En el segundo municipio con más reclamaciones de tierras del Valle, cursa un juicio contra la mayor productora de papel del país, Smurfit Cartón de Colombia. La decisión que tomen los jueces marcará un precedente en las reclamaciones de campesinos frente a multinacionales.
En un juzgado especializado de tierras de Cali cursa una demanda de restitución en la que hay dos versiones: la de un campesino desplazado por la violencia que asegura que vendió su finca en medio de la guerra de las bandas criminales; y una empresa multinacional que asegura que compró de buena fe exenta de culpa. Foto: suministrada.
Un Juzgado Especializado en Buga estudia la demanda presentada por la Unidad de Restitución de Tierras del Valle del Cauca en representación de un campesino y a la que se opone la empresa Smurfit Kappa Cartón de Colombia, la mayor productora de papel del país.
El juicio está en curso y serán los magistrados quienes dicten la última palabra sobre quién o si ambas partes tienen la razón. De un lado están los campesinos, víctimas del conflicto armado que solicitan la restitución de sus fincas, pues explican que las abandonaron a causa de la violencia perpetrada por grupos armados ilegales y que en algunos casos vendieron en medio del desespero. Del otro, los empresarios que consideran que actuaron de buena fe, que compraron las tierras a precios justos y que además están generando empleo y desarrollo para estas regiones.
A excepción de las sentencias de restitución étnica que ordenaron a empresas nacionales y multinacionales suspender la explotación de títulos mineros y de algunas decisiones de jueces contra particulares que compraron tierras en zonas de conflicto, en Colombia no existe un precedente de un juicio de restitución que involucre a una multinacional. El caso que relaciona a Cartón de Colombia tiene que ver con la declaración de un campesino que asegura que vendió su finca en Bolívar, Valle del Cauca, en un contexto de violencia, tras la guerra desatada por las bandas criminales de ‘los Machos’ y ‘los Rastrojos’ entre 2003 y 2008.
Del café, a la ganadería… a la madera
El corregimiento de Betania está cerca al Cañón de Las Garrapatas, una zona disputada por los actores armados ilegales para controlar las rutas del narcotráfico. Foto: suministrada.
En el municipio de Bolívar, vecino al departamento de Chocó, los campesinos de la zona relatan que sus abuelos cultivaban originalmente el café. Con la crisis del grano en la década de 1980, en la región decidieron reemplazr este cultivo por los frutales, las hortalizas, la caña panelera y por la cría de ganado, como economía de sustento. Pero mientras los pobladores trataban de sobrevivir, el conflicto tocaba a sus puertas.
Betania, que es el corregimiento en el que los jueces tienen puestas sus lupas, está en un territorio que terminó siendo un ‘deleite’ para los grupos armados ilegales. Está sobre las montañas que componen la Coordillera Occidental y es la puerta al Cañón de Las Garrapatas, un escondite donde prosperó la coca en los años 90 y un lugar de tránsito en la comercialización de la cocaína hacia el Océano Pacífico. Su principal riqueza es el agua pues allí confluyen doce ríos que bañan al pueblo y a una región conocida como Potosí, comprendida entre el corregimiento de Betania y el corregimiento Primavera.
Como ocurrió en las demás regiones del país, el primer actor armado en aparecer fue la guerrilla. Por allí rondó primero el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el M-19 y luego las Farc. Esta última guerrilla se fortaleció en hombres y en armas con los dineros del narcotráfico. En el Valle los narcotraficante Henry Loaiza alias ‘El Alacrán’ y Diego Montoya alias ‘Don Diego’ fueron responsables de despojos de tierras en los municipios de Riofrío, Trujillo, Bugalagrande y Bolívar. (Ver: Fallan primera restitución de despojado por ‘El Alacrán’ en Valle)
Bajo el pretexto de combatir a la guerrilla, los paramilitares del Bloque Calima de las Auc llegaron al Departamento a arrebatarle el negocio de la droga a la guerrilla. Este grupo se desmovilizó en diciembre de 2004 en Bugalagrande y aunque en tres años esa guerra entre guerrilleros y paramilitares desplazó a por lo menos 167 personas del municipio de Bolívar, según el Registro Único de Víctimas (RUV), fue después de la desmovilización que esta violencia se incrementó de forma ostensible.
Según los mismos datos oficiales, 1.475 personas fueron desplazadas entre 2004 y 2008. Esta tragedia fue producto de una puja territorial entre las bandas criminales ‘los Machos’ y ‘los Rastrojos’, documentada en varias noticias por la prensa nacional. (Lea: De ‘gatilleros’ a capos del narcotráfico: la historia del Cartel del Norte del Valle; Rastrojos y Urabeños, el azote en el Valle del Cauca; “Rastrojos, Machos y Urabeños se pelean el Valle”: coronel Nelson Ramírez)
Desde 2004 hasta hace por lo menos cinco años el terror fue infundido por el narcotraficante Diego León Montoya alias ‘Don Diego’, financiador de la banda los ‘Machos’, y Wílber Alirio Varela alias ‘Jabón’, entonces la cabeza de los ‘Rastrojos’. Bolívar es el segundo municipio con más reclamantes de tierras del Valle y hasta el momento, las 19 sentencias falladas por jueces de restitución advierten que los corregimientos más afectados por el conflicto armado fueron La Tulia, El Naranjal y Betania, este último donde cursa la demanda a la que se opone la empresa Smurfit Cartón de Colombia. (Lea: Bolívar, un pueblo del Valle azotado por los violentos)
Según los reportes de las autoridades y de análisis académicos realizados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), tras la captura de ‘Don Diego’ en 2007 ‘los Rastrojos’ ganaron esa guerra que fue heredada a su vez por los hermanos Calle Serna conocidos como Los Comba, después de la muerte de ‘Jabón’ en 2008. En Bolívar, ‘los Rastrojos’ patrullaban en una especie de triángulo invisible comprendido entre los municipios de El Dovio, Roldanillo y el corregimiento de Betania, instalando una especie de ‘base’ en una zona conocida como El Cestillal.
En 2005, la empresa Smurfit Cartón de Colombia negoció varias tierras en el corregimiento de Betania, algunas bajo la figura de contratos de participación y otra, de compra directa con habitantes de la zona. En la actualidad, la empresa explota 600 hectáreas en el corregimiento con la siembra de pino y eucalipto para la producción de papel y cartón.
Versiones encontradas
Por lo menos 1.475 personas salieron desplazadas del municipio de Bolívar, en el Valle del Cauca, tras la violencia perpetrada por las bandas criminales de ‘los Machos’ y ‘los Rastrojos’ entre 2004 y 2008. Foto: suministrada.
En las reclamaciones de tierras en Betania hay dos versiones encontradas. Por un lado, está la de la familia campesina que se desplazó en 2006 después de que las bandas criminales amenazaron con llevarse a un hijo. El campesino le vendió la finca a Smurfit Cartón de Colombia y reclama en la actualidad su predio de por lo menos 70 hectáreas, al considerar que vendió cuando su tierra estaba abandonada, pues por las amenazas no podía volver y por tanto no pudo participar de los avalúos ni el estudio topográfico, sino aceptar las condiciones ofrecidas por la empresa.
Según el Registro Único de Víctimas, entre 2006 y 2007 de Bolívar fueron desplazadas 500 personas por el conflicto armado y en sus declaraciones a las autoridades varios campesinos advirtieron que en la zona las bandas criminales eran las responsablesde esa violencia.
Guillermo Gómez, director Jurídico de Smurfit Cartón de Colombia, le aseguró a VerdadAbierta.com que compraron “de buena fe exenta de culpa”, es decir, sin aprovecharse de la situación del conflicto armado y pagando a un precio justo, y que la empresa cumple con estándares de protección ambiental y respeto por los derechos humanos. El abogado asegura que serán los jueces quienes determinen quién tiene la razón sobre la reclamación.
Gómez contó que la empresa llegó a esta región en los años 90 asumiendo las deudas de la Sociedad Forestal Cafetera del Valle, que tenía tierras en el vecino municipio de Trujillo. Para continuar con el proyecto de reforestación y garantizar lo que técnicamente llama una “masa crítica”, es decir, un área suficiente para lograr procesos sostenibles de reforestación, decidieron adquirir 600 hectáreas en Betania. El Director Jurídico aclaró que 500 de ellas hacen parte de un contrato de participación acordado con la Sociedad Von Bremen, una figura que permite explotar la tierra durante por lo menos siete años; y que otras 77 hectáreas fueron compradas de forma directa a la familia que ahora reclama la restitución.
Según el abogado, en la compra no hubo ninguna presión pues “fue la familia quien se ofreció a vendernos. El señor nos dijo que ya era un hombre de edad y que no estaba para cuidar su finca”, dijo. Gómez relató que inicialmente el campesino les propuso vender toda la finca, que sumaba 85 hectáreas, pero luego les dijo que se iba a quedar con 8 hectáreas porque su esposa quería seguir sembrando flores. “Pagamos $2,660.000 pesos la hectárea media, es decir, fuera buena o mala. Este es un buen precio si se tiene en cuenta que un tiempo después el señor vendió las otras 8 hectáreas en 20 millones. Pero si el señor es víctima o no, eso lo decide el juez”, apuntó.
Frente a la ola de violencia, Gómez explicó que por información suministrada por los ingenieros y algunos de los mayordomos contratados por Smurfit, sabían de hombres armados en la parte alta, pero que estos no estaban amedrentando a finqueros ni a funcionarios de la compañía.
Gómez explicó que esta situación la conocían así como la historia de violencia de Trujillo, donde tienen tierras, y decidieron trabajar allí porque de lo contrario debían tomar el núcleo (área de trabajo) de Puerto Frazadas, que es una zona menos accesible. “La reforestación por estar en suelos de alta vocación forestal, donde hay poca infraestructura y presencia del Estado, está sometida a procesos de violencia. En El Tambo, en Cauca, hemos tenido situaciones de orden público muy graves: nos han incendiado maquinaria y amenazado. En Bolívar no nos ha ocurrido eso, pero eso no quiere decir que diga que allá no pasó nada”, aclaró el abogado.
Documentos publicados por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, el libro El imperio de cartón, de Joe Broderich; foros sobre plantaciones forestales convocados por ambientalistas, y el libro Patrones y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca, del Centro de Memoria Histórica, advierten que las prácticas de la empresa Smurfit Cartón de Colombia afectan la riqueza hídrica, están relacionadas con la concentración de la tierra y con la fractura de las comunidades.
“La expansión del cultivo de madera y las modalidades de adquisición de predios han sido identificadas por algunos campesinos como parte de las estrategias de despojo y desalojo de las comunidades rurales, agudizando aún más el conflicto de concentración”, indica el informe de Memoria Histórica, tomando varios testimonios: “Sí, por ejemplo aquí todo el Valle lo está encerrando Smurfit Cartón de Colombia. Uno de los proyectos que más ha desplazado gente aquí en la cordillera a nivel de nuestro departamento y otros departamentos es ese tema o ese problema, porque ellos van pa ́ arriba”, le aseguró un campesino al Centro Nacional de Memoria.
En su Informe de Desarrollo Sostenible 2014, Smurfit Kappa señala que administra “sus propias plantaciones de eucalipto y pino en Colombia y Venezuela”, así como varias hectáreas de plantaciones en España y Francia, además de abastecerse de pulpa de madera de otros países como Suecia, Francia, los Estados Británicos, Austria y Alemania. Según datos del Informe, en Colombia tienen o administran 69 mil hectáreas, de las cuales 44 mil son plantaciones comerciales -5.900 hectáreas a su vez son sociedades con propietarios privados de tierras; otras 22 mil son bosques naturales protegidos, y 3 mil hectáreas más se utilizan para infraestructura.
Gómez indicó que están en 34 municipios en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Quindío, Risaralda y parte del Tolima y que según el informe social de 2014 la empresa generó 2 mil 505 empleos en el campo colombiano, de los cuales 210
fueron en el núcleo Trujillo-Bolívar en las labores de silvicultura (establecimiento y mantenimiento de plantaciones), cosecha, mantenimiento de vías y transportadores.
Frente a los cuestionamientos de ambientalistas y académicos, el Director Jurídico aseguró que Smurfit es una compañía que respeta la Constitución Política, los derechos humanos y los ecosistemas, situación avalada por la certificación del Consejo de Administración Forestal, que en inglés es conocido como Forest Stewardship Council (FSC). “Esta certificación demuestra que somos unas empresa responsable. La única demanda de restitución en la que tiene que ver la compañía es la de las 77 hectáreas. Lo que nos preocupa de la demanda es que perdamos la certificación de la FSC”, indicó Gómez.
Entre los municipios de El Dovio, Roldanillo y el corregimiento de Betania, en el municipio de Bolívar, está ese ‘triángulo’ invisible en el que entre 2004 y 2010 merodearon grupos armados ilegales y donde la empresa papelera compró o arrendó 600 hectáreas para producir cartón y papel. Ese misterio sobre qué y cómo sucedieron los hechos en esta zona deberá ser resuelto por los jueces especializados en restitución que tienen la última palabra, a partir de la demanda presentada por la Unidad de Restitución de Tierras y el acervo probatorio recaudado sobre este caso.
