El más reciente informe del Programa Somos Defensores, que documenta las agresiones que padecen quienes abanderan reivindicaciones individuales y comunitarias, hace un balance de la situación del año 2021. El estallido social del Paro Nacional, la reconfiguración del conflicto armado y la falta de voluntad política de la institucionalidad estatal tienen sumidos bajo las sombras el activismo social.
“Mientras a nivel internacional se vendía la idea de que Colombia es un país garante de derechos, la realidad en los territorios ponía en evidencia lo contrario. El 2021 fue el año más violento en los doce de existencia del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia –SIADDHH–, en el cual se registró un total de 996 agresiones individuales”, es la principal conclusión del informe Teatro de Sombras, que publica hoy esa organización no gubernamental.
La actual situación es producto de una sostenida violencia que se ha ido degradando con el paso del tiempo, afectando a liderazgos sociales y comunidades enteras, sin distinción alguna. Con 27 agresiones más, 2021 superó los registros del 2020, lo cual implica un incremento del tres por ciento en los ataques que recibieron los defensores de derechos humanos a causa de su labor.
En el segundo trimestre del año, conformado por los meses de abril, mayo y junio, ocurrió la mayor cantidad de las agresiones: 325, lo cual coincide con el Paro Nacional que se desató a raíz de una polémica reforma tributaria con la que el gobierno nacional pretendía aumentar la carga impositiva en la clase media y trabajadora, para favorecer a los grandes capitales.
La masiva movilización ciudadana comenzó el 28 de abril y se extendió hasta mediados de junio, periodo durante el cual se volvieron rutina los excesos de la Policía Nacional y de su Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que dejaron cientos de heridos y decenas de muertos en diferentes ciudades del país. (Leer más en: Piquetes de la Policía: como perros de caza en la protesta social y Brutalidad policial pone en riesgo cooperación internacional en temas de seguridad)
El resto de agresiones registradas por Somos Defensores se distribuyen de la siguiente manera: 239 entre julio y septiembre, 220 entre octubre y diciembre y, finalmente, 212 entre enero y marzo.
Al comparar los hechos documentados entre 2020 y 2021, el informe reporta que los asesinatos de defensores de derechos humanos disminuyeron en un 30 por ciento, pues pasaron de 199 a 139, y que las judicializaciones arbitrarias y las desapariciones forzadas también reportan reducciones. Por el contrario, las amenazas, los atentados, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los robos de información y los ataques de violencia social, tuvieron significativos aumentos.
Al revisar las agresiones por género, Somos Defensores encontró que, con 274, aumentaron un 27,5 por ciento contra mujeres, con relación a 2020. Al respecto, indica que “el incremento en las agresiones contra las defensoras de derechos humanos, coincide con el aumento general de agresiones a las mujeres en el marco de la pandemia, poniendo de manifiesto que los hogares no son el entorno más seguro para la vida de las mujeres”. (Leer más en: La pandemia incrementó las violencias basadas en género)
Y añade: “No obstante, la violencia excesiva ejercida en el marco de las movilizaciones del Paro Nacional muestra un quiebre en este aspecto que tiene que ver con agresiones en el espacio público y en las que la Fuerza Pública figura como presunto responsable (…) La cifra más alta corresponde al período más dinámico del Paro Nacional, en el que 60 agresiones tienen como presunto responsable a la fuerza pública, incluyendo las 2 agresiones sexuales registradas”.
Otro indicador que da cuenta de las agresiones con motivo del Paro Nacional es el aumento de casos en Valle del Cauca, departamento que pasó de 43 en 2020, a 145 en 2021. En la ciudad de Cali, su capital se vivieron los momentos más convulsionados a causa de la represión de la Fuerza Pública, que derivó en varias muertes de manifestantes. (Leer más en: En Cali está naufragando el Estado Social de Derecho)
Las huellas de las protestas que desató la fallida reforma tributaria también se reflejan al valorar las agresiones sufridas según el tipo de liderazgo. De esa manera se explica que el sector más golpeado fuera el de activistas o defensores de derechos humanos, que pasaron de 94 en 2020 a 246 casos en el año pasado.
Según el informe, “gran parte de estas agresiones ocurrieron en el marco del Paro Nacional, donde los colectivos de defensa de derechos humanos hicieron su trabajo de acompañamiento, verificación y defensa activa en medio de los procesos de movilización, hecho que los puso en la mira tanto de la Fuerza Pública, actores desconocidos e, inclusive, del ente investigador (Fiscalía)”.
A ese liderazgo con mayores agresiones le siguen dos habituales: el indígena y comunitario, que están relacionados por la defensa territorial en zonas rurales y comunicadores de medios alternativos, “que jugaron un papel importante en la transmisión de las protestas en tiempo real”. Y, otra huella del Paro Nacional, es el aumento de agresiones a liderazgos del sector juvenil: pasaron de 13 en 2020 a 40 en 2021.
Uno de los puntos positivos del año pasado es la reducción de asesinatos de líderes sociales, pasando de 199 a 139. Sin embargo, la situación no deja ser alarmante, pues desde 2017, cuando se desmovilizó la guerrilla de las Farc gracias al Acuerdo de Paz, los casos han superado en el umbral de los cien homicidios anuales.
Sobre la disminución del año pasado, Somos Defensores considera que una de las principales razones es el “levantamiento de medidas restrictivas que se instauraron por el COVID-19, lo que permitió una mayor movilidad de las personas defensoras, lo cual dificulta en alguna medida su ubicación en sitios de permanencia como sus casas, como ocurrió en el 2020 y condujo a que múltiples asesinatos se presentaran en sus lugares de residencia”.
Los asesinatos ocurrieron en 21 departamentos del país y los más violentos son los habituales de los últimos años, con la salvedad de que, por un caso, Antioquia superó a Cauca como la región con más líderes asesinados en un año, situación que no sucedía desde 2013. De esa manera, el escalafón de los departamentos con más homicidios de activistas está conformado por Antioquia (23 casos); Cauca (22 casos); Valle del Cauca (18 casos); Nariño (11 casos); Putumayo (9 casos); y Chocó (9 casos).
Nuevamente, el suroccidente del país concentra la mayor parte de asesinatos. Un dato que llama la atención es que la disminución de asesinatos en Cauca representa a la mitad de la diferencia entre 2020 (199) y 2021 (139) a nivel nacional: pasó de 52 a 22 casos; por el contrario, los asesinatos aumentaron a más de la mitad en Valle del Cauca.
En cuanto a tipo de liderazgo, en el primer lugar empatan los indígenas y los comunales con 33 casos, seguidos por los comunitarios (21), los campesinos (18), los afrodescendientes (8) y los ambientales (6). En la mayoría de los casos (81) se desconoce quién es el autor de los homicidios del año pasado; y 21 se les atribuyen a grupos paramilitares, 18 a disidencias de las Farc, nueve a la guerrilla del Eln, cinco a miembros de la Fuerza Pública y cuatro a otros.
Finalmente, el informe estable que 113 de los asesinatos fueron cometidos con arma de fuego, diez con arma blanca, dos por asfixia mecánica, tres con mina antipersonal, en tres casos se utilizó tanto arma blanca como de fuego, en un caso se utilizó arma blanca y objeto contundente y en siete no fue posible determinar el tipo de arma utilizada.
Además, que en ocho casos los cuerpos evidenciaron signos de tortura, 18 asesinatos fueron realizados con sevicia, 13 contaron con un período de desaparición previa y cinco de las víctimas contaban con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Protección sin norte
El informe de Somos Defensores va más allá de la situación coyuntural y hace un análisis sobre el caldo de cultivo de las agresiones que sufren los líderes sociales: la reconfiguración del conflicto armado y la mala gestión del gobierno nacional para garantizar la defensa de los derechos humanos.
A pesar de la firma del Acuerdo de Paz, que trajo consigo la dejación de armas de la guerrilla más antigua del continente y un conjunto de medidas para garantizar la participación política y la protección de los activistas sociales, al día de hoy el panorama es opuesto al que contempla pacto firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Farc. (Leer más en: El silencio de los fusiles duró poco)
El surgimiento de disidencias, la ocupación de antiguos territorios de las Farc por parte de otros grupos armados ilegales y la falta de presencia integral del Estado en las regiones históricamente olvidadas, entre otros factores, llevaron a que 2021 registrara la tasa más alta de homicidios en siete años, a que los desplazamientos forzados aumentaran más del 62 por ciento y los confinamientos incrementaran más del 43 por ciento de 2020 a 2021, de acuerdo con registros de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).
De ese modo, Somos Defensores señala que, “a raíz de este panorama, reaparecieron las crisis humanitarias que se creían situaciones del pasado que, además, indican que el conflicto armado se mantiene pero con una configuración distinta y propia de la naturaleza de los grupos armados ilegales de hoy y los diferentes intereses territoriales”.
Como si ese panorama no fuera lo suficientemente grave para las comunidades y para quienes asumen la vocería de sus causas, el respaldo de la institucionalidad no es el más efectivo, pues se centra más en respuestas de choque de corte militar que en brindar condiciones que garanticen la defensa de derechos humanos.
“La concentración de capacidades de la Fuerza Pública orientada a golpear las estructuras criminales armadas, como otro importante componente de la Política de Defensa y Seguridad, ha generado una militarización de los territorios que no se ha traducido en mayor protección para las comunidades y sus liderazgos, ni tampoco ha frenado el crecimiento y desarrollo de las distintas estructuras armadas post Acuerdo de Paz, paramilitares o guerrilleras”, cuestiona el informe.
A ello también se suman la corrupción y alianzas con grupos criminales de algunos miembros de la Fuerza Pública. Uno de los casos que más critica Somos Defensores es el nombramiento del general Jorge Hernando Herrera como director del Programa de Acción Oportuna (PAO), que creó el gobierno de Iván Duque para proteger a los líderes sociales, de quien, gracias a una investigación periodística de la revista Cambio y Noticias UNO, se descubrió que tejió una alianza con la banda Los Pocillos para enfrentar a las disidencias de Gentil Duarte, cuando se desempeñaba como comandante de la Sexta Brigada del Ejército.
Al margen del caso del general (r) Herrera, el PAO demuestra cómo encaró la administración Duque la tragedia que sufren los defensores derechos humanos. En dos de sus capítulos el informe detalla que desde la Casa de Nariño decidieron dejar de lado las herramientas que creó el Acuerdo de Paz para apostarle a su visión con ese programa, que no ha dado los resultados esperados.
Con su creación, el gobierno nacional dejó en segundo plano a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que, de acuerdo con el Acuerdo de Paz, debía diseñar una política integral de protección y una estrategia de desmonte del paramilitarismo y demás organizaciones criminales que atentan contra los líderes sociales. Del mismo modo, también pone en evidencia el carácter excluyente que ha tenido la actual administración al no escuchar ni tener en cuenta las propuestas del movimiento social, que van más allá de la respuesta militar.
Durante más de tres años el Ejecutivo sostuvo que el PAO era una medida necesaria mientras se creaba una política pública para la protección de defensores de derechos humanos, la cual, a su juicio, vio la luz el pasado 6 de diciembre, con la expedición del Conpes 4063. Más allá de la demora, el informe hace fuerte cuestionamientos a esa medida porque nuevamente no fueron tenidas en cuenta las organizaciones sociales en su construcción y porque no es el instrumento adecuado encarar la situación.
La principal crítica de Somos Defensores se basa en que los Conpes son un mecanismo creado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, dedicado exclusivamente a los temas de política económica y social, y que no habían sido usados para enfrentar situaciones de violencia, criminalidad u orden público.
Además, señala que, con ese documento, se le vuelve a dar la espalda a las disposiciones del Acuerdo de Paz con las Farc, “y le da paso a un plan de acción superficial y lleno de lugares comunes que recaba en la protección física, material e individual, pero, sobre todo, parte del enfoque de seguridad militar, defendida por el gobierno de Iván Duque”.
Y agrega: “Por el contrario, el Acuerdo de Paz apela al concepto de seguridad humana construido a través de los años por Naciones Unidas, según el cual, la seguridad trasciende la protección personal o física ante una amenaza para cobijar una serie de libertades que contribuyen a mitigar la vulnerabilidad de las personas, que conlleva varias seguridades como: la económica, la alimentaria, la de salud, la ambiental, la personal, la de la comunidad, la política, entre otras”.
2022 pinta mal
La tendencia al alza de agresiones contra líderes sociales continuó en los tres primeros meses de este año. De acuerdo con el primer informe trimestral de Somos Defensores, pasaron de 180 en ese periodo de 2021, a 254 en el de 2022.
Colombia venía de tener su año más violento contra defensores de derechos humanos en doce años, y en los primeros meses del siguiente las agresiones aumentaron un 41 por ciento en relación con el mismo periodo de tiempo de ese fatal año. El aumento que más preocupa es el de los asesinatos, pues pasaron de 28 en enero, febrero y marzo de 2021, a 53 en esos meses del año en curso.
La mayor parte de las 254 agresiones se les atribuyen a grupos paramilitares (125), desconoce al presunto autor de 79 y las restantes son atribuidas a disidencias de las Farc (35), a miembros de la Fuerza Pública (13) y al Eln (2).
En cuanto agresiones, además de los asesinatos, también aumentaron las amenazas, pero mermaron las desapariciones forzadas y no se registraron casos de judicializaciones, capturas arbitrarias ni robos de información.
Esos indicadores por sí solos son suficiente motivo de alarma, pero hay que tener en cuenta que este año está marcado por las elecciones presidenciales que se celebran en mayo y junio, y el relevo en la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto. De acuerdo con los antecedentes, con motivo de esos eventos, la violencia se suele disparar.
Lo anterior permite entrever que las agresiones contra líderes y movimientos de diversa índole, podrían seguir en aumento y que 2022 sea un año más convulsionado que 2021, en parte por la disputa electoral. En manos de la respuesta oportuna de las autoridades está la posibilidad de evitar un derramamiento de sangre mayor y el nuevo gobierno nacional, probablemente, tendrá que lidiar con una crisis humanitaria pocas veces vista.
