Tres juristas propuestos por las Farc y tres por el Gobierno han trabajado durante las últimas semanas en la receta sobre justicia transicional para juzgar los crímenes atroces cometidos durante el conflicto. Esta semana se podría conocer el acuerdo.
Integrantes de la comisión encargada de crear el borrador para el punto de justicia del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.
Hay que meterle el acelerador al proceso de paz. Ese fue el mensaje que dio el Gobierno hace dos meses cuando anunció que el tema de justicia, que hasta el momento no se había empezado a discutir, se trabajaría al mismo tiempo que la subcomisión de fin del conflicto y el punto de víctimas.
Ahora, parece que la discusión está bastante adelantada. La semana anterior el fiscal, Eduardo Montealegre, decidió frenar las imputaciones que estaban preparando contra los máximos comandantes de la guerrilla y todo porque “estamos a 15 días de construir una justicia transicional. Eso dará un paso para la firma de la paz, y hasta entonces podremos hablar de las responsabilidades que le cabe a las Farc en el marco del conflicto”, sostuvo en una rueda de prensa.
La idea se fortalece todavía más este martes con el imprevisto viaje de la delegación del Gobierno a La Habana. Aunque el ciclo empieza la otra semana, Santos trinó que el equipo negociador regresó a la isla “con instrucciones precisas de continuar avanzando en el tema de justicia”. Pocas horas después, el primer mandatario expresó -en un evento de la Cámara de Comercio de Bogotá- que “no todo el mundo va a quedar contento” con el acuerdo de justicia.
Y no es para menos pues esta comisión define las preguntas que han rodeado al proceso en los últimos meses, como qué tipos de penas se les aplicarán a los responsables de crímenes de lesa humanidad, tanto del lado de la guerrilla, como del Estado, o si los guerrilleros que dejen las armas pueden ser extraditados por narcotráfico, o si los militares irán a un tribunal diferente que los insurgentes.
Precisamente, por la dificultad de lograr un acuerdo aceptable por todos, en especial por las víctimas y la opinión pública, tanto la guerrilla como el Gobierno crearon una comisión para que diseñara este acuerdo. Estos son los hombres que tienen en sus manos la tarea de hacer un borrador en materia de justicia, que deberá ser aprobado por la Mesa de Negociaciones como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición. Acuerdo quesegún diversas fuentes consultadas por VerdadAbierta.com está a punto de ser dado a conocer.
Manuel José Cepeda – Asesor elegido por el Gobierno
Foto: archivo Semana.
Uno de sus primeros cargos en los que combinó lo político con lo jurídico fue como asesor principal del entonces presidente, César Gaviria, justo cuando se estaba cambiando la Constitución Política. Tuvo un papel importante en el diseño de la tutela. “Había una cercanía entre él y el entonces ministro de Gobierno, Humberto de la Calle (hoy jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana)”, afirma Alfredo Beltrán, expresidente de la Corte Constitucional.
Cepeda fue magistrado entre 2001 y 2009 y se le recuerda especialmente por haber sido ponente de la sentencia que tuteló los derechos de los desplazados, que se ha convertido en el faro de las políticas públicas para esta población en esta materia. Durante ese período, uno de los temas de mayor debate fue el de la reelección del entonces presidente, Álvaro Uribe. “Él formó parte de la mayoría que lo declaró constitucional”, dice Beltrán.
Además, Cepeda ha asesorado al Gobierno actual en varios de los asuntos más espinosos tales como el fallo de La Haya sobre San Andrés, la reforma a la Justicia y la ley estatutaria de salud. Este jurista educado en la Universidad de los Andes, Georgetown y Harvard ha sido especialmente escuchado en el proceso de la reforma penal militar por la que el presidente Juan Manuel Santos ha estado entre la presión de organizaciones internacionales de derechos humanos y el descontento de los militares. También es uno de los asesores externos del fiscal Eduardo Montealegre, cuyos contratos han sido cuestionados en días recientes por los medios de comunicación.
Enrique Santiago – Asesor elegido por las Farc
Foto: archivo Semana.
Es la cuota internacional por parte de la guerrilla en la comisión jurídica. Este español ha sido militante del Partido Comunista de España y una de las piezas claves del departamento de derechos humanos del movimiento político Izquierda Unida. Además, ha sido secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Ha trabajado en casos internacionales como la querella de 1998 contra el dictador Augusto Pinochet, por la que encarcelaron al político chileno un par de días en Londres; y el caso de María Remedios García Albert. Esta mujer era acusada en España de mantener una “relación fluida, cercana” con las Farc a través de Luis Édgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’. Enrique Santiago fue su defensor hasta que el gobierno colombiano desestimó las pruebas tomadas del computador del abatido guerrillero y se cerró el caso.
En entrevistas recientes de Santiago con los medios de comunicación ha expresado que la guerrilla aceptará su responsabilidad en crímenes internacionales, pero no la cárcel como sanción.
Juan Carlos Henao – Asesor elegido por el Gobierno
Foto: archivo Semana.
Durante sus 30 años de experiencia ha estado con un pie en la rama pública y otro en la academia. El actual rector de la Universidad Externado de Colombia fue presidente de la Corte Constitucional entre 2009 y 2010, ha sido asesor del despacho del procurador general en los tiemposde Carlos Gustavo Arrieta, magistrado auxiliar del Consejo de Estado y era uno de los pupilos del constitucionalista Manuel Gaona Cruz, quien murió en la toma del Palacio de Justicia.
En Colombia, él es “uno de los grandes conocedores” de la teoría de la responsabilidad y el daño, en particular con relación al Estado, como explica Magdalena Correa, hoy directora del Departamento de Derecho Constitucional del Externado y antes magistrada auxiliar de Henao en la Corte.
Correa lo define como un progresista por las batallas jurídicas que ha emprendido, como la del reconocimiento a los derechos económicos de las prostitutas o la de reforzar la protección de derechos de la comunidad LGTBI. Además, considera que la experiencia de Henao en la teoría de la responsabilidad es clave en La Habana para determinar cuáles son los daños que ha producido el conflicto, quién los debe pagar y cómo.
Álvaro Leyva – Asesor elegido por las Farc
Foto: foto: Archivo Semana.
“Si hay alguien que tenga reconocimiento de varios sectores en el país, desde el uribismo hasta las Farc, es Leyva”, así describe Luis Fernando Rosas a quien ha sido su amigo durante una década.
Y es que en los últimos 30 años, Álvaro Leyva, miembro del Partido Conservador, se ha reunido con la cúpula de las Farc en diferentes oportunidades como parte de los acercamientos de paz; además, fue uno de los miembros constituyentes de 1991 y fue fundamental en los temas legales durante las negociaciones del Caguán en la Presidencia de Andrés Pastrana. Ha sido ministro de minas en el gobierno de Belisario Betancur, senador por la Alianza Democrática M-19 y candidato a la Presidencia en 2006.
Desde que comenzaron los diálogos de La Habana, Leyva se ha manifestado a favor de una Asamblea Nacional Constituyente que garantice la seguridad jurídica de los acuerdos de paz.
Douglass Cassel – Asesor elegido por el Gobierno
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Es la cuota internacional del Gobierno. Reconocido académico y defensor de derechos humanos. Hasta 2012 fue director del Centro para los Derechos Civiles y Humanos de la Universidad de Notre Dame. Fue asesor jurídico de la Comisión de la Verdad de El Salvador, donde se dieron los nombres de los responsables, incluidos los altos jefes militares.
Cassel fue uno de los siete demandantes del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre de Santo Domingo, Arauca, junto a organizaciones como el Colectivo de Abogado ‘José Alvear Restrepo’ y la Fundación de Derechos Humanos ‘Joel Sierra’. En este caso, Colombia fue condenada por un bombardeo de la Fuerza Aérea que dejó 17 civiles muertos.
Diego Martínez – Asesor elegido por las Farc
Foto: tomada de un video de Front Line Defenders.
Diego Martínez es el secretarioejecutivo de una de las organizaciones sociales más antiguas del país como lo es el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), que en su momento dirigió el médico asesinado Héctor Abad Gómez.
Martínez representa legalmente a las víctimas de procesos como la defensa del territorio de Sumapaz, las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Meta y Putumayo, y a presos políticos, especialmente campesinos. Es uno de los abogados de Simón Trinidad, el comandante de las Farc extraditado a los Estado Unidos.
“Me escogieron como un reconocimiento al trabajo del CPDH, que ha acompañado a comunidades campesinas afectadas por las violaciones al DIH pero también a los derechos humanos de los miembros de la Farc. El hecho de que sean insurgentes no significa que se les puedan violar sus derechos”, dice Martínez.
