El Gobierno dice que ya no hay paramilitares sino apenas bandas criminales. Las Farc dicen que sí hay paramilitarismo y exigen que el Estado lo desmonte. Muchas comunidades consideran que las Bacrim actúan igual y están acumulando tanto poder como las AUC. ¿Quién tiene la razón? (Parte 1)

Tras la desmovilización de las Auc, algunos excombatientes retomaron las armas y aparecieron nuevos grupos armados ilegales. Foto: archivo Semana.El 15 de agosto de 2006 se registró uno de los hechos más relevantes en la historia reciente del conflicto armado colombiano. Ese día, unos 745 combatientes pertenecientes al Frente Norte Medio Salaquí –o Frente Chocó- del Bloque Élmer Cárdenas (BEC) de las Autodefensas Unidas de Colombia entregaron sus armas al gobierno nacional, en un acto que tuvo lugar en el municipio de Unguía, Chocó.

El BEC, comandado por Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, se convirtió en la última estructura paramilitar en ser desmontada, lo que significó, según el Gobierno de la época, en la desaparición del paramilitarismo tal como lo percibió el país durante más de tres décadas: un temible y poderoso proyecto político-militar con tentáculos en diversos sectores del Estado, principalmente de las Fuerzas Militares, destinado a combatir las guerrillas con métodos de terror.

Desde entonces, “mucha agua ha corrido debajo del puente”. Antiguos mandos medios y combatientes de los bloques paramilitares desmovilizados retomaron las armas para liderar peligrosas estructurascuyo propósito ha girado en torno al control de negocios ilícitos, como el narcotráfico. Para las autoridades de Policía, se trata de un fenómeno emergente, netamente criminal, desprovisto de toda lógica “contrainsurgente” pues, de hecho, las evidencias apuntan a alianzas estratégicas entre estos grupos y las guerrillas para el control de territorios y la extracción de rentas legales e ilegales.   

El poder de fuego alcanzado por algunas de estas estructuras, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) por ejemplo, sumado al control territorial y su presencia verificada en más de 250 municipios del país, ponen de manifiesto que se trata de un fenómeno más complejo de lo que se advierte. Al respecto, los llamados de atención no han sido pocos. Desde 2007, la Mapp-OEA advirtió en cada uno de sus informes de seguimiento al proceso de paz, cómo estas estructuras se asentaron en antiguos territorios dominados en su momento por las Auc, incrementando los niveles de violencia y las vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades por cuenta de las disputas en que se enfrascaron estos nuevos grupos armados.

A ellos se sumaron denuncias de organizaciones no gubernamentales e incluso, Defensoría del Pueblo, sobre la continuidad de prácticas de terror propias de los grupos paramilitares: desapariciones forzadas, desplazamiento de pueblos enteros, desmembramiento de cuerpos, entre otros. Pero lo que más preocupa de este fenómeno es la persistencia del uso de la violencia contra líderes sociales, comunitarios, campesinos e indígenas; integrantes de organizaciones de víctimas, dirigentes sindicales y de la izquierda democrática; todos ellos antiguos objetivos militares del proyecto contrainsurgente.

De ahí que, aún hoy, definir a estos nuevos grupos continúe siendo parte de un debate entre quienes advierten en ellos la tercera generación del paramilitarismo en Colombia y aquellos que sostienen que estamos frente a una amenaza criminal que arrastra los aprendizajes de más de cincuenta años de conflicto armado.

Hoy, el debate cobra mayor fuerza por cuenta de la petición reiterada de los negociadores de las Farc en La Habana, Cuba, de desmontar el paramilitarismo como condición necesaria para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera. En los últimos meses, los miembros de este grupo guerrillero no han ahorrado palabras ni escatimado escenarios para señalar que “el Estado colombiano no ha mostrado voluntad política para desmontar el paramilitarismo”, tal como lo consignó Edison Romaña en una de las columnas publicadas en el sitio web de las Farc.

Lo anterior suscita diversos interrogantes: ¿se refieren las Farc al combate contra las bandas criminales, algunas de las cuales, según informes de inteligencia, mantienen nexos estratégicos con esta guerrilla en actividades ilegales? o ¿sus señalamientos apuntan a sectores de extrema derecha que se oponen a toda negociación política con la guerrilla? En todo caso ¿es posible señalar que el paramilitarismo en Colombia aún existe?

VerdadAbierta.com dialogó con personas expertas en el tema; revisó la situación de derechos humanos en diversas regiones del territorio nacional y consultó informes de diversas agencias con el fin de dar respuesta a los anteriores interrogantes. Esto fue lo que encontró.  
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La amenaza de las bandas criminales

El crecimiento y expansión constante de estas estructuras se ha convertido en una amenaza real, creciente y bastante preocupante.

No se conoce a ciencia cierta, cuántas bandas criminales existente en el país y en qué municipios tienen presencia. Foto: archivo Semana.Hoy día nadie pone en discusión la amenaza que representa para la seguridad pública del país, la expansión del fenómeno de las bandas criminales surgidas luego del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En los departamentos de Policía de todo el país circulan carteles donde se ofrecen jugosas recompensas por información que permita la captura de los principales líderes de estructuras como ‘Clan Úsuga’; Rastrojos, Erpac, Libertadores del Vichada, Paisas, Oficina de Envigado, entre otros.

Y es que, pese a la acción de la fuerza pública, que desde 2006 ha permitido la captura de más de 12.000 integrantes de estas estructuras armadas postdesmovilización, estas han demostrado una gran capacidad logística para las actividades de crimen organizado a gran escala; un poder de fuego capaz de resistir la arremetida de la fuerza pública y una flexibilidad única que ha hecho difícil su desarticulación.

Actualmente, las denominadas bandas criminales se han extendido por buena parte del territorio nacional. Hoy tienen presencia en regiones donde se llevan a cabo importantes proyectos extractivos (minería, hidrocarburos); territorios de frontera, donde los controles estatales son débiles y porosos; y en zonas con fuerte presencia de cultivos ilícitos y laboratoriospara la producción de alcaloides.

Lo anterior les ha permitido acaparar cuantiosas rentas criminales, fortalecer sus aparatos militares y, en algunos casos, convertirse en “amos y señores de la tierra”: imponer reglas de comportamiento; impartir justicia y prestar servicios de seguridad, tal como lo hicieran en su momento los grupos paramilitares.

VerdadAbierta.com presenta una radiografía actual de la presencia de las bandas criminales en el país, para entender la real dimensión de la problemática y el desafío que plantea para las autoridades civiles y de Policía.

Un mal extendido por medio país

Foto: archivo Semana.Desde hace poco más de ocho años, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz- organización defensora de derechos humanos, viene documentando la presencia en el país de lo que denominan los nuevos “grupos narcoparamilitares”. Sus informes, que se publican año tras año, se han vuelto fuente de consulta obligada para quien quiera estudiar el flagelo de las bandas criminales.

En su reporte de 2015, Indepaz señaló la presencia de 14 organizaciones “narcoparamilitares” en 338 municipios de 23 departamentos, con un crecimiento preocupante en la Costa Caribe, Cesar, Pacífico colombiano y la Orinoquía. Según este reporte, por lo menos 298 municipios registran una presencia continua de bandas criminales desde hace seis años o más. Los departamentos donde más se han enquistado estas estructuras son Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Magdalena, Meta, Nariño, Santander, Valle del Cauca y Sucre.   

Los datos de la ONG señalan un fortalecimiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) como el grupo amado con mayor despliegue deefectivos y mayor presencia en todo el país. Le siguen en su orden los Rastrojos, las Águilas Negras, las Fuerzas Armadas Irregulares de Colombia (Fiac); el Bloque Meta, La Oficina de Envigado y Libertadores de Vichada.

Si bien los informes de Indepaz registran notables diferencias con entidades estatales como la Defensoría del Pueblo, ambas coinciden en advertir la misma situación: el crecimiento que vienen experimentando estos grupos en regiones como la Costa Caribe y la Orinoquía, situación que a su vez, incrementa los niveles de riesgo de vulneración de derechos de las comunidades allí asentadas.

Según Jorge Calero, director del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, en lo corrido de este año se han advertido riesgos para la población civil por cuenta de las acciones de grupos armados postdesmovilización en 171 municipios de 27 departamentos. “Eso no quiere decir que sea el número de municipios donde hacen presencia sino en los municipios donde el SAT identificó riesgos entre 2014 y 2015”, aclaró Calero.

En 2015, las principales advertencias por el accionar de estos grupos se concentraron en municipios como Cáceres y Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño; las localidades de Norosí, Tiquisio y Arenal, en el departamento de Bolívar; en Tuluá, Valle del Cauca; y en toda la región del Darién chocoano. Actualmente, la entidad monitorea la situación en los municipios del norte del Cauca; en la ciudad de Barranquilla y el departamento de La Guajira.

De acuerdo con el director del SAT, “en zonas rurales estos grupos los encontramos como verdaderas estructuras armadas ilegales con una organización de tipo militar, comandos visibles, portando uniformes y armas de corto y largo alcance” mientras que en las zonas urbanas “actúan en pequeños grupos, van de civil, en motocicleta, establecen sistemas de seguimiento y vigilancia, asumen control de economías ilegales vinculadas con microtráfico, extorsión, préstamo a usura; vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades ilícitas así como amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos”.

Desde que se registró la última desmovilización de un grupo paramilitar, en agosto de 2006, la Defensoría identificó el riesgo creado por 22 organizaciones armadas ilegales en 167 municipios  de 23 departamentos. En 2010, la cifra se redujo a nueve organizaciones ilegales. Esto por cuenta de las disputas y enfrentamientos al interior de estas estructuras y de ellas entre sí. Hoy, las dinámicas de las bandas criminales, sus fusiones, enfrentamientos y alianzas, han llevado a la Entidad a reconocer diez estructuras grandes que hoy emergen como las principales amenazas para la seguridad pública y la garantía de derechos humanos de cientos de poblaciones.

Ellas son: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc); Los Rastrojos; Libertadores del Vichada; la Empresa; Bloque Meta; Los Paisas, la Oficina de Envigado; Águilas Negras; la ‘Constru’ y los Botalones, esta última con presencia en los municipios límites de Boyacá y Santander.  

El poder ‘gaitanista’

Desde hace meses la Fuerza Pública busca por todos los medios en Urabá a Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, jefe de ‘Los Urabeños’ o del ‘Clan Úsuga’. En esa región, el pasado 4 de agosto se accidentó un helicóptero y murieron 16 policías. Foto: tomada de Semana.com.No existe un consenso oficial sobre el número de efectivos que integran cada una de estos grupos armados postdesmovilización. Según Indepaz, la cifra podría rondar los 6.000 hombres en armas. Incluso, persisten notables diferencias entre algunas entidades estatales sobre la existencia de algunas de estas bandas. “La Fuerza Pública niega la existencia del grupo Águilas Negras. Lo único que se conoce son los panfletos pero no se ha podido determinar la existencia de una estructuras armada como tal, como la que surgió en 2007 en Norte de Santander, que eran diferentes tipos de ‘Águilas’ doradas, azules, etc”, señaló el director del SAT de la Defensoría.

Sobre las que sí se tienen mayores certezas son sobre los Libertadores del Vichada y Bloque Meta, grupos regionales con fuerte presencia en Guaviare, Vichada y Meta; La Empresa, que nació en 2012 como brazo armado de Los Rastrojos en Buenaventura pero que luego alcanzó su propia autonomía; La ‘Constru’, que delinque en el departamento de Putumayo; y los Paisas, cuya organización ha sido fuertemente golpeada tanto por la Fuerza Pública como por las otras bandas criminales. Con todo y ello, mantienen presencia en parte de Antioquia, Córdoba y Magdalena.

Pese al sometimiento a la justicia de los Estados Unidos de los hermanos Calle Serna, fundadores de Los Rastrojos, este grupo armado postdesmovilización continúa ejerciendo fuerte control territorial en departamentos como Atlántico, Bolívar, Quindío, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Putumayo.

Pero sin duda el grupo armado sobre el que están concentradas todas las acciones de la fuerza pública es el ‘Clan Úsuga’ también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o ‘Urabeños. Este grupo, que nació en el Urabá antioqueño en 2006 de la mano de Vicente Castaño, ha venido creciendo exponencialmente  hasta el punto que hoy son consideradas el nuevo gran cartel del narcotráfico en Colombia.

Los secretos del Clan Úsuga

Bajo el mando de hombres conocedores de la guerra, como lo fueron en su momento Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’; y Juan de Dios Úsuga David, alias ‘Giovani’, este último con un pasado en la guerrilla del Epl y luego en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), los ‘gaitanistas’ han logrado acaparar rentas derivadas de la extorsión, la minería y el negocio del tráfico de drogas en departamentos como Antioquia, Chocó, Córdoba, Sur de Bolívar, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño y Sucre.

Lo que más inquieta a las autoridades es su capacidad de adaptación luego de los golpes propinados por la fuerza pública. Ni la captura de alias ‘Don Mario’, en abril de 2009; ni la muerte en combate de ‘Giovani’; el 31 de diciembre de 2011, han logrado hacer mella en esta organización, que hoy es comandada por otro heredero de la familia Úsuga: alias ‘Otoniel’ (Dairo Úsuga), otro exguerrillero del Epl y excombatiente de las Accu que se ha convertido en el hombre más buscado de Colombia.

En su proceso de expansión han logrado someter a sangre y fuego a otras bandas criminales en departamentos como Antioquia, Magdalena, Atlántico y Córdoba, gracias a su capacidad militar. Según las autoridades de Policía, endepartamentos como Antioquia, Bolívar y Chocó, los ‘gaitanistas’ han establecido alianzas estratégicas con la guerrilla de las Farc para controles territoriales y negocios relacionados con narcotráfico. Lo que preocupa a entidades como la Defensoría son los fuertes enfrentamientos que se han registrado este año entre este grupo armado postdesmovilización y la guerrilla del Eln.

De acuerdo con la Defensoría, estas disputas están teniendo lugar en Antioquia (Bajo Cauca); Sucre, Córdoba; Sur de Bolívar y Chocó, particularmente en la región del Bajo Atrato y a lo largo de la cuenca del río Baudó. Los registros de la entidad señalan que entre septiembre y octubre de 2015 se presentaron cinco enfrentamientos armados entre los ‘gaitanistas’ y el Eln en el Truandó y Salaquí, en el Bajo Atrato chocoano, y en el municipio de Riosucio.

¿Qué pasa con el Eln en Bajo Cauca? La guerra que se cocina lentamente en el Chocó

“Esa confrontación armada en Chocó, Antioquia y Bolívar ha generado muertes violentas, desapariciones forzadas, enfrentamientos armados con interposición de la población civil, reclutamiento de menores de edad; las comunidades se han visto obligadas a desplazarse, a confinamientos. No pueden salir a cazar, a pescar y zonas de cultivo. Entonces a veces hay desabastecimiento”, señaló Jorge Calero, director del SAT de la Defensoría.

Para este funcionario, los ‘gaitanistas’ constituyen hoy la mayor amenaza para la seguridad pública. “Nos preocupa la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en zonas urbanas y rurales. En muchos municipios del país se están viendo afectados los derechos fundamentales de los pobladores. Hay amenazas, presiones, intimidaciones, muertes violentas, reclutamiento de menores de edad, extorsiones que ponen en riesgo y la vida y la libertad de las personas, desplazamientos forzados por causa de estos grupos”.

Las preocupaciones son aún mayores de cara un muy posible acuerdo de paz con las Farc. ¿Ocuparán los ‘gaitanistas’ los territorios que dejen las Farc? ¿Terminarán algunos frentes de esta guerrilla fusionándose con estructuras de las Agc? ¿Se registrará una nueva ola de violencia, esta vez protagonizada por exguerrilleros y exparamilitares, ahora bajo el rótulo de ‘gaitanistas’?

Solo el tiempo tendrá respuestas.