Las 29 víctimas que fueron entregadas este jueves en el marco del proceso de paz, pasaron por varios procedimientos de identificación y sin embargo fueron inhumadas como NN.
Una prima le contó que por la radio del pueblo la estaban buscando para informarle sobre su hermano*. Ella nunca creyó que estuviera desaparecido. Lo único que supo es que hace más de 10 años salió de la casa sin decir a dónde y ningún familiar lo volvió a ver. Sólo cuando le contaron de la cuña radial, fue a la Fiscalía y a Medicinal Legal a buscar respuestas.
Los restos de su hermano estaban enterrados en el cementerio de Vista Hermosa, Meta, luego de un combate en 2007 entre la Fuerza de Tarea Conjunta Omega
y el Bloque Oriental las Farc.
La familia recibió el cuerpo este 17 de diciembre, en una ceremonia colectiva que el Gobierno y las Farc pactaron en Villavicencio; y que realizaron la Fiscalía, el Colectivo Fals Borda y la Unidad para las Víctimas.. Allí entregaron en total los restos óseos de 29 desaparecidos que fueron enterrados como no identificados en los cementerios de La Macarena, Vistahermosa, Granada y San José del Guaviare.
Con este acto se dio la primera puntada de lo que se acordó en las negociaciones de paz en La Habana, en octubre pasado, para buscar, identificar y entregar de manera inmediata algunos de los desaparecidos del conflicto.
Los negociadores querían medidas de “construcción de confianza” y para ello el Gobierno se comprometió a acelerar la identificación y entrega digna de víctimas y personas que murieron durante operaciones la Fuerza Pública y fueron inhumados como no identificados, según el acuerdo. Ver comunicado conjunto.
Se habla de acelerar porque los procesos para encontrar a esos desaparecidos y saber a ciencia cierta quiénes eran, empezó mucho antes que la mesa de diálogos en Cuba. Por lo menos desde 2002 los habitantes de La Macarena, Meta, veían en el cementerio del pueblo que algunas tumbas tenían encima unas tablas marcadas con números y letras. Cada vez aparecían más.
Esas marcas identificaban los levantamientos de cadáveres hechos por Policía Judicial o las necropsias que el médico del pueblo. Más de la mitad aparecían en informes militares como muertos en combate en Caquetá, Meta o Guaviare.
“No podemos decirles que son subversivos porque no hay sentencias ejecutoriadas por rebelión. Sólo que la documentación de esa muerte nos sugiere que sí era miembro de un grupo armado subversivo al margen de la ley”, aseguró una persona que conoce de cerca el proceso judicial y que pidió la reserva de su nombre.
Por su parte, Pablo Cala del Colectivo Fals Borda, una corporación que acompaña a 24 de las 29 familias que acudieron a la ceremonia en Villavicencio, indica que dentro de las víctimas “conocemos que hay varios casos que no fueron muertos en combate sino ejecuciones extrajudiciales” y agrega que “escondieron el cuerpo, ocultaron la prueba y negaron la posibilidad de esclarecer la verdad de quiénes eran esas personas y cómo murieron. Es una desaparición forzada”.
Los Llanos Orientales es la región del país donde más han enterrado a personas no identificadas en cementerios. Así lo demostraron las labores de la Fiscalía en Justicia y Paz pues desde 2010 -y en sólo cinco cementerios-, desenterraron a cerca de 2.200 personas no identificadas.
En La Macarena había 464 tumbas, 593 en Villavicencio, 577 en San José del Guaviare, 528 en Granada y 130 en Vista Hermosa. La mayoría es de personas que supuestamente murieron en combate, según diferentes informes de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega.
Esos enterramientos se realizaron entre 2002 y 2010 y las cifras apuntan que el 36% de esos cuerpos han sido identificados pero a pesar de eso, sólo se ha ubicado una cuarta parte de los familiares, según la Fiscalía.
Pues como dice Cala, es una tarea difícil porque no todas las familias denuncian la desaparición por miedo. Es por eso que la Corporación Fals Borda ha repartido miles de plegables y afiches y ha emitido cuñas radiales en esos municipios para encontrar a las familias.
El Estado antes del cementerio
VerdadAbierta.com tuvo acceso a siete de los 29 procesos que lleva la Fiscalía sobre los desaparecidos que entregaron en Villavicencio. En todos había un informe de la Fuerza Pública sobre cómo sucedió el combate, el levantamiento de Policía Judicial y una acta de necropsia realizada por un médico rural. Tomaron las huellas e hicieron certificados de defunción antes de enterrarlos.
Esa evidencia empezó a conocerse en agosto de 2012, cuando la Fiscalía desenterró los primeros cuerpos en el cementerio de La Macarena. Sin embargo, no pudieron transportarlos a Medicina Legal en Bogotá porque debían esperar a que la descomposición estuviera más avanzada para subirlos en helicóptero.
Por esa razón, los restos fueron inhumados de nuevo en una bóveda del cementerio, con las reseñas necesarias para no perderlo; mientras el proceso judicial se adelantó desde Bogotá con toda la información que tenía la Fuerza Pública, los Juzgados Penales Militares, Medicina Legal y Fiscalía.
De todos esos datos, salieron posibles nombres y familiares de los muertos. Uno a uno los entrevistaron y en efecto sus personas allegadas eran las que estaban como no identificadas.
Uno de ellos era un hombre que se fue a vivir a Caquetá con su esposa para buscar trabajo en una finca, pues el que tenía de pintor en otra parte del país había terminado. Sus familiares se comunicaban con él por teléfono hasta que un día les pidió que no lo llamaran más. Les explicó que le salía muy caro tener que ir hasta la cabecera municipal a recibir la llamada. Esa fue la última conversación.
Cuando la Fiscalía se enteró de que era uno de los inhumados en el cementerio de La Macarena, entrevistó al hermano. Él relató que, según la esposa de su hermano, él tomaba con algunos guerrilleros y lo invitaron a hacer parte de las Farc. Él se rehusó y se fue a otra finca.
En el acta de levantamiento, Policía Judicial reseñó dos muertos con tres fusiles. Los árboles donde estaban tendidos los muertos tenían huecos de tiros y la selva era tan espesa, que los funcionarios descendieron por cuerdas desde el helicóptero.
La Fiscalía trasladó este y muchos otros cuerpos a principios de este año a Medicina Legal en Bogotá. A lo largo del año identificaron los restos de por lo menos 41 personas. Los familiares de 12 de ellos eligieron que se los entregaran en una ceremonia privada mientras que los 29 restantes aceptaron un acto público el jueves pasado en Villavicencio.
En la ceremonia también estuvieron Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz; otros personajes de la política colombiana y el CICR. “Lamentamos que esto haya pasado a sus familias, a sus vidas y al país. Y también, honestamente, admiramos su fortaleza, su resistencia y su infinita capacidad de levantarse y ver hacia el frente. Gracias por permitirnos estar aquí con ustedes”, dijo en el evento Paula Gaviria, directora de la Unidad para las Víctimas.
Ningún fallo judicial ha declarado como guerrilleros a estos desaparecidos. Pero, Pablo Cala concluye que “nadie tiene derecho a negar la identidad e historia de una persona, indistintamente si estamos de acuerdo o no con sus opciones de vida. Todos tenemos derecho a una historia, a una identidad, incluso en el caso de los combatientes sea guerrillero o militar. Más aún sus familiares tienen derecho a enterrarlos con dignidad, a lloramos como sus muertos, sus seres amados”.
* Se omiten los nombres de las personas que fueron entregadas y los de sus familiares por solicitud de las fuentes.