Las diez verdades que deja Justicia y Paz (II)

“No perseguíamos a los sindicalistas por ser sindicalistas, porque su lucha es justa para defender los derechos obreros; combatimos fue la infiltración de las guerrillas”, dijo en audiencia Hebert Veloza, exjefe paramilitar más conocido como ‘HH’, sobre el homicidio de cientos líderes de los bananeros en Urabá. ‘Juancho Prada’ ha hecho lo propio con los asesinatos de líderes políticos de izquierda en el sur del Cesar, que según él, tuvieron relación con su cercanía con los grupos guerrilleros.

Tras analizar ocho asesinatos de líderes de la Unión Patriótica en Urabá documentados por la Fiscalía, el magistrado Eduardo Castellanos, concluyó que se trató de un genocidio político previamente planeado por paramilitares, narcotraficantes y miembros de la fuerza pública en todo el país. Paralos magistrados estos casos no pueden ser investigados por la Fiscalía como hechos aislados. Fallos recientes, como el proferido en Medellín contra ‘Cuco Vanoy’, condena al exparamilitar por el delito de genocidio político.

El tribunal asegura que las principales víctimas fueron los miembros de la UP que con su éxito electoral amenazaron con afectar los intereses políticos y económicos en las regiones. Así se evidencia por ejemplo en el fallo contra ‘Juancho Prada’ que lo hace responsable del exterminio político en el sur del Cesar. El Frente Héctor Julio Peinado se alió con políticos de Aguachica y San Alberto para planear el asesinato de varios desmovilizados del M-19 que crearon nuevos movimientos políticos y amenazaban la permanencia de los partidos tradicionales.

También ocurrió con los sindicatos, como dice la misma sentencia contra ‘HH’, que se refiere a 20 miembros de Sintrainagro y Sintrabanano que fueron asesinados. “Es muy difícil distinguir si la violencia apunta a la organización sindical y a las actividades sindicales o a las actividades políticas y sociales de los afiliados en otros contextos organizacionales”, dice el fallo.

En Barrancabermeja se presentó una de las principales matanzas contra sindicalistas. Aunque los exparamilitares repiten una y otra vez que no había un plan para eliminar a los sindicatos, sino a la “infiltración guerrillera”, el fallo asegura que los mataron por oponerse a la presencia de las Auc o denunciar la corrupción en el municipio, “directores de Empresas Sociales del Estado, o alcaldes, etc., señalaban a sindicalistas como colaboradores de la subversión, lo cual les traía como consecuencia una persecución por parte del BCB. Ejemplos como este, muestran que las estructuras paramilitares eran instrumentalizadas con el fin de acallar denuncias o conflictos laborales”, indica la decisión.

En los primeros años algunas disputas por despojo de tierras se resolvieron ante los tribunales de Justicia y Paz, pero con la puesta en marcha la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la batuta pasó a manos de la Unidad de Restitución y los jueces de tierras. Sin embargo, ahí no terminó la tarea de la Fiscalía, pues enla reforma de la Ley de Justicia y Paz de 2012 se le pidió crear el patrón macro-criminal del despojo y el abandono de tierras.

Eso quiere decir que debían explicar y caracterizar cómo había ocurrido este crimen en todo el país, esto porque gran parte de la información sobre el despojo de tierras está contenida en las versiones libres de los exparamilitares. Pero, tres años después, el ente investigador no ha presentado dicho patrón ante los tribunales de Justicia y Paz. Hasta que eso no se haga es imposible que existan fallos de fondo relacionados con el despojo de tierras.

Los magistrados, sin embargo, se han pronunciado al respecto. De acuerdo con la sentencia contra ‘Monoleche’, el desplazamiento forzado fue una práctica para apropiarse de la tierra. “Vicente Castaño decía que tener un metro de tierra en el Urabá era mejor que tener una mina de oro”, dijo ‘HH’ en audiencia, recordando que las tierras despojadas tenían potencial de explotación.

“Mientras Carlos Castaño se encargó de perfilar y visualizar el discurso contra la insurgencia y de forjar el proyecto político-militar de las AUC, Vicente Castaño lideró la expansión y consolidación militar y económica de los grupos paramilitares que incluía el apoderamiento de tierras mediante la violencia para impulsar proyectos productivos”, dice la decisión. Agrega que no habría sido posible sin el respaldo de empresarios y funcionarios estatales

En la primera sentencia contra Salvatore Mancuso la Magistrada ponente aseguró que uno de los objetivos del Bloque Catatumbo en Norte de Santander fue “la modificación del sector industrial, cuyo concepto estuvo dirigido a su fortalecimiento, con la instalación a gran escala de monocultivos de palma de aceite y otros proyectos de producción que llevaron a la transformación de la tradición agrícola”.

Aunque los fallos judiciales permiten comprender la expansión de los grupos paramilitares auspiciados por elites políticas y económicas, con ayuda de agentes del Estado, y de la legislación, es poco lo que dicen sobre quiénes fueron los beneficiados del desplazamiento y el despojo. Como dice la investigadora Yamile Salinas en su libro, Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares: “subsiste el deber inaplazable de responder, ¿quiénes son los ganadores del botín de las tierras y otros negocios despojados en el marco de los estados de la autodefensa?”.

Es común escuchar que el narcotráfico fue el combustible de la guerra, incluso este fue el argumento de la Corte Suprema para considerarlo un delito conexo. Sin embargo, algunas sentencias de Justicia y Paz revelan que la gasolina fue el verdadero combustible de la guerra paramilitar en el centro del país.

Así sucedió por ejemplo en el Bloque Cundinamarca, comandadas por Luis Eduardo Cifuentes, más conocido en la región como ‘El Águila’. Noparticiparon a gran escala de la exportación de drogas ilícitas, porque estaban lejos de las fronteras del país y tampoco encontraron terratenientes que financiaran su actividad. Vendieron entonces gasolina robada del poliducto Puerto Salgar – Mancilla de Ecopetrol.

Instalaron sus propias válvulas, asesinaron a los informantes e incluso, en algunos puntos, permitieron que narcotraficantes crearan sus concinas cerca del poliducto para tener acceso directo a la gasolina. De acuerdo con el fallo la expansión de este grupo, estuvo guiado por el tubo del que se extraía el hidrocarburo. De la misma forma,es un hecho que entre más barriles robaron, aumentaron los crímenes en Cundinamarca.

Algo similar ocurrió en las Autodefensas del Magdalena Medio y el grupo de Bloque Central Bolívar que delinquió en Santander. “El control sobre el viaducto les permitió tener un manejo social y político en los barrios ubicados en las comunas nororiental y sur de Barrancabermeja”, asegura la sentencia contra ‘Julián Bolívar’.

Los ‘paras’ del Bloque Catatumbo controlaron el negocio de los ‘pimpineros’ y recibieron ayuda económica y logística de funcionarios de Ecopetrol, según dice la sentencia contra Salvatore Mancuso. Los postulados han dicho con nombre propio quiénes fueron las empresas y los agentes del Estado que permitieron este robo.

Durante las audiencias, los representantes de la Procuraduría y los mismos magistrados le han pedido en repetidas ocasiones a la Fiscalía que indague por estos terceros que entregaron en bandeja de plata el combustible de la guerra. Hasta ahora es poco lo que han trascendido esas confesiones.

Se calcula que desde los años 80 en Colombia se han perpetrado casi 2 mil masacres. Algunas de los asesinatos múltiples con más víctimas han sido bien documentados por académicos, organizaciones sociales y los medios de comunicación. Décadas después se recuerda, por ejemplo, lo sucedido en El Salado, Mapiripán o el Naya.

Lo cierto es que, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, los paramilitares perpetraron más masacres pequeñas como estrategia para mantener un orden territorial. De hecho, el 75% registran entre 4 y 6 personas muertas.

La primera sentencia proferida por Justicia y Paz se centró en la masacre de 11 personas y el desplazamiento de 300 familias en Mampuján y Las Brisas en los Montes de María. El fallo detalla cada uno de los crímenes que cometieron los paramilitares a su paso.

Este fue el comienzo para la reconstrucción de estos crímenes y Justicia y Paz le dio la voz a las pequeñas masacres. En la sentencia contra el Bloque Catatumbo se da cuenta de la sangrienta llegada de los ‘paras’ a Tibú en 1999 y las decenas de masacres que cometieron a su paso, pero también de las olas de violencia que se vivió en los barrios marginados de Cúcuta.

Algo similar sucedió con las masacres olvidadas del Atlántico, Bajo Cauca y unas de las tantas que ocurrieron en Tumaco. La mayoría se estas sentencias hacen referencia a brigadas del Ejército o miembros de la Policía que permitieron estas masacres. Algunos de estos fallos piden que se hagan las investigaciones pertinentes.

A finales de 2011, ‘El Alemán’ fue condenado por el reclutamiento de 309 menores de edad. Esta sentencia no solo fue novedosa en Colombia, donde nunca se había condenado a nadie por ese delito, sino que fue la primera en el mundo en referirse al tema. El Tribunal reconoció que un menor que entra a formar parte de un grupo armado, sin importar la razón, es víctima y tiene derecho a una reparación.

El pronunciamiento sobre la violencia ejercida contra las mujeres se demoró un poco más. Las primeras sentencias daban cuenta de agresiones sexuales y torturas cometidas en medio de la guerra, de la misma forma que se documenta un homicidio o un desplazamiento. Fue en 2014, en la macro-sentencia contra Mancuso donde se agrega que se trata “una fuente importante de empoderamiento de la organización armada”.

De acuerdo con la sentencia, en la Costa Caribe se usó la violencia de género como una estrategia para humillar al “enemigo”, con el objetivo de “provocar un dolor intenso en el contrario, exterminando un elemento que cohesionaba y empoderaba el tejido social desde sus bases”. Esto es aún más explícito cuando las víctimas eran líderes de sus comunidades. El fallo reconoce además que la violencia sexual también fue una forma de recompensa o halago a los líderes paramilitares, por lo que muchas veces se cometió en espacios abiertos y públicos.

Por otra parte, en 2015 se profirió el primer fallo que reconoció que el asesinato y el desplazamiento de un grupo de amigos en Puerto Boyacá se dieron en razón de su orientación sexual. La condena contra ‘Botalón’ detalló la violencia que ejercieron los paramilitares contra la comunidad Lgtbi y por primera vez se ordenaron medidas de reparación especiales para esta población.