Una reciente investigación de la Escuela Nacional Sindical (ENS) reconstruye la memoria histórica de la violencia antisindical en Colombia, con miras a plantear cómo debe ser la reparación colectiva de los sindicatos golpeados por la violencia y el conflicto armado.
La cantidad de agresiones contra las organizaciones sindicales es demoledora. Desde 1986 se han cometido 12 mil agresiones contra la vida, libertad e integridad de sus integrantes, de las cuales 2.975 son asesinatos. Según el Sistema de Información de Derechos Humanos (Sinderh) de la ENS, 487 sindicatos han sido víctimas de por lo menos una agresión, y 322 de éstos han visto morir asesinado, por lo menos, a uno de sus miembros.
Además, en la gran mayoría de los casos, las organizaciones sindicales ysus militantes no han sido reparados por los dañados que les causaron paramilitares, guerrillas y agentes del Estado. No obstante, la Ley de Víctimas abre una puerta para reparación de estas personas y, en especial, la de sus organizaciones, pues reconoce que se puede dar de manera colectiva.
Tras meses de investigación y de capacitación a organizaciones sindicales de Antioquia, Atlántico y Santander, la ENS publicó recientemente cuatro informes: uno por cada departamento y otro general titulado Nos hacen falta, en el que recopila cómo ha sido la violencia contra el sindicalismo y plantea cómo debe ser su reparación colectiva. En diálogo con VerdadAbierta.com, Eugenio Castaño, uno de los autores de la investigación, explicó que con este trabajo la ENS pretende darle herramientas a las organizaciones sindicales para que se busquen formas alternativas de reparación colectiva, ajustadas a sus casos y a sus contextos regionales, y no a la reparación general que se da por ley.
“A diferencia de lo que plantea la Ley de Víctimas, que hace énfasis en la reparación individual o en la construcción de una sola agenda para el movimiento sindical, lo que nosotros venimos reivindicando es que la construcción de las agendas de reparación se descentralicen y que sean las propias organizaciones sindicales, de cada una de las regiones, las que puedan hacer su propio inventario de daños y puedan construir sus propias agendas de reparación. Que no exista una sola fórmula de reparación, sino que sean varias y no estén dictadas por el gobierno nacional”, precisó Castaño.
Sobre este punto, la publicación define que las “eventuales medidas de reparación colectiva deben tener en cuenta tres niveles de daño colectivo: el nivel de daños al movimiento sindical, el nivel de daños a las organizaciones sindicales y el nivel de daños a los trabajadores. Por consiguiente, las medidas de reparación colectiva para el sindicalismo las entendemos en su conjunto como el restablecimiento de la libertad sindical en el país, que ha sido gravemente vulnerada con ocasión de las prácticas violentas”.
El rastro de la violencia antisindical
El informe analiza cómo desde mediados del siglo pasado empezaron las dificultades para los trabajadores que buscaban reivindicaciones sociales. Como punto de partida toma la década de 1940, en la que se dieron los primeros brotes de tensiones con las élites del país que defendían sus valores hegemónicos. Al respecto, indica que en el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo (1942-1945), fue el “periodo de auge del dispositivo empresarial e industrial el que consolidó un imaginario del sindicalismo como enemigo del progreso y del desarrollo, estableciendo una solución de continuidad con las más recientes prácticas de violencia antisindical”.
Con el paso de los años las acciones de los sindicatos fueron “criminalizadas” y sobrevino la represión institucional. “Como consecuencia, se hicieron mucho más visibles las manifestaciones de violencia física, como la llevada a cabo en el año de 1977, contra todos los movimientos sociales y sindicales por medio de consejos verbales de guerra, además de los allanamientos y amenazas”, indica al respecto.
Posteriormente, se empezó a usar una carga verbal que asociaba la movilización sindical con la subversión y se dieron militarizaciones en las protestas. Por esa razón, según lo documentado, “se establecieron unos lindes bastante permeables entre lo legal y lo ilegal. Hubo declaraciones en las cuales fue común escuchar frases lacónicas pero contundentes como “terroristas”, “subversivos”, “tribu salvaje”, “crimen”, “anarquía”, “revolución social”, “derrumbe del estado de derecho”, con el fin de legitimar la acción de su propio gobierno”.
En la década de 1980 empezaron los asesinatos constantes de dirigentes sindicales. En 1986 fue creada una de las organizaciones sindicales más importantes del país: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), pero en sus tres primeros meses de existencia, fueron asesinados 70 de sus integrantes, al cumplir un año la cifra aumentó a 116, y al tercer año llegó a 350.
El panorama de violencia persistió en las dos décadas siguientes, en donde los grupos paramilitares fueron responsables de la mayoría de asesinatos, amenazas y desplazamientos, pero desde 1990 los grupos guerrilleros también empezaron a golpear sindicatos. Sobre esta postura de los grupos subversivos, el informe considera que con ella buscaban disciplinar y establecer posturas ejemplarizantes contra los sindicatos para que se apegaran a sus lineamientos ideológicos. Y recalca que “a medida que el número de víctimas sindicalistas por parte de la guerrilla se hacía más visible, paradójicamente, también se acentuó el imaginario que asociaba las actividades de estas organizaciones con las actividades guerrilleras, haciéndose mucho más perceptible a partir del año 2000”.
Sobre por qué los sindicatos han sido golpeados por todos los actores del conflicto armado e incluso por agentes del Estado, Castaño apela a la hipótesis de que “la violencia antisindical ha sido sistemática cuando el movimiento sindical se ha atrevido a pensar un modelo de sociedad diferente, que se sale de sus reivindicaciones gremiales, lo ven como una amenaza y como un actor que no es válido dialogar con él. Por eso ha sido violentamente perseguido”.
Por otro lado, indica que a partir de 2006, los homicidios contra sindicalistas mermaron pero las amenazas se incrementaron alarmantemente. “La sensación que tenemos es que los grupos armados irregulares lograron el cometido de infundir temor a las organizaciones sindicales. Creemos que antes eran un poco más combativas y resistían más, y por eso los grupos armados se veían abocados a debilitarlo matando a sus dirigentes sindicales. Pero en este momento, la simple amenaza es un elemento disuasivo y además son hechos de violencia más silenciosa y sin repercusión mediática”, indicó.
Tipos de violencias contra los sindicatosAdemás de hacer un análisis en el tiempo sobre la violencia antisindical, la investigación determinó que contra sus afiliados se han cometido por lo menos seis tipos de violencia principales. 1. La violencia antisindical como consecuencia del rol sociopolítico sindical 2. La violencia antisindical como instrumento de regulación y control político de las movilizaciones y protestas sindicales 3. La violencia antisindical como consecuencia de la lucha por el control territorial 4. La violencia que utiliza la retórica contrainsurgente como instrumento de cooptación y eliminación de liderazgos sindicales 5. Violencia antisindical de carácter estatal 6. La violencia antisindical como instrumento de “corrección” ideológica |