Antes de que la comisión jurídica se creara y diera los resultados que se conocieron, la Corte Penal Internacional y el Marco Jurídico para la Paz habían dado pistas de aterrizaje sobre el tema.
El presidenteSantos y Timochenko, comandante en jefe de las Farc, estuvieron en la firma del punto relativo a la justicia. – Foto: EFE, publicada en Semana.com
Este punto de justicia no fue nada fácil de acordar y ha sido el nudo gordiano de los Diálogos de Paz, pues el Gobierno y las Farc tenían que inventarse una fórmula que no terminara en impunidad, que cumpliera con los requisitos de la justicia internacional y que, además, fuera rápida y efectiva para terminar con 50 años de conflicto armado.
Ahora, la fórmula está definida. Este 23 de septiembre las delegaciones anunciaron la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se juzgarán guerrilleros, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan colaborado con los grupos armados.
Allí se responden algunas de las preguntas que han rodeado a la Mesa en los últimos tiempos tales como si las Farc pagarán cárcel o no, cómo juzgarán a las Fuerzas Militares, cómo estará compuesto el tribunal y si habrá o no impunidad.
El punto de víctimas, del cual hace parte este acuerdo de justicia, comenzó a discutirse en La Habana en junio de 2014. Al ver que necesitaban más resultados, en julio de este año las delegaciones decidieron apretar el acelerador y formaron un grupo de seis expertos para que trabajaran en la justicia transicional, mientras que los delegados del Gobierno y las Farc seguían en otros temas.
Los cerebros detrás de la fórmula de justicia para el proceso de paz
Pero para llegar hasta este punto, primero se pasó por las advertencias de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y por los intentos de justicia transicional. A mediados de 2013 se comunicó de manera privada con la Corte Constitucional para expresarle varias de sus preocupaciones. La principal era que se acabaran las condenas ya emitidas.
En ese momento, la CPI dijo que “debido a que la suspensión de pena de prisión significa que el acusado no pasa tiempo recluido, quisiera advertirle que se trata de una decisión manifiestamente inadecuada para aquellos individuos que supuestamente albergan la mayor responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.
Y este no es un tema menor, pues hasta ahora se han proferido casi 2.000 condenas contra guerrilleros, de las cuales 157 son contra los comandantes del Secretariado de Farc, según conoció Semana.com con fuentes de la Fiscalía.
El punto no habla expresamente sobre qué pasará con las personas condenadas y sólo dice que la información de la Fiscalía, como la de otros organismos del Estado y la de organizaciones de víctimas y derechos humanos, servirá de insumo para las sentencias. Y no se trata de una información de poca monta, sólo por parte del Ente investigador hay más de 12.000 procesos en curso contra 16.000 miembros de la guerrilla.
Y el que sí se refirió a la suspensión de penas que vigila la CPI fue el fiscal general, Eduardo Montealegre. Al hablar sobre los condenados, afirmó en rueda de prensa que “podrían ser amnistiados 1.689 miembros de las Farc” y anunció que el organismo que dirige suspenderá las imputaciones por graves violaciones a derechos humanos contra la cúpula de Farc.
En cuanto a si debe ser cárcel o no, la CPI volvió a pronunciarse en mayo de este año y aclaró que se pueden adoptar fórmulas diferentes siempre y cuando haya “objetivos adecuados vinculados a la pena, como la condena pública de la conducta criminal, el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y la disuasión de conductas criminales ulteriores”.
En este sentido, el punto acordado esta semana todavía no especifica cómo se pagarán las penas alternativas pero aclara que para quienes reconozcan sus responsabilidades de manera temprana tendrán una “sanción restrictiva de la libertad” de 5 a 8 años, los que la reconozcan “tardíamente” pagarán una “pena privativa de la libertad” de 5 a 8 años y quienes no acepten sus responsabilidades y sean culpados por el Tribunal para la Paz recibirán una “pena privativa de la libertad” de hasta 20 años.
El punto presentado este miércoles en La Habana ha sido el más largo y difícil desde que comenzaron los diálogos de paz hace tres años. Foto: Archivo SEMANA.
¿Y qué pasa con el Marco Jurídico?
Pero además de las sugerencias de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, también hay otra vara de medición y es el modelo de justicia transicional que fue aprobado por la Corte Constitucional en agosto de 2014.
Se trata del Marco Jurídico para la Paz. Durante dos años el Gobierno dio múltiples batallas políticas para sacarlo a flote, lo llevó al Congreso en 2012, lo sometió al escarnio público y superó dos demandas ante la Corte. Pero, por el otro lado, las Farc lo rechazaron insistentemente por no haber sido acordado de manera conjunta en la mesa de negociaciones de La Habana.
Ahora, la pregunta es qué tanto la nueva Jurisdicción Especial para la Paz coincide con el Marco Jurídico ya existente. Por ejemplo, el modelo ya aprobado por la Corte prohíbe la participación política de todos aquellos que sean condenados por genocidio y crímenes de guerra y lesa humanidad, como la tortura, la desaparición forzada o el desplazamiento.
Mientras que la nueva Jurisdicción sólo se refiere a esa clase de crímenes para explicar que serán juzgados por el Tribunal para la Paz y, hasta ahora, no habla de participación política.
“El Gobierno aceptó con facilidad la nueva Jurisdicción, si se piensa en todo el esfuerzo que se hizo para sacar adelante el Marco Jurídico. Lo abandonaron paulatinamente después de un año de intentar el acuerdo sobre el tema de justicia en La Habana”, aseguró Juan Carlos Palou, quien fue el coordinador del área de construcción de paz y postconflicto de la Fundación Ideas para la Paz y un analista constante de este método de justicia transicional.
Para entender lo acordado en La Habana
Dijo, además, que aunque todavía no se conocen los detalles de la participación política del nuevo mecanismo, en caso tal de que acepte que los condenados por crímenes de lesa humanidad -después de cumplir la pena- puedan entrar a la contienda pública, no chocaría con ningún tratado internacional, pues ninguno lo prohíbe.
Pero el tema todavía no se conoce en detalle y, por tanto, es muy pronto para hablar de reformas. De hecho, aún faltan varias piezas para dar por pactado todo el acuerdo de víctimas, como la reparación y las garantías de no repetición, pues hasta ahora ese punto del acuerdo se ha avanzado en el tema de la Comisión de la Verdad y en la reciente Jurisdicción Especial de Paz.
