VerdadAbierta.com conoció que varias demandas que involucran a grandes empresas y a reconocidos políticos de la Costa Atlántica, no llegan a los tribunales de tierras. Los jueces y magistrados apenas fallan procesos individuales, a los que dedican la mayor parte del tiempo.
En los Montes de María es donde se concentra el mayor número de víctimas del conflicto armado en el departamento de Bolívar. Foto: Jesús Fragozo.“La ley de víctimas y restitución de tierras parece, por momentos, que se alejara del objetivo por el que fue creada”, dice un investigador de una oenegé internacional que pidió la reserva de su nombre. Y no es para menos, los procesos que han fallado en los cuatro años de haberse implementado la ley, son pocos teniendo en cuenta el número de solicitudes que llegan todos los meses a los tribunales. En solo la región Caribe, por ejemplo, hay concentradas más de 10 mil solicitudes de restitución. Además, la mayoría de las demandas que involucran a grandes empresas y a reconocidos políticos de la Costa Atlántica, no está llegando a los tribunales.
“En el Tribunal de Tierras de Cartagena (donde se recibe la mayoría de las solicitudes de esa región del país) hay 383 demandas colectivas e individuales; de esas, apenas 39 se relacionan con importantes compañías del sector industrial y minero. El resto son casos pequeños, de campesinos que ocuparon un predio tras haberlo encontrado abandonado”, dijo una fuente cercana al Tribunal que solicitó no revelar su identidad. ¿Será que la restitución pretende legalizar a empresarios que han ocupado predios que fueron despojados por la violencia? Esa es la pregunta que se hace un líder de víctimas de El Toco, Miguel Ricardo Serna, quien junto al resto de reclamantes de esa parcelación, está a la espera de que se conozcan nuevos fallos.
Varios campesinos que huyeron de los Montes de María cuando el conflicto estaba en su peor momento, hace más de una década, aseguran que las demandas no avanzan en la Unidad de Restitución de Tierras (URT), porque varias empresas -dedicadas al cultivo de palma aceitera y a un proyecto de reforestación con madera teca-, actúan como opositores. En esta región del departamento de Bolívar hay más de 2 mil solicitudes y, según Álvaro Tapia, director de la URT Bolívar, 160 familias han sido restituidas.
En el departamento de Cesar tampoco están llegando los procesos que involucran a grandes empresas. Solo hay una excepción: recientemente se presentó una demanda en la que una multinacional carbonera aparece como opositora de El Platanal, una parcelación del corregimiento de Casacará en el municipio de Codazzi, donde decenas de familias tuvieron que dejarlo todo para proteger sus vidas. Al respecto, el director de la Unidad Nacional de Restitución, Ricardo Sabogal, dijo ante medios locales que “la restitución no es un enfrentamiento con el sector privado” y agregó que se está buscando un convenio con los empresarios “para que tanto la sociedad civil como los dueños de las compañías, se vean beneficiados”.
A esto se suma el represamiento de solicitudes en el Tribunal de Cartagena. La razón: las magistradas no solo deben estudiar detalladamente cada caso que llega a sus despachos sino que se ven obligadas a conseguir pruebas adicionales para tomar la decisión correspondiente. Para nadie es un secreto que los análisis de contexto que realiza la Unidad de Restitución de Tierras no son suficiente prueba para dictar una sentencia. No han sido pocas las quejas que al respecto se han ventilado en escenarios públicos como congresos o conferencias en universidades; sin embargo, el director de la URT del Cesar, Luis Alfonso Ruíz Alegría, afirma que ellos (en la Unidad) no hacen investigaciones de tipo judicial, “solo un estudio para corroborar que los reclamantes sí sean víctimas”. “Y hay ocasiones en que dos meses no alcanzan para investigar un proceso, sobre todo cuando hay familias que ni siquiera recuerdan dónde quedaba su predio. Reunir eso y otros datos no es tan fácil como parece”, sostiene Tapia.
Además, muchos procesos también se dilatan porque las magistradas se dedican a resolver casos individuales en los que, en ocasiones, los opositores son compradores de buena fe exentos de culpa. Esos son los que más llegan y los que más desgaste producen en los funcionarios del Tribunal. Mientras tanto, las solicitudes que involucran a empresas y a varones políticos de la región, no prosperan o, como es usual, no llegan. “La mayoría de las demandas se presentan individuales porque no todas las víctimas se desplazaron a un mismo lugar, y obviamente no declaran juntas”, dice el director de la URT del Magdalena Medio, Fabio Camargo, quien agrega: “El problema de ese Tribunal de Cartagena es que hay cientos de procesos que no se han resuelto; porque ahí se concentra el mayor número de solicitudes de la Costa Atlántica. Hay demandas que llevan más de dos años y no ha pasado nada”.
La restitución de tierras funciona a media máquina en el Caribe colombiano y a algunas organizaciones no gubernamentales que operan en la zona les preocupa que el próximo año, apenas se firme el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, los reclamantes pasen a un segundo plano, pierdan el poco protagonismo que han adquirido gracias a la Ley de Víctimas y cada vez se conozcan menos fallos de restitución. Las víctimas, sin embargo, siguen insistiendo y a pesar de reconocer que aún queda un largo camino por recorrer, se manifiestan y se organizan para hacer valer sus derechos.
