenir afectaciones de derechos humanos de las poblaciones que están en riesgos”.
VA: ¿Qué tipo de amenaza representan estas bandas criminales, en especial los ‘gaitanistas’, en un eventual escenario de postconflicto?
JC: “Tenemos nuestras consideraciones sobre esos efectos pero no queremos hacer el análisis aún porque podemos incurrir en especulaciones y observaciones previas a lo que se pueda presentar, porque igual se debería hacer la misma pregunta respecto al Eln. Si el Eln no ingresa a un proceso de paz con el Gobierno, ¿qué pasa con esa guerrilla y los espacios que dejen las Farc? Lo mismo pasa con estos grupos armados ilegales ante una eventual desmovilización de Farc. Es un elemento de discusión y debate.
VA: ¿Qué es lo que más le preocupa a la Defensoría del Pueblo con respecto a estos grupos?
JC: “Lo que nos preocupa es la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en zonas urbanas y rurales, muchos municipios del país que están afectando los derechos fundamentales de los pobladores. Son generadores de hechos de violencia que están afectando a las comunidades y están causando un sinnúmero de hechos victimizantes que obligan a que el Estado también actúe tanto en la persecución a estos grupos como en la atención a las víctimas”.
VA: ¿Cuál es la situación de los ‘gaitanistas’ hoy por hoy?
JC: “En los dos últimos años ha tenido una expansión acelerada porque pasó de nacer en una zona de Antioquia como Urabá y ya está en más de 15 departamentos. Es una situación que evidencia la capacidad de expansión de este grupo. Tenemos reportes de que ya están llegando a Meta y posiblemente a Vichada. Es una situación de expansión bastante rápida y dinámica”.
2. Wilson Reyes
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VerdadAbierta: ¿Se desmontó el paramilitarismo con el proceso de Justicia y Paz?
Wilson Reyes: “En el caso de Valle del Cauca, que antes estuvo marcado por la existencia de grupos armados pertenecientes al narcotráfico, éstos se vieron reformados con mandos, con combatientes y con las prácticas militares y delincuenciales de los paramilitares. Los nuevos grupos que surgieron o se reforzaron con segmentos de las autodefensas del Bloque Calima, mutaron y coparon mayor número de prácticas delincuenciales y homogenizaron territorios”.
VA: ¿Qué tipo de dinámica se advierte con estos grupos en el Valle del Cauca?
WR: “Hemos visto que en el caos de Los Machos y Los Rastrojos, después de la desmovilización del Bloque Calima, entraron en disputa por Buenaventura. Primero ocurrió la disputa de Los Rastrojos o La Empresa con la guerrilla, y cuando la sacaron se dio la llegada de Los Urabeños. En este caso, se ve que esos antiguos grupos -Los Urabeños recogieron lo que quedaban de Los Machos y Los Rastrojos son fortalecidos con desmovilizados- aumentan todos los delitos: los homicidios, la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión, el microtráfico, el sicariato”.
VA: A su juicio, ¿estos grupos son continuidad del paramilitarismo o estamos frente a un fenómeno criminal?
WR: “En su esencia siguen siendo paramilitares. Uno ve su comportamiento en el Bajo San Juan, que es zona rural, en disputa por el territorio con las Farc o en alianza con grupos ilegales, que los lleva a hacer pactos para manejar el negocio en conjunto. En esencia tienen comportamientos contrainsurgentes. Otro aprendizaje que utilizan de la guerra anterior es la cooptación de franquicias otorgadas a pandillas, grupos de sicarios y demás grupos ilegales en Valle del Cauca. Las franquicias fueron usadas por las antiguas autodefensas, son incorporadas por las bandas criminales, pero siguen comportándose como grupos paramilitares”.
VA: ¿Cómo pudiera definirse esa esencia paramilitar de las bacrim?
WR: “También son agentes de control social. La insurgencia no sólo es la gente armada, es todo aquel que de alguna manera esté revelado contra el Estado ocasionalmente o sea crítico de él. Aquí un líder popular del Distrito de Aguablanca que esté organizando a la gente y ofrezca niveles de resistencia frente a un poder hegemónico, es blanco de ellos (…) están rompiendo permanentemente todo lo que pueda existir de tejido social, de organización y de liderazgo comunitario. Allí se encuentra ese tipo de fenómeno paramilitar. Además, muchos de sus mandos son los mismos del pasado.
VA: ¿Cuáles son las regiones más afectadas por este rearme en el Valle del Cauca?
WR: “Fundamentalmente Buenaventura, pero un estudio de Indepaz ubica a 37 municipios con presencia de bandas criminales en Valle del Cauca. Son municipios con presencia de grupos post-Auc, ya sean Los Rastrojos o Los Urabeños, o grupos locales que se reclamen de ellos por las franquicias que les han dado o porque se hacen pasar por ellos”.
3. Álvaro Villarraga
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VerdadAbierta: Cuándo las Farc piden desde La Habana, Cuba, desmontar el paramilitarismo, ¿Qué debemos entender los colombianos al respecto?
Álvaro Villarraga: “Es diciente que se haya conformado una comisión extraordinaria, no prevista, que también se ha llamado subcomisión para el tema del paramilitarismo, porque muestra una realidad. Y es que, podemos aproximarnos a una conclusión: hubo un avance hacia la desestructuración del paramilitarismo, pero fue parcial e insuficiente. No se desintegró el total de las estructuras paramilitares de las Auc, aunque sí la mayoría. Pero se produjeron significativos procesos de rearme en prácticamente todas las regiones donde existieron estructuras paramilitares importantes.
VA: ¿Podemos hablar entonces de continuidad del paramilitarismo?
AV: “Bueno, estamos ante distintos matices frente a esta situación. Ya no es el mismo paramilitarismo de antes. Los territorios de control son menores. Ya no existen esos niveles de cooperación y permisividad entre fuerza pública, entes de control y estos grupos. De hecho, hay una intensa persecución contra estas estructuras. También se advierte un discurso más degradado. Hay una actitud más delincuencial sin que ello signifique que son simples redes delincuenciales.
Tienen controles de poder local e incluso, en algunas regiones, control regional. Hoy por hoy son el principal factor de violación a los derechos humanos y lo hemos comprobado con cifras. Atacan a defensores de derechos humanos, líderes de víctimas, reclamantes. Entonces, estamos ante una situación intermedia”.
VA: Pero ¿hablamos entonces de que aún hay intereses contrainsurgentes en la sociedad?
AV: “Pues hay elementos de doctrina, hay manuales del Ejército, hay costumbres y hay un tejido de alianzas que perviven. No nos podemos decir mentiras en este país: hay incursión en política y las pasadas elecciones mostraron, según diversos sectores, cómo se impusieron sectores comprometidos con pervivencias del fenómeno paramilitar”.
VA: ¿Qué hacer entonces frente al fenómeno bacrim en un escenario de postconflicto?
AV: “Yo creo que estamos frente a una oportunidad. El gobierno Santos ha implementado la estrategia D-6, que tiene unos resultados pero que se ha quedado insuficiente. Esto pone sobre la mesa la oportunidad de tratar en su dimensión el problema, porque se pueden ligar factores mayúsculos: economías ilegales, política construida con apoyo de la ilegalidad, mixturas entre lo legal y lo legal. El proceso de paz brinda las oportunidades para superar estas condiciones, porque si se quiere retornar a un estado de superación de violencia, tienen que ser medidas de fondo”.
4. Iván Cepeda Castro
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VerdadAbierta: Han pasado cerca de diez años después de la desmovilización del último grupo paramilitar, ¿cree que, efectivamente, se desmanteló el paramilitarismo?
Iván Cepeda: “El problema del paramilitarismo ha tenido variaciones en estos años, pero no estamos ante una superación o desaparición de este fenómeno en la vida del país y en las regiones. Hay una gran discusión sobre si lo que el gobierno llama bandas criminales son estructuras paramilitares y, en efecto, hay informes que indican que, más allá de organizaciones criminales y del narcotráfico, en ciertos casos estamos ante el mismos modus operandi de las estructuras paramilitares.
Así que, difícilmente, se podría ignorar este hecho y hay algo que no se puede pasar por alto: en Colombia se sigue asesinando a defensores de derechos humanos, líderes sociales, campesinos, periodistas, en fin, en muchos de estos casos no se advierten que sean miembros del Estado o de las guerrillas y eso genera la pregunta: ¿quién está detrás? Y uno observa que sí, hay grupos que operan con esa lógica paramilitar. Bueno, súmele que tampoco se ha superado la paraeconomía y la parapolítica. En conclusión: el paramilitarismo no ha sido un fenómeno resuelto en Colombia”.
VA: ¿Cree que hay una reactivación del paramilitarismo en el país?
IC: “Bueno, los informes del Frente Amplio por la Paz señalan que por lo menos en cinco departamentos se ha comprobado la presencia de grupos armados, uniformados y que responden al mismo accionar que en el pasado tuvieron los grupos paramilitares. Ahora, no se puede olvidar que estamos frente a procesos de paz que han fracasado, en parte, porque los paramilitares crecieron y se convirtieron en un elemento de boicot frente a esos procesos. Por eso, no creo que se deba subestimar lo que pasa con estos grupos armados hoy día, en especial de cara a un eventual escenario de postconflicto”.
VA: Hay analistas y organizaciones queno catalogan el fenómeno bacrim como extensión del paramilitarismo, entre otras, porque aseguran ya no existe el nivel de cooperación entre fuerza pública-nuevos grupos, ¿cree que, efectivamente, se rompieron los vasos comunicantes entre agentes del Estado y estas expresiones de violencia?
IC: “Difícilmente se puede pensar en acciones de un impacto regional y una fuerte presencia regional de estos grupos sin unos niveles de connivencia; ahora, es válida la pregunta sobre si se trata de niveles de connivencia regional o una estrategia nacional. Yo creería que estamos más bien ante lo primero”.
VA: ¿Por qué cree que está tan arraigada la idea del paramilitarismo en el imaginario de la sociedad?
IC: “Yo creo que no se ha trazado una línea divisoria, un antes y un después, con respecto al fenómeno del paramilitarismo. Esa línea divisoria no fue (la Ley) Justicia y Paz, no fueron las desmovilizaciones, no fueron los juicios de la parapolítica. En Colombia todavía tenemos como fenómeno el que se utilicen las armas en política y no ha habido aún un hecho histórico, un hecho político que supere esta condición”.
5. Eduardo Pizarro León-Gómez
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VerdadAbierta: Han pasado cerca de diez años después de la desmovilización del último grupo paramilitar, ¿cree que, efectivamente, se desmanteló el paramilitarismo?
Eduardo Pizarro: “Yo creo que la tesis sobre el desmantelamiento de los grupos paramilitares es acertado. Yo caracterizo un grupo paramilitar como un grupo que tiene, además de las prácticas criminales, una vocación contrainsurgente, es decir, de combatir a los grupos guerrilleros o sus bases de apoyo social. Y por eso creo que el paramilitarismo terminó, en la medida en que este fenómeno era una mezcla confusa de actores criminales y acciones de control territorial con lógicas contrainsurgentes y hoy solo vemos acciones criminales. Por eso creo que las bacrim no son la prolongación del paramilitarismo sino que es un fenómeno de criminalidad organizada.
Ahora, esto no significa que estas bandas no puedan ser utilizadas por élites regionales para asesinar líderes sociales que están luchando por la restitución de tierras, por ejemplo; o líderes sociales que están luchando porque se condenen responsables de crímenes atroces. Repito: el fenómeno paramilitar contrainsurgente terminó, pero las acciones de represalias contra el movimiento social pueden continuar por parte de estos grupos”.
VA: ¿Cree que la sociedad está ‘paramilitarizada’; es decir, estamos en una sociedad proclive a la contrainsurgencia?
EP: “Yo creo que esa es una expresión puramente retórica. En el año 2002, poco antes de entrar en vigencia la Ley de Justicia y Paz, Colombia tenía poco más de 29 mil homicidios por año, un promedio de 79 homicidios por cada 100 mil habitantes. Era, de lejos, el país más violento de América Latina y probablemente uno de los más violentos del mundo. Hoy, tenemos un promedio de 4.000 homicidios, es decir, 30 homicidios por cada 100 mil habitantes.Pasamos de ser el país más violento de la región a ocupar el puesto 10. Lo que hemos vivido en los últimos años es una ‘desparamilitarización’ de la sociedad y una disminución dramática de la tasa de homicidios que desmienten esa tal afirmación de la ‘paramilitarización de la sociedad”.
VA: Cuando las Farc piden que se desmonte el paramilitarismo, ¿a qué cree que se refieren?
EP: “Después de la desmovilización de las Auc, todos los 25 jefes del Estado Mayor de las Auc fueron encarcelados, 14 de ellos extraditados a los Estados Unidos y más del 90 por ciento de los militantes de base están en proceso de reincorporación a la vida civil. El gran fracaso de ese proceso fueron los mandos medios, que continuaron masivamente en la vida criminal. Para el año 2007 teníamos unas 27 organizaciones criminales, hoy quedan unas cuatro o cinco de alguna significación.
Ahora, muchas de estas bandas actuaron en concierto con frentes de las Farc y el Eln. En Nariño, por ejemplo, los vínculos con el Eln y las bandas criminales para el negocio del narcotráfico son evidentes; los vínculos, por ejemplo, entre el Frente V de las Farc y los Úsuga, que además, son primos de ‘Isaias Trujillo’, también son reconocidos. Entonces, hablar de paramilitarismo cuando habido pactos de convivencias pragmáticos en las regiones, me parece pura retórica de las Farc. Ahora, en lo que sí tienen toda la razón es las denuncias que han venido haciendo sobre grupos armados ilegales están atentando contra líderes sociales donde hay disputas por las tierras”.
6. Jorge Giraldo
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VerdadAbierta: Después de la desmovilización de las AUC, ¿cree que, efectivamente, se desmanteló el paramilitarismo?
Jorge Giraldo: “Yo creo que a lo largo de la historia el paramilitarismo ha tenido diferentes configuraciones. Pero el paramilitarismo, tal y como lo conocimos entre los años 1994-2006, con esa naturaleza ofensiva, contrainsurgente, organizado desde el punto de vista militar, estratégico, jerárquico, creo que efectivamente desapareció con los procesos de desmovilización. Ahora, dicho esto, ello no significa que en Colombia no existan organizaciones armadas ilegales, sobre todo orientadas por la codicia, como en el caso de las bacrim, pero que claramente son fenómenos distintos al fenómeno paramilitar, sobre todo por carecer de ese componente contrainsurgente, ya que están más orientadas al negocio.
VA: En términos de la sociedad ¿también cree que se superó el paramilitarismo?
JG: “Pues diría que mientras en Colombia exista una cultura política que justifique el uso de la violencia, en cualquier momento es probable que emerjan grupos privados, conformados por personas de las regiones, que puedan tener, incluso, apoyos en sectores de la sociedad. Creo que ese es el ‘chip’ que la sociedad colombiana tiene que desactivar. El desarme es un elemento simbólico importante, necesario, pero mientras los espíritus estén armados siempre aparecerán recursos o dineros para entrar en el mercado de armas y para que se produzca el rearme de grupos privados. Ahora, esto en el plano de las ideas. Pero en el corto plazo, diría que se necesita tomar algunas acciones puntuales como fortalecer la fuerza pública, fortalecer el aparato de justicia, el copamiento del territorio por parte de las fuerzas del Estado para controlar estas expresiones.
VA: Para usted, ¿las bandas criminales son neoparamilitares o un fenómeno de crimen organizado?
JG: “Para mí es un fenómeno netamente de crimen organizado. Para empezar hay que establecer claramente una diferencia. Lo que pasó en el mundo en los últimos 20 años fue que los motivos políticos y las razones económicas se articularon muchísimo en este tipo de organizaciones armadas en todo el mundo. Pero uno tiene que utilizar algún criterio que le permita distinguir entre el criminal y el combatiente. Y yo creo que ese criterio es el objetivo político. En el caso paramilitar era muy claro cuál era su objetivo político, había una idea de país y, sobretodo, tenían muy definido su enemigo político.
En el caso de las bandas criminales, ¿cuál es su enemigo político? Informes de inteligencia y periodísticos muestran que en muchas regiones del país, las bandas criminales y la guerrilla trabajan juntos en negocios de narcotráfico. Digamos que hay casos extraños como el de ‘Megateo’, envestido con ese ropaje del Epl, pero en el fondo era claro que toda su orientación era dedicada al negocio. Pero en conclusión, bajo la mirada de la enemistad política, de los objetivos políticos, en las bandas criminales eso es muy difuso y creo que no se da el que tengan algún objetivo político”.
VA: Cuando las Farc piden que se desmonte el paramilitarismo, ¿a qué cree que se refieren?
JG: “Yo creo que esa preocupación que reapareció en la mesa en el último mes, obedece básicamente a una demanda de seguridad. El punto de ‘fin del conflicto’ tiene como subpunto a tratar el tema de la seguridad de los desmovilizados y yo creo que esa ‘agitación’ frente al tema del paramilitarismo tiene que ver más con la cuestión de la seguridad personal de los desmovilizados y los dirigentes. Me parece que es una preocupación muy razonable porque, pues hemos estado en un país con unos niveles de violencia altísimos; y segundo, porque, dicho en términos coloquiales, ellos tienen muchas culebras en todas las regiones del país. Hay que entender todas las cosas que han pasado en estos años. Por eso, me parece razonable la preocupación pero también creo que el Estado, obviamente, tendrá que garantizarle la seguridad de quienes se desmovilicen.
VA: ¿Cómo enfrentar un escenario de postconflicto en Colombia?
JG: “La experiencia internacional nos muestra que los postconflictos han sido violentos. No es si no ver el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador. Colombia tiene la desventaja de esa historia reciente de violencia generalizada. A diferencia del Perú, donde la violencia estuvo muy concentrada en la guerrilla, aquí la guerrilla ha sido uno entre ‘N’ actores generadores de violencia, empezando por el narcotráfico. Pero también tenemos una ventaja frente a otras naciones que han afrontado escenarios de postconflicto y es que tenemos un Estado más fuerte, unas fuerzas militares más robustecidas y eso balancearía un poco el asunto.
Pero si uno mira el grueso de los analistas y aún para los funcionarios que ya están pensando el tema de la implementación de los acuerdos, para todos es claro que el primer asunto es el tema de seguridad y justicia, por encima de cualquier cosa. Si te demoras ejecutando una obra como la construcción de una carretera, la electrificación de una vereda, la construcción de una escuela, en fin, eso seguramente no te va a amenazar el desarrollo de los acuerdos, pero si se falla en la estrategia de aseguramiento del territorio y de garantía de los bienes básicos de justicia y seguridad en los territorios, la cosa se puede complicar muchísimo. Porque hay rentas ilegales, hay dineros, hay intereses, hay aprendizajes criminales”.