La Fiscalía acaba de vincular a Manuel Salvador Ospina Cifuentes, alias ‘Móvil 5’, un curtido paramilitar, como autor material del crimen del docente y defensor de derechos humanos, asesinado justamente hace 28 años.
Héctor Abad Gómez, defensor de derechos humanos asesinado por paramilitares. En la esquina alias ‘Móvil 5’, exparamilitar vinculado con la investigación de este crimen. Fotos: archivo Semana y Policía Nacional.
Sobre lo que pueda contarle a la justicia un hombre como Manuel Salvador Ospina Cifuentes, alias ‘Móvil 5’, un curtido paramilitar actualmente recluido en la cárcel de mediana y máxima seguridad de Itagüí, recaen hoy las esperanzas de esclarecer varios de los magnicidios más conocidos en la historia del país: los de los defensores de derechos humanos y docentes de la Universidad de Antioquia Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur y Luis Felipe Vélez, asesinados un 26 de agosto de 1986.
Lo anterior debido al llamado a rendir indagatoria que acaba de formularle la Dirección Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía (Dinac) a este hombre, uno de los pocos sobrevivientes de esas primeras facciones paramilitares surgidas en el sur de Córdoba y norte de Urabá a mediados de los años ochenta, conocidas como ‘Los Tangueros’, ‘Los Mochacabezas’ y ‘Los Magníficos’, y que luego fue hombre de entera confianza de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente cuando integró las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
‘Móvil 5’ fue capturado en mayo de 2014 en zona rural del corregimiento Santa Elena de Medellín. Sobre él pesa una condena de 30 años porsu participación en la masacre de Pueblo Bello, Turbo, ocurrida el 14 de enero de 1990. Asimismo, las autoridades judiciales lo consideran pieza clave para esclarecer las muertes de Fidel y Carlos Castaño pues según declaraciones entregadas por paramilitares desmovilizados a fiscales de Justicia y Paz, como Jesús Ignacio Roldán, ‘Monoloche’, y Elkin Casarrubia Posada, ‘El Cura’, fue él quien, a principios de los años 90, ayudó a enterrar el cuerpo de Fidel y, una década después, le propinó el tiro de gracia que acabó con la vida de Carlos.
La persona que aportó información a la Dinac sobre la participación de ‘Móvil 5’ en el magnicidio de los defensores de derechos humanos fue una mujer que conoció tanto como él las entrañas del paramilitarismo. Se trata de Sor Teresa Gómez, hermana de crianza de los hermanos Castaño, y actualmente condenada a 40 años de prisión por el asesinato de la reclamante de tierras, Yolanda Izquierdo.
En agosto de 2014 la Fiscalía decidió declarar este crimen como delito de lesa humanidad por cuanto allí podía advertirse un patrón de ataque o exterminio sistemático contra miembros de la sociedad civil; en este caso, los defensores de derechos humanos y docentes de la Universidad de Antioquia. Cabe recordar que dos meses después de la muerte de Abad Gómez, Betancur y Vélez, fueron asesinados los también profesores Luis Fernando Vélez y Carlos Gónima.
La declaratoria como delito de lesa humanidad se dio luego de conocer las declaraciones entregadas en febrero de 2012 por el exjefe paramilitar, alias ‘Don Berna’, quien desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, le contó a fiscales que el asesinato de los docentes y defensores de derechos humanos fue ordenado por Carlos Castaño, pues los consideraba parte orgánica de la subversión.
“Carlos y Fidel consideraban que el doctor Héctor Abad hacía parte de la estructuras de la guerrilla del Epl en la ciudad de Medellín, ya que por su labor en defensa de los derechos humanos hacia algún tipo de denuncia en la cual sectores de las Fuerzas Armadas, se consideraban afectados. Carlos Y Fidel consideraban que a través de estas denuncias le estaba haciendo el juego al Epl. Carlos toma la decisión de ejecutarlo y él personalmente va con un trabajador del que le dicen Argiro”, fue lo que narró alias ‘Don Berna’ en su momento.
El declarar este crimen como de lesa humanidad no solo permitió reabrir un proceso que llevaba más de una década acumulando polvo en los anaqueles sino que, además, le confiere un carácter de imprescriptible; es decir, que el Ente Investigador deberá agotar todos los recursos, durante el tiempo que sea necesario, para develar quiénes fueron los autores intelectuales, quiénes los perpetradores y por qué se cometió este crimen.
Si bien el llamado a rendir indagatoria hecho por la Dinac a alias ‘Móvil 5’ reviste toda la importancia del caso toda vez que constituye el primer hecho concreto por parte de la justicia con miras a develar lo que ocurrió hace 28 años, tanto familiares como quienes conocieron en vida a los docentes inmolados esperan que sus declaraciones realmente ayuden a responder los interrogantes que nadie ha logrado responder: ¿quién los mató? Y ¿por qué?
“Le tocará a la Fiscalía verificar lo que aporte este señor porque, de todas formas, estamos hablando de una época de Medellín donde no estaba consolidada la Casa Castaño y hay cosas que aún no son claras”, señaló Max Yuri Gil, reconocido activista de derechos humanos de Medellín, quien fuera alumno de Héctor Abad Gómez en la Facultad de Medicina de la U.de.A. “Con todo, sigue la duda sobre quiénes fueros los que determinadores del crimen. Si no se resuelve esto, seguiremos juzgando sicarios y los autores materiales en la sombra”, añadió Gil.
Para Daniela Abad, nieta de Héctor Abad y directora del documental “Cartas a una sombra”, que retrata momentos en vida del desparecido docente y defensor de derechos humanos, si bien es importante avanzar en correr el manto de impunidad que pesa sobre este y otros tantos crímenes en Colombia, más importante será erradicar los factores que propiciaron el asesinato de su abuelo.
“A él lo mató una ‘ideología’, una ‘idea’ y eso, para mí, fue lo más grave. La de mi abuelo fue una sociedad donde no se puede tener ideas distintas, donde no se puede opinar libremente, algo muy grave. Y eso no se soluciona tan fácilmente”, concluyó Abad.
