La Escuela Nacional Sindical acaba de publicar un informe que reconstruye la memoria de cómo fue la violencia antisindical en este departamento. Mientras en los años 80 proliferaron los asesinatos, desde el 90 hasta el año 2012 persistieron las amenazas.
El informe de memoria histórica de la violencia antisindical en Santander documentó cómo el movimiento sindicalista fue estigmatizado y perseguido por grupos armados ilegales y legales. Foto: suministrada Escuela Nacional Sindical.En Santander el movimiento sindical fue arrasado por una multiplicidad de actores y decisiones políticas. Aunque este comenzó a figurar en la década de 1940 con el desarrollo de la primera industria, la infraestructura vial y las grandes plantaciones y explotaciones mineras; fue entre 1980 y 1990 que los sindicalistas sufrieron -a mayor escala- por la violencia de las guerrillas, paramilitares y bandas criminales. En el nuevo siglo, estos quedaron reducidos con la implementación de políticas de retiro voluntario de las empresas y la puesta en marcha de las Cooperativas de Trabajo Asociado.
Las anteriores son algunas de las conclusiones del informe El delirio de la seguridad y la sumisión: recuento de luchas y lógicas de la violencia antisindical en el departamento de Santander: Sintrapalma, Sintraunicol 1975-2012, publicado esta semana por la Escuela Nacional Sindical, y que hace parte de un estudio más amplio que incluye 6 historias más en los departamentos de Antioquia y Atlántico. “Quisimos incluir al Valle porque también ha sido uno de los más victimizados pero por problemas técnicos no lo pudimos hacer”, explicó Viviana Colorado, una de las investigadoras.
Según la base de datos del Sistema de Información de Derechos Humanos (Sinderh), entre 1983 y 2012 la Escuela registró 1.168 hechos de violencia contra el movimiento sindical, 532 amenazas y 232 asesinatos contra integrantes de sindicatos de esta región. Sin embargo, estas cifras pueden crecer si se tiene en cuenta que no todas las personas reportaron su situación por miedo.
El documento reconstruye parte de la historia del sindicalismo en Santander que comenzó, incluso, desde los años 20 en el sector de los chocolateros, alfareros, zapateros y sastres. Dos décadas más tarde el movimiento comenzó a tomar fuerza con quienes reclamaban mejores condiciones laborales principalmente en Barrancabermeja, la capital de la región del Magdalena Medio, en los Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la Troplical Oil Company.
Haga clic en la portada del informe para descargarlo.Desde los años 40 fueron recurrentes las huelgas y manifestaciones de los empleados, quienes exigían condiciones justas frente a sus patronos. Los trabajadores protestaban por las extenuantes jornadas laborales y porque en general carecían de prestaciones sociales. Con base en datos de la Contraloría General, el informe indica que en 1947 había 10 mil 357 personas afiliadas a por lo menos 73 organizaciones sindicales en Santander; una cifra que se redujo ostensiblemente en la en los años 80 cuando, tildados de simpatizar con las guerrillas, fueron amedrentados por los primeros grupos de autodefensa.
Las protestas sindicales entre los 80 y 90 no fueron exclusivas del sector rural. En la capital, Bucaramanga, este movimiento tomó fuerza entre habitantes y trabajadores descontentos por “la insuficiencia en la prestación del servicio del gas y del agua, así como por las deficiencias y alzas repentinas en el precio del transporte público, el aumento en el costo de vida, el atraso en el pago y el reajuste a los sueldos de los trabajadores”. En las calles fueron comunes las huelgas, que fueron reprendidas por la fuerza pública, según lo documentó el diario local Vanguardia Liberal. En la ciudad la Universidad Industrial de Santander (UIS) fue protagonista no solo de luchas estudiantiles sino de un movimiento de trabajadores (Sintraunicol) que exigía mejores condiciones.
El informe documenta que la represión comenzó, precisamente, por parte de las fuerzas legales (policías, militares e integrantes de los distintos estamentos del Estado) y se materializó con asesinatos y desapariciones por los grupos armados ilegales. En 1986, por ejemplo, fueron asesinados 32 líderes sindicales. El año 1988 fue el peor de la década “con 43 casos reportados. De ese total, 25 fueron homicidios, cinco amenazas, dos allanamientos ilegales, dos atentados, cuatro desapariciones, tres torturas y dos hostigamientos”, indica el informe.
Para explicar cómo fue diezmado el sindicalismo en el campo, el documento expone el caso de Puerto Wilches, un municipio con agroindustria extensiva de palma de aceite donde el territorio ha sido disputado por los actores armados ilegales por ser un punto clave en la geografía del Magdalena Medio. Allí se desarrollaron tres grandes empresas: Monterrey, Las Brisas y Bucarelia, que siguieron el sistema de producción de palma desarrollado originalmente por la United Fruit Company en Magdalena.
En la región del Magdalena Medio, los sindicatos alrededor del cultivo de palma de aceite surgieron tras exigencias de los trabajadores de mejores condiciones laborales. Foto: archivo Semana.Una forma de desligitimar la protesta del movimiento obrero fue relacionarlo con las Farc y el Eln, las dos guerrillas que se disputaban la región. Al finalizar la década de los 90 quienes permanecían organizados y continuaban con las reclamaciones laborales, comenzaron a aparecer en las “listas negras” del Bloque Central Bolívar, un frente paramilitar exportado desde la región del Urabá por los hermanos Vicente y Carlos Castaño, fundadores de las Auc.
Tras las desmovilización paramilitar en 2006, cada vez eran menos las personas afiliadas a los sindicatos por los temores ya infundados en asesinatos, desapariciones y torturas, pero también porque se implementaron políticas gubernamentales que, a juicio del informe, fracturaron al movimiento sindical. Algunas empresas le ofrecieron programas de subsidios para acceder a tierras a cambio del retiro voluntario de los trabajadores y en otras, le propusieron organizarse en Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA).
Los trabajadores no tenían las condiciones económicas para hacer productivas las tierras y las Cooperativas carecían de las garantías laborales para su progreso. En últimas, lo que exigía el movimiento, que era el desarrollo del trabajador en condiciones justas no se logró. “… Lo anterior indujo algunas fracturas y divisiones generacionales al interior del sindicato, más allá de que éste, como núcleo, continuó dando la batalla para evitar su disolución definitiva”, indica el informe.
Hasta 2012 el movimiento sindical, ya reducido, seguía recibiendo amenazas por parte de las bandas criminales, grupos armados ilegales que surgieron tras la desmovilización de los grupos paramilitares.
La Escuela Nacional Sindical espera socializar este informe ampliamente con el fin no solo de dar cuenta de lo que ha sido la lucha y las reivindicaciones históricas de las organizaciones sindicales sino, “en la práctica, pueda ser utilizado por las víctimas como un insumo para consolidar una propuesta de reparación colectiva”, indicó la investigadora, Viviana Colorado. El investigador principal de este informe es Eugenio Castaño.
