La discusión sobre si las bandas criminales constituyen una extensión del paramilitarismo o se trata solamente de un fenómeno netamente criminal es, quizás, una de las más intensas de los últimos años en los círculos académicos y políticos. (Segunda parte).
Foto: archivo Semana.La violencia protagonizada por las denominadas bandas criminales no solo es motivo de preocupación para autoridades civiles y de Policía, organismos defensores de derechos humanos y comunidades urbanas y rurales que a diario deben convivir con estas estructuras armadas surgidas luego del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. También se ha convertido en una inagotable fuente de análisis por parte de académicos de diversas áreas de las ciencias sociales.
Investigadores sociales como Mauricio Romero, Gustavo Duncan, Carlos Medina Gallego, entre otros, han emitido conceptos sobre el particular en los que, de una u otra forma, coinciden en señalar la continuidad, mutación, transformación, hibridación o pervivencia del fenómeno paramilitar. La investigación realizada por Romero fue, quizás, una de las pioneras en el tema. En ella hizo célebre la distinción entre disidentes, rearmados y emergentes para referirse a la naturaleza de las bandas criminales.
Según sus análisis, “los grupos disidentes reflejarían la persistencia del paramilitarismo de ‘segunda generación’ y su transformación en organizaciones criminales, pero con vocación de control social y político local. Los rearmados reflejarían la fragmentación de organizaciones que perdieron su antigua estructura y la diáspora de personas desmovilizadas (…) los emergentes expresarían el copamiento territorial de los vacíos dejados por las AUC luego de su desmovilización y la constitución de grupos de diversa composición con los mismos objetivos”.
De otra parte, para Medina Gallego “no existe una diferencia sustancial entre neo-paramilitares y bandas criminales, distinta al énfasis que se hace en que los primeros están mucho más coordinados con el control territorial en torno al discurso antisubversivo, y los segundos al desarrollo de una administración criminal del mismo, complementaria de la economía ilegal del narcotráfico y la explotación de recursos mineros y agropecuarios”.
El tema también ha interesado a catedráticos extranjeros como Frédéric Massé, quien ha dedicado parte de su obra a estudiar los fenómenos de violencia en Colombia. En uno de ellos, donde estudia la naturaleza del fenómeno bacrim, planteó que “la desmovilización de los grupos paramilitares no provocó cambios inmediatos muy profundos, porque esta desmovilización fue no solo progresiva, sino también incompleta”. Para Massé, si bien los grupos surgidos luego de este proceso son liderados por antiguos mandos medios y lugartenientes de los jefes paramilitares, se advierten varias transformaciones en comparación a los bloques de las Auc.
“El primer cambio importante es que ya no son grupos de autodefensa ni contrainsurgentes o de lucha contra la guerrilla (…) el segundo cambio es que, a diferencia de la relación de cooperación y división de labores que tuvieron las autodefensas con unidades de la fuerza pública, las estructuras armadas ilegales posteriores a la desmovilización ya no son tampoco, por definición, grupos paramilitares. Actualmente, procuran más bien infiltrarse en ellos, para obtener información sobre operativos previstos, así como sobre las acciones planeadas por grupos enemigos o incluso, para contar con su colaboración ante enfrentamientos con otros grupos (…) sin embargo, ya no son grupos paramilitares, sino más bien grupos armados mafiosos o mafias en armas, que tienen vínculos o relaciones menos estratégicas y más comerciales o mercantiles con individuos de las fuerza pública”.
Otra postura frente al tema la ha emitido Raúl Zelik, Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Libre de Berlín. Su tesis, cuya primera edición fue publicada en 2009, es un completo estudio sobre el paramilitarismo en Colombia.
En uno de sus capítulos aborda el fenómeno protagonizado por las bandas criminales. A grandes rasgos señala que “en Colombia, el paramilitarismo todavía no es historia. Decenas de grupos “disidentes”, “rearmados” o “emergentes” hacen que exista una continuidad del poder paramilitar”. De acuerdo con este autor, en amplias regiones de Colombia, particularmente aquellas que arrastran serios problemas de marginalidad y donde se desarrollan proyectos extractivos, como minería, persiste un recio control político-social y que ello representa una continuidad del paramilitarismo.
“Más difícil de responder es de qué clase de continuidad se trata. Las disputas armadas entre y dentro de las organizaciones neoparamilitares hacen pensar que la contrainsurgencia ya no es una motivación importante como lo fue en el pasado, mientras que los intereses económicos particulares han ganado importancia (…) la gran cantidad de asesinatos políticos deja ver que estos grupos no solamente son bandas criminales como lo sostienen el Gobierno Santos y la Fuerza Pública”, señala el autor en su obra titulada Violencia y transformación social, política y económica en Colombia.
Líderes sociales: en la mira
Las agresiones contra los defensores de derechos humanos y activista van en aumento desde los últimos años. Foto: archivo Semana.Informes de organismos defensores de derechos humanos tanto estatales como no gubernamentales parecen darle la razón al catedrático alemán: en Colombia, los líderes sociales, campesinos, indígenas; los defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales y de izquierda continúan siendo víctimas de una violencia que más que sistemática ya parece endémica.
Al respecto, las cifras del programa Somos Defensores muestran que en el primer semestre de 2015 se registraron 339 agresiones individuales contra activistas de derechos humanos, discriminadas en 332 amenazas de muerte y 34 asesinatos; además de 25 atentados, cuatro detenciones arbitrarias, tres casos de abuso de fuerza pública y un robo de información. Las dos primeras variables registraron un incremento del 216 y 15 por ciento respectivamente con relación al año 2014.
Llama la atención que en un 72 por ciento de los casos se señale a grupos paramilitares como los responsables; seguido por un 22 por ciento atribuibles a desconocidos. Los agentes estatales se ubican en un tercer lugar mientras que las guerrillas (tanto Farc como Eln) figuran en último lugar conun tres por ciento de responsabilidades.
Primer semestre de 2015: cada cinco días asesinaron a un defensor de derechos humanos
Por su parte, la Mapp-OEA, en su más reciente informe de seguimiento al proceso de paz con las Autodefensas, fechado el 15 de noviembre de 2015, reiteró su preocupación por la delicada situación de vulneración de derechos humanos de diversas comunidades campesinas a lo largo y ancho del país por cuenta de la presencia de las denominadas bandas criminales.
Al respecto, el organismo consignó en su informe que estos grupos “siguen siendo una amenaza real al derecho de las poblaciones a la paz, la tranquilidad y el libre ejercicio de sus derechos ciudadanos. Su presencia sigue girando en torno a la ubicación y desarrollo de las economías ilegales de las que se nutre; o en zonas de frontera, buscando sacar provecho de actividades ilícitas”.
Para la Mapp-OEA, es claro que algunos de estos grupos son dirigidos por liderazgos muchos más jóvenes, quienes actúan con mayor violencia con el fin de ganar respeto, legitimidad y ascendencia entre sus dirigidos. Pero, por otra parte, “otras agrupaciones adoptan estrategias benefactoras para ganar la simpatía de las comunidades, mientras que algunos de sus líderes prefieren mantener un perfil discreto que los hagan pasar desapercibidos ante las autoridades. En ciertas zonas estos grupos adicionalmente ofrecen servicios de seguridad privada a propietarios locales”.
El informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia también consignó su preocupación por el accionar de los “grupos armados postdesmovilización”, como denominó a las bandas criminales, toda vez que, según el seguimiento hecho por esta agencia, constituyen la principal amenaza en materia de seguridad pública.
Si bien el informe referencia las conexiones de estos grupos con redes criminales transnacionales, así como sus nexos estratégicos con las guerrillas en regiones particulares como Sur de Bolívar o Bajo Cauca antioqueño, también advirtió que “a menudo estos grupos amenazan o atacan a defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, agentes del Estado y reclamantes en proceso de restitución e tierras cuando estos se oponen a sus intereses criminales o políticos”.
Por su parte, desde 2007 la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo la expansión de las denominadas bandas criminales por todo el país. En el último año, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ha señalado la creciente actividad armada y criminal de estos grupos y los riesgos en que se encuentran poblaciones enteras del Pacífico colombiano, el Bajo Cauca antioqueño, el Sur de Bolívar, Valle del Cauca y Cauca.
De ahí que esta entidad catalogue el fenómeno como una expresión más compleja que la de una simple criminalidad especializada. Como lo anota Jorge Calero, director del SAT, “no son solo bandas delincuenciales sino que tienen participación en el marco del conflicto armado aunque oficialmente no se le ha dado la calificación de grupo armado organizado”.
Para Wilson Reyes, director del Observatorio para la Paz de la Gobernación de Valle del Cauca, departamento que experimenta unincremento de acciones violentas atribuibles a la presencia de las bandas criminales de Los Rastrojos, Los Machos y, en menor medida, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, los ataques que lanzan estos grupos armados postdesmovilización contra los liderazgos sociales tiene por fin destruir tejido social, tal como lo hicieran en su momento los grupos paramilitares.
“La insurgencia no sólo es la gente armada, es todo aquel que de alguna manera esté revelado contra el Estado ocasionalmente o sea crítico de él. Aquí un líder popular del Distrito de Aguablanca que esté organizando a la gente y ofrezca niveles de resistencia frente a un poder hegemónico, es blanco de ellos”, dijo el funcionario, quien reiteró: “están rompiendo permanentemente todo lo que pueda existir de tejido social, de organización y de liderazgo comunitario”.
Vea la primera parte de este especial: El paramilitarismo en Colombia, ¿realmente se desmontó?
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