En el Atlántico y seis municipios del Magdalena hay más de 2000 solicitudes de restitución de tierras, pero desde 2013 apenas se han resuelto dos procesos. ¿Qué está pasando?
Marbele y Astrid Donado Mattos son dos de los ocho hijos de Clímaco, la primera familia en ser restituida en Sitionuevo, Magdalena.
A Clímaco Donado (56 años) lo mataron el 6 de abril de 2002. Hombres armados del Bloque Norte de las Autodefensas llegaron al predio Villa Marfa, en la vereda Caño El Burro de Sitionuevo, Magdalena; lo golpearon y le pegaron tres tiros. “Después de lo que pasó, no volvimos más. Teníamos miedo. Papá estaba muerto y creímos que habíamos perdido la finca de dos hectáreas”, dice Astrid Donado, una de sus ocho hijos que lo encontró tendido en el suelo y que desde aquel entonces padece de crisis nerviosa.
La esposa y los hijos de Clímaco residían en Soledad, Atlántico, cuando ocurrió la desgracia. Se habían ido a ese municipio en 1999, cuando las AUC llegaron a Sitionuevo. Pero luego de que mataran al campesino, que se había resistido a dejar los cultivos de yuca y plátano, no volvieron más a Villa Marfa sino hasta 2006, cuando supieron que ya no había paramilitares y que una familia de Remolino, Magdalena, había ocupado la finca. Un juez de restitución de tierras de Santa Marta, sin embargo, emitió el 6 de febrero de este año un fallo en el que por fin les devolvía el predio. Y los segundos ocupantes tuvieron que mudarse a otra casa en el mismo pueblo..
Pero esa es una de las dos excepciones que ha manejado la Unidad de Restitución de Tierras en el Atlántico. Los procesos allí y en seis municipios del Magdalena (Sitionuevo, Remolino, Salamina, El Piñón, Cerro de San Antonio y Concordia) van a paso de tortuga. Desde 2013, año en el que se abrió la sede de la Unidad, solo se ha resuelto el proceso de Villa Marfa y el de una familia que había perdido una parcela en la vereda La Trinidad, también en Sitionuevo. Pero la realidad es que hay más de 300 solicitudes por resolver en los juzgados de Santa Marta y en el Tribunal Superior de Cartagena.
“Hemos presentado 33 demandas con cientos de solicitudes acumuladas, pero han pasado más de seis meses, que es el tiempo estipulado para que un juez resuelva, y todavía no sabemos por qué no han fallado esos procesos”, afirma Ella Del Castillo, directora de la Unidad de Restitución de Tierras del Atlántico, quien también asegura que uno de los jueces suspendió tres demandas que estaban en la etapa probatoria porque, al parecer, le quitaron los viáticos y “gran parte de esos recursos los pone la Unidad”.
Más de 90 familias de dos veredas del municipio de Piojó, Atlántico, huyeron en 2004 de sus parcelas tras la incursión del frente José Pablo Díaz de las AUC.
Sin embargo, el juez segundo de Restitución de Tierras de Santa Marta, Juan Guillermo Díaz, asegura que solo hay una solicitud suspendida porque, según el Ministerio del Interior, no hay recursos para hacer inspecciones judiciales. “La Unidad proporciona el transporte, pero si no hay viáticos, ¿quién responde por la alimentacióny el hospedaje?”, dice Díaz. El juez además sostiene que uno de los problemas graves es que en una sola demanda puede haber varias solicitudes con decenas de opositores y los jueces, por obligación, deben agotar todos los trámites legales para fallar un caso. “Eso quita mucho tiempo”, dice.
En el Atlántico y los seis municipios del Magdalena hay más de 2000 solicitudes de restitución que ni siquiera han llegado a los juzgados de Santa Marta, la mayoría se concentran en Remolino (931), Sitionuevo (695), El Piñón (115) y Ponedera (111). El frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas comandado por Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, se encargó de infundir miedo en toda esa región. “Y aquí (Barranquilla y su área metropolitana) creían que no había pasado nada. Dizque era el mejor vividero. Pero eso es mentira”, agrega la directora de la Unidad de Restitución del Atlántico.
Un informe de la Procuraduría del año 2011, anuncia que en Barranquilla las AUC mataron a 1.664 personas entre 2003 y 2006, año en que se desmovilizaron. En Santa Rita, un corregimiento de Remolino, cerca de 4000 campesinos abandonaron el pueblo en 1999; en Pita, una vereda de Repelón, hubo dos incursiones paramilitares: en 2000 y 2003; en Casa Mayor y Las Mercedes de Piojó casi 100 familias se desplazaron en marzo de 2004; y en Puerto Colombia, Baranoa y Soledad hubo homicidios selectivos. (Ver: El paso macabro de las Auc por Atlántico)
“Entre septiembre y octubre se conocerán otros cuatro fallos, que beneficiarán a unas 40 familias víctimas del conflicto, la mayoría desplazadas de Santa Rita”, dice Díaz, que también asegura que en su despacho hay un montón de solicitudes, no solo de la Unidad de Restitución del Atlántico, también del Cesar y de otros municipios del Magdalena. Lo mismo ocurre con las tres magistradas del Tribunal Superior de Cartagena.
Mientras no se conozcan otros fallos, las víctimas del conflicto armado en el Atlántico y algunos municipios del Magdalena seguirán a la deriva, esperando que el Gobierno cumpla con la promesa de restituirle sus tierras; y las demandas continuarán acumulándose en los juzgados y tribunales sin que ocurran grandes avances en materia judicial.
